Judicial
Jorge Hernández no declaró en caso Saqueo Público
La audiencia programada para ayer lunes en el caso Saqueo Público, fue suspendida por la inasistencia a tribunales del expresentador de noticias Jorge Hernández, quien había sido ofertado por la Fiscalía General de la República (FGR), para las 9 de la mañana.
En este caso son procesadas diez personas, entre ellas, la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y el exsecretario de comunicaciones, David Rivas, por el desvío de $351 millones de las cuentas de Casa Presidencial, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.
Los juzgados donde Hernández es procesado no giraron los oficios a la PNC para su traslado por lo que, ante su ausencia, la jornada de ayer fue suspendida. Hernández tiene arresto domiciliario.
Hasta el momento, en este caso, ha declarado a puerta cerrada el exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres. Su declaración goza de reserva. El segundo testimonio sería el de Hernández, pero aún no se aclara en tribunales si también declarará a puerta cerrada y si cuenta con el régimen de protección extraordinario como en el caso de Cáceres.
El Tribunal Primero de Sentencia resolvió que la declaración de Hernández sí fue ofertada en el dictamen de acusación, pero fue el juez instructor quien no lo relacionó en el acta de apertura a juicio, y añadió que con la declaración del testigo se garantizará el principio de inmediación, contradicción y el del derechos de defensa.
En la audiencia que iniciaría ayer también iban a comparecer Miguel Menéndez «Mecafé» y el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, pero no se logró establecer la conexión desde la sala de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez” con los penales donde se encuentran recluidos.
En noviembre del 2017, la Fiscalía General de la República acusó a Hernández de lavado de dinero de unos $8.1 millones durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Sin embargo, quedó en etapa de instrucción en el desaparecido Juzgado Noveno de Instrucción y no siguió su etapa hacia juicio. La Fiscalía no ha presentado aún el dictamen de acusación en su contra.
Junto a Hernández, también era procesado Esteban Cañas Calderon, quien fue condenado a tres años de cárcel con reemplazo, ambos eran acusados de lavado de dinero y activos, el cual se habría llevado a cabo a través de la sociedad Marketing and Services, en la que se depositaron unos $5 millones; y unos $2 millones a la sociedad RIM, también vinculada a Hernández. Todo este dinero provenía de fondos sustraídos de las cuentas institucionales de la República.
Sobre él pesa un proceso en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuesto, por $178,000. que no pagó al Ministerio de Hacienda en 2014, actualmente está a la espera de la audiencia preliminar.
Jorge Hernández fue capturado el 3 de noviembre del 2017, y luego le cambiaron la medida a arresto domiciliario, que supuestamente mantiene por el caso de lavado.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
