Judicial
Jorge Hernández no declaró en caso Saqueo Público
La audiencia programada para ayer lunes en el caso Saqueo Público, fue suspendida por la inasistencia a tribunales del expresentador de noticias Jorge Hernández, quien había sido ofertado por la Fiscalía General de la República (FGR), para las 9 de la mañana.
En este caso son procesadas diez personas, entre ellas, la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y el exsecretario de comunicaciones, David Rivas, por el desvío de $351 millones de las cuentas de Casa Presidencial, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.
Los juzgados donde Hernández es procesado no giraron los oficios a la PNC para su traslado por lo que, ante su ausencia, la jornada de ayer fue suspendida. Hernández tiene arresto domiciliario.
Hasta el momento, en este caso, ha declarado a puerta cerrada el exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres. Su declaración goza de reserva. El segundo testimonio sería el de Hernández, pero aún no se aclara en tribunales si también declarará a puerta cerrada y si cuenta con el régimen de protección extraordinario como en el caso de Cáceres.
El Tribunal Primero de Sentencia resolvió que la declaración de Hernández sí fue ofertada en el dictamen de acusación, pero fue el juez instructor quien no lo relacionó en el acta de apertura a juicio, y añadió que con la declaración del testigo se garantizará el principio de inmediación, contradicción y el del derechos de defensa.
En la audiencia que iniciaría ayer también iban a comparecer Miguel Menéndez «Mecafé» y el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, pero no se logró establecer la conexión desde la sala de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez” con los penales donde se encuentran recluidos.
En noviembre del 2017, la Fiscalía General de la República acusó a Hernández de lavado de dinero de unos $8.1 millones durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Sin embargo, quedó en etapa de instrucción en el desaparecido Juzgado Noveno de Instrucción y no siguió su etapa hacia juicio. La Fiscalía no ha presentado aún el dictamen de acusación en su contra.
Junto a Hernández, también era procesado Esteban Cañas Calderon, quien fue condenado a tres años de cárcel con reemplazo, ambos eran acusados de lavado de dinero y activos, el cual se habría llevado a cabo a través de la sociedad Marketing and Services, en la que se depositaron unos $5 millones; y unos $2 millones a la sociedad RIM, también vinculada a Hernández. Todo este dinero provenía de fondos sustraídos de las cuentas institucionales de la República.
Sobre él pesa un proceso en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuesto, por $178,000. que no pagó al Ministerio de Hacienda en 2014, actualmente está a la espera de la audiencia preliminar.
Jorge Hernández fue capturado el 3 de noviembre del 2017, y luego le cambiaron la medida a arresto domiciliario, que supuestamente mantiene por el caso de lavado.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
