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Hijo del presidente de Colombia enfrentará proceso en libertad condicional
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y diputado del Atlántico, fue cobijado el viernes 4 de agosto de 2023 con la decisión de libertad condicional, luego de que no se encontraran motivos suficientes por parte del juez 74 Penal con Función de Control de Garantías, Ómar Leonardo Beltrán Castillo, para determinar medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El joven político, que fue imputado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no tendrá casa por cárcel, como se había pedido por parte de la Fiscalía, sino, por el contrario, gozará del derecho de estar en libertad; con la condición de presentarse de manera periódica ante la justicia, en caso de que así lo requiera.
“El despacho accederá, en el caso suyo, a esas medidas no restrictivas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscrpción de la audiencia del compromiso (…) Así también se recava en la cancelación de las órdenes de captura del Juzgado 16 de Garantías”, indicó en su intervención el juez Beltrán Castillo, quien resumió de manera minuciosa el caso en mención.
Esto mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el entramado de corrupción del que se le sindica; y luego de confirmarle al ente acusador que a la campaña de su padre ingresaron dineros de origen ilegal, al parecer por narcotráfico.
Para el juez, es claro que en el caso del hijo mayor del presidente no existe obstrucción a la justicia, “debido a la colaboración de Petro Burgos con las autoridades”. Aunque la condición impuesta por el togado es que no podrá salir de Barranquilla (Atlántico), su sitio de arraigo.
No obstante, “la precaria argumentación de la Fiscalía” hizo que optara por rechazar la petición del ente acusador de dar casa por cárcel a Petro Burgos, inclinó la balanza para que el representante de la justicia dejara libre al diputado del Atlántico.
Por su parte, Daysuris Vásquez Castro, expareja del joven político, y a quien le fueron endilgadas los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también gozará del beneficio de libertad condicional, debido a que ha venido colaborando con la justicia; pues fue ella la primera en denunciar el comportamiento al margen de la ley de quien fue su esposo.
“Frente a Vásquez Castro, la medida procedente era una no privativa de la libertad en la medida de los delitos cometidos. En desarrollo de esa solicitud también se pide que no salga de Colombia y participe en campañas políticas”, resaltó el togado, quien accedió a entregarle esta posibilidad.
“El despacho accederá en el caso concreto suyo a esas medidas no privativas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscripción de diligencia de compromiso con el despacho”, añadió el juez Beltrán en su determinación.
Los detenidos se encontraban recluidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, desde el sábado 29 de julio de 2023, cuando fueron trasladados desde Barranquilla (Atlántico), en donde fueron capturados para que respondieran por sus presuntas conductas delictivas.
En la audiencia, el juez compulsó copias a Petro Burgos y Vásquez Castro por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, debido a los múltiples contratos que celebraron, al parecer, de manera irregular, con la Gobernación del Atlántico, destinados a programas de atención de adultos mayores.
Asimismo, pidió investigar al tío de Day Vásquez, César Emilio Vásquez Buendía, por la presunta comisión del delito de testaferrato, al prestar su nombre para la compra de la casa número 4 del condominio La Herradura, ubicado en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico); avaluado en más de 1.600 millones de pesos.
A su vez, también se compulsaron copias contra el empresario Gustavo De la Ossa Vélez, que funge como propietario de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO); que habría servido de fachada para la suscripción de millonarios contratos con el ente departamental.
Y es que la evidencia presentada por el fiscal Mario Burgos, que expuso de manera detallada lo que serían las prácticas delictivas que tendría como protagonista a Petro Burgos, protagonista principal de esta historia, en la que se le señala de incrementar su patrimonio de manera injustificada en cerca de $1.053 millones de pesos.
“Se pusieron de presente la trazabilidad de gastos de Petro Burgos y Vásquez Castro, en proporcionalidad con los ingresos reales de Nicolás Petro. Se logró establecer que hay bienes en cabezas de terceros”, destacó el juez Beltrán Castillo sobre el particular.
Pero también, el fiscal indicó que Nicolás Petro aceptó haber recibido dineros de Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Malboro, y de Alfonso Hilsaca, el Turco, que iban dirigidos a la campaña de su progenitor; pero que terminaron en su poder. Como también de Óscar Camacho, presentado como un poderoso empresario de Cúcuta.
“El señor Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía la desconocía. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña; los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”, dijo por su parte Burgos.
Sobre el particular, hasta el momento es válido resaltar que solo se conoce que se efectuó el interrogatorio del político con la Fiscalía, el cual se desarrolló el miércoles 2 de agosto, día en que se negó a recibir al presidente en el búnker, extendió por cerca de 12 horas. Y en el que el diputado fue enfático en decir en que Gustavo Petro conocía del origen de los recursos que respaldaron su aspiración; sin que todavía se haya adjuntado al ente acusador el acervo probatorio.
Según el juez, el fiscal designado entregó abundante material, en el que se incluyó una línea de tiempo, desde enero de 2020 hasta la fecha, de los movimientos de Petro Burgos y Vásquez Castro; lo que permitió ver los movimientos de dinero en efectivo que fueron insumo para un estilo de vida lleno de lujos y dinero que tenía el asambleísta, quien compró viviendas y vehículos de alta gama, además de viajes dentro y fuera del país.
