Judicial
Un total de 1,839 personas han sido denunciadas en Fiscalía por apropiarse de cuotas laborales
No poder recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), no contar con un fondo digno de pensiones que les permita jubilarse y trabajar más años de lo debido forman parte de las afectaciones que al menos 1,839 personas han provocado en sus empleados a quienes les descontaron las cuotas de AFP, ISSS y renta, pero el pago no fue abonado, ni declarado a la institución correspondiente.
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2022 la institución ha recibido un total de 1,839 denuncias contra personas acusadas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales (ISSS y AFP) y por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias (impuesto sobre la renta).
De dicho total, 1,785 denuncias han sido interpuestas contra empresarios que han descontado las cuotas de ISSS y AFP pero no han realizado los respectivos depósitos, las restantes 54 han sido contra empresarios que no han declarado el impuesto sobre la renta descontado a sus empleados.
El pasado 4 de febrero, un grupo de exempleados de las empresas Inversiones Plus S.A. de C.V. y Zare S.A. de C.V. llegó a la Fiscalía para interponer una denuncia contra los dueños de las constructoras por la apropiación indebida de las prestaciones laborales de AFP, Seguro Social y la evasión del impuesto sobre la renta.
Los afectados son más de 40 exempleados a quienes desde el 2017 hasta el 2021 les aplicaron las retenciones, pero estas no fueron declaradas a las respectivas instituciones por parte de los dueños.
«Nuestra demanda es en contra del señor Miguel Ángel Cuéllar y el ingeniero Raúl Ernesto Melara, que son los que se han apropiado del fruto de nuestro trabajo», Señaló Mariano Guzmán.
El monto que los empresarios no habrían declarado asciende a $200,000 un aproximado de $5,000 por cada uno de los exempleados, según manifestó Guzmán.
«Tenemos nuestros reportes de AFP, no hemos podido pasar consulta en el Seguro durante todo el año pasado [2021], en estos dorados tiempos las prestaciones como el Seguro son importantes para nosotros como cabezas de familia», afirmó Guzmán.
Agregó que los más de 40 trabajadores fueron despedidos a finales del año pasado y hasta la fecha no han recibido respuesta sobre los descuentos de AFP, renta y Seguro que no han sido declarados por los empresarios.
UN DELITO REPETITIVO
Las estadísticas de la Fiscalía revelan que el año en que han recibido mayor cantidad de denuncias por apropiación o retención de cuotas laborales es el 2018 con 614, seguido del 2019 con 497 y 2020 con 340.
Los departamentos con más denuncias de este tipo de casos son San Salvador con 907, Santa Ana con 245 y San Miguel 161.
En cuanto a detenciones de empleadores, la Fiscalía reporta 12, siete en 2018, tres en 2019, dos en 2021; de estas una ocurrió en Santa Ana y 11 en San Salvador.
Respecto al delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, la Fiscalía reporta 54 denuncias entre enero de 2018 a diciembre de 2021. En 2018 fueron 12, en 2019 recibieron siete, en 2020 fueron 22 y en 2021 recibieron 13.
El departamento con mayor cantidad de denuncias es San Salvador con 35, seguido de La Libertad con siete y La Unión con seis. En cuanto a los detenidos, en total se reportan cinco; uno en 2018, tres en 2021 y uno en lo que va del 2022.
Por incumplimiento de deberes y apropiación y retención de cuotas laborales la Fiscalía giró, el 11 de septiembre de 2021, una orden de captura contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exdirector de finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González y del extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares.
Al exalcalde se le atribuyó el delito de incumplimiento de deberes y a los otros dos implicados se les acusó de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio de 54 entidades, entre ellas de orden socioeconómico e instituciones financieras, además de 41 trabajadores de la comuna capitalina y de la dirección municipal para la gestión sustentable de desechos sólidos.
La Fiscalía detalló que, entre mayo del 2019 y abril de 2021, se retuvo ilegalmente las cuotas laborales a los empleados municipales.
A Portillo Linares y Muñoz González, la Fiscalía les reprocha que pese a que sabían de la obligación de transferir los fondos para pagar las cuotas laborales lo omitieron. A Muyshondt, la representación fiscal le cuestiona que aún y cuando conocía de lo que estaba ocurriendo con la retención de las cuotas, optó por autorizar desembolsos de dinero para obras municipales.
La cantidad que la alcaldía de San Salvador adeudó, bajo la administración de Muyshondt, en concepto de retenciones de cuotas laborales es de $5,109,628.
PROCESADOS
En cuanto a las personas procesadas, en total la Fiscalía reporta 1,119 por retener y no pagar las cuotas de ISSS y AFP, de estas 424 han sido en 2018, 346 en 2019, 157 en 2020, 188 en 2021 y cuatro en 2022.
De estos casos, siete han sido condenados, otros siete absueltos, 570 han optado por salidas alternas y 450 han sido sobreseídos. Además, un total de 219 denuncias se encuentran archivadas en sede fiscal.
Por no declarar el impuesto sobre la renta 14 personas han sido procesadas, de estas, cuatro fueron en 2018, cinco en 2019, y cinco en 2021.
De estos, cuatro optaron por salidas alternas y nueve fueron sobreseídos. La FGR reporta que hay otras ocho denuncias que aún se encuentran archivadas en sede fiscal.
El 7 de marzo de 2017, la Fiscalía logró una condena de ocho años de cárcel contra el propietario de Mobilia, Reynaldo Vásquez, por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales; quien además tuvo que pagar $400,489 en concepto de responsabilidad civil.
Según la FGR, Vásquez no canceló las cuotas de los exempleados de su empresa mueble Mobilia; constituyendo el delito en perjuicio de las AFP, el ISSS y la retención de renta.
Mientras que el 20 de agosto de 2020, dos exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, de Santa Ana fueron condenadas a cinco años de prisión por apropiarse y retener las cuotas de los empleados.
Las condenadas fueron identificadas como Blanca Estela Cortes Lima, quien fungió como alcaldesa en funciones de julio de 2014 al 30 de abril de 2015, y Ana Mercedes Aguilar de Ochoa, quien fue alcaldesa en el periodo del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. La Fiscalía no detalló el monto adeudado.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
