Judicial
Un total de 1,839 personas han sido denunciadas en Fiscalía por apropiarse de cuotas laborales
No poder recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), no contar con un fondo digno de pensiones que les permita jubilarse y trabajar más años de lo debido forman parte de las afectaciones que al menos 1,839 personas han provocado en sus empleados a quienes les descontaron las cuotas de AFP, ISSS y renta, pero el pago no fue abonado, ni declarado a la institución correspondiente.
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2022 la institución ha recibido un total de 1,839 denuncias contra personas acusadas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales (ISSS y AFP) y por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias (impuesto sobre la renta).
De dicho total, 1,785 denuncias han sido interpuestas contra empresarios que han descontado las cuotas de ISSS y AFP pero no han realizado los respectivos depósitos, las restantes 54 han sido contra empresarios que no han declarado el impuesto sobre la renta descontado a sus empleados.
El pasado 4 de febrero, un grupo de exempleados de las empresas Inversiones Plus S.A. de C.V. y Zare S.A. de C.V. llegó a la Fiscalía para interponer una denuncia contra los dueños de las constructoras por la apropiación indebida de las prestaciones laborales de AFP, Seguro Social y la evasión del impuesto sobre la renta.
Los afectados son más de 40 exempleados a quienes desde el 2017 hasta el 2021 les aplicaron las retenciones, pero estas no fueron declaradas a las respectivas instituciones por parte de los dueños.
«Nuestra demanda es en contra del señor Miguel Ángel Cuéllar y el ingeniero Raúl Ernesto Melara, que son los que se han apropiado del fruto de nuestro trabajo», Señaló Mariano Guzmán.
El monto que los empresarios no habrían declarado asciende a $200,000 un aproximado de $5,000 por cada uno de los exempleados, según manifestó Guzmán.
«Tenemos nuestros reportes de AFP, no hemos podido pasar consulta en el Seguro durante todo el año pasado [2021], en estos dorados tiempos las prestaciones como el Seguro son importantes para nosotros como cabezas de familia», afirmó Guzmán.
Agregó que los más de 40 trabajadores fueron despedidos a finales del año pasado y hasta la fecha no han recibido respuesta sobre los descuentos de AFP, renta y Seguro que no han sido declarados por los empresarios.
UN DELITO REPETITIVO
Las estadísticas de la Fiscalía revelan que el año en que han recibido mayor cantidad de denuncias por apropiación o retención de cuotas laborales es el 2018 con 614, seguido del 2019 con 497 y 2020 con 340.
Los departamentos con más denuncias de este tipo de casos son San Salvador con 907, Santa Ana con 245 y San Miguel 161.
En cuanto a detenciones de empleadores, la Fiscalía reporta 12, siete en 2018, tres en 2019, dos en 2021; de estas una ocurrió en Santa Ana y 11 en San Salvador.
Respecto al delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, la Fiscalía reporta 54 denuncias entre enero de 2018 a diciembre de 2021. En 2018 fueron 12, en 2019 recibieron siete, en 2020 fueron 22 y en 2021 recibieron 13.
El departamento con mayor cantidad de denuncias es San Salvador con 35, seguido de La Libertad con siete y La Unión con seis. En cuanto a los detenidos, en total se reportan cinco; uno en 2018, tres en 2021 y uno en lo que va del 2022.
Por incumplimiento de deberes y apropiación y retención de cuotas laborales la Fiscalía giró, el 11 de septiembre de 2021, una orden de captura contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exdirector de finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González y del extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares.
Al exalcalde se le atribuyó el delito de incumplimiento de deberes y a los otros dos implicados se les acusó de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio de 54 entidades, entre ellas de orden socioeconómico e instituciones financieras, además de 41 trabajadores de la comuna capitalina y de la dirección municipal para la gestión sustentable de desechos sólidos.
La Fiscalía detalló que, entre mayo del 2019 y abril de 2021, se retuvo ilegalmente las cuotas laborales a los empleados municipales.
A Portillo Linares y Muñoz González, la Fiscalía les reprocha que pese a que sabían de la obligación de transferir los fondos para pagar las cuotas laborales lo omitieron. A Muyshondt, la representación fiscal le cuestiona que aún y cuando conocía de lo que estaba ocurriendo con la retención de las cuotas, optó por autorizar desembolsos de dinero para obras municipales.
La cantidad que la alcaldía de San Salvador adeudó, bajo la administración de Muyshondt, en concepto de retenciones de cuotas laborales es de $5,109,628.
PROCESADOS
En cuanto a las personas procesadas, en total la Fiscalía reporta 1,119 por retener y no pagar las cuotas de ISSS y AFP, de estas 424 han sido en 2018, 346 en 2019, 157 en 2020, 188 en 2021 y cuatro en 2022.
De estos casos, siete han sido condenados, otros siete absueltos, 570 han optado por salidas alternas y 450 han sido sobreseídos. Además, un total de 219 denuncias se encuentran archivadas en sede fiscal.
Por no declarar el impuesto sobre la renta 14 personas han sido procesadas, de estas, cuatro fueron en 2018, cinco en 2019, y cinco en 2021.
De estos, cuatro optaron por salidas alternas y nueve fueron sobreseídos. La FGR reporta que hay otras ocho denuncias que aún se encuentran archivadas en sede fiscal.
El 7 de marzo de 2017, la Fiscalía logró una condena de ocho años de cárcel contra el propietario de Mobilia, Reynaldo Vásquez, por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales; quien además tuvo que pagar $400,489 en concepto de responsabilidad civil.
Según la FGR, Vásquez no canceló las cuotas de los exempleados de su empresa mueble Mobilia; constituyendo el delito en perjuicio de las AFP, el ISSS y la retención de renta.
Mientras que el 20 de agosto de 2020, dos exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, de Santa Ana fueron condenadas a cinco años de prisión por apropiarse y retener las cuotas de los empleados.
Las condenadas fueron identificadas como Blanca Estela Cortes Lima, quien fungió como alcaldesa en funciones de julio de 2014 al 30 de abril de 2015, y Ana Mercedes Aguilar de Ochoa, quien fue alcaldesa en el periodo del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. La Fiscalía no detalló el monto adeudado.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
