Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
Un joven identificado como Franklin Moisés Che Xol, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la aldea San Francisco Las Mercedes, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, tras ser retenido previamente por vecinos de la comunidad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría agredido a su madre, de 50 años, ocasionándole graves lesiones a tal grado de sufrir una amputación en uno de sus brazos.
La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital donde recibe atención médica especializada.
El detenido fue presentado ante el juez competente para enfrentar el debido proceso legal.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante decreto ejecutivo la eliminación del subsidio al diésel, una medida que entró en vigencia a partir de la medianoche de este 13 de septiembre de 2025.
Con esta disposición, el precio del galón pasó de USD 1.80 a USD 2.80, y se mantendrá en ese rango hasta el 11 de diciembre, cuando comenzará a aplicarse un sistema de bandas de estabilización ligado a los precios internacionales del petróleo.
Según el Gobierno, el subsidio representaba un gasto anual de más de USD 1,100 millones y beneficiaba en gran parte al contrabando, la minería ilegal y sectores que no lo necesitaban.
Noboa aseguró que la eliminación de esta política permitirá redirigir recursos a programas sociales y a la atención de sectores vulnerables.
Para mitigar el impacto, el Ejecutivo anunció medidas compensatorias como el compromiso de mantener estables las tarifas del transporte público, bonos de apoyo para transportistas, ampliación de la cobertura de programas sociales, créditos preferenciales para el agro y un plan de chatarrización de vehículos.
El anuncio marca un cambio trascendental en la política de subsidios en Ecuador, país que históricamente ha enfrentado tensiones sociales cada vez que se modifican los precios de los combustibles.
Internacionales
¿Qué pasó antes y después de la explosión del camión con gas en México que dejó muertos y heridos?
Por: CNN Español
Este miércoles, una explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, provocó una tragedia que ha dejado hasta el momento ocho personas muertas y decenas de lesionadas, entre ellas cuatro bebés.
Así ocurrió el accidente
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la pipa, que transportaba 49.500 litros de gas LP, se volcó en una curva cerca del paradero de Santa Marta, cerca de los límites entre la capital mexicana y el Estado de México.
La volcadura ocasionó una fuga en una línea de distribución y una acumulación de gas que derivó en una fuerte explosión e incendio, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos, según han reportado las autoridades.
Testigos captaron en video la nube blanca que comenzó a expandirse segundos antes del estallido, lo que provocó pánico entre peatones y usuarios del transporte público en la zona.
Foto: Cortesía
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Víctimas y daños
Las autoridades reportaron que, hasta la mañana de este jueves, el saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y 67 lesionadas que aún son atendidas.
Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital. Entre ellos hay al menos 13 menores y cuatro bebés de entre seis meses y un año.
De los heridos, además, 19 ya fueron dados de alta, mientras que 22 permanecen en estado crítico. La mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.
Además, se reportaron 28 vehículos siniestrados, entre ellos dos camiones de carga —uno que transportaba cemento y otro con cartón para reciclaje—, varios de los cuales quedaron completamente consumidos por el fuego. También se registraron daños en la infraestructura vial y en el mobiliario urbano.
Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y cuerpos de seguridad desplegaron un operativo para controlar las llamas y evacuar la zona. Tras varias horas de labores, la pipa fue retirada y la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza se restableció de manera parcial.
Foto: Cortesía
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La investigación
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro y determinar responsabilidades.
Señaló en un comunicado que en el lugar “trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido”.
La pipa pertenece a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza.
Según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, un organismo de la Secretaría de Medio Ambiente federal, la unidad no contaba con una póliza de seguro vigente, ya que venció en junio de 2025, lo que podría complicar las indemnizaciones a las víctimas y a los afectados por los daños materiales.
Foto: Cortesía
En tanto, la compañía aseguró en un comunicado que asumirá su responsabilidad social y legal frente a lo sucedido y que su chofer, al igual que otras personas lesionadas, recibe atención médica.
La compañía afirmó que sí tiene tres pólizas de seguro vigentes para responder a las necesidades del caso. “Dichas pólizas, contratadas con Chubb Seguros, Qualitas y AXXA Seguros, cubren daños a terceros, daño moral, daños ecológicos y responsabilidad civil por parte de transportistas.”, dice el comunicado. La empresa dijo que está dispuesta a colaborar con las autoridades y cumplir con la normatividad vigente.
Las autoridades capitalinas señalaron que se revisarán si la empresa incurrió en incumplimientos normativos y, en su caso, se fincarán responsabilidades civiles y penales.
