Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
Los líderes del G7 acordaron el viernes liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y crudo en los próximos cuatro meses para aliviar el alza de los carburantes. La medida, coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, empieza de inmediato e incluye una liberación sustancial de diésel en los primeros 20 días. El grupo no descartó discutir reservas adicionales.
El anuncio lo hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, al cierre de una videoconferencia que presidió Francia, titular rotatorio del G7. Participaron Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Macron dijo que las decisiones «deberían hacer bajar los precios» de los productos petroleros, en particular el diésel. El comunicado no detalla cuánto del volumen será crudo y cuánto diésel, ni qué países socios aportarán barriles.
El acuerdo también cierra, por ahora, la amenaza de Washington de prohibir las exportaciones de diésel. Los siete se comprometieron a no imponer restricciones de energía entre ellos y pidieron a los productores que eviten vetos que tense más el mercado. El presidente Donald Trump escribió en Truth Social que Europa aceptó poner en el mercado «una cantidad masiva» de su diésel almacenado y que el proceso comenzará de inmediato.
El alza viene de la guerra en Oriente Medio. En marzo, la AIE ya coordinó una liberación de 400 millones de barriles, pero Trump ha criticado a Europa por no sacar esas reservas con la rapidez que pedía Washington. Esta vez el G7 también coordinará el mantenimiento de refinerías para que no paren al mismo tiempo y pedirá más producción de diésel a los países con capacidad de refinación.
El Brent llegó a bajar de 100 dólares el barril tras el anuncio y cerró el viernes cerca de 102. El diésel europeo cayó un 8 %, a 1,337.75 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde inicios de septiembre. Para países importadores como El Salvador, un diésel más barato aliviaría transporte y alimentos, aunque el efecto en la bomba depende de cuánto se libere de verdad en las próximas tres semanas.
Una intensa granizada sorprendió este jueves a los habitantes de distintos sectores de San Marcos, Guatemala, donde la caída de hielo cubrió calles, viviendas y áreas verdes.
El fenómeno meteorológico tomó por sorpresa a las personas, quienes aprovecharon el momento para observar y grabar el inusual espectáculo que dejó el paisaje cubierto de blanco.
Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la intensidad de la granizada y la sorpresa de los habitantes ante este fenómeno natural.
Internacionales
Estados Unidos refuerza cooperación contra el crimen organizado en Guatemala rumbo al proceso electoral de 2027
Una delegación de fiscales federales estadounidenses visitó Guatemala para fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales, narcotráfico y redes de lavado de dinero. El movimiento ocurre mientras el país se prepara para las elecciones generales de 2027 y circulan versiones sobre posibles restricciones migratorias contra figuras de la política guatemalteca.
Estados Unidos y Guatemala han elevado su nivel de cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Una delegación integrada por fiscales y altos funcionarios estadounidenses sostuvo reuniones en territorio guatemalteco para fortalecer investigaciones conjuntas contra carteles y estructuras criminales que operan de manera transnacional.
La misión reunió a fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos, incluidos Texas, California, Arizona, Nuevo México, Florida y Nueva York, además de funcionarios del Departamento de Justicia y representantes de agencias como el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations. El objetivo oficial fue ampliar la coordinación para enfrentar carteles, narcotráfico y otras amenazas criminales transnacionales.
Las autoridades estadounidenses también pusieron especial atención en el movimiento del dinero procedente de actividades ilícitas. Las investigaciones contemplan redes de fraude, operaciones con grandes cantidades de efectivo, lavado basado en operaciones comerciales y utilización de criptomonedas, entre otros mecanismos empleados para trasladar ganancias criminales entre países.
El documento proporcionado a este medio plantea un escenario todavía más amplio y relaciona estas acciones con la lucha contra el narcotráfico, la extorsión, el lavado de dinero y la denominada “narcopolítica” en Guatemala. También sostiene que existirían vínculos entre estructuras criminales y determinados actores políticos.
Sin embargo, el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la visita no identifica partidos políticos ni candidatos guatemaltecos como objetivos de esta operación, por lo que cualquier vinculación individual requiere evidencia adicional antes de presentarse como un hecho.
🇺🇸🇬🇹 EE. UU. refuerza su cooperación contra el crimen organizado en Guatemala
Fiscales federales de 9 distritos de Estados Unidos participaron en encuentros para fortalecer la coordinación contra el narcotráfico, lavado de dinero y redes criminales transnacionales.
🔎 Conoce… pic.twitter.com/CVivEmoEky
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 1, 2026
Versiones sobre la visa de Roberto Arzú
En paralelo a esta ofensiva contra el crimen organizado han vuelto a circular versiones relacionadas con la situación migratoria del político guatemalteco Roberto Arzú García-Granados.
El documento recibido por este medio sostiene que funcionarios estadounidenses habrían confirmado, de manera no oficial, la cancelación de su visa y señala además la existencia de audios en los que supuestamente el propio Arzú hablaría sobre ese tema.
Pero esa información no puede darse actualmente como confirmada.
Arzú negó públicamente a principios de septiembre que Estados Unidos hubiera revocado su visa y aseguró que el documento continuaba vigente. Una verificación independiente de Agencia Ocote tampoco encontró evidencia pública del Departamento de Estado estadounidense que confirmara una cancelación o restricción de su visado.
Por ello, mientras no exista una comunicación oficial estadounidense o documentación verificable que demuestre lo contrario, la supuesta cancelación debe mantenerse periodísticamente como una versión no confirmada y rechazada por el propio Arzú.
Guatemala se acerca a las elecciones de 2027
El contexto cobra especial importancia por la proximidad del próximo proceso electoral.
El Tribunal Supremo Electoral presentó un cronograma preliminar que contempla la convocatoria a elecciones para el 22 de enero de 2027, los comicios generales para el 27 de junio y, en caso de ser necesaria, una segunda elección presidencial el 22 de agosto de 2027. El propio TSE ha aclarado que el calendario deberá formalizarse mediante el correspondiente decreto de convocatoria.
Guatemala se encuentra, por tanto, entrando progresivamente en un período en el que las investigaciones judiciales, las relaciones con Washington y cualquier eventual medida adoptada por Estados Unidos contra figuras públicas podrían adquirir una dimensión política considerable.
Lo que sí está documentado hasta ahora es que Washington está intensificando su cooperación con Guatemala para perseguir organizaciones criminales y sus estructuras financieras. Lo que no puede establecerse con la evidencia pública disponible es que la reciente visita de fiscales estadounidenses constituya una operación dirigida específicamente contra Roberto Arzú, determinados candidatos o partidos políticos guatemaltecos.
