Internacionales
Hijo del presidente de Colombia enfrentará proceso en libertad condicional
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y diputado del Atlántico, fue cobijado el viernes 4 de agosto de 2023 con la decisión de libertad condicional, luego de que no se encontraran motivos suficientes por parte del juez 74 Penal con Función de Control de Garantías, Ómar Leonardo Beltrán Castillo, para determinar medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El joven político, que fue imputado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no tendrá casa por cárcel, como se había pedido por parte de la Fiscalía, sino, por el contrario, gozará del derecho de estar en libertad; con la condición de presentarse de manera periódica ante la justicia, en caso de que así lo requiera.
“El despacho accederá, en el caso suyo, a esas medidas no restrictivas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscrpción de la audiencia del compromiso (…) Así también se recava en la cancelación de las órdenes de captura del Juzgado 16 de Garantías”, indicó en su intervención el juez Beltrán Castillo, quien resumió de manera minuciosa el caso en mención.
Esto mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el entramado de corrupción del que se le sindica; y luego de confirmarle al ente acusador que a la campaña de su padre ingresaron dineros de origen ilegal, al parecer por narcotráfico.
Para el juez, es claro que en el caso del hijo mayor del presidente no existe obstrucción a la justicia, “debido a la colaboración de Petro Burgos con las autoridades”. Aunque la condición impuesta por el togado es que no podrá salir de Barranquilla (Atlántico), su sitio de arraigo.
No obstante, “la precaria argumentación de la Fiscalía” hizo que optara por rechazar la petición del ente acusador de dar casa por cárcel a Petro Burgos, inclinó la balanza para que el representante de la justicia dejara libre al diputado del Atlántico.
Por su parte, Daysuris Vásquez Castro, expareja del joven político, y a quien le fueron endilgadas los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también gozará del beneficio de libertad condicional, debido a que ha venido colaborando con la justicia; pues fue ella la primera en denunciar el comportamiento al margen de la ley de quien fue su esposo.
“Frente a Vásquez Castro, la medida procedente era una no privativa de la libertad en la medida de los delitos cometidos. En desarrollo de esa solicitud también se pide que no salga de Colombia y participe en campañas políticas”, resaltó el togado, quien accedió a entregarle esta posibilidad.
“El despacho accederá en el caso concreto suyo a esas medidas no privativas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscripción de diligencia de compromiso con el despacho”, añadió el juez Beltrán en su determinación.
Los detenidos se encontraban recluidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, desde el sábado 29 de julio de 2023, cuando fueron trasladados desde Barranquilla (Atlántico), en donde fueron capturados para que respondieran por sus presuntas conductas delictivas.
En la audiencia, el juez compulsó copias a Petro Burgos y Vásquez Castro por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, debido a los múltiples contratos que celebraron, al parecer, de manera irregular, con la Gobernación del Atlántico, destinados a programas de atención de adultos mayores.
Asimismo, pidió investigar al tío de Day Vásquez, César Emilio Vásquez Buendía, por la presunta comisión del delito de testaferrato, al prestar su nombre para la compra de la casa número 4 del condominio La Herradura, ubicado en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico); avaluado en más de 1.600 millones de pesos.
A su vez, también se compulsaron copias contra el empresario Gustavo De la Ossa Vélez, que funge como propietario de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO); que habría servido de fachada para la suscripción de millonarios contratos con el ente departamental.
Y es que la evidencia presentada por el fiscal Mario Burgos, que expuso de manera detallada lo que serían las prácticas delictivas que tendría como protagonista a Petro Burgos, protagonista principal de esta historia, en la que se le señala de incrementar su patrimonio de manera injustificada en cerca de $1.053 millones de pesos.
“Se pusieron de presente la trazabilidad de gastos de Petro Burgos y Vásquez Castro, en proporcionalidad con los ingresos reales de Nicolás Petro. Se logró establecer que hay bienes en cabezas de terceros”, destacó el juez Beltrán Castillo sobre el particular.
