Judicial
Jorge Hernández no declaró en caso Saqueo Público
La audiencia programada para ayer lunes en el caso Saqueo Público, fue suspendida por la inasistencia a tribunales del expresentador de noticias Jorge Hernández, quien había sido ofertado por la Fiscalía General de la República (FGR), para las 9 de la mañana.
En este caso son procesadas diez personas, entre ellas, la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y el exsecretario de comunicaciones, David Rivas, por el desvío de $351 millones de las cuentas de Casa Presidencial, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.
Los juzgados donde Hernández es procesado no giraron los oficios a la PNC para su traslado por lo que, ante su ausencia, la jornada de ayer fue suspendida. Hernández tiene arresto domiciliario.
Hasta el momento, en este caso, ha declarado a puerta cerrada el exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres. Su declaración goza de reserva. El segundo testimonio sería el de Hernández, pero aún no se aclara en tribunales si también declarará a puerta cerrada y si cuenta con el régimen de protección extraordinario como en el caso de Cáceres.
El Tribunal Primero de Sentencia resolvió que la declaración de Hernández sí fue ofertada en el dictamen de acusación, pero fue el juez instructor quien no lo relacionó en el acta de apertura a juicio, y añadió que con la declaración del testigo se garantizará el principio de inmediación, contradicción y el del derechos de defensa.
En la audiencia que iniciaría ayer también iban a comparecer Miguel Menéndez «Mecafé» y el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, pero no se logró establecer la conexión desde la sala de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez” con los penales donde se encuentran recluidos.
En noviembre del 2017, la Fiscalía General de la República acusó a Hernández de lavado de dinero de unos $8.1 millones durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Sin embargo, quedó en etapa de instrucción en el desaparecido Juzgado Noveno de Instrucción y no siguió su etapa hacia juicio. La Fiscalía no ha presentado aún el dictamen de acusación en su contra.
Junto a Hernández, también era procesado Esteban Cañas Calderon, quien fue condenado a tres años de cárcel con reemplazo, ambos eran acusados de lavado de dinero y activos, el cual se habría llevado a cabo a través de la sociedad Marketing and Services, en la que se depositaron unos $5 millones; y unos $2 millones a la sociedad RIM, también vinculada a Hernández. Todo este dinero provenía de fondos sustraídos de las cuentas institucionales de la República.
Sobre él pesa un proceso en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuesto, por $178,000. que no pagó al Ministerio de Hacienda en 2014, actualmente está a la espera de la audiencia preliminar.
Jorge Hernández fue capturado el 3 de noviembre del 2017, y luego le cambiaron la medida a arresto domiciliario, que supuestamente mantiene por el caso de lavado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
