Internacionales
Nicaragua cerró otras 15 ONG, entre ellas un centro de atención a madres adolescentes
El régimen de Nicaragua canceló este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes.
La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron cinco ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan mientras que las otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria.
Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.
Casa Alianza Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, es una ONG que por 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Praesidium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.
El Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce “más de 300″.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Disponible en Google Play y en la App Store de Apple, la aplicación «Public Safety by Everbridge» requiere una dirección de correo electrónico para registrarse.
La palabra clave «World Cup NJ» permite suscribirse a alertas específicas, enviadas directamente en el idioma del teléfono.
«Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales», explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.
Varias otras ciudades estadounidenses sede del Mundial, que se inician en dos semanas, el 11 de junio, también recurren a esta aplicación.
Con ocho partidos en el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio, y más de un millón de visitantes esperados, la región se enfrenta a un desafío «sin precedentes», reconoce el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz.
Al evento futbolístico se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio.
«No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores», aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, situado en Nueva Jersey.
Entre las principales preocupaciones destacaron la gestión de las multitudes y de los desplazamientos —los organizadores dan prioridad al transporte público—, los ataques con drones y la trata de personas, objeto de una importante campaña de sensibilización.
«Ninguna amenaza creíble» pesa, en cambio, «al día de hoy», sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio, según él.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha indicado en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) estará implicada en operaciones contra la falsificación o la trata de personas.
Pero Sierotowicz precisó que sus agentes no estarán «específicamente» en el MetLife Stadium.
En Nueva York, en particular, los agentes policiales locales (NYPD) estarán «muy presentes sobre el terreno», informó el coordinador del departamento de policía de la ciudad, Robert Gault.
Internacionales
La Casa Blanca califica de «total invención» un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de «total invención».
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo.
«Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘difundieron’ es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN», dijo la Casa Blanca a través de la red X.
Poco probable la reanudación de la guerra
Irán también estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.
«La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos», dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.
«No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores», dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.
La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.
La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua (norte), la opositora María Eugenia Campos, denunció este miércoles una persecución por parte del oficialismo por el caso de agentes de la CIA que estuvieron en un operativo antidrogas en su jurisdicción.
La política del conservador Partido Acción Nacional (PAN) acudió a la sede de la fiscalía general mexicana en la capital para declarar sobre este suceso, que se conoció después de que dos agentes del servicio de inteligencia estadounidense murieran en un accidente de tránsito el 19 de abril pasado en Chihuahua.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recuerda que la lucha antidrogas compete exclusivamente al gobierno federal y que los agentes de la CIA no habían notificado su presencia como corresponde según los acuerdos de colaboración con Estados Unidos.
Campos dijo que, como opositora, «la persiguen con todo el peso del aparato del Estado», mientras que a políticos del oficialismo acusados por Estados Unidos de nexos con el crimen «les dan impunidad absoluta».
La justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradición de diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, a quienes acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