Pero también, el fiscal indicó que Nicolás Petro aceptó haber recibido dineros de Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Malboro, y de Alfonso Hilsaca, el Turco, que iban dirigidos a la campaña de su progenitor; pero que terminaron en su poder. Como también de Óscar Camacho, presentado como un poderoso empresario de Cúcuta.
“El señor Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía la desconocía. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña; los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”, dijo por su parte Burgos.
Sobre el particular, hasta el momento es válido resaltar que solo se conoce que se efectuó el interrogatorio del político con la Fiscalía, el cual se desarrolló el miércoles 2 de agosto, día en que se negó a recibir al presidente en el búnker, extendió por cerca de 12 horas. Y en el que el diputado fue enfático en decir en que Gustavo Petro conocía del origen de los recursos que respaldaron su aspiración; sin que todavía se haya adjuntado al ente acusador el acervo probatorio.
Según el juez, el fiscal designado entregó abundante material, en el que se incluyó una línea de tiempo, desde enero de 2020 hasta la fecha, de los movimientos de Petro Burgos y Vásquez Castro; lo que permitió ver los movimientos de dinero en efectivo que fueron insumo para un estilo de vida lleno de lujos y dinero que tenía el asambleísta, quien compró viviendas y vehículos de alta gama, además de viajes dentro y fuera del país.
“El patrimonio de Petro Burgos se encuentra injustificado en cuanto a sus ingresos. El imputado solo tenía un ingreso y no se pudo determinar ingresos de otra actividad económica”, manifestó el togado.
En la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el juez Beltrán Castillo también hizo énfasis en la forma en que Day Vásquez efectuó el “hackeo” del teléfono móvil de Laura Ojeda: actual pareja del hijo del jefe de Estado, por lo que se le imputó el delito de violación de datos personales; con el auxilio de integrantes de la Policía Nacional.
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Nueva Masacre: Tres hombres son asesinados a balazos dentro de una vivienda en Honduras
La violencia sigue dejando su marca en Honduras. La noche del domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en el sector Las Selvas, comunidad de El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso.
Las víctimas fueron identificadas como Noel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales, cuyos nombres ahora se suman a la larga lista de homicidios registrados en el país durante los primeros meses de este año.
Según información preliminar proporcionada por autoridades policiales, cuatro sujetos armados llegaron al lugar en dos motocicletas y, sin mediar palabra, ingresaron a la vivienda de Canales, abriendo fuego contra los presentes.
El comisionado Wilber Reyes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, confirmó que las víctimas tenían antecedentes penales.
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La presencia de antecedentes criminales en dos de las víctimas ha llevado a las autoridades a considerar como principal hipótesis del ataque una disputa por el control de territorios vinculados al narcotráfico.
Por su parte, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, no se reportan capturas, y se continúa trabajando para dar con el paradero de los responsables.
La escena fue acordonada por los agentes que iniciaron la recopilación de pruebas, mientras los vecinos del sector permanecen consternados por la violencia que irrumpió en su comunidad en plena noche.
La masacre de Danlí se suma a un preocupante patrón de violencia en Honduras. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se han registrado seis masacres en distintas localidades del país.
Cada una de estas tragedias ha cobrado la vida de varias personas, evidenciando la persistencia de la violencia letal y la vulnerabilidad de las comunidades hondureñas. Entre estas masacres se incluyen:
Olanchito, Yoro, el 10 de enero, con 3 muertos.
La Masica, Atlántida, el 17 de febrero, con 5 muertos.
San Andrés, Lempira, el 9 de marzo, con 3 muertos.
El Progreso, Yoro, el 12 de marzo, con 4 muertos.
Sulaco, Yoro, el 13 de marzo, con 5 muertos.
Danlí, El Paraíso, el 5 de abril, con 3 muertos.
Estos hechos reflejan un promedio de seis homicidios diarios en el país, según datos del OV-UNAH, y muestran cómo la criminalidad organizada y las disputas por control territorial continúan afectando la vida cotidiana de los hondureños.
