Judicial
Guerra contra la corrupción capítulo: Alberto Romero
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, este miércoles, un antejuicio para poder desaforar al diputado de ARENA, Alberto Romero, a quien acusan por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
«En vista de eso, y contando con un indicio que proviene de una resolución judicial, la Fiscalía General de República amplió las investigaciones y se ha determinado que el diputado tuvo ingresos sin justificar por un monto total de $1,162,388», detalló el titular del Ministerio Público.
Posterior de eso, el parlamentario fue detenido por el delito de resistencia agresiva, informó la Policía Nacional Civil (PNC), quien afirma que el asambleísta insultó a unos agentes policiales.
El diputado será puesto a disposición de la Asamblea Legislativa pues aún goza de fuero, conforme al artículo 238 de la Constitución, explicó la PNC.
La institución indicó que la Asamblea podrá ordenar la detención de Romero hasta por 5 días, según el artículo 14 de la Ley de Imposición de Arresto.
Por su parte, Delgado aseguró que desde el momento en que la Fiscalía recibió las diligencias administrativas realizadas por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los datos fueron analizados y se han acreditado 19 irregularidades presuntamente cometidas por el diputado de ARENA, razón por la que solicitan que se inicie el proceso de antejuicio.
Por su parte, el diputado presidente, Ernesto Castro, aseguró que durante la plenaria de este miércoles 23 la solicitud será llevada al pleno para que sea aprobada e iniciar mañana mismo el trabajo de la comisión especial de antejuicio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, declaró civilmente a Romero culpable por los delitos antes mencionados, por lo que ordenó que devuelva al Estado un total de $445,766.05.
Alberto Romero ha sido procesado civilmente por dos períodos como parlamentario propietario por el partido ARENA: desde el 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012; y del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015.
Tras el fallo civil de la Cámara de Cojutepeque, el parlamentario quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
