Internacionales
Gobierno nicaragüense desplegó miles de policías para evitar procesiones de Semana Santa
Unos cuatro mil policías fueron desplegados esta Semana Santa alrededor de los templos católicos en Nicaragua para evitar que se produjeran procesiones religiosas en las calles, mientras el régimen promueve actividades bajo la figura de “tradiciones populares” a través del Instituto de Turismo, la Policía y las alcaldías municipales.
Unas 400 parroquias del país recibieron notificaciones policiales donde se les prohíbe salir a las calles con las tradicionales procesiones religiosas de Semana Santa, según explicó la abogada Martha Patricia Molina, quien se ha dedicado los últimos años a investigar y exponer la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua.
El despliegue policial fue calculado por Molina de acuerdo con la cantidad de agentes reportados en cada parroquia del país.
Según Molina, unas 4800 actividades religiosas que tradicionalmente se realizaban en las calles de pueblos y ciudades no se realizan este año, y algunas parroquias decidieron hacer sus celebraciones dentro o alrededor de las iglesias, donde aún se les permite hacer actividades.
La investigadora dice que las notificaciones policiales que reciben los sacerdotes no explican las razones de las prohibiciones y se limitan a expresar la “no autorización” para los eventos en la forma que tradicionalmente se realizaban.
El domingo 24 de marzo, Domingo de Ramos en la celebración católica, se registró un incremento de la vigilancia policial y paramilitar en los templos. “Por los menos había dos policías en cada iglesia y, en algunas iglesias llegaron varias patrullas con agentes de Operaciones Especiales”, afirma Molina.
Los policías buscan intimidar a los feligreses con su presencia y la toma de fotografías, dice.
El periodista Miguel Mendoza reportó en su cuenta de X que la policía de Nicaragua capturó a cuatro jóvenes que se habían disfrazado de judíos para visitar las casas aledañas, como parte de las tradiciones de Semana Santa”. Mendoza afirmó que la captura se produjo con lujo de violencia y hasta este viernes los jóvenes no habían sido liberados.
El régimen de Daniel Ortega mantiene una ofensiva contra la iglesia católica de Nicaragua que, desde abril del 2018, cuando se produjeron masivas protestas ciudadanas, hasta enero de este año pasado, registraba 812 ataques, según el recuento que lleva la abogada Martha Patricia Molina en su informe “Una iglesia perseguida”.
Estos ataques comprenden encarcelamientos, agresiones físicas, expulsiones del país, profanaciones a los ritos y símbolos religiosos y destierros de sacerdotes, laicos, obispos y monjas, entre otros.
El año pasado, el régimen decidió prohibir las celebraciones callejeras de Semana Santa y durante el mes de abril encarceló al menos a 13 personas vinculadas a las celebraciones religiosas tradicionales, entre ellas un periodista que informó sobre los eventos.
El periodista Víctor Ticay fue detenido el 6 de abril de 2023, un día después de informar sobre una procesión religiosa en Nandaime, Granada, y el 17 de agosto de ese mismo año fue condenado a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de “propagación de noticias falsas” y “traición a la patria”.
A pesar de la presencia intimidante de los policías, los feligreses se congregaron en los templos y están realizando algunas actividades dentro de las iglesias o alrededor de ellas. “Domingo de Ramos con presencia policías y paramilitares a lo interno y externo de las parroquias. Tomaban fotos y videos a los laicos. Un domingo bajo extremo asedio”, expresó la abogada Molina en su cuenta de X.
Mientras esto sucede en los templos, el régimen nicaragüense se dispuso a ejecutar un calendario de actividades bajo la etiqueta de “tradiciones populares” a través de la Policía, las alcaldías del país y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).
“El buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, en celebración de la Semana Santa y Pascuas en Nicaragua, durante este año 2024, estará desarrollando una serie de acciones y actividades para promover la cultura, tradiciones, gastronomía y los diferentes destinos turísticos de la tierra de lagos y volcanes, que nos hacen únicos y originales”, proclamó el Intur al anunciar su “estrategia de Semana Santa y Pascuas en Nicaragua”.
Martha Patricia Molina aseguró que, igualmente, las “alcaldías están convocando a actividades religiosas de Semana Santa sin autorización y participación de la iglesia católica”.
Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidente del país, destacó, sin embargo, las celebraciones de esta semana, sin mencionar las prohibiciones policiales a las procesiones religiosas.
“Nuestra Nicaragua llena de fe, llena de devoción, genuina devoción, nuestra Nicaragua que vive esta semana mayor, Semana Santa, como acostumbramos, en tradiciones plenas, tradiciones que llevan la devoción de un pueblo cristiano, de familias cristianas, socialistas, solidarias, de familias que somos amor al prójimo, y que creemos, y creamos, el bien común”, señaló Murillo este lunes 25 de marzo a través de una intervención radial.
Y como es su costumbre, dedicó parte de su intervención a quienes se oponen a su régimen. “Viviendo con amor, desterrando el odio, desterrando a tantos malévolos, pocos ya. ¡Pocos ya! Creo yo que, bueno, habrá quienes no se aburran de ser perversos y de pronunciarse y activarse contra la paz, habrá quienes no se aburran, pero, en general, cuando vemos una comunidad humana afligida por el odio, dolida por el odio, debemos entender que ese no es el camino, que el camino es el camino de Cristo Jesús: amor al prójimo, amor entre nosotros, hermandad, fraternidad, y vida con dignidad”.
El despliegue policial contra las actividades religiosas se produce a pesar de que el pasado 7 de marzo, Murillo afirmó en su mensaje de felicitación por el cumpleaños del cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, que atrás quedaban “los días de las campanas y los cristales rotos”, que auguraba una distensión entre el régimen y la Iglesia católica.
Una violenta tormenta de piedras de hielo de tamaño extraordinario azotó el sur de Brasil y provocó daños severos en quince ciudades del sur del país. Según las autoridades, en algunas, cerca del 80 % de las viviendas han quedado afectadas, además, dejó el saldo de 150 personas heridas y más de 25,000 afectados.
El estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico extraordinario: una precipitación de granizo gigante que ha provocado un caos generalizado, con daños severos en los vehículos, viviendas, infraestructuras y cultivos de varias ciudades.
El episodio se ha producido en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región, por el que el Instituto Nacional de Meteorología había emitido alertas, precisamente, por posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 100 km/h en varias zonas del sur del país.
Las imágenes de vídeo compartidas en la red muestran enormes bolas de hielo cayendo con una violencia inusitada, acumulándose en calles y campos, interrumpiendo carreteras y generando alarma entre la población.
Según los primeros informes de la Defensa Civil del estado, al menos 15 municipios han resultado afectados por el fenómeno. En localidades como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Montenegro o Canudos do Vale, se han registrado daños en los tejados de centenares de viviendas y árboles y postes de luz derribados por la fuerza de las piedras.
Un nuevo informe señala que en 2024 se registraron 2,967 ataques contra la Policía, la cifra más alta en la historia del país.
Es decir, más de 8 ataques diarios, dejando a 804 agentes heridos. El 53 % de estas agresiones fueron cometidas por inmigrantes ilegales, en su mayoría bajo influencia del alcohol o las drogas.
Asimismo, en 5,700 estaciones de tren se cometieron 381,894 delitos, un incremento del 51 % en comparación a 2019.
Los abusos o aprovechamiento hacia mujeres fue uno de los delitos más frecuentes en 2024 con 2,262 un 19.2 % más que el año anterior.
Internacionales
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.
