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Nicaragua cerró otras 15 ONG, entre ellas un centro de atención a madres adolescentes
El régimen de Nicaragua canceló este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes.
La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron cinco ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan mientras que las otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria.
Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.
Casa Alianza Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, es una ONG que por 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Praesidium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.
El Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce “más de 300″.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