Vecinos del sector Las Selvas describieron la noche del domingo como un momento de pánico y desesperación. “Fue un momento muy fuerte, nunca habíamos visto algo así en nuestra comunidad. Escuchamos los disparos y todo quedó en silencio después de que huyeron los atacantes”, relató un habitante del sector, quien prefirió mantener su nombre en reserva. La violencia irrumpió en la tranquilidad de la comunidad, dejando un impacto profundo tanto emocional como social.
Las autoridades han llamado a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar a los responsables. “Estamos haciendo todo lo posible para dar con estos criminales y llevarlos ante la justicia. No descartamos ninguna hipótesis y seguimos recolectando evidencia en la escena del crimen”, indicó Wilber Reyes, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana.
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Tragedia en Honduras: familias enteras que regresaban de un retiro espiritual quedaron marcadas por la muerte en un fatal accidente en Santa Barbara
El siniestro, que tuvo lugar durante el retorno de un grupo de vecinos de Tegucigalpa tras un retiro religioso en Guatemala, una tragedia que ha marcado a una colectividad entera y pone en cuestión los controles de seguridad en el transporte de carga peligrosa.
El hecho, reportado por diversas fuentes locales, involucró un microbús tipo coaster, conducido por Javier Deras, de 48 años, quien viajaba junto a su esposa, su madre y otros familiares y vecinos. La familia, residente en la colonia La Torocagua de Tegucigalpa, compartía el viaje junto con otros miembros de la comunidad, en su mayoría habitantes de la misma cuadra o incluso de casas contiguas.
Entre las personas a bordo se contaban mujeres reconocidas en el sector, como doña Lila, cuya participación intensifica el carácter colectivo del duelo. Los lazos comunitarios han convertido la tragedia en un dolor compartido y la han dotado de un significado que supera la suma individual de las vidas perdidas.
La tragedia dejó al menos diez víctimas fatales y otras siete personas heridas, algunas en estado grave, según información recabada en el lugar. La cifra, validada por las autoridades, amplifica el impacto de un hecho con consecuencias físicas y emocionales de largo alcance. Entre las personas lesionadas se confirman menores de edad, incluido un niño de nueve años y una adolescente de diecisiete, testigos directos del accidente y portadores ahora de secuelas físicas y trauma emocional.
El accidente también destaca por la composición de sus víctimas: muchas de ellas eran familia, vecinos o amigos de toda la vida. Lidia Elena Cubas Murillo y su hija Lidia Abelina Zelaya Cubas murieron juntas en el trayecto, reflejo de la pérdida simultánea de dos generaciones.
Se identificaron, además, a Orestila Castellano, de 64 años, y María Cupertina Ortiz, de 61, cuyo hijo Manuel Amaya compartió la dificultad adicional que enfrentan los deudos para celebrar honras fúnebres debido a la presencia de cianuro en el lugar del siniestro y las restricciones impuestas por la magnitud del impacto.
La madre de Javier Deras, Francisca Zelaya, también figura entre los nombres de fallecidos. Según allegados, sufrió un infarto tras enterarse de la muerte de su hijo y falleció en un centro asistencial, un dolor que se suma a la cadena de pérdidas. La lista se completa con Mirna Álvarez, de 63 años, y Yarely Rodríguez, de 40, esposa de Deras, ampliando la tragedia a diferentes generaciones y reforzando el carácter luctuoso de este evento.
Las circunstancias del accidente abrieron una línea de indignación particularmente sensible. De acuerdo con las autoridades, el conductor de la rastra que transportaba cianuro no contaba con la licencia correspondiente para manejar carga pesada. Este dato relevante plantea dudas sobre el rigor de los controles vehiculares y la normativa de transporte, especialmente en relación con sustancias peligrosas como el cianuro.
El hijo de una de las víctimas detalló el desafío que ha supuesto para las familias la manipulación de los cuerpos y la organización de los sepelios: “Ella venía de Antigua Guatemala. Ya me decía que nunca iba a viajes, es la primera vez que salía así con personas particulares”, Según declaraciones de Manuel Amaya al referirse a la experiencia de su madre María Cupertina Ortiz.
