Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
El Ejército colombiano ubicó y desmanteló una fábrica clandestina de falsificación de moneda en el departamento de Boyacá, donde incautó 1.1 millones de dólares falsos destinados al mercado negro. El operativo se realizó en una vivienda del municipio de Berbeo.
Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 64 años, identificado como profesional en artes gráficas, quien presuntamente lideraba el proceso de fabricación de los billetes falsos. Según las autoridades, la acción representa un golpe contra la falsificación de moneda que afecta la economía del país.
Un niño de 11 años fue atacado por un perro de raza pitbull en el barrio Las Brisas, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras. El menor, identificado como Elvin C. H., se dirigía a dejar unas tortillas cuando fue sorprendido por el canino, que le mordió el brazo derecho.
Tras el ataque, el niño fue trasladado al Centro de Salud, donde recibió atención médica debido a una herida de consideración que le provocó la pérdida de parte de la piel. Medios locales informaron que recibió entre cinco y seis puntos de sutura y posteriormente fue dado de alta para continuar su recuperación en su vivienda.
Ante lo ocurrido, autoridades locales y vecinos hicieron un llamado a los dueños de perros considerados de razas fuertes o potencialmente peligrosas para que los mantengan bajo control y debidamente amarrados, con el fin de evitar nuevos incidentes, especialmente contra niños.
Al menos cuatro personas, al parecer todas de una misma familia, fueron asesinadas en el interior de una vivienda en el barrio Centroamérica, de Tegucigalpa, informó este jueves el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.
Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.
«Lastimosamente se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas», subrayó Aguilar en comunicación telefónica con el Canal 5.
Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta hoy se supo del mismo a través de una llamada al teléfono de asistencia social 911.
Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, «que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima».
Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen «en un absoluto hermetismo» y «nadie quiere manifestar nada».
Honduras registra altos índices de violencia, con alrededor de una decena de homicidios diarios, según diversas fuentes, aunque las autoridades aseguran que la criminalidad se ha reducido sustancialmente, debido en parte a un estado de excepción parcial, que entró en vigor en diciembre de 2022.
La percepción de varios sectores hondureños, incluidos defensores de derechos humanos, difiere con la versión oficial y aseguran que el estado de excepción impuesto por el Gobierno no dado los resultados esperados.
