Internacionales
EE.UU. sanciona a 250 funcionarios de Nicaragua al cumplirse 7 años de protestas
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Será Donald Trump quien decidirá qué petroleras tienen su bendición y protección para operar en Vene zuela, después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos sacaron de la ecuación hace una semana al depuesto presidente Nicolás Maduro, quien ahora guarda prisión junto con su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York.
Trump y su equipo se reunieron ayer en la Casa Blanca, ante la mirada y preguntas de la prensa, con una veintena de empresas multinacionales petroleras y del sector energía. Los poderosos empresarios acudieron al llamado del republicano, pero demostraron gran cautela a la hora de hacer compromisos de comenzar a invertir de inmediato en Venezuela, como es el deseo de Trump, sin seguridad jurídica, un marco comercial establecido y estabilidad política.
«Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela», advirtió el mandatario, que busca que los inversores pongan $100,000 millones para reactivar la anticuada infraestructura venezolana, ya sea plantas petroleras o eléctricas.
En la rueda de prensa participaron los altos ejecutivos de ExxonMobil, Cono coPhillips, Continental Resources, Valero, Marathon Petroleum, Raisa Energy, Hil corp Energy, Aspect Holdings, Tallgrass Energy, Halliburton y Chevron, la única que sobrevivió a la era de las expropiaciones de Hugo Chávez, todos de Estados Unidos. Del ámbito internacional acudie ron Repsol, Shell, Eni, y Vitol Americas.
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue tajante. Explicó que hoy por hoy no se puede invertir en Venezuela. «Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no se puede invertir, por lo que es necesario realizar cambios significativos en esos marcos comercia les y en el sistema legal. Debe haber protecciones duraderas para la inversión y debe haber una reforma en la legislación sobre hidrocarburos del país», expresó Woods, que también le recordó a Trump que la gigantesca petrolera perdió todos sus recursos dos veces a manos del chavismo.
Fue en 2007 que la empresa abandonó Venezuela, cuando Chávez nacionalizó a la industria y esta no se doblegó y terminó perdiendo sus activos.
El director ejecutivo de ConocoPhi llips, Ryan Lance, elogió a Trump, como todos en la mesa, pero tampoco hizo compromisos. Conoco, dijo Lance, perdió $12,000 millones ante Chávez. Una buena «amortización», le respondió a Trump.
«Todo va a salir muy bien y habrá mucho dinero de sobra y ese será para Estados Unidos», señaló Trump.
«Son las compañías más grandes del mundo. Saben los riesgos. Los vamos a ayudar y van a estar ahí [en Venezuela] por mucho tiempo. Estaremos ahí, juntos, por mucho tiempo. Estarán haciendo que bajen los precios del petróleo. Estados Unidos será un gran beneficiario por lo que hemos hecho», añadió. El dirigente también dijo que cree que las compañías petroleras utilizarían principalmente trabajadores venezolanos en el terreno, además de estadounidenses.
«Bueno, habrá estadounidenses. Supongo que van a utilizar a muchos estadounidenses, pero me imagino que van a utilizar a mucha gente de Venezuela y otros lugares. Pero creo que sobre todo utilizarán trabajadores venezolanos», acotó. Harold Hamm, fundador de Continental Resources y amigo de Trump, tampoco se mostró positivo, destacando que necesita estabilidad política y regulatoria para invertir.
Para Trump, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez está cooperando con él de la forma adecuada. «Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están “Buscando la Paz” […], por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada», escribió también ayer el presidente en su plataforma Truth.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes que estaban explorando la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, mientras una delegación del gobierno de Trump visitaba la nación sudamericana.
La visita marca un paso importante hacia el deshielo de las relaciones entre los gobiernos, históricamente adversarios.
El acercamiento ocurre menos de una semana después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York, para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas.
El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y un grupo de seguridad viajó a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno de Venezuela anunció el viernes que tiene previsto enviar una delegación a Estados Unidos, pero no especificó cuándo.
Es probable que cualquier delegación que viaje a Estados Unidos requiera que el Departamento del Tesoro levante las sanciones.
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En un comunicado, el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el acercamiento, explicando que «ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países».
El presidente Donald Trump ha presionado a Rodríguez y a otros antiguos leales a Maduro que ahora están en el poder para que impulsen su visión del futuro de la nación, uno de cuyos aspectos principales sería revitalizar el papel de las empresas petroleras estadounidenses en un país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.
La diputada Gladys Aurora López, miembro de la bancada del Partido Nacional de Honduras, fue atacada con un explosivo mientras daba declaraciones en el edificio del parlamento.
La diputada se encontraba cerca de un elevador contestando preguntas de los periodistas en el parlamento de Honduras, cuando fue víctima del ataque.
Tras la explosión la diputada hondureña sufrió lesiones en la parte posterior de la cabeza y la espada, informaron medios de comunicación locales.
“No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”, dijo el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, reaccionando al ataque.
Hasta el cierre de esta nota la policía hondureña no ha informado sobre la detención de sospechosos de cometer el atentado.
