Internacionales
Nicaragua cerró otras 15 ONG, entre ellas un centro de atención a madres adolescentes
El régimen de Nicaragua canceló este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes.
La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron cinco ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan mientras que las otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria.
Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.
Casa Alianza Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, es una ONG que por 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Praesidium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.
El Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce “más de 300″.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Internacionales
Francia lanza un llamado a testigos tras encarcelar a un hombre por violar a 89 menores
La justicia francesa lanzó un llamado a testigos para encontrar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.
El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba «relaciones sexuales» con menores de 13 a 17 años, y se lo dió a las autoridades, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.
Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló.
«Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes», según el fiscal.
El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la «vida afectiva y sexual» de su tío y que representa «15 tomos», permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.
De estos, unos cuarenta pudieron ser identificados y presentaron una denuncia, pero los investigadores estiman que algunas víctimas quizás no figuran en los documentos encontrados.
Por ello, el fiscal hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que otras posibles víctimas se den a conocer, en el marco del llamado a testigos.
«Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas», pero «nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro», apuntó Manteaux, precisando que algunas de las 89 aparecen citadas por su nombre o por su apodo.
«El tiempo apremia», agregó el fiscal, que espera concluir la investigación este año vista la edad avanzada del acusado y para evitar eventuales prescripciones de los delitos.
En el caso de Colombia, Leveugle habría viajado al país andino entre 1996 y 2023, según el llamado a testigos publicado por las autoridades, en el que aparece con bigote y gafas.
Aunque el caso se dio a conocer ahora, el hombre fue detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.
El acusado también indicó en sus «memorias» haber matado «voluntariamente a dos personas», explicó el representante del ministerio público.
Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.
Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer «le suplicaba que no se marchase».
El Ministerio Público indicó en su cuenta de la red social X que el funcionario fue arrestado en horas de la madrugada durante un operativo ejecutado de manera conjunta con la Policía Nacional en la provincia costera de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil.
La Fiscalía precisó que la acción forma parte del caso denominado «Goleada», dentro del cual se ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra un total de 11 personas investigadas. Entre los detenidos figuran Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde.
Asimismo, el organismo difundió imágenes de la detención del alcalde de Guayaquil, así como otras evidencias incautadas durante el operativo, entre ellas teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Añadió que el operativo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados de las diligencias y el avance del proceso judicial.
Medios locales difundieron que Álvarez fue trasladado inicialmente al Cuartel Modelo de Guayaquil y posteriormente llevado a Quito, la capital del país, donde se prevé la realización de la audiencia correspondiente.
Aquiles Álvarez también es investigado en otro caso denominado «Triple A», por supuesto tráfico de combustibles.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
