Internacionales
Estaba preocupada por cómo «la maestra del año» trataba a su hijo de 5 años y le puso una cámara oculta
Kandy Escotto dijo que su hijo de cinco años no quería hacer su tarea. Sus calificaciones eran malas. Y lloraba cuando llegaba el momento de ir a la escuela. Señaló que su comportamiento cambió en otoño del año pasado y sospechó que la galardonada profesora era la causa, según reza un artículo del Miami Herald.
Escotto afirmó que, en varias ocasiones, había alertado a las autoridades escolares de que su hijo se había quejado de cómo la maestra infantil, Rosalba G. Suárez, lo maltrataba. Supuestamente le decía «chico malo» cuando no hacía su trabajo. El abogado de Escotto, Raphael López, declaró a The Washington Post que los administradores del centro de educación primaria Banyan dijeron que no se podía hacer nada sin pruebas. Fue entonces cuando Escotto colocó un dispositivo de cámara oculta en la mochila de su hijo, tal y como desveló la afiliada de ABC, Local 10.
En tan solo 4 días, las grabaciones habrían capturado a la maestra regañando a Aaron frente a sus compañeros. Incluso le dijo a otro chico de la clase que, al igual que Aaron, él también era un perdedor.
«Alcen las manos si saben cómo hacer burbujas… Aaron no sabe», manifestó, al parecer, una vez Suárez, de acuerdo a una transcripción del abogado de Escotto.
Ella también criticó a la madre del niño.
«Lo siento por tu madre. Realmente lo creo, está un poco perdida», subrayó.
Escotto dijo al Miami Herald que la maestra señalaba a su hijo y lo humillaba delante del resto de la clase.
«Ningún niño de 5 años debería pasar por eso. Eso afectó a mi familia», recalcó.
Daisy González-Diego, portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, comentó que no fue hasta la semana pasada cuando el distrito escolar se enteró por primera vez de las grabaciones, cuando los medios locales se hicieron eco de lo sucedido. Ahora ha abierto una investigación sobre el incidente.
«Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade hacen todo lo posible para promover una cultura de dignidad y respeto, no solo entre nuestros estudiantes sino también entre nuestros empleados», destacó la escuela en una comunicado. «Trabajamos diligentemente para garantizar el bienestar de todos los niños. No se tolerará ninguna acción que vaya en contra de los valores que inculcamos en nuestra comunidad escolar», agregó.
González-Diego indicó que Suárez no ha recibido ni una amonestación durante toda su carrera de 33 años, y es «muy apreciada por profesores, padres y compañeros». De hecho, este año, fue nombrada «maestra del año» por la escuela.
Florida es un estado de consentimiento bipartito: ambas partes necesitan saber que se están haciendo grabaciones. Pero López dijo que este estatuto es nulo cuando una persona no tiene una «expectativa razonable de privacidad». Un aula de una escuela pública, argumenta el letrado, no es un espacio donde uno pueda esperar privacidad.
Escotto quiere que la maestra renuncie por las sospechas de cómo podría tratar a otros estudiantes.
Suárez aún es empleada de la escuela primaria pero no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios.
A petición de Escotto, en enero Aaron fue trasladado a otra clase.
«No quería que siguiera sufriendo. Pasó de tener suspensos a excelentes calificaciones», señaló.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
