Internacionales
Hijo del presidente de Colombia enfrentará proceso en libertad condicional
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y diputado del Atlántico, fue cobijado el viernes 4 de agosto de 2023 con la decisión de libertad condicional, luego de que no se encontraran motivos suficientes por parte del juez 74 Penal con Función de Control de Garantías, Ómar Leonardo Beltrán Castillo, para determinar medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El joven político, que fue imputado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no tendrá casa por cárcel, como se había pedido por parte de la Fiscalía, sino, por el contrario, gozará del derecho de estar en libertad; con la condición de presentarse de manera periódica ante la justicia, en caso de que así lo requiera.
“El despacho accederá, en el caso suyo, a esas medidas no restrictivas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscrpción de la audiencia del compromiso (…) Así también se recava en la cancelación de las órdenes de captura del Juzgado 16 de Garantías”, indicó en su intervención el juez Beltrán Castillo, quien resumió de manera minuciosa el caso en mención.
Esto mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el entramado de corrupción del que se le sindica; y luego de confirmarle al ente acusador que a la campaña de su padre ingresaron dineros de origen ilegal, al parecer por narcotráfico.
Para el juez, es claro que en el caso del hijo mayor del presidente no existe obstrucción a la justicia, “debido a la colaboración de Petro Burgos con las autoridades”. Aunque la condición impuesta por el togado es que no podrá salir de Barranquilla (Atlántico), su sitio de arraigo.
No obstante, “la precaria argumentación de la Fiscalía” hizo que optara por rechazar la petición del ente acusador de dar casa por cárcel a Petro Burgos, inclinó la balanza para que el representante de la justicia dejara libre al diputado del Atlántico.
Por su parte, Daysuris Vásquez Castro, expareja del joven político, y a quien le fueron endilgadas los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también gozará del beneficio de libertad condicional, debido a que ha venido colaborando con la justicia; pues fue ella la primera en denunciar el comportamiento al margen de la ley de quien fue su esposo.
“Frente a Vásquez Castro, la medida procedente era una no privativa de la libertad en la medida de los delitos cometidos. En desarrollo de esa solicitud también se pide que no salga de Colombia y participe en campañas políticas”, resaltó el togado, quien accedió a entregarle esta posibilidad.
“El despacho accederá en el caso concreto suyo a esas medidas no privativas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscripción de diligencia de compromiso con el despacho”, añadió el juez Beltrán en su determinación.
Los detenidos se encontraban recluidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, desde el sábado 29 de julio de 2023, cuando fueron trasladados desde Barranquilla (Atlántico), en donde fueron capturados para que respondieran por sus presuntas conductas delictivas.
En la audiencia, el juez compulsó copias a Petro Burgos y Vásquez Castro por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, debido a los múltiples contratos que celebraron, al parecer, de manera irregular, con la Gobernación del Atlántico, destinados a programas de atención de adultos mayores.
Asimismo, pidió investigar al tío de Day Vásquez, César Emilio Vásquez Buendía, por la presunta comisión del delito de testaferrato, al prestar su nombre para la compra de la casa número 4 del condominio La Herradura, ubicado en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico); avaluado en más de 1.600 millones de pesos.
A su vez, también se compulsaron copias contra el empresario Gustavo De la Ossa Vélez, que funge como propietario de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO); que habría servido de fachada para la suscripción de millonarios contratos con el ente departamental.
Y es que la evidencia presentada por el fiscal Mario Burgos, que expuso de manera detallada lo que serían las prácticas delictivas que tendría como protagonista a Petro Burgos, protagonista principal de esta historia, en la que se le señala de incrementar su patrimonio de manera injustificada en cerca de $1.053 millones de pesos.
“Se pusieron de presente la trazabilidad de gastos de Petro Burgos y Vásquez Castro, en proporcionalidad con los ingresos reales de Nicolás Petro. Se logró establecer que hay bienes en cabezas de terceros”, destacó el juez Beltrán Castillo sobre el particular.
