Internacionales
Nueva jornada de protestas en Ecuador contra el gobierno en menos de una semana
Con enfrentamientos entre policías y manifestantes que dejaron 10 detenidos y 3 policías heridos, según el saldo oficial, sindicalistas y estudiantes protestaron el jueves en Quito en contra del gobierno de Daniel Noboa por la crisis energética y su política económica, en la segunda jornada de manifestaciones en menos de una semana.
Las protestas fueron convocadas por gremios de trabajadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales a pesar de la advertencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hecha la víspera, sobre el estado de excepción que rige en la capital y “que limita de manera temporal los derechos la libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad”.
“El estado de excepción debe servir para combatir el narcotráfico y la delincuencia; los trabajadores, las organizaciones no somos delincuentes, no somos narcotraficantes”, dijo a The Associated Press José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores.
Horas antes la Corte Constitucional falló sobre la legalidad del estado de excepción a la que hizo alusión la ministra, y que fue decretada por Noboa a inicios de octubre. Aunque el organismo reconoció como constitucional el decreto, declaró inconstitucional la suspensión de libertad de reunión, además de la orden de requisición de armas y la movilización de las fuerzas del orden.
En las calles de Quito se escuchaba: “Fuera Noboa fuera”, “Noboa, muñeco de cartón, dejaste sin luz a todo el Ecuador”, mientras los manifestantes avanzaban desde el parque El Ejido en el centro norte de Quito — sitio clave para este tipo de concentraciones— buscando llegar a las inmediaciones del palacio presidencial, en pleno casco colonial.
La pretensión fue truncada por las vallas que cercaban el acceso al centro histórico y la fuerte presencia de la fuerza pública que, desde temprano, se preparó para evitar el avance de la protesta. Más de dos mil agentes policiales y militares se desplegaron en esta jornada, según el comandante de la policía, general Víctor Zárate.
En un intento de traspasar los bloqueos, los manifestantes lanzaron piedras e intentaron vulnerar algunas barreras. La policía reclamó en su cuenta de X que algunos participantes agredieron a servidores policiales y causaron daños a bienes públicos.
La ministra Palencia dijo posteriormente que esos “execrables acontecimientos”, que adjudicó a “infiltrados agresores”, no quedarán en la “impunidad”.
El llamado es “para demostrar en base a la protesta social nuestra inconformidad y rechazo a su política”, dijo Villavicencio. “Hay despidos, desempleo, crisis energética y la respuesta del gobierno es decir que van a reprimir a los ecuatorianos”, reprochó.
“No tener luz es violencia, no tener trabajo es violencia”, reclamó Cristina Cachaguay, de la misma organización “Mujeres por el cambio”, mientras Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, enfatizó que “el derecho a la protesta, el derecho al reclamo está vigente”.
Los dirigentes dijeron que volverán a las calles aunque no precisaron una fecha.
Ecuador atraviesa una de las peores crisis energéticas en más de una década por el déficit de generación hidroeléctrica que llevó al gobierno a imponer cortes de electricidad que llegaron hasta las 14 horas diarias.
Eso se suma a una ola de inseguridad que el gobierno no ha podido contrarrestar pese a que sostiene que las muertes violentas en el país han disminuido en un 17 % frente al año anterior.
Noboa asumió el poder en noviembre de 2023 para concluir el período de Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea en medio de un juicio político en su contra y acortó su propio mandato. Ahora, Noboa es candidato para la reelección en los comicios de 2025.
Internacionales
Presidente de Colombia advierte nuevo ciclo de violencia social por régimen en El Salvador
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó durante una entrevista que las capturas masivas qué ejecuta el brazo armado del Gobierno de El Salvador durante el régimen de excepción, ha desencadenado un nuevo ciclo de violencia en la sociedad salvadoreña que no tardará en explotar.
Petro opinió respecto al trabajo que ejecuta el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad pública y, según él, existe violación a los derechos humanos en El Salvador.
«Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos cuplables y otros no tantos, hay violaciones a los derechos humanos van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte», aseveró.
A la vez, dijo que al salir de presión, las personas capturadas injustamente saldrían con rencor y lo que generaría una nueva etapa de estallido social.
«Esa salida puede contener tanta ira, entonces, la sociedad salvadoreña va a entrar en un ciclo de violencia, que ha estado en muchos ciclos de violencia. Es una probabilidad», aseveró.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo replicará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.
Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.
«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al entrevistador al ser cuestionada si implementará durante su mandato las estrategias del mandatario salvadoreño que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».
Ejemplificó que, en Costa Rica, si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida, sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.
«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.
Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo cuestionó el rol de las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de detenidos y no de las víctimas de estos.
«A mi me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaros esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro «acaba de recibir el alta», dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado, que dijo que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.
«En términos generales está más o menos equilibrado» su estado de salud, afirmó Caiado.
El líder ultraderechista, de 71 años, fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.
Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.
Sin embargo, no vuelve a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado a su casa por razones «humanitarias» durante un plazo de 90 días prorrogables.
El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.
Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.
Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.
En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.
Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.
Larga historia clínica
La bronconeumonía es el episodio más reciente de una larga historia clínica que se remonta a 2018, cuando Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.
Desde entonces se ha sometido a múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, a veces acompañadas de vómitos.
La infección que lo llevó al hospital fue consecuencia de un episodio de broncoaspiración vinculado a esas secuelas.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Preso inicialmente en su domicilio, en noviembre el supremo ordenó su traslado a una celda en instalaciones policiales tras descubrirse que había dañado su tobillera electrónica con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.
En enero fue llevado a un predio militar dentro del complejo penitenciario de Papuda, con mejores condiciones.
El retorno a su casa se produce a menos de siete meses de las elecciones presidenciales de octubre.
El exjefe de Estado (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, que buscará un cuarto mandato.
Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos en una eventual segunda vuelta.
