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Política

Estabilizarán los precios de los permisos de pesca comercial

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Los diputados de la Comisión Agropecuaria emitieron dictamen favorable para reformar el artículo 64 de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura, para favorecer a los pescadores artesanales que representan el 90% del sector.

La diputada de Nuevas Ideas, Norma Lobo, quien introdujo esta iniciativa, explicó que cada vez que aumenta el salario mínimo, para los pescadores incrementan los precios de los permisos que deben tener vigentes para poder ejercer su labor.

“En este artículo, que es sobre autorizaciones para la pesca, estamos discutiendo que el monto que se incrementó por el salario mínimo se quede sin efecto”, detalló la parlamentaria.

Así, el precio del carnet quedaría en $1.37, y el del carnet individual en $2.72, desafectando a este sector por el pago de sus respectivos permisos.

Además, los legisladores aprobaron en el dictamen incorporar al artículo 64 un inciso que la vieja Asamblea eliminó en 2017, que está referido a la pesca de cerco (industrial), que establecía que debían pagar un monto por tonelaje de producto exportado.

“Al momento de quitar este monto, la industria no pagaba ese aporte a la institución (Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, CENDEPESCA) y quedó desprotegida sin ese ingreso”, señaló la legisladora.

De esta forma, CENDEPESCA comenzará a percibir más de un millón de dólares anuales. La anterior legislatura privó a la institución de este ingreso sin hacer las consultas respectivas y sin estudio en comisión.

La diputada de Nuevas Ideas reiteró que el Gobierno tiene el compromiso por proteger al sector pesquero artesanal. Durante la pandemia, el Presidente de la República, Nayib Bukele, distribuyó $300 para cada pescador. Asimismo, se levantó el registro de pescadores y, luego de la crisis sanitaria, se les entregó como capital semilla $450 a cada trabajador para recuperarse de las pérdidas.

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Política

La CCR finalizó auditorías de todos los ministerios

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Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.

El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.

«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».

Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.

«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.

También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.

Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.

Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.

Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.

 

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Política

TSE presenta memoria de labores 2024-2025

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.

Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.

Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.

«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.

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Política

Junta de Vigilancia Electoral prevé desarrollar más de 60 misiones por voto en el exterior

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Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.

El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.

«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.

Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.

Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.

A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.

En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.

Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.

«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.

Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley

«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.

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