Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
Internacionales
Hinchas de Argentina y Argelia protagonizan pelea en Times Square antes del debut de sus selecciones
A pocas horas del debut de sus respectivas selecciones, aficionados de Argentina y Argelia protagonizaron una pelea a puños y patadas en el corazón de Nueva York.
Los seguidores de ambas selecciones coincidieron la noche del lunes en la emblemática Times Square, donde comenzaron una serie de provocaciones que derivaron en una trifulca.
Lo que debía ser una celebración futbolística y una oportunidad para acercar culturas terminó convirtiéndose en una batalla campal en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Usuarios de redes sociales difundieron videos del enfrentamiento ocurrido en Times Square, uno de los puntos más transitados de Manhattan.
El conductor de una ambulancia, identificado como Duglas Maradiana, perdió la vida al verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Chinandega, Honduras.
De acuerdo con los reportes, el fatal hecho se registró durante la madrugada, cuando en la ambulancia era trasladado de emergencia un paciente.
Según las versiones preliminares, el accidente ocurrió cuando, aparentemente, el ahora fallecido se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y cayó a un cauce.
Debido a la gravedad del impacto, Maradiana murió en el lugar. Mientras tanto, el paciente y un familiar que viajaban en la ambulancia resultaron con lesiones leves.
La Policía de la localidad realizó las investigaciones correspondientes para determinar las causas reales que provocaron la tragedia.
Un tribunal de Suecia condenó este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de 61 años por haber explotado a su esposa y obligarla durante tres años a mantener relaciones sexuales pagadas con un centenar de hombres.
El acusado fue declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, agresión, amenazas y un delito menor relacionado con drogas, según informó la corte en un comunicado.
De acuerdo con el tribunal, el hombre introdujo a su esposa en la prostitución y gestionó la mayor parte de la operación. La fiscalía logró identificar a aproximadamente 120 hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con la víctima.
El caso causó conmoción en Suecia y ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot, en Francia, cuyo esposo fue condenado en 2024 por drogarla y permitir que decenas de hombres la violaran mientras permanecía inconsciente.
La fiscal Ida Annerstedt declaró al inicio del juicio, en abril, que la mujer vivía con un “miedo profundo” hacia su esposo, quien la amenazaba con “liberar al monstruo” si no obedecía sus órdenes.
El proceso judicial se desarrolló entre el 10 de abril y el 26 de mayo en un tribunal de Härnösand, en el norte de Suecia, y se llevó a cabo en gran parte a puerta cerrada.
La fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión para el acusado.
Según la acusación, el hombre publicaba anuncios en internet, organizaba los encuentros y vigilaba a su esposa, a quien obligaba a realizar actos sexuales, incluso en línea, con el objetivo de atraer a más clientes.
Además, enfrentaba ocho cargos de violación; sin embargo, el tribunal los desestimó. La corte consideró que en siete de los casos no estaba claro si la participación de la mujer había sido voluntaria, mientras que en el octavo no fue posible determinar qué actos ocurrieron.
La legislación sueca no sanciona a las personas que ofrecen servicios sexuales, pero sí castiga la compra de dichos servicios, así como facilitar o beneficiarse de la prostitución de terceros.
