El presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó ayer su segundo día de mandato con el propósito de aplicar la salva de medidas anunciadas por decreto para enterrar el legado de Joe Biden y combatir la migración ilegal.

Los migrantes «criminales ya no podrán esconderse en los colegios y las iglesias» de Estados Unidos para «evitar ser detenidos», declaró ayer un portavoz del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

El Gobierno de Trump «no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden; en su lugar confía en que utilicen el sentido común», añade en un comunicado sin dar su nombre. Horas después de jurar el cargo, el republicano firmó el lunes una batería de medidas contra la inmigración ilegal para poner fin a lo que considera una «invasión».

Una de ellas elimina el programa humanitario (Parole) que otorga permiso temporal a migrantes para permanecer en Estados Unidos. La administración demócrata «abusó del programa» de autorización condicional humanitaria «para permitir indiscriminadamente la entrada en nuestro país a 1.5 millones de migrantes», se quejó el portavoz del DHS.

Modificación. A primera hora de ayer, Trump comenzó con los cambios de funcionarios.

A partir de ahora el programa volverá «a su propósito original de examinar a los migrantes caso por caso», añade. Otra de las acciones del presidente fue la reintegración de Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo, mientras que en la madrugada despidió a cuatro altos funcionarios designados por su antecesor y advirtió que «más de 1,000 adicionales» serán destituidos. «Mi Oficina de Personal Presidencial está activamente en el proceso de identificar y remover a más de 1,000 cargos presidenciales de la administración anterior que no se ajustan a nuestra visión de hacer a Estados Unidos grande de nuevo», publicó Trump en la red Truth Social.

Identificó a los cuatro funcionarios como el chef de origen español José Andrés, del Consejo Presidencial de Deportes, Salud y Nutrición; Mark Milley, del Consejo Asesor de Infraestructura Nacional; Brian Hook, del Centro Internacional para los Académicos Woodrow Wilson, y Keisha Lance Bottoms, del Consejo Presidencial para las Exportaciones.

«Que esto sirva como aviso oficial de despido para estos cuatro individuos, con muchos más que vendrán», indicó el mensaje. Su racha continuó con la destitución de la jefa de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan.

Pete Hegseth, el designado por el mandatario republicano para dirigir el Departamento de Defensa, avanzó la semana pasada que los cargos de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas «serán revisados con base en la meritocracia, los estándares, la letalidad y el compromiso con las órdenes legales».

La noche del 3 de diciembre de 2021, María Luján Barrios, una mujer de 24 años, salió de su casa para encontrarse con una amiga en la ciudad argentina de El Jagüel. Nunca llegó. Fue interceptada en el camino por Oscar Adrián Becerra, un conductor de 40 con el que salía.

María, a quien sus allegados conocían como Marilú, estuvo desaparecida casi dos años. Sin embargo, una cámara de seguridad logró captar los últimos minutos que pasó junto a Becerra, quien desde el principio fue sindicado como el principal sospechoso del crimen y, ahora, por fin irá a juicio.

Según la reseña del caso realizada por TN, el día de su desaparición la víctima abordó una motocicleta en la que iban dos hombres. Uno de ellos era Becerra. De acuerdo con la investigación, Luján intentó defenderse de su agresor, pero no logró escapar y de eso darían cuenta los mordiscos y pellizcos que el presunto perpetrador tenía en las manos cuando la Policía lo visitó en su casa.

«Tenía las manos mordidas y estaba pellizcado», le aseguró al medio la mamá de Marilú, María Roldán. En la vivienda también hallaron un pantalón de su hija y su teléfono celular, mientras que «testigos también escucharon gritos en el lugar», sostuvo Roldán.

De desaparición a «homicidio agravado»

Barrios fue llamado a declarar en calidad de testigo del caso, inicialmente investigado como «averiguación de paradero». Entonces se contradijo y afirmó que solo mantenía una «relación ocasional con Barrios», pero las pruebas en su contra derivaron en su detención en abril de 2022.

Empero, aunque el conductor figuraba como el principal sospechoso, Luján seguía desaparecida. Su cuerpo finalmente se encontró el 12 de junio de 2023 en las riberas del río Matanza, también conocido como Riachuelo, y su identidad fue confirmada en septiembre de ese mismo año tras un examen de ADN.

«Tenía la esperanza de encontrarla con vida, pero sabía que las chances eran pocas. Soy la madre y como toda madre quería poder encontrarla», refirió la madre de la víctima. Quiere saber por qué Oscar Becerra asesinó a su hija y por eso prometió ir «hasta las últimas consecuencias».

María Luján Barrios tenía cuatro hijos y Roldán solía cuidarlos de lunes a viernes mientras su hija trabajaba. «Fue bastante duro y sigue siendo duro», remató la mujer.

Entretanto, el juicio contra Becerra iniciará el próximo 7 de agosto y se extenderá hasta el 22 de ese mismo mes. Llega a las audiencias con la imputación de «homicidio agravado». Se prevé que durante el proceso judicial declararán unas 80 personas.

De acuerdo con el un comunicado emitido por el gobierno nicaragüense, el expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, de 65 años, se encuentra en una «delicada» situación de salud en Nicaragua, adonde huyó en 2016 tras ser acusado en su país de delitos de corrupción.

«Está padeciendo en estos momentos una delicada situación de salud» que «desafortunadamente es de extrema gravedad», señaló en un comunicado publicado este martes, por el Ministerio de Salud de Nicaragua.

Las autoridades nicaragüenses no precisaron qué mal de salud aqueja a Funes, primer presidente de izquierda que gobernó El Salvador entre 2009 y 2014.

La condición del exmandatario se ha visto «agravada por dolencias crónicas que le han aquejado y que hemos también atendido», agregó el ministerio nicaragüense, que dijo estar «en comunicación con sus familiares».

«Hemos decidido publicar estar información, esperando que pueda» el expresidente «superar esta situación», agregó, sin entrar en detalles.

Luego de ser acusado de malversar 351 millones de dólares, entre otros cargos de corrupción durante su gobierno, el expresidente huyó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. Tres años después, el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.

Funes tiene cinco procesos penales pendientes ante la justicia salvadoreña, entre ellos el de la acusación de malversación de dinero.
En mayo de 2023, fue condenado en ausencia a 14 años de prisión acusado de ser parte de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, debido a su papel en una tregua con las pandillas, destinada a reducir los homicidios en el país.

Posteriormente, en junio de 2024, fue condenado también en ausencia a ocho años de prisión por el delito de casos de lavado de dinero y activos, tras ser encontrado culpable de favorecer a una empresa guatemalteca para que le fuera adjudicada la construcción de un puente.
A cambio de favorecer esa adjudicación, el expresidente «recibió una avioneta como dádiva», señaló en su momento la Fiscalía General de la República (FGR).

En El Salvador se permite desde septiembre de 2022 juicios con imputados ausentes.