Internacionales
Nicaragua cerró otras 15 ONG, entre ellas un centro de atención a madres adolescentes
El régimen de Nicaragua canceló este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes.
La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron cinco ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan mientras que las otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria.
Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.
Casa Alianza Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, es una ONG que por 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Praesidium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.
El Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce “más de 300″.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de «buques hostiles».
El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.
El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.
«No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional», declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.
Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.
El sospechoso de irrumpir armado en una cena de gala a la que asistía Donald Trump comparecerá ante la justicia este lunes para responder por el ataque a tiros, el último episodio de violencia política en un Estados Unidos profundamente dividido.
Funcionarios de la administración dijeron que el sospechoso, un hombre de California, aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios en el evento con la prensa el sábado por la noche en un hotel de Washington, en lo que habría sido el tercer intento de acabar con la vida del presidente en dos años.
El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.
Trump, que fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.
Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Trump publicó fotos del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.
Se espera que el sospechoso se presente ante la justicia federal de Washington hacia las 13H00 locales (17H00 GMT). La comparecencia será breve y se prevé que inicialmente lo acusen de agresión contra un agente federal y uso de un arma de fuego durante un delito de violencia, aunque la lista de cargos puede aumentar.
«Mundo loco»
En una entrevista en el programa «60 Minutes» de CBS, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la caótica escena.
«No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco», dijo Trump.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el domingo a CBS que según la investigación preliminar el sospechoso «apuntaba a miembros de la administración».
Blanche agregó que no se conoce ningún otro motivo del ataque, y confirmó que el hombre -que según las autoridades iba armado con una escopeta, una pistola y cuchillo- se hospedaba en el Washington Hilton donde se celebró la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto «anticristiano».
«El tipo está enfermo», dijo Trump a Fox News. «Su hermana o su hermano, en realidad, se quejaban de ello. Incluso estuvieron presentando quejas ante las autoridades».
El New York Post informó que el sospechoso escribió en un mensaje que compartió con su familia poco antes del ataque, que sus objetivos serían «priorizados de mayor a menor rango».
En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.
Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.
«Parece que creen que actuó como un lobo solitario, y yo también lo siento así», dijo el presidente.
Un agente recibió un disparo a corta distancia en su chaleco antibalas y parecía no haber resultado gravemente herido.
Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja.
Meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.
