Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
La Policía Nacional Civil de Guatemala reportó la captura de cuatro pandilleros salvadoreños que fueron ubicados en Amatitlán.
Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19; Alexander Cuellar Pineda, de 27; y José Ángel Ramírez, de 28 años. Este último portaba un documento de identidad falso con otro nombre.
Los capturados son como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19 años; Alexander Cuellar Pineda, de 27 años; y José Ángel Ramírez, de 28 años, quien portaba un DPI falso con otro nombre. pic.twitter.com/D345ZK5bDl
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026
Según las autoridades guatemaltecas, los cuatro son miembros de la Mara Salvatrucha y se desplazaban en un vehículo con placas salvadoreñas P-155DB.
Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron neutralizados por los agentes.
Durante el registro, las autoridades incautaron dos armas de fuego, una de ellas con el registro alterado y otra con reporte de robo en El Salvador. También fueron decomisadas 24 municiones calibre 5.56 milímetros para fusil, 20 municiones calibre 9 milímetros, cinco teléfonos celulares y el vehículo con placas salvadoreñas.
La Policía Nacional Civil de Guatemala indicó que, en las próximas horas, se realizará el respectivo proceso de entrega de los cuatro pandilleros a las autoridades salvadoreñas, para que sean procesados por los crímenes en los que estén involucrados.
y otra con reporte de robo en El Salvador, 24 municiones calibre 5.56mm para fusil, 20 municiones calibre 9mm, 5 teléfonos celulares y 1 vehículo con placas salvadoreñas.https://t.co/uixtjuDRH7 pic.twitter.com/jazAeIe6ML
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México anunció el lunes restricciones al uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, como parte de una medida orientada a reducir las distracciones en las aulas y limitar el impacto del uso de pantallas en los estudiantes.
La disposición entrará en vigencia durante la primera semana de noviembre. Los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante las horas de clase ni en el recreo, excepto en casos de emergencia o cuando formen parte de actividades docentes previamente planificadas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el objetivo de la medida es recuperar la creatividad y evitar el uso indiscriminado de las pantallas, especialmente cuando está relacionado con las redes sociales, debido a los posibles impactos negativos que puede generar.
México cuenta con 34 millones de estudiantes en todo su sistema educativo. La restricción será obligatoria para los niveles de primaria y secundaria.
En el caso de la preparatoria, correspondiente a los últimos tres años de la educación básica, y de las universidades, la aplicación de la medida quedará a criterio de cada institución educativa.
El Gobierno tomó la decisión después de un amplio debate con especialistas, docentes y autoridades estatales, en el que se analizaron los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes.
El secretario de Educación señaló que el 81 % de los maestros consultados consideró necesaria la restricción del uso de celulares.
Otros países de la región también cuentan con medidas relacionadas con el uso de estos dispositivos en los centros educativos. Brasil y Chile prohíben su utilización en las aulas, mientras que Colombia, Paraguay y Perú tienen algún tipo de regulación.
El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita a Estados Unidos de miércoles a viernes esta semana para mantener conversaciones con el presidente Donald Trump, confirmó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
«Por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre», indicó en un comunicado.
Será la segunda cumbre entre los dirigentes de las dos primeras potencias económicas mundiales en 2026, después de la visita de Trump a Pekín en mayo, y el tercer encuentro cara a cara desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Pekín «trabajará con Estados Unidos para enriquecer el contenido de la relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y Estados Unidos, reforzar el diálogo y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias».
Los dos países tienen numerosos desacuerdos en comercio y aranceles, inteligencia artificial, las guerras en Irán y Ucrania o el estatuto de Taiwán.
Xi y Trump acordaron en octubre de 2025 una frágil tregua tras meses de guerra comercial que se consolidó en la cumbre de mayo.
