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Un total de 1,839 personas han sido denunciadas en Fiscalía por apropiarse de cuotas laborales
No poder recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), no contar con un fondo digno de pensiones que les permita jubilarse y trabajar más años de lo debido forman parte de las afectaciones que al menos 1,839 personas han provocado en sus empleados a quienes les descontaron las cuotas de AFP, ISSS y renta, pero el pago no fue abonado, ni declarado a la institución correspondiente.
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2022 la institución ha recibido un total de 1,839 denuncias contra personas acusadas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales (ISSS y AFP) y por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias (impuesto sobre la renta).
De dicho total, 1,785 denuncias han sido interpuestas contra empresarios que han descontado las cuotas de ISSS y AFP pero no han realizado los respectivos depósitos, las restantes 54 han sido contra empresarios que no han declarado el impuesto sobre la renta descontado a sus empleados.
El pasado 4 de febrero, un grupo de exempleados de las empresas Inversiones Plus S.A. de C.V. y Zare S.A. de C.V. llegó a la Fiscalía para interponer una denuncia contra los dueños de las constructoras por la apropiación indebida de las prestaciones laborales de AFP, Seguro Social y la evasión del impuesto sobre la renta.
Los afectados son más de 40 exempleados a quienes desde el 2017 hasta el 2021 les aplicaron las retenciones, pero estas no fueron declaradas a las respectivas instituciones por parte de los dueños.
«Nuestra demanda es en contra del señor Miguel Ángel Cuéllar y el ingeniero Raúl Ernesto Melara, que son los que se han apropiado del fruto de nuestro trabajo», Señaló Mariano Guzmán.
El monto que los empresarios no habrían declarado asciende a $200,000 un aproximado de $5,000 por cada uno de los exempleados, según manifestó Guzmán.
«Tenemos nuestros reportes de AFP, no hemos podido pasar consulta en el Seguro durante todo el año pasado [2021], en estos dorados tiempos las prestaciones como el Seguro son importantes para nosotros como cabezas de familia», afirmó Guzmán.
Agregó que los más de 40 trabajadores fueron despedidos a finales del año pasado y hasta la fecha no han recibido respuesta sobre los descuentos de AFP, renta y Seguro que no han sido declarados por los empresarios.
UN DELITO REPETITIVO
Las estadísticas de la Fiscalía revelan que el año en que han recibido mayor cantidad de denuncias por apropiación o retención de cuotas laborales es el 2018 con 614, seguido del 2019 con 497 y 2020 con 340.
Los departamentos con más denuncias de este tipo de casos son San Salvador con 907, Santa Ana con 245 y San Miguel 161.
En cuanto a detenciones de empleadores, la Fiscalía reporta 12, siete en 2018, tres en 2019, dos en 2021; de estas una ocurrió en Santa Ana y 11 en San Salvador.
Respecto al delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, la Fiscalía reporta 54 denuncias entre enero de 2018 a diciembre de 2021. En 2018 fueron 12, en 2019 recibieron siete, en 2020 fueron 22 y en 2021 recibieron 13.
El departamento con mayor cantidad de denuncias es San Salvador con 35, seguido de La Libertad con siete y La Unión con seis. En cuanto a los detenidos, en total se reportan cinco; uno en 2018, tres en 2021 y uno en lo que va del 2022.
Por incumplimiento de deberes y apropiación y retención de cuotas laborales la Fiscalía giró, el 11 de septiembre de 2021, una orden de captura contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exdirector de finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González y del extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares.
Al exalcalde se le atribuyó el delito de incumplimiento de deberes y a los otros dos implicados se les acusó de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio de 54 entidades, entre ellas de orden socioeconómico e instituciones financieras, además de 41 trabajadores de la comuna capitalina y de la dirección municipal para la gestión sustentable de desechos sólidos.
La Fiscalía detalló que, entre mayo del 2019 y abril de 2021, se retuvo ilegalmente las cuotas laborales a los empleados municipales.
A Portillo Linares y Muñoz González, la Fiscalía les reprocha que pese a que sabían de la obligación de transferir los fondos para pagar las cuotas laborales lo omitieron. A Muyshondt, la representación fiscal le cuestiona que aún y cuando conocía de lo que estaba ocurriendo con la retención de las cuotas, optó por autorizar desembolsos de dinero para obras municipales.
La cantidad que la alcaldía de San Salvador adeudó, bajo la administración de Muyshondt, en concepto de retenciones de cuotas laborales es de $5,109,628.
PROCESADOS
En cuanto a las personas procesadas, en total la Fiscalía reporta 1,119 por retener y no pagar las cuotas de ISSS y AFP, de estas 424 han sido en 2018, 346 en 2019, 157 en 2020, 188 en 2021 y cuatro en 2022.
De estos casos, siete han sido condenados, otros siete absueltos, 570 han optado por salidas alternas y 450 han sido sobreseídos. Además, un total de 219 denuncias se encuentran archivadas en sede fiscal.
Por no declarar el impuesto sobre la renta 14 personas han sido procesadas, de estas, cuatro fueron en 2018, cinco en 2019, y cinco en 2021.
De estos, cuatro optaron por salidas alternas y nueve fueron sobreseídos. La FGR reporta que hay otras ocho denuncias que aún se encuentran archivadas en sede fiscal.
El 7 de marzo de 2017, la Fiscalía logró una condena de ocho años de cárcel contra el propietario de Mobilia, Reynaldo Vásquez, por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales; quien además tuvo que pagar $400,489 en concepto de responsabilidad civil.
Según la FGR, Vásquez no canceló las cuotas de los exempleados de su empresa mueble Mobilia; constituyendo el delito en perjuicio de las AFP, el ISSS y la retención de renta.
Mientras que el 20 de agosto de 2020, dos exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, de Santa Ana fueron condenadas a cinco años de prisión por apropiarse y retener las cuotas de los empleados.
Las condenadas fueron identificadas como Blanca Estela Cortes Lima, quien fungió como alcaldesa en funciones de julio de 2014 al 30 de abril de 2015, y Ana Mercedes Aguilar de Ochoa, quien fue alcaldesa en el periodo del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. La Fiscalía no detalló el monto adeudado.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
