Internacionales
Nueva jornada de protestas en Ecuador contra el gobierno en menos de una semana
Con enfrentamientos entre policías y manifestantes que dejaron 10 detenidos y 3 policías heridos, según el saldo oficial, sindicalistas y estudiantes protestaron el jueves en Quito en contra del gobierno de Daniel Noboa por la crisis energética y su política económica, en la segunda jornada de manifestaciones en menos de una semana.
Las protestas fueron convocadas por gremios de trabajadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales a pesar de la advertencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hecha la víspera, sobre el estado de excepción que rige en la capital y “que limita de manera temporal los derechos la libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad”.
“El estado de excepción debe servir para combatir el narcotráfico y la delincuencia; los trabajadores, las organizaciones no somos delincuentes, no somos narcotraficantes”, dijo a The Associated Press José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores.
Horas antes la Corte Constitucional falló sobre la legalidad del estado de excepción a la que hizo alusión la ministra, y que fue decretada por Noboa a inicios de octubre. Aunque el organismo reconoció como constitucional el decreto, declaró inconstitucional la suspensión de libertad de reunión, además de la orden de requisición de armas y la movilización de las fuerzas del orden.
En las calles de Quito se escuchaba: “Fuera Noboa fuera”, “Noboa, muñeco de cartón, dejaste sin luz a todo el Ecuador”, mientras los manifestantes avanzaban desde el parque El Ejido en el centro norte de Quito — sitio clave para este tipo de concentraciones— buscando llegar a las inmediaciones del palacio presidencial, en pleno casco colonial.
La pretensión fue truncada por las vallas que cercaban el acceso al centro histórico y la fuerte presencia de la fuerza pública que, desde temprano, se preparó para evitar el avance de la protesta. Más de dos mil agentes policiales y militares se desplegaron en esta jornada, según el comandante de la policía, general Víctor Zárate.
En un intento de traspasar los bloqueos, los manifestantes lanzaron piedras e intentaron vulnerar algunas barreras. La policía reclamó en su cuenta de X que algunos participantes agredieron a servidores policiales y causaron daños a bienes públicos.
La ministra Palencia dijo posteriormente que esos “execrables acontecimientos”, que adjudicó a “infiltrados agresores”, no quedarán en la “impunidad”.
El llamado es “para demostrar en base a la protesta social nuestra inconformidad y rechazo a su política”, dijo Villavicencio. “Hay despidos, desempleo, crisis energética y la respuesta del gobierno es decir que van a reprimir a los ecuatorianos”, reprochó.
“No tener luz es violencia, no tener trabajo es violencia”, reclamó Cristina Cachaguay, de la misma organización “Mujeres por el cambio”, mientras Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, enfatizó que “el derecho a la protesta, el derecho al reclamo está vigente”.
Los dirigentes dijeron que volverán a las calles aunque no precisaron una fecha.
Ecuador atraviesa una de las peores crisis energéticas en más de una década por el déficit de generación hidroeléctrica que llevó al gobierno a imponer cortes de electricidad que llegaron hasta las 14 horas diarias.
Eso se suma a una ola de inseguridad que el gobierno no ha podido contrarrestar pese a que sostiene que las muertes violentas en el país han disminuido en un 17 % frente al año anterior.
Noboa asumió el poder en noviembre de 2023 para concluir el período de Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea en medio de un juicio político en su contra y acortó su propio mandato. Ahora, Noboa es candidato para la reelección en los comicios de 2025.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
