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Petro abre un inesperado debate en Colombia con su propuesta de una asamblea constituyente
Un inesperado debate sobre la Constitución se abrió en Colombia con la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente ante la dificultad para lograr que el Congreso apruebe sus reformas.
Así lo reconoció este sábado el propio mandatario en la red social X donde se refirió a la propuesta que presentó el viernes en Cali (suroeste), que ha sido criticada por políticos de todas las corrientes, incluidos algunos que lo apoyaron en las elecciones presidenciales de 2022.
«La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Está bien que así sea», afirmó el presidente al compartir el discurso en el que hizo el polémico anuncio, calificado como un «globo» de distracción por diversos sectores porque el apoyo legislativo y popular de Petro va mermando.
Según el exsenador de izquierdas Jorge Robledo, la idea de Petro de una constituyente solo busca distraer «porque no tiene los votos suficientes para aprobarla en el Congreso ni para aprobarla entre la ciudadanía».
«Que la mencione, más que probar su fuerza política en Colombia, lo que demuestra es su debilidad», dijo Robledo en X, y aseguró que la maniobra de Petro es una muestra de «desesperación».
El viernes, en un acto en Puerto Resistencia, un sector de Cali que fue epicentro de las protestas sociales de 2021, Petro argumentó que la asamblea nacional constituyente es necesaria si las instituciones que tiene el país «no son capaces de estar a la altura de las reformas» que propone su Gobierno y que están empantanadas en el Congreso.
Las protestas fueron el punto de partida del inconformismo que llevó a Petro a ganar las elecciones de 2022 y en ellas, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, reclamaban cambios sociales profundos en el país, bandera que tomó el actual presidente.
Rechazo generalizado
La declaración de Petro no ha tenido acogida entre los políticos, que consideran impertinente cambiar una Constitución que fue promulgada en 1991 y en cuya redacción participaron, entre otros, los desmovilizados de la guerrilla del M-19, de la que el hoy mandatario hizo parte.
El senador Humberto de la Calle, miembro de la Coalición Centro Esperanza y quien fue el único representante del Ejecutivo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, calificó de «débil» el argumento del presidente.
«La causa que alega el presidente para convocar una constituyente es la imposibilidad de cumplir la Constitución, según su propio dicho (…) Si fuese cierto, no es la Constitución la que hay que cambiar sino la forma de gobernar», añadió el congresista en un comunicado.
De la Calle recordó que para aprobar una constituyente se requiere un proyecto de ley, que debe pasar por un Congreso en el que Petro ya no tiene mayorías, y «dos convocatorias al pueblo», primero para que diga si quiere una reforma constitucional y, en caso positivo, para que apruebe los eventuales cambios.
Al mandatario le recordaron en las redes sociales una promesa de campaña que hizo en 2018 cuando se alió con una facción del partido Alianza Verde -liderada por los exalcaldes de Bogotá Antanas Mockus y Claudia López- de no convocar a una constituyente.
En la foto, el hoy presidente aparece cargando una placa de mármol en la que firmó un decálogo de compromisos en caso de ganar las elecciones, que terminó perdiendo con el uribista Iván Duque.
El segundo punto decía: «No convocaré a una asamblea constituyente».
Claudia López, que fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, aseguró en X: «Gustavo Petro engañó a Colombia, dio por terminado su Gobierno incapaz, y decidió dedicarse al caos, la repartija de subsidios y la polarización. Serenidad y firmeza Colombia. En democracia protegeremos la Constitución del 91, que sí fue fruto de un acuerdo nacional y ciudadano».
«No tiene mayorías ni para aprobar una Ley ordinaria mucho menos para convocar una Constituyente. Él lo sabe, pero lo dice para sembrar caos, división y polarización que son las herramientas con las que maniobrará el periodo que le queda. A Gustavo Petro no le importa el cambio, la gente, la economía, la seguridad, ni el país. Lo único que le importa es alimentar su megalomanía vanidosa», añadió.
No hay ambiente
El analista León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), aseguró que entiende «la frustración de Petro» porque «las reformas sociales, tan necesarias como urgentes, no avanzan» y «la resistencia de las élites tradicionales es enorme».
Sin embargo, consideró que «quizá el ambiente no está para embarcarse en un proceso constituyente».
«Lo mejor es acudir a las facultades presidenciales para hacer los cambios posibles mediante decretos y directivas y concentrar los esfuerzos en ejecutar el plan de desarrollo aprobado y sacar adelante la paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional)», añadió Valencia.
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las elecciones de 2014, Norman Quijano, arribó la tarde de este lunes a El Salvador procedente de Estados Unidos, según informó la Fiscalía General de la República.
«Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral», publicó el ministerio público.
En abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador lo condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Los magistrados del tribunal superior le impusieron la condena por haberse reunido con pandillas y negociar con los principales cabecillas, una gama de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción que fue calificada por la Cámara como fraude electoral.
Pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, incriminaron al político, así quedó establecido en la sentencia que ya cobró firmeza.
«Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA», menciona la Fiscalía en su publicación.
Durante el juicio, los magistrados le dieron validez a videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por ARENA.
A cambio, Quijano les dijo a los pandilleros que si le daban el voto cuando él estuviera en la presidencia iba a invertir en beneficio de las pandillas $100 millones y que ese dinero iba a salir del presupuesto general de la nación.
La Cámara también escuchó la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo expresado por Noé reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
«Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña. Agradecemos a las autoridades de los Estados Unidos por la colaboración brindada, lo que ha permitido llevar a Norman Quijano ante la justicia», destacó la Fiscalía.
Otros políticos condenados
Por haberse reunido con los principales cabecillas de las pandillas y negociar votos para las elecciones presidenciales de 2014, así como legislativas y municipales de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, condenó el septiembre del año pasado al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exministros Benito Lara y Arístides Valencia; también a los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, estos tres últimos son prófugos.
Al exdiputado y exministro de Seguridad, Benito Lara, así como al exministro de Gobernación Arístides Valencia, la pena impuesta es de 28 años; 20 por fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas.
A Ernesto Muyshondt, el tribunal lo sentenció a una condena de 18 años de prisión, seis años por agrupaciones ilícitas y 12 por fraude electoral.
Para los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, la condena es de 18 años; 12 por fraude electoral y seis por agrupaciones ilícitas.
El Gobierno de El Salvador entregará de 16 tipos de paquetes escolares, diseñados de acuerdo con el grado académico y las necesidades específicas de los estudiantes del sistema público, como parte de la estrategia para garantizar el acceso a herramientas digitales.
«Vamos a entregar 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el grado y las necesidades de cada estudiante», detalló la ministra de Educación, Karla Trigueros.
De acuerdo con la funcionaria, los paquetes serán entregados de forma gratuita, completa y oportuna, sin que los padres de familia deban realizar ningún pago ni trámite adicional para acceder a este beneficio.
«Estos paquetes escolares serán ampliados, estarán a tiempo y serán entregados de una sola vez. Son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo por recibirlos», indicó Trigueros.
Trigueros enfatizó que el único requisito para recibir los paquetes escolares es que los estudiantes estén debidamente inscritos en un centro educativo del sistema público, asegurando que no se deben llenar formularios ni entregar dinero a cambio del paquete.
La ministra explicó que los paquetes han sido diseñados de manera diferenciada, iniciando desde la primera infancia hasta el nivel de bachillerato, incorporando uniformes, útiles escolares, libros y dispositivos tecnológicos, según el nivel académico.
«Son 16 tipos de paquetes escolares. En la primera infancia, donde tenemos a parvularia 4; nuestros niños están ingresando por primera vez al sistema público de educación y van a recibir dentro de su paquete una tableta de 8 pulgadas», explicó la ministra.
Para los estudiantes de primer grado, el apoyo incluirá un dispositivo de mayor tamaño (Tablet de 10”), además del kit tradicional de útiles y uniforme escolar.
En el caso de cuarto grado, el paquete escolar incorporará una computadora, fortaleciendo el acceso a la tecnología desde edades tempranas.
«Todos los estudiantes de cuarto grado recibirán una computadora, además de uniformes, libros y útiles escolares», explicó la funcionaria.
Apoyo a estudiantes de bachillerato
Para el nivel de educación media, los paquetes también contemplan dispositivos electrónicos para aquellos estudiantes que ingresan por primera vez al sistema público.
«En bachillerato, los estudiantes recibirán uniformes, libros, útiles escolares y dispositivo electrónico si es la primera vez que ingresan al sistema público», dijo.
Asimismo, la ministra aclaró que los estudiantes que concluyan el bachillerato no devolverán los equipos tecnológicos, los cuales podrán ser utilizados para continuar su formación académica o incorporarse al mercado laboral.
El Salvador ha realizado una inversión histórica de más de $800 millones en dispositivos tecnológicos, lo que ha beneficiado a los estudiantes del sistema público y ha significado un apoyo económico para las familias salvadoreñas.
La entrega de estos paquetes escolares forma parte de los esfuerzos del Estado para cerrar brechas digitales y garantizar condiciones equitativas de aprendizaje para los estudiantes del sistema público a nivel nacional.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
