Judicial
Juzgado programa resolución de audiencia preliminar contra exdiputado Silva Pereira
Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador emitirá el próximo 12 de febrero la resolución contra Carlos Silva Pereira, exdiputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), quien es acusado por la Fiscalía General de la Reública (FGR) de cohecho activo (soborno) y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
Silva Pereira de 45 años de edad, sobornaba desde la Asamblea Legislativa, a los alcaldes para la adjudicación de obras durante los años 2002 al 2006, quien operaba desde su empresa que se dedicaba a la construcción, donde obtuvo ilicitamente $10,276,718.65, provenientes por lo menos de 26 alcaldías de el país, que, según la FGR, no cumplió con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Silva Pereira, habría colocado los fondos en el sistema financiero y lo utilizó para luego adquirir bienes inmuebles, un yate, gastos suntuosos que tenía junto a su esposa. Entre esos bienes se menciona vehículos de lujo que ascienden los $50 mil.
El imputado junto a su cónyuge, Nora Emely Parada de Silva, crearon las empresas Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. (CED) y Proveedores y Construcciones de Obras Viales, Eléctricas S.A. de C.V. (Provecom), con las cuales cometieron los delitos.
Ambas empresas se lucraron con proyectos ejecutados mayormente en las alcaldías del oriente del país, y no contaban con la experiencia necesaria, maquinaria, ni sustento legal como lo exigían los contratos y la Lacap, según señala la Fiscalía.
En octubre del 2006, Silva fue capturado en Arizona, Estados Unidos, por su ingreso ilegal; la Asamblea Legislativa le quitó su fuero como diputado suplente y después de 13 años, fue deportado en enero del 2020 a El Salvador.
A 50 años de cárcel fue condenado al pandillero Carlos Alejandro Salas Pérez, por haber asesinado a su compañera de vida, mientras que Francisco Alejandro Preza Alas, alias «Malacrías», recibió 40 años de cárcel.
La condena se las impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras validar la prueba que presentó la Fiscalía General de la República por el delito de feminicidio agravado.
El hecho ocurrió a las 10:00 de la noche del 21 de noviembre de 2018, en el barrio El Calvario, de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, según se conoció en la vista pública.
La víctima fue asesinada con una botella de vidrio y estacas de bambú por Salas Pérez, quien todos los días la iba a esperar cuando regresaba de trabajar desde San Salvador, para acompañarla a su casa.
La noche del crimen, decidió desviarla del trayecto hacia un predio baldío para asesinarla con la ayuda de Francisco Alexander.
Al emitir la sentencia condenatoria, la jueza expresó que los imputados mostraron despreció y odio extremo hacia la joven, quien se encontraba indefensa y vulnerable.
La Fiscalía acreditó que la víctima fue engañada y llevada a un lugar rural, donde fue sometida a golpes y ataques con estacas de bambú, testigos declararon que fue vista con su compañero de vida y que Preza Alas junto a otro hombre iban detrás.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 3 miembros de una banda criminal que se dedicaba a robar en distintos municipios de la zona oriental, fueran condenados a penas de hasta 513 años de prisión.
Edwin Alexander López, alias el piojo, Anderson Geovanny Torres Guevara, alias chengo y David Francisco Ventura Celis, alias cabezón, junto a 4 hombres más -ya condenados- pertenecían a una banda criminal que entre agosto de 2017 y septiembre de 2018 se dedicaban a asaltar negocios ubicados en los departamentos de Cabañas, Usulután y en la zona norte de Morazán y La Unión.
Los criminales utilizaban ropa formal con el rostro descubierto y usaban armas de fuego cortas, entre pistolas 9 milímetros, revólver calibre 38 mm y pistolas 22 mm.
David Francisco Ventura Celis, fue individualizo por la FGR como el fundador de la estructura criminal y lo declararon culpable de 32 robos agravados, 2 homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, por lo que fue sentenciado a 513 años de cárcel.
Los robos ocurrieron en San Francisco Gotera, El Divisadero y Jocoro, todos del departamento de Morazán; Santa Rosa de Lima, Anamorós y la ciudad de La Unión (La Unión); San Rafael Oriente y ciudad de San Miguel (San Miguel), además de Santiago de María en Usulután, e Ilobasco (Cabañas).
Ventura Celis junto a otro pandillero privaron de libertad a un hombre en la ciudad de Santa Rosa de Lima y lo trasladaron hasta el sector del cantón Llano Santiago, jurisdicción del municipio El Divisadero, Morazán, donde le dispararon en la cabeza. El asesinato ocurrió aproximadamente a las tres de la madrugada del 26 de febrero de 2018.
El otro homicidio ocurrió el 24 de marzo de 2018, en el municipio El Divisadero cuando la víctima intentó defender a un hombre que era asaltado.
Anderson Geovany Torres Guevara fue sentenciado a 189 años de cárcel por 15 robos agravados y agrupaciones ilícitas, y a 57 años de prisión fue condenado Edwin Alexander López, por 4 robos agravados y agrupaciones ilícitas.
Los tres procesados tienen orden de detención vigente y fueron condenados gracias a las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal que permite juzgar a todo delincuente sin estar presente en juicio.
Esta banda criminal estaba compuesta por 8 delincuentes, de los cuales, 4 de recibieron hasta 283 años de prisión en febrero de 2023 y uno ya falleció.
A 69 años de prisión fue condenado Carlos Humberto Hernández Hernández por asesinar a su excompañera de vida y por lesionar de gravedad a 3 personas más que intentaron defender a la mujer; según consta en el expediente, el imputado ejercía violencia intrafamiliar contra ella.
El 30 de julio del 2016, la víctima iba a visitar a su mamá con otras tres personas y caminaban por la calle del caserío San Isidro, distrito de Teotepeque, La Libertad Costa, cuando fueron interceptadas por el imputado, quien agredió a su expareja hasta quitarle la vida; las otras mujeres intentaron defenderla, pero también fueron lesionada de gravedad.
Según la investigación, la víctima había decidido terminar la relación con Hernández debido a sus constantes ataques físicos y psicológicos.
Gracias a la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la fiscal en el juicio, se logró que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impusiera la respectiva condena de prisión de la siguiente manera: 50 años por feminicidio agravado; 16 años por lesiones muy graves (8 por cada víctima) y 3 años de cárcel por lesiones.
Además, el juzgador determinó que el imputado debe pagar $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.
