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Hijo del presidente de Colombia enfrentará proceso en libertad condicional
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y diputado del Atlántico, fue cobijado el viernes 4 de agosto de 2023 con la decisión de libertad condicional, luego de que no se encontraran motivos suficientes por parte del juez 74 Penal con Función de Control de Garantías, Ómar Leonardo Beltrán Castillo, para determinar medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El joven político, que fue imputado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no tendrá casa por cárcel, como se había pedido por parte de la Fiscalía, sino, por el contrario, gozará del derecho de estar en libertad; con la condición de presentarse de manera periódica ante la justicia, en caso de que así lo requiera.
“El despacho accederá, en el caso suyo, a esas medidas no restrictivas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscrpción de la audiencia del compromiso (…) Así también se recava en la cancelación de las órdenes de captura del Juzgado 16 de Garantías”, indicó en su intervención el juez Beltrán Castillo, quien resumió de manera minuciosa el caso en mención.
Esto mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el entramado de corrupción del que se le sindica; y luego de confirmarle al ente acusador que a la campaña de su padre ingresaron dineros de origen ilegal, al parecer por narcotráfico.
Para el juez, es claro que en el caso del hijo mayor del presidente no existe obstrucción a la justicia, “debido a la colaboración de Petro Burgos con las autoridades”. Aunque la condición impuesta por el togado es que no podrá salir de Barranquilla (Atlántico), su sitio de arraigo.
No obstante, “la precaria argumentación de la Fiscalía” hizo que optara por rechazar la petición del ente acusador de dar casa por cárcel a Petro Burgos, inclinó la balanza para que el representante de la justicia dejara libre al diputado del Atlántico.
Por su parte, Daysuris Vásquez Castro, expareja del joven político, y a quien le fueron endilgadas los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también gozará del beneficio de libertad condicional, debido a que ha venido colaborando con la justicia; pues fue ella la primera en denunciar el comportamiento al margen de la ley de quien fue su esposo.
“Frente a Vásquez Castro, la medida procedente era una no privativa de la libertad en la medida de los delitos cometidos. En desarrollo de esa solicitud también se pide que no salga de Colombia y participe en campañas políticas”, resaltó el togado, quien accedió a entregarle esta posibilidad.
“El despacho accederá en el caso concreto suyo a esas medidas no privativas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscripción de diligencia de compromiso con el despacho”, añadió el juez Beltrán en su determinación.
Los detenidos se encontraban recluidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, desde el sábado 29 de julio de 2023, cuando fueron trasladados desde Barranquilla (Atlántico), en donde fueron capturados para que respondieran por sus presuntas conductas delictivas.
En la audiencia, el juez compulsó copias a Petro Burgos y Vásquez Castro por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, debido a los múltiples contratos que celebraron, al parecer, de manera irregular, con la Gobernación del Atlántico, destinados a programas de atención de adultos mayores.
Asimismo, pidió investigar al tío de Day Vásquez, César Emilio Vásquez Buendía, por la presunta comisión del delito de testaferrato, al prestar su nombre para la compra de la casa número 4 del condominio La Herradura, ubicado en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico); avaluado en más de 1.600 millones de pesos.
A su vez, también se compulsaron copias contra el empresario Gustavo De la Ossa Vélez, que funge como propietario de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO); que habría servido de fachada para la suscripción de millonarios contratos con el ente departamental.
Y es que la evidencia presentada por el fiscal Mario Burgos, que expuso de manera detallada lo que serían las prácticas delictivas que tendría como protagonista a Petro Burgos, protagonista principal de esta historia, en la que se le señala de incrementar su patrimonio de manera injustificada en cerca de $1.053 millones de pesos.
“Se pusieron de presente la trazabilidad de gastos de Petro Burgos y Vásquez Castro, en proporcionalidad con los ingresos reales de Nicolás Petro. Se logró establecer que hay bienes en cabezas de terceros”, destacó el juez Beltrán Castillo sobre el particular.
Pero también, el fiscal indicó que Nicolás Petro aceptó haber recibido dineros de Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Malboro, y de Alfonso Hilsaca, el Turco, que iban dirigidos a la campaña de su progenitor; pero que terminaron en su poder. Como también de Óscar Camacho, presentado como un poderoso empresario de Cúcuta.
“El señor Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía la desconocía. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña; los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”, dijo por su parte Burgos.
Sobre el particular, hasta el momento es válido resaltar que solo se conoce que se efectuó el interrogatorio del político con la Fiscalía, el cual se desarrolló el miércoles 2 de agosto, día en que se negó a recibir al presidente en el búnker, extendió por cerca de 12 horas. Y en el que el diputado fue enfático en decir en que Gustavo Petro conocía del origen de los recursos que respaldaron su aspiración; sin que todavía se haya adjuntado al ente acusador el acervo probatorio.
Según el juez, el fiscal designado entregó abundante material, en el que se incluyó una línea de tiempo, desde enero de 2020 hasta la fecha, de los movimientos de Petro Burgos y Vásquez Castro; lo que permitió ver los movimientos de dinero en efectivo que fueron insumo para un estilo de vida lleno de lujos y dinero que tenía el asambleísta, quien compró viviendas y vehículos de alta gama, además de viajes dentro y fuera del país.
“El patrimonio de Petro Burgos se encuentra injustificado en cuanto a sus ingresos. El imputado solo tenía un ingreso y no se pudo determinar ingresos de otra actividad económica”, manifestó el togado.
En la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el juez Beltrán Castillo también hizo énfasis en la forma en que Day Vásquez efectuó el “hackeo” del teléfono móvil de Laura Ojeda: actual pareja del hijo del jefe de Estado, por lo que se le imputó el delito de violación de datos personales; con el auxilio de integrantes de la Policía Nacional.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
