Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
La derechista Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América.
En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.
Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico.
«Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (…). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado», dijo, al señalar como inaceptable que «el narcotráfico encuentre grietas» en el sistema democrático costarricense.
Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.
«Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos», manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad.
Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. «Ya no más alcahueterías», subrayó.
Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado «gobierno de la continuidad».
Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.
«La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar», dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.
«Vamos a revisar nuestra institucionalidad (…) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría», aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.
Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá una diarquía (gobierno compartido) y riesgo de una «concentración de poder» en un expresidente «con tentaciones autoritarias».
Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.
Tres excursionistas murieron este viernes en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción de un volcán, que lanzó una enorme nube de ceniza por los aires, informaron las autoridades.
Entre los fallecidos hay dos singapurenses y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, aseguró Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de la provincia de Halmahera del Norte, a la cadena Kompas TV.
Veinte excursionistas se encontraban en las laderas cuando ocurrió el desastre, señaló Erlichson desde una estación de monitoreo.
Nueve de ellos eran de Singapur y el resto indonesios.
«Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña», precisó.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Los otros 17 excursionistas fueron hallados vivos, según el jefe de la agencia local de auxilio Iwan Ramdani.
Algunos de los excursionistas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.
El guía del grupo y un asistente fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentarse a cargos penales por haber llevado a los excursionistas a una zona prohibida, añadió el jefe de policía.
El acceso a la zona se había prohibido el mes pasado, después de que los científicos observaran un aumento de la actividad volcánica.
Erlichson precisó que la operación de rescate se lleva a cabo en un terreno accidentado al que solo se puede acceder con vehículos hasta cierto punto de la pendiente.
«El resto del camino (las víctimas) deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación», dijo.
Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un «ruido atronador» y una espesa columna de humo que se elevó a unos 10 kilómetros desde la cima del monte Dukono y puede afectar a la población circundante.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Indonesia, un vasto archipiélago del Sudeste Asiático, experimenta frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Cuenta con casi 130 volcanes activos.
El Dukono se encuentra actualmente en el tercer nivel de alerta del sistema de alertas de cuatro niveles de Indonesia.
Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a los turistas y escaladores que no se acerquen a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang.
Erlichson dijo que los excursionistas ignoraron las señales de advertencia colocadas a la entrada del sendero.
Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington la próxima semana, anunció ayer un funcionario estadounidense, en medio de continuos ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá pese al alto el fuego.
Estados Unidos, por su parte, continúa esperando la respuesta de Teherán a su última propuesta para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio y permita reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de hidrocarburos.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, indicó que la nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.
Será el tercer encuentro de este tipo en los últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no mantienen relaciones diplomáticas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era «perfectamente factible» e insistió en que Hezbolá era el principal escollo, y no otros asuntos entre los dos gobiernos.
Líbano quedó arrastrado al conflicto regional cuando Hezbolá, respaldado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia.
