Internacionales
Nueva jornada de protestas en Ecuador contra el gobierno en menos de una semana
Con enfrentamientos entre policías y manifestantes que dejaron 10 detenidos y 3 policías heridos, según el saldo oficial, sindicalistas y estudiantes protestaron el jueves en Quito en contra del gobierno de Daniel Noboa por la crisis energética y su política económica, en la segunda jornada de manifestaciones en menos de una semana.
Las protestas fueron convocadas por gremios de trabajadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales a pesar de la advertencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hecha la víspera, sobre el estado de excepción que rige en la capital y “que limita de manera temporal los derechos la libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad”.
“El estado de excepción debe servir para combatir el narcotráfico y la delincuencia; los trabajadores, las organizaciones no somos delincuentes, no somos narcotraficantes”, dijo a The Associated Press José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores.
Horas antes la Corte Constitucional falló sobre la legalidad del estado de excepción a la que hizo alusión la ministra, y que fue decretada por Noboa a inicios de octubre. Aunque el organismo reconoció como constitucional el decreto, declaró inconstitucional la suspensión de libertad de reunión, además de la orden de requisición de armas y la movilización de las fuerzas del orden.
En las calles de Quito se escuchaba: “Fuera Noboa fuera”, “Noboa, muñeco de cartón, dejaste sin luz a todo el Ecuador”, mientras los manifestantes avanzaban desde el parque El Ejido en el centro norte de Quito — sitio clave para este tipo de concentraciones— buscando llegar a las inmediaciones del palacio presidencial, en pleno casco colonial.
La pretensión fue truncada por las vallas que cercaban el acceso al centro histórico y la fuerte presencia de la fuerza pública que, desde temprano, se preparó para evitar el avance de la protesta. Más de dos mil agentes policiales y militares se desplegaron en esta jornada, según el comandante de la policía, general Víctor Zárate.
En un intento de traspasar los bloqueos, los manifestantes lanzaron piedras e intentaron vulnerar algunas barreras. La policía reclamó en su cuenta de X que algunos participantes agredieron a servidores policiales y causaron daños a bienes públicos.
La ministra Palencia dijo posteriormente que esos “execrables acontecimientos”, que adjudicó a “infiltrados agresores”, no quedarán en la “impunidad”.
El llamado es “para demostrar en base a la protesta social nuestra inconformidad y rechazo a su política”, dijo Villavicencio. “Hay despidos, desempleo, crisis energética y la respuesta del gobierno es decir que van a reprimir a los ecuatorianos”, reprochó.
“No tener luz es violencia, no tener trabajo es violencia”, reclamó Cristina Cachaguay, de la misma organización “Mujeres por el cambio”, mientras Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, enfatizó que “el derecho a la protesta, el derecho al reclamo está vigente”.
Los dirigentes dijeron que volverán a las calles aunque no precisaron una fecha.
Ecuador atraviesa una de las peores crisis energéticas en más de una década por el déficit de generación hidroeléctrica que llevó al gobierno a imponer cortes de electricidad que llegaron hasta las 14 horas diarias.
Eso se suma a una ola de inseguridad que el gobierno no ha podido contrarrestar pese a que sostiene que las muertes violentas en el país han disminuido en un 17 % frente al año anterior.
Noboa asumió el poder en noviembre de 2023 para concluir el período de Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea en medio de un juicio político en su contra y acortó su propio mandato. Ahora, Noboa es candidato para la reelección en los comicios de 2025.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
La Policía de Guatemala capturó este miércoles a siete integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados de estar involucrados en el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o bolsas plásticas y abandonados en cuatro distintos escenarios. Las autoridades vinculan estos hechos con la rivalidad entre pandillas.
Los detenidos fueron capturados en una colonia ubicada en la periferia oeste de la capital guatemalteca, un sector controlado por grupos criminales. Los sospechosos son acusados de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato. Entre los capturados se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.
Según la investigación, los detenidos también estarían relacionados con el abandono de ocho cuerpos en octubre pasado. Estos fueron encontrados envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente de una carretera ubicada al este de la capital.
El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación de Guatemala, luego de la destitución de su antecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política provocada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.
De los 20 pandilleros que escaparon, ocho han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.
La MS-13 y el Barrio 18 son señalados como los principales grupos vinculados con la violencia criminal en Guatemala. Ambos son considerados organizaciones «terroristas» por Guatemala y Estados Unidos.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 17.3 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
El gobierno de Dinamarca propondrá prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas y centros de educación secundaria, como parte de una medida que busca limitar el tiempo que los niños y jóvenes pasan frente a las pantallas, anunció este jueves la primera ministra Mette Frederiksen.
«Este gobierno propone una prohibición total de los celulares», declaró Frederiksen durante una rueda de prensa.
La medida se aplicaría tanto dentro de las aulas como en los patios de recreo y abarcaría a los estudiantes desde primero de primaria hasta el final de la educación secundaria.
El anuncio se produjo poco después de que se conociera el último informe internacional PISA, que refleja un descenso en los resultados de los jóvenes daneses.
Con una puntuación de 478, Dinamarca se ubicó justo por debajo de la media europea, de 482 puntos.
«Los resultados en lectura, matemáticas y ciencias son los peores jamás registrados», afirmó el ministro de Educación, Magnus Heunicke, tras conocerse los resultados el martes.
Por su parte, Frederiksen consideró que los resultados están estrechamente relacionados con el nivel de conexión de los niños y jóvenes en el país.
«Los adultos hemos permitido que los niños y los jóvenes pasen demasiadas horas al día frente a una pantalla», lamentó la primera ministra.
El gobierno danés ya había estudiado anteriormente legislar sobre esta situación. Sin embargo, el proyecto no llegó a debatirse en el Parlamento y únicamente contemplaba obligar a los consejos escolares a establecer normas para convertir sus centros educativos en espacios libres de celulares.
