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Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
Un importante líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, prófugo desde 2022, será extraditado en los próximos días desde Paraguay, informó el domingo la policía peruana.
Erick Moreno, líder de «Los Injertos del Cono Norte», se encuentra preso desde septiembre en Paraguay, tras su captura cerca de Asunción en un operativo contra el crimen organizado.
«Este miércoles 28, las autoridades de Paraguay estarán entregando a Erick Moreno para que responda ante la justicia peruana por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen», dijo el domingo a periodistas el comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola.
«Va a estar al frente de los tribunales y la condena es muy sencilla de predecir: cadena perpetua», aseguró.
El ministerio del Interior de Peru había ofrecido una recompensa de 286.000 dólares por información que llevase a la ubicación y captura de «El Monstruo» Moreno, uno de los criminales más peligrosos y buscados del país.
Moreno se desplazaba desde 2022 por varios países sudamericanos, entre ellos Brasil.
En diciembre de 2023 fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas.
La extorsión aumentó 19% en Perú, con 26.585 denuncias frente a las 22.361 de 2024, según cifras oficiales.
En Perú operan tanto bandas locales como de Colombia, Ecuador y Venezuela, según la policía.
Internacionales
Así fue captado dos pandilleros asaltando a pasajeros del transporte público en Honduras
Ciudadanos captaron el momento cuando dos delincuentes estaban asaltando a los pasajeros de una unidad del transporte público en Comayagüela.
En el video que ya es viral en las redes, se observa a los sujetos amenazando y exigiendo sus pertenencias a los pasajeros.
Ciudadanos hondureños que la delincuencia en su país está incontrolable y las autoridades locales poco o casi nada hacen para proteger a la población.
De acuerdo con las estadísticas, El crimen organizado, las pandillas y la extorsión son los principales motores de la inseguridad.
De igual manera, la impunidad, la pobreza y la falta de oportunidades estructurales fomentan la persistencia del delito.
Ochenta y seis personas fueron detenidas por supuesta intrusión después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el recinto de una cárcel londinense en apoyo a un preso en huelga de hambre, indicó la policía británica este domingo.
El grupo «protestaba en apoyo a un prisionero de Palestine Action en huelga del hambre» el sábado y rechazó dejar el recinto de la cárcel cuando se le ordenó, escribió la policía metropolitana de Londres en X.
«Al parecer, impidieron la entrada y salida del personal penitenciario, amenazaron a los policías y algunos lograron entrar en la zona reservada al personal de un edificio de la prisión», precisó la policía. Todas las personas implicadas fueron arrestadas, añadió.
Un portavoz del Ministerio de Justicia calificó el incidente de «profundamente preocupante».
La intrusión se produjo en la prisión HMP Wormwood Scrubs, en el oeste de la capital británica, donde Muhammad Umer Jalid permanece detenido y lleva más de dos semanas en huelga de hambre, según la asociación Prisoners for Palestine.
Otros activistas han llevado a cabo huelgas de hambre en los últimos meses a la espera de ser juzgados por allanamiento y actos de vandalismo cometidos en nombre de la organización Palestine Action, antes de que esta fuera prohibida en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista. Jalid y los demás niegan estas acusaciones y piden que se retiren.
