Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
Ochenta y seis personas fueron detenidas por supuesta intrusión después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el recinto de una cárcel londinense en apoyo a un preso en huelga de hambre, indicó la policía británica este domingo.
El grupo «protestaba en apoyo a un prisionero de Palestine Action en huelga del hambre» el sábado y rechazó dejar el recinto de la cárcel cuando se le ordenó, escribió la policía metropolitana de Londres en X.
«Al parecer, impidieron la entrada y salida del personal penitenciario, amenazaron a los policías y algunos lograron entrar en la zona reservada al personal de un edificio de la prisión», precisó la policía. Todas las personas implicadas fueron arrestadas, añadió.
Un portavoz del Ministerio de Justicia calificó el incidente de «profundamente preocupante».
La intrusión se produjo en la prisión HMP Wormwood Scrubs, en el oeste de la capital británica, donde Muhammad Umer Jalid permanece detenido y lleva más de dos semanas en huelga de hambre, según la asociación Prisoners for Palestine.
Otros activistas han llevado a cabo huelgas de hambre en los últimos meses a la espera de ser juzgados por allanamiento y actos de vandalismo cometidos en nombre de la organización Palestine Action, antes de que esta fuera prohibida en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista. Jalid y los demás niegan estas acusaciones y piden que se retiren.
China y Canadá alcanzaron acuerdos específicos para abordar debidamente asuntos comerciales relacionados con vehículos eléctricos, productos de acero y aluminio, canola, y productos agrícolas y acuáticos, según el Ministerio de Comercio de China.
Para implementar los importantes consensos alcanzados por los líderes de China y Canadá, ambas partes sostuvieron recientemente varias rondas de intensas consultas a diversos niveles, enfocadas en asuntos económicos y comerciales clave de preocupación mutua, indicó el ministerio en una declaración.
Las dos partes alcanzaron consensos positivos sobre incrementar los vuelos directos, mejorar el entorno de negocios y la inspección y cuarentena de productos agrícolas, destaca el documento.
Durante la visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ambos países firmaron una hoja de ruta de cooperación económica y comercial, lo que constituye un logro importante en el marco de la nueva asociación estratégica entre China y Canadá, declaró un funcionario del ministerio en el comunicado.
China y Canadá deberían ser socios con un respeto mutuo, desarrollo común, confianza y colaboración, afirmó el presidente chino, Xi Jinping.
Ambas partes acordaron fortalecer el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China-Canadá y ampliar integralmente la cooperación económica y comercial pragmática en todos los ámbitos. También alcanzaron un consenso positivo sobre la cooperación en marcos multilaterales y regionales, según la hoja de ruta.
Canadá realizará ajustes positivos a sus medidas unilaterales contra los vehículos eléctricos chinos, así como contra los productos de acero y aluminio, y también en casos específicos relacionados con la inversión y operación de empresas chinas en el país, de acuerdo con la misma fuente.
China ha tomado nota de la reciente declaración de Canadá de que permitirá la entrada de un cupo anual de 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense con el arancel de nación más favorecido del 6.1 %, eximiéndolos del impuesto adicional del 100 % aplicado en 2024, manifestó el funcionario.
Considerando dicha declaración como «un paso positivo en la dirección correcta y una buena noticia para las empresas chinas de vehículos eléctricos que exploran el mercado canadiense», el funcionario afirmó que China espera que Canadá cumpla activamente sus compromisos y continúe trabajando con China para crear un entorno justo, estable y no discriminatorio que permita ampliar aún más la cooperación comercial y de inversión en el sector de los vehículos eléctricos mediante consultas amistosas.
China también ajustará sus medidas «antidumping» sobre la colza y las medidas antidiscriminatorias con respecto a ciertas importaciones agrícolas y acuáticas canadienses, de conformidad con la normativa pertinente. Se espera que estos acuerdos impulsen la cooperación industrial bilateral y beneficien a los pueblos de ambas naciones, afirmó el funcionario. Las dos partes aprovecharán plenamente el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China Canadá para seguir aumentando la cooperación, resolver problemas, gestionar las diferencias y promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Canadá, añadió la entidad.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó el sábado a «alcanzar acuerdos» con la oposición para lograr la «paz» en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso al mandatario Nicolás Maduro.
Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió funciones de forma temporal luego de la captura del izquierdista el 3 de enero en un ataque militar que dejó cerca de un centenar de muertos.
La mandataria dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington, al tiempo que se comprometió a liberar un «número importante» de presos políticos.
«No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela», dijo Rodríguez desde el costero estado La Guaira a la televisora estatal VTV.
«Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos», agregó.
La víspera, la presidenta pidió al jefe del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, un encuentro con los diferentes sectores políticos en el país con «resultados concretos, inmediatos».
«Que sea un diálogo político venezolano donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington ni desde Bogotá o Madrid, un dialogo político nacionalizado (…) que sea por el bien común de Venezuela», dijo el viernes.
Su gobierno asegura haber llevado a cabo un total de 626 excarcelaciones desde diciembre, aunque la cifra contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas, contabiliza 269 en el mismo periodo.
Más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, según esa organización.
Los familiares, en tanto, denuncian un proceso a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando se anunció oficialmente un «número importante» de liberaciones.
Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal. Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.
Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.
