Internacionales
Piden 30 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez por «genocidio»
El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, que provocó 20 muertos y múltiples heridos, y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de cárcel.
En rueda de prensa, Lanchipa detalló que se solicitará la pena máxima condenatoria porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta de facto.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
Los hechos
El 15 de noviembre de 2019, apenas tres días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
«En esas circunstancias, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino», indicó en un comunicado de la Fiscalía.
El texto indicó que, sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características».
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Lanchipa explicó que efectivos policiales y militares se desplazaron de manera conjunta hasta el lugar y «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados».
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado más de 3,000 muertes, según el último balance de las autoridades congoleñas, publicado este miércoles.
El brote, declarado oficialmente a mediados de mayo, afecta a zonas conflictivas del este y el noreste del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, hasta el momento se han registrado 3,007 fallecidos y 6,186 casos confirmados, con una tasa de letalidad del 48.6 %. Además, 1,409 personas se han recuperado de la enfermedad y otras 830 permanecen hospitalizadas o en aislamiento.
La respuesta sanitaria continúa en 60 zonas sanitarias de seis provincias congoleñas. Ituri, epicentro del brote, registró 49 nuevos contagios durante las últimas 24 horas analizadas.
La actual epidemia se convirtió en la segunda más mortífera de la historia, después de superar el brote registrado en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, que dejó 2,299 fallecidos. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo de la epidemia ocurrida en África Occidental entre 2014 y 2016, que provocó alrededor de 11,000 muertes y 28,000 contagios.
El brote actual también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin de la epidemia. En ese país se contabilizaron 20 casos confirmados, incluidos 15 importados desde la RDC, con dos fallecidos.
Ante el avance de la enfermedad, el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, pidió intensificar «con urgencia» la respuesta para evitar más muertes.
Fletcher señaló que el virus se está propagando con mayor rapidez y que la epidemia se ha extendido por seis provincias, incluidas zonas donde la inseguridad limita el acceso y los sistemas de salud son precarios. Según explicó, estas condiciones dificultan la detección de casos, el rastreo de contactos, el tratamiento de pacientes y la generación de confianza.
La epidemia comenzó en la provincia de Ituri y está asociada a la cepa Bundibugyo. La actual respuesta se desarrolla mientras continúan los esfuerzos para contener la transmisión del virus en las zonas afectadas.
El hijo del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que las fotografías de su padre que circularon durante el fin de semana fueron tomadas por personal de la prisión en Estados Unidos y posteriormente enviadas por correo postal a la familia.
La autenticidad de las dos imágenes de Maduro había generado dudas. En las fotografías aparece vestido con un chándal gris y mostrando una clara pérdida de peso tras su captura en enero por fuerzas estadounidenses.
Las imágenes fueron compartidas el domingo en las redes sociales del depuesto mandatario, dos días después del anuncio de un histórico acuerdo energético que otorga a Estados Unidos el manejo de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.
«Esa foto fue tomada el día 25 de junio, un día después del doble terremoto» que ha dejado 6.500 fallecidos, afirmó Nicolás Maduro Guerra en un video publicado en X. La fecha coincide con la del registro de la cámara.
Maduro Guerra relató que su padre le contó que eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando llegó la persona encargada de tomar las fotografías. En ese momento, Maduro se encontraba frente al televisor, «muy conmocionado» y «muy afligido», según explicó su hijo.
De acuerdo con Maduro Guerra, su padre, quien se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn acusado de narcotráfico, «no tenía el ánimo de tomarse la foto». Sin embargo, señaló que la persona que tomó las imágenes insistió y le indicó que posteriormente podía enviárselas.
«Efectivamente la foto se la dan impresa, las dos fotos se la dan impresas, y él las envió por correo postal el 13 de julio y nos llegó a una dirección en los Estados Unidos el día martes 25 de agosto», explicó Maduro Guerra.
El hijo del depuesto mandatario agregó que posteriormente le «enviaron una foto de la foto» y que el viernes su padre le dictó un mensaje desde la cárcel, el cual publicó junto a las fotografías.
«Nosotros seguimos aquí trabajando en el nombre de Dios sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores», afirmó Maduro Guerra.
Actualmente, Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet mientras permanece en prisión. Sin embargo, está autorizado a comunicarse por teléfono con sus familiares y abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada.
Washington lanzó este martes, por segunda vez en pocos días, bombardeos contra Teherán que, según la Media Luna Roja, dejaron al menos cuatro personas muertas durante una boda.
En respuesta, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, llevaron a cabo «un ataque coordinado con misiles y drones contra las bases estadounidenses de Erbil», de acuerdo con un comunicado difundido por medios iraníes.
Según el comunicado, entre los objetivos se encontraban un «centro de mantenimiento», «depósitos de equipo técnico» y un «aerostato de vigilancia».
Las fuerzas iraníes también atacaron la base aérea estadounidense de Sheikh Isa, en Baréin, informó la agencia estatal Tasnim.
«El ejército de la República Islámica de Irán atacó, hace varias horas, las instalaciones de radar y los puntos de reunión de las fuerzas terroristas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, en Baréin», informó ese medio.
Previamente, las sirenas de alerta habían sonado en Baréin, donde las autoridades pidieron a la población ponerse a salvo y mantener la calma.
