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Gobierno nicaragüense desplegó miles de policías para evitar procesiones de Semana Santa
Unos cuatro mil policías fueron desplegados esta Semana Santa alrededor de los templos católicos en Nicaragua para evitar que se produjeran procesiones religiosas en las calles, mientras el régimen promueve actividades bajo la figura de “tradiciones populares” a través del Instituto de Turismo, la Policía y las alcaldías municipales.
Unas 400 parroquias del país recibieron notificaciones policiales donde se les prohíbe salir a las calles con las tradicionales procesiones religiosas de Semana Santa, según explicó la abogada Martha Patricia Molina, quien se ha dedicado los últimos años a investigar y exponer la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua.
El despliegue policial fue calculado por Molina de acuerdo con la cantidad de agentes reportados en cada parroquia del país.
Según Molina, unas 4800 actividades religiosas que tradicionalmente se realizaban en las calles de pueblos y ciudades no se realizan este año, y algunas parroquias decidieron hacer sus celebraciones dentro o alrededor de las iglesias, donde aún se les permite hacer actividades.
La investigadora dice que las notificaciones policiales que reciben los sacerdotes no explican las razones de las prohibiciones y se limitan a expresar la “no autorización” para los eventos en la forma que tradicionalmente se realizaban.
El domingo 24 de marzo, Domingo de Ramos en la celebración católica, se registró un incremento de la vigilancia policial y paramilitar en los templos. “Por los menos había dos policías en cada iglesia y, en algunas iglesias llegaron varias patrullas con agentes de Operaciones Especiales”, afirma Molina.
Los policías buscan intimidar a los feligreses con su presencia y la toma de fotografías, dice.
El periodista Miguel Mendoza reportó en su cuenta de X que la policía de Nicaragua capturó a cuatro jóvenes que se habían disfrazado de judíos para visitar las casas aledañas, como parte de las tradiciones de Semana Santa”. Mendoza afirmó que la captura se produjo con lujo de violencia y hasta este viernes los jóvenes no habían sido liberados.
El régimen de Daniel Ortega mantiene una ofensiva contra la iglesia católica de Nicaragua que, desde abril del 2018, cuando se produjeron masivas protestas ciudadanas, hasta enero de este año pasado, registraba 812 ataques, según el recuento que lleva la abogada Martha Patricia Molina en su informe “Una iglesia perseguida”.
Estos ataques comprenden encarcelamientos, agresiones físicas, expulsiones del país, profanaciones a los ritos y símbolos religiosos y destierros de sacerdotes, laicos, obispos y monjas, entre otros.
El año pasado, el régimen decidió prohibir las celebraciones callejeras de Semana Santa y durante el mes de abril encarceló al menos a 13 personas vinculadas a las celebraciones religiosas tradicionales, entre ellas un periodista que informó sobre los eventos.
El periodista Víctor Ticay fue detenido el 6 de abril de 2023, un día después de informar sobre una procesión religiosa en Nandaime, Granada, y el 17 de agosto de ese mismo año fue condenado a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de “propagación de noticias falsas” y “traición a la patria”.
A pesar de la presencia intimidante de los policías, los feligreses se congregaron en los templos y están realizando algunas actividades dentro de las iglesias o alrededor de ellas. “Domingo de Ramos con presencia policías y paramilitares a lo interno y externo de las parroquias. Tomaban fotos y videos a los laicos. Un domingo bajo extremo asedio”, expresó la abogada Molina en su cuenta de X.
Mientras esto sucede en los templos, el régimen nicaragüense se dispuso a ejecutar un calendario de actividades bajo la etiqueta de “tradiciones populares” a través de la Policía, las alcaldías del país y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).
“El buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, en celebración de la Semana Santa y Pascuas en Nicaragua, durante este año 2024, estará desarrollando una serie de acciones y actividades para promover la cultura, tradiciones, gastronomía y los diferentes destinos turísticos de la tierra de lagos y volcanes, que nos hacen únicos y originales”, proclamó el Intur al anunciar su “estrategia de Semana Santa y Pascuas en Nicaragua”.
Martha Patricia Molina aseguró que, igualmente, las “alcaldías están convocando a actividades religiosas de Semana Santa sin autorización y participación de la iglesia católica”.
Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidente del país, destacó, sin embargo, las celebraciones de esta semana, sin mencionar las prohibiciones policiales a las procesiones religiosas.
