Judicial
Guerra contra la corrupción capítulo: Alberto Romero
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, este miércoles, un antejuicio para poder desaforar al diputado de ARENA, Alberto Romero, a quien acusan por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
«En vista de eso, y contando con un indicio que proviene de una resolución judicial, la Fiscalía General de República amplió las investigaciones y se ha determinado que el diputado tuvo ingresos sin justificar por un monto total de $1,162,388», detalló el titular del Ministerio Público.
Posterior de eso, el parlamentario fue detenido por el delito de resistencia agresiva, informó la Policía Nacional Civil (PNC), quien afirma que el asambleísta insultó a unos agentes policiales.
El diputado será puesto a disposición de la Asamblea Legislativa pues aún goza de fuero, conforme al artículo 238 de la Constitución, explicó la PNC.
La institución indicó que la Asamblea podrá ordenar la detención de Romero hasta por 5 días, según el artículo 14 de la Ley de Imposición de Arresto.
Por su parte, Delgado aseguró que desde el momento en que la Fiscalía recibió las diligencias administrativas realizadas por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los datos fueron analizados y se han acreditado 19 irregularidades presuntamente cometidas por el diputado de ARENA, razón por la que solicitan que se inicie el proceso de antejuicio.
Por su parte, el diputado presidente, Ernesto Castro, aseguró que durante la plenaria de este miércoles 23 la solicitud será llevada al pleno para que sea aprobada e iniciar mañana mismo el trabajo de la comisión especial de antejuicio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, declaró civilmente a Romero culpable por los delitos antes mencionados, por lo que ordenó que devuelva al Estado un total de $445,766.05.
Alberto Romero ha sido procesado civilmente por dos períodos como parlamentario propietario por el partido ARENA: desde el 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012; y del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015.
Tras el fallo civil de la Cámara de Cojutepeque, el parlamentario quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a ocho años de prisión a Valentín Reyes, de 80 años, por el homicidio simple tentado en perjuicio A. C. C. R.
Las juzgadora sostuvo que se acreditó la conducta delincuencial del procesado, quien fue señalado por los testigos como la persona que atacó con un arma blanca a la víctima, dejándola con secuelas de motricidad. Ella se defendió como pudo, corrió por su vida a un lugar donde se refugió. Además, se tomó en cuenta la pericia psiquiátrica en la que se corrobora que el imputado está bien de salud mental y no es un enajenado.
Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2023. La víctima se encontraba en su hora de almuerzo frente al área natural protegida, complejo Taquillo, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad, cuando fue sorprendida por Valentín Reyes, quien portaba un corvo y sin mediar palabra, la atacó, ocasionándole dos heridas. Tras el ataque, la joven señaló que corrió para pedir auxilio en una tienda donde se refugió, debido a que el sujeto la perseguía, al parecer para quitarle la vida.
El procesado llegó hasta el lugar donde se había refugiado la víctima, pero decidió retirarse al escuchar sus gritos y el de una menor de edad que entró en shock al ver lesionada a la joven.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
