Judicial
Un total de 1,839 personas han sido denunciadas en Fiscalía por apropiarse de cuotas laborales
No poder recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), no contar con un fondo digno de pensiones que les permita jubilarse y trabajar más años de lo debido forman parte de las afectaciones que al menos 1,839 personas han provocado en sus empleados a quienes les descontaron las cuotas de AFP, ISSS y renta, pero el pago no fue abonado, ni declarado a la institución correspondiente.
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2022 la institución ha recibido un total de 1,839 denuncias contra personas acusadas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales (ISSS y AFP) y por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias (impuesto sobre la renta).
De dicho total, 1,785 denuncias han sido interpuestas contra empresarios que han descontado las cuotas de ISSS y AFP pero no han realizado los respectivos depósitos, las restantes 54 han sido contra empresarios que no han declarado el impuesto sobre la renta descontado a sus empleados.
El pasado 4 de febrero, un grupo de exempleados de las empresas Inversiones Plus S.A. de C.V. y Zare S.A. de C.V. llegó a la Fiscalía para interponer una denuncia contra los dueños de las constructoras por la apropiación indebida de las prestaciones laborales de AFP, Seguro Social y la evasión del impuesto sobre la renta.
Los afectados son más de 40 exempleados a quienes desde el 2017 hasta el 2021 les aplicaron las retenciones, pero estas no fueron declaradas a las respectivas instituciones por parte de los dueños.
«Nuestra demanda es en contra del señor Miguel Ángel Cuéllar y el ingeniero Raúl Ernesto Melara, que son los que se han apropiado del fruto de nuestro trabajo», Señaló Mariano Guzmán.
El monto que los empresarios no habrían declarado asciende a $200,000 un aproximado de $5,000 por cada uno de los exempleados, según manifestó Guzmán.
«Tenemos nuestros reportes de AFP, no hemos podido pasar consulta en el Seguro durante todo el año pasado [2021], en estos dorados tiempos las prestaciones como el Seguro son importantes para nosotros como cabezas de familia», afirmó Guzmán.
Agregó que los más de 40 trabajadores fueron despedidos a finales del año pasado y hasta la fecha no han recibido respuesta sobre los descuentos de AFP, renta y Seguro que no han sido declarados por los empresarios.
UN DELITO REPETITIVO
Las estadísticas de la Fiscalía revelan que el año en que han recibido mayor cantidad de denuncias por apropiación o retención de cuotas laborales es el 2018 con 614, seguido del 2019 con 497 y 2020 con 340.
Los departamentos con más denuncias de este tipo de casos son San Salvador con 907, Santa Ana con 245 y San Miguel 161.
En cuanto a detenciones de empleadores, la Fiscalía reporta 12, siete en 2018, tres en 2019, dos en 2021; de estas una ocurrió en Santa Ana y 11 en San Salvador.
Respecto al delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, la Fiscalía reporta 54 denuncias entre enero de 2018 a diciembre de 2021. En 2018 fueron 12, en 2019 recibieron siete, en 2020 fueron 22 y en 2021 recibieron 13.
El departamento con mayor cantidad de denuncias es San Salvador con 35, seguido de La Libertad con siete y La Unión con seis. En cuanto a los detenidos, en total se reportan cinco; uno en 2018, tres en 2021 y uno en lo que va del 2022.
Por incumplimiento de deberes y apropiación y retención de cuotas laborales la Fiscalía giró, el 11 de septiembre de 2021, una orden de captura contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exdirector de finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González y del extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares.
Al exalcalde se le atribuyó el delito de incumplimiento de deberes y a los otros dos implicados se les acusó de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio de 54 entidades, entre ellas de orden socioeconómico e instituciones financieras, además de 41 trabajadores de la comuna capitalina y de la dirección municipal para la gestión sustentable de desechos sólidos.
La Fiscalía detalló que, entre mayo del 2019 y abril de 2021, se retuvo ilegalmente las cuotas laborales a los empleados municipales.
A Portillo Linares y Muñoz González, la Fiscalía les reprocha que pese a que sabían de la obligación de transferir los fondos para pagar las cuotas laborales lo omitieron. A Muyshondt, la representación fiscal le cuestiona que aún y cuando conocía de lo que estaba ocurriendo con la retención de las cuotas, optó por autorizar desembolsos de dinero para obras municipales.
La cantidad que la alcaldía de San Salvador adeudó, bajo la administración de Muyshondt, en concepto de retenciones de cuotas laborales es de $5,109,628.
PROCESADOS
En cuanto a las personas procesadas, en total la Fiscalía reporta 1,119 por retener y no pagar las cuotas de ISSS y AFP, de estas 424 han sido en 2018, 346 en 2019, 157 en 2020, 188 en 2021 y cuatro en 2022.
