Judicial
Inicia proceso para que US$4.6 mill. en bienes de Munguía Payés pasen a favor del Estado
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador, ha comenzado este lunes la audiencia preparatoria [primera del proceso] que busca despojar de $4,638,164.91 en bienes, inmuebles y cuentas bancarias a nombre del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés y parientes.
En el expediente se incluye además a la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
Desde que el caso fue presentado en esa sede judicial fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio le han dicho al juez que cuentan con abundante prueba que determinan que los bienes registrados a título de propiedad de Munguía Payés y sus parientes fueron adquiridos de forma injustificada porque provienen de actos de corrupción y el delito de lavado de dinero.
Al expediente fiscales han incorporado documentación donde se estable que Munguía Payés y sus tres familiares tienen a su nombre inmuebles, productos financieros [cuentas bancarias] y vehículos, pese a que no tenían la capacidad económica para comprarlos por los ingresos percibidos legalmente.
Les detectaron 10 cuentas de ahorro y a plazo, dos vehículos y bienes inmuebles, las propiedades están ubicadas en distintos puntos de San Salvador y en La Libertad, específicamente en zonas exclusivas y un rancho de playa en Tamanique.
Este proceso comenzó cuando en octubre del 2020, mediante un proceso cautelar donde le intervinieron los bienes. Las indagaciones del ministerio público han establecido que Munguía Payés, obtuvo los bienes de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el periodo 2009 al 2018.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
