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Nicaragua cerró otras 15 ONG, entre ellas un centro de atención a madres adolescentes

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El régimen de Nicaragua canceló este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes.

La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron cinco ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan mientras que las otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria.

Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.

Casa Alianza Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, es una ONG que por 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Praesidium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.

El Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce “más de 300″.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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¡DE SUPUESTO MILAGRO A INVESTIGACIÓN! Pastor que aseguró que su hija resucitó en pleno velorio está bajo la lupa en Guatemala

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Un caso que inicialmente fue presentado como una supuesta resurrección se ha convertido en una investigación de las autoridades guatemaltecas. El Ministerio Público de Guatemala abrió diligencias para esclarecer lo ocurrido con Yuleidy Ixcotoyac, una joven que recuperó el conocimiento mientras su familia preparaba su velorio en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché. Su padre, el pastor evangélico Abraham Ixcotoyac, está bajo investigación después de haber considerado fallecida a su hija sin contar con una certificación médica que confirmara su muerte.

Según el relato del pastor, la joven comenzó a sentirse mal durante la madrugada del sábado 10 de octubre y perdió el conocimiento mientras era trasladada hacia un hospital. El religioso aseguró que, al comprobar que aparentemente no respiraba ni tenía pulso, creyó que había fallecido y decidió regresar a su comunidad. Posteriormente, consiguió un ataúd y organizó los preparativos funerarios sin que la joven recibiera atención médica. Horas después, cuando familiares y vecinos se encontraban reunidos, Yuleidy comenzó a moverse dentro del féretro y recuperó el conocimiento, un momento que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con otras dependencias del Ministerio Público, investiga si existió negligencia, simulación del fallecimiento o alguna otra irregularidad. La Procuraduría General de la Nación también intervino para verificar las condiciones de la joven y garantizar su bienestar. Uno de los principales aspectos que examinan las autoridades es la decisión de suspender el traslado al hospital sin una valoración profesional. Aunque en redes sociales se ha señalado que el pastor podría enfrentar hasta cinco años de prisión, todavía no se ha confirmado una acusación penal formal ni se ha demostrado que la supuesta resurrección fuera un engaño planificado.

El caso ha provocado numerosas reacciones y cuestionamientos sobre las circunstancias en que la familia dio por muerta a la joven. Mientras sus familiares consideran lo sucedido como un milagro, las autoridades buscan determinar qué provocó la pérdida de conocimiento y si se incumplieron procedimientos legales o médicos. Hasta el momento, no existe evidencia médica que confirme que Yuleidy haya fallecido y posteriormente regresado a la vida, por lo que las investigaciones serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

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¡MADURO RECHAZA ACUSACIONES DE TORTURA EN EE. UU.! Él y Cilia Flores se declaran inocentes y enfrentarán juicio en 2027

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El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves 15 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan nuevas acusaciones por presunta conspiración para cometer torturas contra opositores políticos, militares y ciudadanos estadounidenses. La comparecencia se desarrolló ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan, y representa una nueva etapa del proceso penal que ambos enfrentan en Estados Unidos, inicialmente relacionado con delitos de narcotráfico.

Durante la audiencia, Maduro rechazó las acusaciones presentadas por la Fiscalía estadounidense y aseguró que los señalamientos en su contra son falsos. El exmandatario intentó explicar su posición ante el tribunal, pero el juez interrumpió su intervención y ordenó registrar formalmente una declaración de no culpabilidad. Por su parte, Cilia Flores afirmó que había leído y comprendido la nueva acusación, antes de manifestar que era completamente inocente. Ambos comparecieron bajo custodia y con grilletes en los tobillos, después de haber sido trasladados a Estados Unidos tras una operación militar estadounidense realizada en Caracas en enero de 2026.

La nueva acusación amplía considerablemente el alcance del proceso judicial. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro y Flores habrían participado en una estructura de represión que utilizó detenciones arbitrarias, amenazas y torturas contra personas consideradas opositoras al Gobierno venezolano. Los fiscales sostienen que las víctimas fueron sometidas a prácticas como golpes, asfixia y descargas eléctricas, y que entre los afectados se encuentran ciudadanos estadounidenses. La acusación atribuye a Maduro responsabilidades de dirección y supervisión de estos presuntos abusos, mientras que Flores es señalada por su supuesta participación en la organización de ese sistema represivo.

El expediente también incluye acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos habrían utilizado posiciones de poder y recursos estatales para favorecer actividades criminales y proteger a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. La acusación actualizada también amplía a Cilia Flores los señalamientos por presunta conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que anteriormente se atribuía únicamente a Maduro. Tanto el exmandatario como su esposa han rechazado las imputaciones.

Uno de los aspectos centrales del proceso será la discusión sobre la inmunidad que reclama la defensa. Los abogados de Maduro y Flores sostienen que su condición de exmandatario y exprimera dama debe ser considerada para solicitar la desestimación de los cargos. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense mantiene su acusación y busca demostrar ante el tribunal que los hechos investigados constituyen delitos por los que ambos pueden ser procesados en Estados Unidos. Esta controversia jurídica deberá resolverse durante las próximas etapas del procedimiento.

El juez Alvin Hellerstein fijó el 14 de junio de 2027 como nueva fecha para el inicio del juicio, aplazando dos semanas el calendario establecido anteriormente debido a la incorporación de los nuevos cargos. Además, programó una audiencia para el 17 de diciembre de 2026, en la que se abordarán argumentos y solicitudes pendientes de las partes. De acuerdo con los reportes judiciales, Maduro y Flores podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión si fueran declarados culpables de todos los cargos que se les atribuyen.

Por ahora, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia estadounidense mientras continúa la preparación del juicio. Las acusaciones sobre torturas y narcotráfico deberán ser examinadas mediante las pruebas y testimonios que presenten las partes ante la justicia federal. Aunque la nueva imputación aumenta la gravedad del proceso, ambos mantienen su declaración de inocencia y conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad mediante una sentencia.

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Hombre muere baleado al detenerse a auxiliar en accidente vial en Alta Verapaz, Guatemala

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Allan José Mendoza Valiente, de aproximadamente 32 años, falleció tras recibir varios disparos cuando se detuvo junto a dos acompañantes para ayudar al conductor de una camioneta volcada en el kilómetro 182 de la carretera, en Tactic, Alta Verapaz, Guatemala. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes 13 de octubre, según reportes de las autoridades locales.

De acuerdo con el relato de los sobrevivientes, los tres viajaban en una pick-up cuando observaron el vehículo accidentado a la orilla de la vía y decidieron bajarse para prestar auxilio. Sin embargo, el conductor de la camioneta habría disparado contra Mendoza por motivos que aún se desconocen, dejándolo sin vida en el interior del vehículo volcado.

En el lugar, las autoridades capturaron a César Heredia Lem Cal, de 32 años, señalado como presunto responsable del ataque. Durante la intervención, el detenido también habría disparado contra los agentes policiales, quienes respondieron el fuego y le ocasionaron una herida por rozón en el pie izquierdo.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar las responsabilidades penales del capturado, mientras la familia de la víctima exige justicia por la muerte de Mendoza Valiente, quien perdió la vida al intentar ayudar a otra persona en la carretera.

 

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