“El patrimonio de Petro Burgos se encuentra injustificado en cuanto a sus ingresos. El imputado solo tenía un ingreso y no se pudo determinar ingresos de otra actividad económica”, manifestó el togado.
En la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el juez Beltrán Castillo también hizo énfasis en la forma en que Day Vásquez efectuó el “hackeo” del teléfono móvil de Laura Ojeda: actual pareja del hijo del jefe de Estado, por lo que se le imputó el delito de violación de datos personales; con el auxilio de integrantes de la Policía Nacional.
«Yo lo que pido es justicia para los que hicieron ese crimen con mis hijos. Eso es lo que pido, justicia». Ese es el testimonio del padre de los hermanos Élmer y Wílmer Suchite García, asesinados en sendas masacres ocurridas en Honduras en los últimos días. El país está sumergido en una espiral de violencia, derivando en funerales masivos en medio del llanto y de reclamos de justicia.
«Ellos salieron en punto a las seis de la mañana. La última vez que platiqué con ellos, de allí ya vinieron sin vida aquí a la casa. Y les dije que tuvieran mucho cuidado, que se cuidaran mucho», recuerda este hombre, cuya voz triste es reproducida por la prensa hondureña e internacional.
Los restos de cuatro de los cinco policías asesinados en un operativo antidrogas también fueron inhumados. Los ataúdes de los agentes del orden estaban sellados. Familiares, amigos y compañeros de armas les dieron el último adiós en un ambiente lleno de consternación. Los sepelios se llevaron a cabo en cementerios de Tegucigalpa, San Lorenzo, Teupasenti y Pespire.
Honduras no solo escuchó nuevamente el llanto y el grito de dolor, sino Foto AFP también una voz clamando justicia por la muerte violenta de estas personas, ocurrida en diversos puntos de su territorio.
Los medios recogieron escenas desgarradoras de los familiares de las víctimas antes, durante y después de los entierros colectivos.
«No podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos», expresó categóricamente la Conferencia Episcopal de Honduras ante las matanzas ocurridas en los municipios de Trujillo, en Colón, y de Omoa, Cortés, en la frontera con Guatemala, hechos por los que mostró su «profunda tristeza e indignación».
El Gobierno de la República Democrática del Congo suspendió temporalmente todos los vuelos de pasajeros desde y hacia Bunia, la capital de la provincia del noreste de Ituri, que es el epicentro del continuo brote de ébola, informó el Ministerio de Transporte.
Un brote de ébola fue declarado en Ituri el 15 de mayo, la capital Bunia se encuentra entre las principales áreas afectadas. De acuerdo con un comunicado oficial, a ninguna aeronave le será permitido a aterrizar o despegar desde el Aeropuerto de Bunia hasta nuevo aviso.
El ministerio agregó que todos los vuelos comerciales, privados y especiales desde o hacia Bunia fueron suspendidos. Sin embargo, vuelos con fines humanitarios, médicos y de emergencia podrían ser autorizados sujetos a aprobación especial por parte de autoridades de aviación y médicas.
El brote desde entonces se ha extendido a las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Uganda, que limita con Ituri, también reportó casos confirmados.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el viernes que la situación en RDC es «profundamente preocupante», y citó 82 casos confirmados y siete muertes confirmadas.
Tedros agregó que se cree que la escala actual del brote es significativamente mayor, con cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. «Estos números cambian mientras los esfuerzos de monitoreo y las pruebas de laboratorio mejoran, pero la violencia y la inseguridad impiden la atención», comentó Tedros en una publicación en redes sociales.
El Ministerio de Salud de Uganda dijo hoy que tres nuevos casos de ébola fueron confirmados en el país, lo que incrementó la cifra de casos confirmados a cinco.
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Diecinueve personas podrían estar atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas
Al menos 19 personas podrían estar atrapadas debajo de un edificio en construcción que se derrumbó cerca de Manila en la madrugada del domingo, informó un funcionario del gobierno local.
Las autoridades de la ciudad de Ángeles, a unos 80 kilómetros al norte de la capital filipina, informaron que habían recibido un reporte alrededor de las 03H00 (19H00 GMT del sábado) de que un edificio de concreto de nueve pisos, aún en construcción, se había derrumbado.
El responsable de información de la ciudad, Jay Pelayo, declaró a la AFP que las paredes y el andamiaje del edificio se habían doblado, probablemente atrapando a personas bajo una pila de escombros.
Aunque inicialmente no se reportaron víctimas, «hay 19 trabajadores que normalmente se presentan en la zona, así que estamos tratando de localizar a esas personas ahora», agregó.
«Hay grandes bloques de concreto y necesitamos equipo para levantarlos. Eso es lo que hace que el rescate sea difícil en este momento», añadió el funcionario.
Los primeros reportes indicaban que 24 personas habían sido rescatadas de entre los escombros, así como dos más de un apartahotel que fue alcanzado cuando el edificio se vino abajo, según el gobierno de la ciudad.
«Esperamos que las 19 personas formen parte de esa cifra» y que, por tanto, ya estén contabilizadas, señaló Pelayo.
Los rescatados se encontraban «en condición estable», afirmó.
Aún se desconoce la causa del derrumbe.
