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Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado por un grupo de sujetos armados la mañana del miércoles 22 de julio al interior de las instalaciones de la alcaldía.
De acuerdo con los reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del edificio municipal, ubicado en el centro de la localidad. Un grupo de hombres armados lo interceptó, abrió fuego y posteriormente huyó del lugar.
Tras la agresión, Lavín Romero resultó herido, por lo que equipos de emergencia acudieron para brindarle atención médica. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó posteriormente su fallecimiento a consecuencia de los hechos delictivos.
La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó sobre el ataque y anunció el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para localizar a los responsables.
Como parte de las investigaciones, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo, que permanecía en las instalaciones de la alcaldía.
Las autoridades señalaron que las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables del homicidio.
Este es el segundo atentado que sufría Valentín Lavín Romero durante el año. El primero ocurrió el 31 de enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.
En aquella ocasión, testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.
Según los reportes, el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos que se desplazaba en motocicleta. Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera que no puso en riesgo su vida, por lo que solicitó una licencia temporal al cargo mientras recibía atención médica y retomó sus funciones cerca de un mes después.
Medios locales también informaron que, en marzo, hombres armados atacaron en al menos dos ocasiones negocios presuntamente propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada «El Gallo», donde únicamente se reportaron daños materiales.
La violencia contra Valentín Lavín Romero se remonta a 2018, cuando era alcalde electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El 14 de septiembre de ese año, tres de sus familiares fueron asesinados por sujetos armados que irrumpieron en un domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre del poblado de Huazulco.
Las víctimas fueron identificadas como Isabel «N», de 89 años de edad, suegra del entonces alcalde electo; Eva «N», de 58 años; y una menor de edad identificada con las siglas L.Y.C.R., de 7 años.
Dos jóvenes pertenecientes a la congregación de los Testigos de Jehová fueron víctimas de un asalto mientras realizaban labores de predicación en el municipio de Francisco Morazán, Honduras.
El hecho quedó registrado en imágenes que se viralizaron en redes sociales, donde se observa a sujetos a bordo de una motocicleta que interceptaron a las jóvenes y les quitaron sus pertenencias.
Tras cometer el asalto, los individuos escaparon del lugar, mientras que las jóvenes quedaron sorprendidas por lo ocurrido.
Las intensas lluvias registradas esta semana en Virginia Occidental provocaron inundaciones repentinas que afectaron viviendas, comercios y carreteras, dejando al menos dos personas desaparecidas en el condado de Upshur, informaron las autoridades estatales.
El gobernador Patrick Morrisey explicó que, durante las operaciones de búsqueda y rescate, la Policía Estatal localizó un vehículo volcado que estaría vinculado con las dos personas reportadas como desaparecidas. No obstante, indicó que los equipos de emergencia aún no han podido acceder al automóvil debido a las peligrosas condiciones y a la gran cantidad de escombros acumulados en la zona, según información de The Guardian.
Las autoridades señalaron que el estado continúa en fase de búsqueda y rescate, con equipos desplegados para localizar a posibles sobrevivientes en las áreas más afectadas por las crecidas.
Ante la magnitud del temporal, Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental y emitió una alerta de preparación para que las agencias estatales respondieran a las condiciones meteorológicas severas.
