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Nicaragua cerró otras 15 ONG, entre ellas un centro de atención a madres adolescentes

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El régimen de Nicaragua canceló este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes.

La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron cinco ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan mientras que las otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria.

Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.

Casa Alianza Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, es una ONG que por 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Praesidium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.

El Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce “más de 300″.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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Internacionales

Una persona falleció y varias resultaron heridas tras desplome de una grúa

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La tarde de este sábado se registró la caída de una grúa sobre un gimnasio de la cadena SmartFit en Arica, ubicado frente al Mall Plaza de la ciudad.

Usuarios en redes sociales difundieron videos del incidente, que generó preocupación por la posible presencia de personas atrapadas dentro del recinto afectado.

Equipos de Bomberos y otras unidades de emergencia trabajan en el lugar para realizar labores de rescate y determinar la magnitud de los daños.

Fuentes de ADN indicaron que la caída de la grúa provocó la muerte de una persona y dejó a varias atrapadas, cuyo número no se especificó.

Además, se señaló que ya se presentó un equipo de la Fiscalía Móvil en el lugar más la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

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EEUU envía el récord de 4 vuelos con deportados en un día a México

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Luego de que el canal NBC News reportó que México rechazó el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el que viajaban migrantes deportados, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, rechazó estos hechos e incluso reveló que las autoridades mexicanas aceptaron cuatro vuelos en un día.

 

De acuerdo con la joven republicana, el récord se registró el jueves 23 de enero, a los que también se sumaron las deportaciones realizadas, sin restricciones, vía terrestre.

“Gracias al presidente Trump: ¡Ayer, México aceptó un récord de cuatro vuelos de deportación en un día! (…) México también ha movilizado a 30 mil guardias nacionales”, escribió en X, antes Twitter.

Acorde con la cadena, la información sobre el presunto rechazo de migrantes les fue confirmado por dos oficiales del Departamento de Defensa de EEUU y una tercera persona familiarizada con el hecho, quienes dijeron que dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea, cada uno con unas 80 personas a bordo, partieron la noche del jueves con destino a Guatemala. Un tercer vuelo con destino a México nunca despegó.

 

El hecho también fue rechazado por el Gobierno de México, quien a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que ambos países mantienen una buena relación, cooperación y respeto a sus respectivas soberanías.

“Tratándose de repatriaciones, siempre aceptaremos la llegada de mexicanas y mexicanos a nuestro territorio con los brazos abiertos. México te abraza”, declaró la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente.

 

Más de 500 detenidos en la primera semana de Trump
Carolina Leavitt informó que la administración de Donald Trump ya sumaba 538 detenciones de migrantes al corte del 23 de enero de 2025; sólo tres días después del regreso del político republicano a la Casa Blanca.

 

Entre los aprehendidos, según reveló la portavoz, se halla un presunto terrorista y cuatro miembros del Tren de Aragua, así como “varios migrantes condenados por delitos sexuales contra menores”.

El viernes las detenciones continuaron, con un total de 593, según información de la Casa Blanca.

“El presidente Trump ya está asegurando la frontera y arrestando a inmigrantes ilegales criminales. La Patrulla Fronteriza ya informa de una disminución significativa en los intentos de cruces ilegales”, destacó el gobierno estadounidense.

Se prevé que los vuelos de deportaciones continúen en próximas horas.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reiterado que su administración se encuentra preparada para recibir a todo mexicano que sea deportado por el vecino norte.

México contempla brindar atención consular a los connacionales sin importar cuál es su estatus migratorio, y, en caso de la repatriación, se cuenta con una lista de apoyos para ellos, entre los que destacan la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a los distintos Programas del Bienestar.

“Cuando lleguen a México ya hay un programa integral que tiene que ver con apoyos de Bienestar, ingreso al IMSS, empleo, transporte para que puedan llegar a sus lugares de origen, un pequeño apoyo inicial que les permita llegar si llegan sin recursos”, aseguró desde Palacio Nacional.

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Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral

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El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.

 

En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.

El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.

Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.

 

Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.

Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.

 

A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.

“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.

Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.

Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.

Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.

“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.

“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.

Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.

“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.

Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.

“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.

Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.

“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.

“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.

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