Los relatos indican que un microbús con al menos 17 pasajeros proveniente de un retiro religioso en Guatemala fue embestido por una rastra que transportaba cianuro en Quimistán, Santa Bárbara; el saldo es de al menos diez personas fallecidas y siete heridas, incluyendo menores de edad y varios miembros de la misma familia y comunidad, según confirmaron las autoridades locales y testimonios de vecinos.
La colonia La Torocagua, en Tegucigalpa, se ha convertido en un epicentro del dolor colectivo: buena parte de sus habitantes viajaba junta en el microbús y, ahora, comparte el luto en una cotidianidad marcada por la ausencia. Los vecinos se reconocen en las historias personales: viviendas vacías, sillas sin ocupar, y recuerdos de días recientes en que la comunidad preparaba con entusiasmo el viaje espiritual a Guatemala.
El testimonio recogido entre la población local revela el grado de cohesión social previo al incidente. La tragedia no ha dejado únicamente víctimas individuales, sino que ha fracturado relaciones cotidianas y un entramado de solidaridad.
En la evaluación de los hechos, la suma de factores humanos, la posible negligencia y las deficiencias en el control del transporte de materiales peligrosos han potenciado el impacto de este accidente. Sin embargo, para las familias y sobrevivientes, el dolor trasciende cualquier balance institucional: cada nombre perdido es una vida, una biografía interrumpida y un legado que permanece en la memoria de la comunidad
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¡Indignación en México! Asesinada por celos: dos “amigas” estrangularon a Leyla Monserrat y la justicia les cobra solo 5 mil pesos
Un triángulo amoroso entre adolescentes terminó en uno de los crímenes más salvajes de los últimos meses en Sonora. Leyla Monserrat Lares Becerra, de solo 15 años, fue brutalmente asesinada el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles.Sus dos supuestas “mejores amigas”, de 13 y 15 años, la citaron con el engañoso pretexto de “darle una sorpresa”.
Una vez allí, la ataron, le vendaron los ojos y la estrangularon hasta quitarle la vida. No conformes con eso, grabaron el asesinato con un celular y luego enterraron su cuerpo en el patio de una vivienda, cubriéndolo con cal para acelerar la descomposición y borrar las evidencias.
El móvil del crimen, según confesaron las propias agresoras, fueron celos sentimentales: una de ellas estaba enamorada del mismo joven con quien Leyla mantenía una relación y no soportó la competencia.La investigación dio un giro clave cuando un video del crimen fue enviado anónimamente a la madre de la víctima, Carmen Becerra. Tras la detención y confesión de las menores, un juez del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó sentencia en marzo de 2026.
La joven de 15 años fue condenada a dos años y diez meses de internamiento, mientras que la de 13 años recibió once meses de libertad asistida. Ambas deberán pagar, de manera mancomunada, apenas 5 mil 657 pesos como reparación del daño moral.
La cifra ha provocado una enorme indignación en todo el país. Carmen Becerra denunció que ni siquiera pudo despedirse dignamente de su hija: el ataúd llegó cerrado debido al terrible estado en que fue encontrado el cuerpo. Los gastos del funeral superaron los 30 mil pesos, y la familia aún no ha recibido ni un peso de la reparación económica, que considera una verdadera burla a su dolor.
El caso ha reabierto el debate sobre la legislación de justicia juvenil en México. Colectivos feministas y miles de usuarios en redes sociales exigen reformas urgentes para que crímenes de esta brutalidad no queden prácticamente impunes bajo el argumento de la minoría de edad de las responsables. Muchos consideran que se trató de un feminicidio y cuestionan que el sistema parezca proteger más a las victimarias que a las víctimas.
Mientras las dos adolescentes cumplen penas cortas y podrían pronto retomar sus vidas normales, la madre de Leyla Monserrat sigue sin poder cerrar su duelo y se pregunta cómo es posible que en México el valor de la vida de una niña de 15 años se mida en apenas cinco mil pesos.