“Nuestra Nicaragua llena de fe, llena de devoción, genuina devoción, nuestra Nicaragua que vive esta semana mayor, Semana Santa, como acostumbramos, en tradiciones plenas, tradiciones que llevan la devoción de un pueblo cristiano, de familias cristianas, socialistas, solidarias, de familias que somos amor al prójimo, y que creemos, y creamos, el bien común”, señaló Murillo este lunes 25 de marzo a través de una intervención radial.
Y como es su costumbre, dedicó parte de su intervención a quienes se oponen a su régimen. “Viviendo con amor, desterrando el odio, desterrando a tantos malévolos, pocos ya. ¡Pocos ya! Creo yo que, bueno, habrá quienes no se aburran de ser perversos y de pronunciarse y activarse contra la paz, habrá quienes no se aburran, pero, en general, cuando vemos una comunidad humana afligida por el odio, dolida por el odio, debemos entender que ese no es el camino, que el camino es el camino de Cristo Jesús: amor al prójimo, amor entre nosotros, hermandad, fraternidad, y vida con dignidad”.
El despliegue policial contra las actividades religiosas se produce a pesar de que el pasado 7 de marzo, Murillo afirmó en su mensaje de felicitación por el cumpleaños del cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, que atrás quedaban “los días de las campanas y los cristales rotos”, que auguraba una distensión entre el régimen y la Iglesia católica.
El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó el primer caso humano de miasis causada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito conocido como “come-carne”.
Según el reporte, el paciente había viajado recientemente a El Salvador. El diagnóstico fue verificado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Maryland.
“El riesgo para la salud pública en Estados Unidos es muy bajo”, aseguró Emily G. Hilliard, portavoz del Departamento de Salud.
Este parásito, común en algunas zonas de Centroamérica y México, representa una amenaza para el ganado, la fauna silvestre y las mascotas. Durante las décadas de 1980 y 1990 provocó brotes severos en la región, que fueron erradicados a gran costo, pero en los últimos dos años ha vuelto a aparecer.
Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas, sumándose a países como Australia y Países Bajos que buscan limitar el acceso de los menores a las redes sociales, informó la Asamblea Nacional.
La norma, que entrará en vigor en marzo de 2026, restringe el uso de dispositivos móviles, incluidos los teléfonos inteligentes, salvo en casos necesarios para apoyar a estudiantes con discapacidades o para fines educativos, explicó una portavoz del Parlamento a la AFP.
El Ministerio de Educación señaló que la medida busca proteger el derecho de los estudiantes a aprender y respaldar las actividades docentes. Aunque algunos legisladores expresaron preocupación sobre posibles violaciones a los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que limitar el uso de móviles en el aula no contraviene dichos derechos debido a su impacto negativo en el aprendizaje y el bienestar emocional de los alumnos.
No obstante, la ley recibió críticas de grupos como el Partido Jinbo, que la calificó de restrictiva y aseguró que infringe los derechos digitales y el derecho a la educación de los estudiantes.
Una sesión del Senado mexicano terminó en un enfrentamiento físico este miércoles, cuando los legisladores Gerardo Fernández Noroña, del oficialista partido de izquierda, y Alejandro Moreno, del PRI, se trenzaron a golpes tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición a Estados Unidos para intervenir contra los cárteles del narcotráfico.
El conflicto surgió luego de que Moreno denunciara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por supuestos nexos con cárteles mexicanos, acusaciones que Fernández Noroña rechazó. Durante la sesión, Moreno subió a la tribuna, empujó y golpeó a Noroña y tiró al suelo a un hombre que intentó interponerse.
La tensión se incrementó porque la mayoría oficialista acusó al PRI y al PAN de promover una intervención militar extranjera, señalamientos que los partidos niegan. Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia contra Moreno por lesiones y solicitará el retiro de su fuero legislativo. Por su parte, Moreno acusó a Noroña de haber iniciado la agresión.
El enfrentamiento ocurre en un contexto de investigaciones sobre posibles actos de corrupción de ambos legisladores: Moreno enfrenta un proceso por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019), mientras que Noroña fue criticado por poseer una vivienda valuada en aproximadamente 640.000 dólares.
El incidente se suma a la creciente preocupación por la violencia vinculada a los cárteles en la región, en medio de recientes declaraciones de medios internacionales sobre órdenes del expresidente estadounidense Donald Trump de que las fuerzas armadas combatan a organizaciones criminales latinoamericanas designadas como “terroristas” globales.
