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Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el chofer de la pipa de gas LP involucrada en la explosión ocurrida en Iztapalapa fue el principal responsable del accidente que dejó personas fallecidas, lesionados y severos daños materiales en la zona del Puente de la Concordia.
Conductor de pipa responsable del incidente
De acuerdo con los resultados del peritaje, el chofer circulaba a una velocidad superior a la permitida, lo que le hizo perder el control de la unidad al tomar una curva.
La pipa terminó impactándose contra el muro de contención, provocando la ruptura del tanque que transportaba gas LP, lo que derivó en una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud.
Las autoridades detallaron que la investigación fue exhaustiva e incluyó análisis mecánicos, estudios de la superficie de rodamiento, reconstrucción de la trayectoria del vehículo, revisión de cámaras de videovigilancia y dictámenes especializados.
Además, la FGJ-CDMX descartó que el accidente haya sido provocado por fallas en la infraestructura vial, hundimientos, desperfectos del pavimento o condiciones externas que influyeran en la pérdida de control del vehículo.
Aunque el conductor perdió la vida en el siniestro, la Fiscalía señaló que la empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, también incurrió en responsabilidades.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en la capacitación del operador para el manejo de materiales peligrosos, falta de supervisión adecuada, así como omisiones en los protocolos de seguridad y control de jornadas laborales.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se han establecido acuerdos de reparación del daño para las víctimas y sus familias. Estos acuerdos contemplan indemnizaciones millonarias, atención médica, apoyo psicológico y compensaciones económicas por los daños ocasionados a viviendas, vehículos y comercios afectados por la explosión.
El gobierno de Estados Unidos evalúa remover al embajador en Guatemala como parte de un amplio cambio diplomático impulsado por la administración de Donald Trump. La medida podría concretarse en enero de 2026.
La prensa estadounidense informó que 29 embajadores de carrera recibieron notificación sobre el fin de sus mandatos. Entre ellos figura, de forma preliminar, el jefe de misión en Guatemala.
Según The Washington Post y Univision, funcionarios del Departamento de Estado comunicaron la decisión la semana pasada. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato.
Tobin Bradley y el escenario en Guatemala
El actual embajador de Estados Unidos en Guatemala es Tobin Bradley. Llegó al país el 2 de febrero de 2024.
Antes de asumir, Bradley se desempeñó como subsecretario adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Su nombramiento ocurrió durante la administración de Joe Biden.
Guatemala aparece junto a Surinam como los 2 países del hemisferio occidental incluidos en la lista preliminar. Hasta ahora, el Departamento de Estado no confirmó oficialmente los relevos.
Notificaciones y plazos definidos
Los diplomáticos afectados comenzaron a recibir notificaciones entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025. Sus salidas están previstas para enero de 2026.
Las autoridades aclararon que los embajadores no pierden su condición de funcionarios del Servicio Exterior. Regresarán a Washington para asumir otras funciones o posibles reasignaciones.
Por lo general, los embajadores permanecen en sus cargos entre 3 y 4 años. Su continuidad depende de la decisión del presidente en funciones.
Posición del Departamento de Estado
El Departamento de Estado calificó los cambios como un “proceso estándar de cualquier administración”. Señaló que los embajadores actúan como representantes personales del presidente.
Además, indicó que el mandatario tiene derecho a contar con funcionarios alineados con su agenda. En este caso, la prioridad es la política de “America First”.
Países y regiones afectadas
África concentra el mayor número de posibles relevos, con 13 países. La lista incluye Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil y Nigeria, entre otros.
En Asia y el Pacífico, los cambios alcanzarían a Laos, Filipinas, Vietnam, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. También figuran Nepal y Sri Lanka.
Europa aparece con Armenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Eslovaquia. En Medio Oriente, los ajustes incluirían a Argelia y Egipto.
Uganda también figura en la lista, tras la nominación de William Popp para ese país.
Reacciones y contexto político
El medio Politico fue el primero en revelar el retiro de embajadores. La información generó preocupación entre legisladores y el sindicato del servicio exterior.
Los embajadores fueron designados durante el gobierno de Joe Biden. Muchos habían superado una primera revisión tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Hasta el momento, la administración estadounidense no ha anunciado sustitutos para las misiones afectadas. El proceso continúa en desarrollo.
Autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala capturaron a dos trabajadores de una funeraria, luego de que un hombre fuera localizado sin vida dentro de un establecimiento situado en el kilómetro 60 de la ruta a Taxisco, caserío Las Flores, en Escuintla.
Según la PNC, los detenidos fueron sorprendidos dentro de una habitación de la funeraria junto al cuerpo de la víctima. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría sido llevado al lugar bajo engaños, donde fue amarrado y posteriormente atacado con un arma blanca hasta causarle la muerte.
Los capturados fueron identificados como Kevin “N”, de 26 años, y Ángel “N”, de 20 años, quienes no brindaron explicación sobre el hecho. En el lugar se localizó un cuchillo, el cual fue embalado como evidencia. El caso continúa bajo investigación para determinar más responsabilidades.
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