Pero también, el fiscal indicó que Nicolás Petro aceptó haber recibido dineros de Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Malboro, y de Alfonso Hilsaca, el Turco, que iban dirigidos a la campaña de su progenitor; pero que terminaron en su poder. Como también de Óscar Camacho, presentado como un poderoso empresario de Cúcuta.
“El señor Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía la desconocía. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña; los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”, dijo por su parte Burgos.
Sobre el particular, hasta el momento es válido resaltar que solo se conoce que se efectuó el interrogatorio del político con la Fiscalía, el cual se desarrolló el miércoles 2 de agosto, día en que se negó a recibir al presidente en el búnker, extendió por cerca de 12 horas. Y en el que el diputado fue enfático en decir en que Gustavo Petro conocía del origen de los recursos que respaldaron su aspiración; sin que todavía se haya adjuntado al ente acusador el acervo probatorio.
Según el juez, el fiscal designado entregó abundante material, en el que se incluyó una línea de tiempo, desde enero de 2020 hasta la fecha, de los movimientos de Petro Burgos y Vásquez Castro; lo que permitió ver los movimientos de dinero en efectivo que fueron insumo para un estilo de vida lleno de lujos y dinero que tenía el asambleísta, quien compró viviendas y vehículos de alta gama, además de viajes dentro y fuera del país.
“El patrimonio de Petro Burgos se encuentra injustificado en cuanto a sus ingresos. El imputado solo tenía un ingreso y no se pudo determinar ingresos de otra actividad económica”, manifestó el togado.
En la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el juez Beltrán Castillo también hizo énfasis en la forma en que Day Vásquez efectuó el “hackeo” del teléfono móvil de Laura Ojeda: actual pareja del hijo del jefe de Estado, por lo que se le imputó el delito de violación de datos personales; con el auxilio de integrantes de la Policía Nacional.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
Internacionales
Capturan en Guatemala a salvadoreño acusado de robo de joyas valoradas en más de $78,000
Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Guatemala capturaron a un ciudadano salvadoreño identificado como Henry N., de 34 años, señalado de participar en el robo de joyas valoradas en Q600,000, equivalentes a $78,720.24.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, el hecho ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el sospechoso habría ingresado a una joyería ubicada en Chimaltenango para sustraer piezas de alto valor económico.
Según la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, este caso constituye el robo de mayor cuantía registrado recientemente en el país.
La captura fue realizada tras una serie de diligencias desarrolladas por investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público, quienes presentaron los elementos recopilados ante un juzgado de Chimaltenango, el cual emitió una orden de captura por el delito de robo agravado.
Las autoridades informaron que el pasado 1 de junio se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona 1 de Chimaltenango, donde fueron encontrados indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.
La detención se llevó a cabo en la colonia Vivibien, zona 5 de Chimaltenango, como parte de las acciones de seguimiento al caso.
El número de víctimas mortales del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sur de Filipinas aumentó a 46, luego de que los equipos de rescate recuperaran este miércoles el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un supermercado derrumbado.
El sismo, registrado el lunes frente a la costa de la isla de Mindanao, provocó el colapso de estructuras, deslizamientos de tierra y la activación de alertas de tsunami en distintas zonas afectadas.
La víctima fue identificada como Joey Deluvio, de 39 años, uno de los dos empleados de un supermercado en la ciudad de General Santos donde se concentraron las labores de búsqueda y rescate. Según informó la rescatista Michelle Chua, los equipos detectaron inicialmente un pulso débil durante la operación; sin embargo, al llegar hasta el lugar donde se encontraba la persona ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con Chua, el cuerpo fue localizado atrapado entre dos vigas de la estructura colapsada.
La agencia nacional de desastres elevó este miércoles el balance oficial de fallecidos de 41 a 45 y aumentó el número de desaparecidos de cuatro a 17. No obstante, ese informe aún no incluía a Deluvio, según confirmó la oficina de defensa civil.
El funcionario de defensa civil Rafaelito Alejandro indicó que la mayoría de las nuevas víctimas mortales se registraron en la provincia de Davao Occidental, donde fallecieron a causa de deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios.
