Judicial
Inicia proceso para que US$4.6 mill. en bienes de Munguía Payés pasen a favor del Estado
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador, ha comenzado este lunes la audiencia preparatoria [primera del proceso] que busca despojar de $4,638,164.91 en bienes, inmuebles y cuentas bancarias a nombre del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés y parientes.
En el expediente se incluye además a la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
Desde que el caso fue presentado en esa sede judicial fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio le han dicho al juez que cuentan con abundante prueba que determinan que los bienes registrados a título de propiedad de Munguía Payés y sus parientes fueron adquiridos de forma injustificada porque provienen de actos de corrupción y el delito de lavado de dinero.
Al expediente fiscales han incorporado documentación donde se estable que Munguía Payés y sus tres familiares tienen a su nombre inmuebles, productos financieros [cuentas bancarias] y vehículos, pese a que no tenían la capacidad económica para comprarlos por los ingresos percibidos legalmente.
Les detectaron 10 cuentas de ahorro y a plazo, dos vehículos y bienes inmuebles, las propiedades están ubicadas en distintos puntos de San Salvador y en La Libertad, específicamente en zonas exclusivas y un rancho de playa en Tamanique.
Este proceso comenzó cuando en octubre del 2020, mediante un proceso cautelar donde le intervinieron los bienes. Las indagaciones del ministerio público han establecido que Munguía Payés, obtuvo los bienes de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el periodo 2009 al 2018.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
