Judicial
Guerra contra la corrupción capítulo: Alberto Romero
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, este miércoles, un antejuicio para poder desaforar al diputado de ARENA, Alberto Romero, a quien acusan por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
«En vista de eso, y contando con un indicio que proviene de una resolución judicial, la Fiscalía General de República amplió las investigaciones y se ha determinado que el diputado tuvo ingresos sin justificar por un monto total de $1,162,388», detalló el titular del Ministerio Público.
Posterior de eso, el parlamentario fue detenido por el delito de resistencia agresiva, informó la Policía Nacional Civil (PNC), quien afirma que el asambleísta insultó a unos agentes policiales.
El diputado será puesto a disposición de la Asamblea Legislativa pues aún goza de fuero, conforme al artículo 238 de la Constitución, explicó la PNC.
La institución indicó que la Asamblea podrá ordenar la detención de Romero hasta por 5 días, según el artículo 14 de la Ley de Imposición de Arresto.
Por su parte, Delgado aseguró que desde el momento en que la Fiscalía recibió las diligencias administrativas realizadas por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los datos fueron analizados y se han acreditado 19 irregularidades presuntamente cometidas por el diputado de ARENA, razón por la que solicitan que se inicie el proceso de antejuicio.
Por su parte, el diputado presidente, Ernesto Castro, aseguró que durante la plenaria de este miércoles 23 la solicitud será llevada al pleno para que sea aprobada e iniciar mañana mismo el trabajo de la comisión especial de antejuicio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, declaró civilmente a Romero culpable por los delitos antes mencionados, por lo que ordenó que devuelva al Estado un total de $445,766.05.
Alberto Romero ha sido procesado civilmente por dos períodos como parlamentario propietario por el partido ARENA: desde el 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012; y del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015.
Tras el fallo civil de la Cámara de Cojutepeque, el parlamentario quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
