Internacionales
AMLO denuncia que su gobierno es espiado por el Pentágono y que la DEA está filtrando información a medios
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tomó la decisión de cuidar más la información de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional debido a que su gobierno está siendo espiado por el Pentágono de Estados Unidos, además asegurar de que la DEA está filtrando información a medios mexicanos.
“Acerca de inteligencia y no espionaje, pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional, ya tomé esa decisión”, dijo.
“Vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA”, aseguró.
“Se están metiendo como los globos de China, aquí no los vamos a (tirar) con tiradores, con resorteras”, mencionó.
López Obrador precisó que medios estadounidenses como el The Washington Post y mexicanos como el semanario Proceso, además de grupos conservadores en México encabezados por el empresario Claudio X. González, están utilizando información proveniente de la DEA.
“La DEA está informándoles al Proceso y a otros, ahora resulta que el Pentágono le informa al The Washington Post, hackean… Está Claudio X. González recibiendo dinero del gobierno de Estados Unidos, la asociación, y como quieren meterse como era antes, estoy hablando de las agencias, quieren mandar, violar nuestra soberanía, entonces empiezan a filtrar, supuestamente para debilitarnos políticamente, no, la gente nos apoya a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina y apoya a la Guardia Nacional, el pueblo de México”, aseguró.
“Proceso por ejemplo maneja mucha información de la DEA, no se qué estaría pensando don Julio Sherer (fundador de Proceso), no se si aplicaría aquí la ética periodística. Lo de Guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México pero también en otros países, esa es una acción del exterior, entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional y defendiendo nuestra soberanía”, aseveró.
Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano acusó al gobierno de Estados Unidos de realizar un “plan injerencista” tras las filtraciones del Pentágono a medios estadounidenses donde se publicó que la Marina mexicana y el Ejército tenían roces por las tareas asignadas.
“No tenemos problema de conciencia, y porque no somos represores, y porque no espiamos, entonces lo hacemos por seguridad porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, un plan injerencista utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando. Entonces no vamos a quedarnos con los brazos cruzados”, señaló.
El jefe del ejecutivo mexicano justificó que actualmente la ley en México establece que se puede resguardar la información considerada como de seguridad nacional.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
