Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
A partir de este jueves, los precios de los combustibles experimentan una nueva alza en Costa Rica elevando el de las gasolinas por encima de los $6 por galón, mientras que el diésel también se acerca a esta cantidad.
El ajuste quedó oficializado este miércoles tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, e indica que desde el 7 de mayo la gasolina regular tendrá un costo de $6.20 por galón; siendo este hidrocarburo el que se comercializa por mayor precio en ese país al incrementar $0.23, respecto al mes pasado.
La gasolina superior, por su parte, se comercializará por $6.09 por galón, precio que refleja un alza intermensual de $0.27; y el diésel tendrá un valor de $5.94, y experimenta un aumento de $0.33.
Estas alzas son atribuidas al impacto internacional de la guerra que tiene lugar en Medio Oriente, y las consecuentes afectaciones por la inestabilidad en el paso por el estrecho de Ormuz, efectos que tienen incidencia en la adquisición de los productos terminados que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Representantes del sector gasolinero y de transportes del país centroamericano han advertido que estas alzas impactarán directamente el costo de vida, incluyendo servicios como el transporte público y el precio de los bienes básicos.
Con los ajustes, Costa Rica se posiciona como la nación centroamericana más afectada por la escalada de precios de los hidrocarburos, mientras que El Salvador sigue siendo la que mayor contención registra con precios de máximos $4.64 para estos productos.
BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.
La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.
«Si viene mucha gente», dijo, «podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México», dijo la presidenta.
«Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse», añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.
BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.
La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.
«Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos», aseguró Sheinbaum. «Gracias a él se pudo dar este encuentro», añadió.
Internacionales
Presidente de Guatemala nombra a nuevo fiscal general en reemplazo de sancionada por EE. UU.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó el martes al sucesor de la fiscal general Consuelo Porras, su mayor enemiga política y quien enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran corrupta y antidemocrática.
La salida de Porras, quien buscaba un tercer mandato, es considerada por juristas internacionales clave para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
La fiscal será reemplazada por Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el 17 de mayo para un periodo de cuatro años, dijo Arévalo en un mensaje a la nación.
García Luna «no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios», sino a «servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio» de los guatemaltecos, señaló el mandatario socialdemócrata.
Porras, de 72 años, había quedado excluida del grupo de aspirantes que aprobó una comisión especial para que Arévalo escogiera al nuevo fiscal.
Y aunque hubiera integrado la baraja, el gobernante había descartado elegirla al considerarla «peligrosa» para el país.
Ampliamente cuestionada
La fiscal intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años y abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio.
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, el bloque europeo y otra decena de países le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
Además, expertos de la ONU la vincularon recientemente con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal, señalamiento que ella rechaza.
Arévalo, por su parte, la acusa de operar para el «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.
Porras fue condecorada recientemente por su par de El Salvador, lo que alimentó especulaciones de que podría trasladar su domicilio a ese país cuando deje el cargo.
El nuevo fiscal, de 49 años, acredita más de 20 años de experiencia en la administración de justicia y tiene una maestría en derecho penal.
Ha sido juez penal y magistrado regional, así como miembro de una junta de disciplina judicial y catedrático universitario.
Finaliza un «ciclo oscuro»
Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos a raíz de causas legales abiertas por Porras, el fin de su mandato plantea la posibilidad de que «se cierre uno de los ciclos más oscuros para la justicia guatemalteca».
«No basta cambiar nombres en el Ministerio Público. Guatemala necesita una reforma profunda que garantice independencia, carrera fiscal, controles reales y el fin de la utilización política de la justicia», escribió Sandoval en X.
En tanto, el presidente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, cercano a Porras, adelantó que «sin importar quién esté al frente» de la Fiscalía, la entidad continuará la persecución contra exfiscales y exjueces anticorrupción.
La Fundación se convirtió en querellante en varios procesos contra críticos de Porras, a quien califica como la «mejor fiscal en la historia» del país.
