Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este fin de semana se mantendrán altas concentraciones de polvo del Sahara sobre el territorio salvadoreño.
La institución advirtió que esta condición podría representar un riesgo para la salud, principalmente para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o alergias.
De acuerdo con el MARN, las concentraciones del fenómeno se mantuvieron altas este viernes, una condición que también se prevé para el sábado 8 y domingo 9 de agosto. Además, indicó que la visibilidad permanecerá brumosa y que el nivel de riesgo para la salud es alto.
Ante este escenario, el MARN recomendó a los grupos más vulnerables evitar la exposición al aire libre y utilizar mascarilla en caso de que necesiten salir de sus viviendas.
Asimismo, exhortó a la población en general a reducir los esfuerzos físicos intensos o prolongados en espacios abiertos.
«Hoy se mantiene presencia del Polvo del Sahara en concentraciones altas. Conoce los detalles y toma las precauciones necesarias», publicó la institución en la red social X.
El ministerio agregó que, pese a la presencia del polvo del Sahara, se esperan lluvias durante los próximos días, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre las condiciones meteorológicas.
Las autoridades reiteraron el llamado a consultar los canales oficiales del MARN y adoptar las medidas de prevención necesarias para reducir los efectos de este fenómeno atmosférico, especialmente entre las personas con mayor riesgo de complicaciones de salud.
México y Perú restablecieron este viernes sus relaciones diplomáticas, luego de que permanecieran rotas desde noviembre por decisión de Lima, que denunció una supuesta injerencia del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las cancillerías de ambos países comunicaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a «los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú».
Uno de los principales puntos de tensión entre ambos gobiernos fue el asilo político concedido por México a Betssy Chávez, exjefa de gabinete del expresidente peruano Pedro Castillo, quien permanece detenido.
Poco después de conocerse el comunicado, Sheinbaum informó durante su conferencia diaria que Chávez había recibido el salvoconducto y estaba a punto de llegar a México. La entrega del documento constituía una condición de su Gobierno para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse tras la caída y detención de Castillo por su intento de disolver el Congreso a finales de 2022. En ese momento, México concedió asilo a la esposa y los hijos del exmandatario.
Posteriormente, la justicia peruana condenó a Castillo en 2025 a más de 11 años de cárcel por esos actos, una sentencia que el Gobierno mexicano considera ilegal.
El comunicado emitido por las cancillerías no ofreció mayores detalles sobre el acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas.
Sheinbaum también indicó que Chávez viajó a México en un avión militar y calificó la entrega del salvoconducto como «una acción de buena voluntad» de la presidenta Keiko Fujimori.
Las autoridades mexicanas informaron el martes sobre el desmantelamiento de cuatro refinerías clandestinas, donde fueron incautados casi un millón de litros de derivados ilegales, como parte de las acciones contra el procesamiento ilícito de combustible.
De acuerdo con las autoridades, aunque grupos criminales han robado durante años combustible de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la operación de estos «centros de procesamiento ilícito de combustible» representa una modalidad reciente.
La fiscalía no reportó personas detenidas durante los operativos.
Las plantas clandestinas fueron localizadas en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en el centro de México. Como parte de las intervenciones, las autoridades incautaron combustible, contenedores y maquinaria utilizada en estas instalaciones.
Asimismo, la fiscalía difundió fotografías en las que se observan grandes tanques industriales y un sistema de tuberías interconectadas dentro de las refinerías clandestinas.
Según el comunicado oficial, el constante movimiento de camiones cisterna escoltados por otros vehículos despertó las sospechas de las autoridades y permitió detectar las operaciones ilegales.
Las autoridades también señalaron que el robo de combustible provocó pérdidas cercanas a los 530 millones de dólares para Pemex al cierre del segundo trimestre, cifra que representa un incremento del 20 % en comparación con el mismo período de 2025.
Como antecedente, recordaron que una toma clandestina en un ducto de Pemex provocó una explosión en 2019, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo de 137 personas fallecidas.