De estos casos, siete han sido condenados, otros siete absueltos, 570 han optado por salidas alternas y 450 han sido sobreseídos. Además, un total de 219 denuncias se encuentran archivadas en sede fiscal.
Por no declarar el impuesto sobre la renta 14 personas han sido procesadas, de estas, cuatro fueron en 2018, cinco en 2019, y cinco en 2021.
De estos, cuatro optaron por salidas alternas y nueve fueron sobreseídos. La FGR reporta que hay otras ocho denuncias que aún se encuentran archivadas en sede fiscal.
El 7 de marzo de 2017, la Fiscalía logró una condena de ocho años de cárcel contra el propietario de Mobilia, Reynaldo Vásquez, por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales; quien además tuvo que pagar $400,489 en concepto de responsabilidad civil.
Según la FGR, Vásquez no canceló las cuotas de los exempleados de su empresa mueble Mobilia; constituyendo el delito en perjuicio de las AFP, el ISSS y la retención de renta.
Mientras que el 20 de agosto de 2020, dos exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, de Santa Ana fueron condenadas a cinco años de prisión por apropiarse y retener las cuotas de los empleados.
Las condenadas fueron identificadas como Blanca Estela Cortes Lima, quien fungió como alcaldesa en funciones de julio de 2014 al 30 de abril de 2015, y Ana Mercedes Aguilar de Ochoa, quien fue alcaldesa en el periodo del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. La Fiscalía no detalló el monto adeudado.
Judicial
Condenan a dos extranjeros a 13 años de cárcel por transportar 150 kilos de cocaína en La Libertad Costa
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 13 años de prisión a cada uno de dos extranjeros por tráfico ilícito de drogas, tras un procedimiento en el que fueron incautados 150 kilogramos de cocaína. El cargamento tenía un valor comercial estimado de $3,770,000, según los análisis periciales incorporados al proceso.
Los condenados son Luis Alfredo García Guevara, de nacionalidad guatemalteca, y Harinton Javier Ruiz, nicaragüense. Ambos fueron intervenidos el 5 de noviembre de 2025, después de que elementos de la Fuerza Aérea y de la Marina Nacional detectaran la embarcación en la que navegaban frente a las costas salvadoreñas.
El procedimiento continuó en la playa La Bocana de Mizata, en La Libertad Costa, donde las autoridades inspeccionaron la lancha. Durante la revisión encontraron cinco bultos que contenían 150 paquetes de cocaína, con un peso total de 150 kilogramos, confirmado mediante las pericias realizadas.
La sentencia fue emitida tras la valoración de los elementos presentados durante el juicio, entre ellos las inspecciones y los análisis de la sustancia decomisada. El tribunal estableció la responsabilidad de los dos procesados por el transporte del cargamento e impuso la misma pena de prisión a ambos.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió el 20 de octubre tres dictámenes favorables para reformar los códigos Penal y Procesal Penal, además de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las propuestas buscan combatir la conducción peligrosa y reforzar la responsabilidad de quienes operan o entregan vehículos de transporte colectivo y de carga.
El paquete contempla conducir con alcohol en la sangre o el aliento, bajo efectos de drogas, disputar la vía o participar en carreras sin autorización. También incorpora manejar autobuses o vehículos de carga sin la licencia correspondiente y responsabilizar a los propietarios que entreguen estas unidades a personas que no estén habilitadas para conducirlas.
Durante la discusión se señalaron penas de dos a cinco años por conducción peligrosa y de cinco a diez años cuando se trate de transporte público de pasajeros o de carga. Si estos hechos provocan homicidio culposo o lesiones culposas muy graves, las sanciones pueden alcanzar hasta 15 años para los conductores de esas unidades. Estos rangos ya aparecen en la reforma penal de diciembre de 2024, por lo que no deben presentarse como aumentos completamente nuevos.
Otro componente busca restringir la conciliación y otras formas de terminar el proceso en determinados casos vinculados con conducción peligrosa, además de fortalecer los controles sobre las condiciones mecánicas de los vehículos. El informe oficial consultado confirma el aval de la comisión; esa etapa debe distinguirse de la aprobación del pleno y de la posterior entrada en vigor de las reformas.
Cuando la conducción peligrosa termina en una tragedia, las penas del homicidio culposo o de las lesiones culposas se incrementan hasta un máximo de 15 años si el responsable conduce un vehículo de transporte colectivo o de carga.
“Hay algo importante en esta reforma y es que estos casos ya no se podrán cerrar con un arreglo, no va a proceder la conciliación, no va a proceder la mediación ni tampoco alegar, eventualmente ante el juez, la reparación del daño como forma o causal para terminar el proceso”, @FiscalGeneralSV.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 20, 2026
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
