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Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
Un ataque bomba este sábado dejó 7 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador del Cauca.
La explosión fue en una carretera de esta violenta región e impactó en varios vehículos. Desde ayer se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.
«Fue activado un artefacto explosivo» que «deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad», publicó en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, junto a un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos volcados y destruidos tras el ataque.
Otros videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y huecos en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió varios metros.
El viernes un atentado contra una base militar en Cali, la tercera ciudad del país, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca. En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.
La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales. El delfín político del presidente izquierdista Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.
Los tres han denunciado amenazas de muerte.
En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.
Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.
El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de la agencia de noticias EFE que se encontraba en el evento.
Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.
Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.
Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora “el escenario de un crimen”, según detalló el periodista de EFE presente en la cena.
Trump se refirió al incidente a través de la red social Truth, destacando la respuesta de las autoridades. “Qué velada en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, señaló, agregando que el atacante ya fue detenido.
Trump indicó además que recomendó “dejar que el espectáculo continúe”, aunque dijo que la decisión final quedará en manos de las autoridades. “Será un evento muy distinto al planificado y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo”, añadió el mandatario.
El feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril, ha dado un giro aún más perturbador tras filtrarse la última conversación que sostuvo con su suegra, Erika María “N”.
Lo que parecía ser un reencuentro familiar para entregar a una mascota, terminó en una ejecución a sangre fría que ha dejado en shock a México.
Según los informes, Erika María viajó en automóvil desde Ensenada hasta la Ciudad de México bajo el pretexto de entregar a “León”, un perro golden retriever que pertenecía a la pareja. En los audios filtrados, se escucha a una Carolina amable y preocupada por el bienestar de la mascota y de su suegra tras el largo viaje. “¿Y ‘León’ cómo se portó?”, preguntó la modelo, a lo que la mujer respondió con total normalidad: “Bien, andaba medio mareado”.
Sin embargo, la amabilidad era una trampa mortal. Para distraer a su nuera, Erika María le pidió una botella de agua. Mientras Carolina se dirigía a la cocina del departamento en Polanco para cumplir con la petición, su suegra aprovechó el momento de vulnerabilidad para dispararle en repetidas ocasiones. Tras cometer el crimen, la mujer de 63 años salió del edificio con maletas, huyendo del lugar.
La indignación crece conforme se revelan más detalles: allegados sugieren que el móvil fueron los celos, y que los problemas entre ambas se intensificaron cuando Carolina quedó embarazada. Actualmente, Erika María “N” es considerada una prófuga de la justicia y existe un fuerte temor de que pueda salir del país. Mientras tanto, la comunidad exige justicia para la modelo, quien incluso había dejado instrucciones sobre el futuro de su bebé presintiendo que algo podría ocurrir.
