Internacionales
EE.UU. sanciona a 250 funcionarios de Nicaragua al cumplirse 7 años de protestas
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Dos policías murieron y un tercero resultó herido el martes durante un tiroteo en una propiedad rural en Porepunkah, localidad ubicada entre Melbourne y Canberra, Australia, informaron las autoridades.
El comisario de Policía de Victoria, Mike Bush, señaló que el sospechoso continúa prófugo, está fuertemente armado y representa un peligro para la comunidad. “Se enfrentaron al atacante y fueron asesinados a sangre fría”, declaró Bush.
Las víctimas fueron identificadas como un detective de 59 años y un agente de 35. El oficial herido fue sometido a cirugía y su estado de salud no representa riesgo de vida.
El tiroteo ocurrió cuando diez policías ingresaron a la propiedad rural para ejecutar una orden de búsqueda. Según las autoridades, el atacante logró escapar entre los arbustos, dejando atrás a su esposa y dos hijos.
Se recomendó a la población de Porepunkah permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso, mientras la policía intensifica la búsqueda del sospechoso. “Nuestra prioridad es arrestarlo para que responda por sus acciones y garantizar la seguridad de la comunidad”, añadió Bush.
Internacionales
Motín en cárcel juvenil de Guatemala deja empleados como rehenes por traslado de líderes de pandillas
Internos del Centro Especializado de Reinserción Juvenil en la capital de Guatemala tomaron este lunes como rehenes a tres empleados del centro, en un nuevo motín atribuido a represalias por el traslado de líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a la cárcel de máxima seguridad Renovación I.
El gobierno reubicó el 30 de julio a 10 cabecillas de estas pandillas, quienes permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares. Desde entonces se han registrado motines en cinco cárceles del país, en los que se han tomado guardias como rehenes, aunque fueron liberados sin incidentes mayores; en agosto, un vigilante murió durante una revuelta en la cárcel El Boquerón.
El presidente Bernardo Arévalo confirmó la toma de rehenes y aseguró que la Secretaría de Bienestar Social y el Ministerio de Gobernación trabajan para resolver la situación. “Los motines han surgido a partir de la decisión de poner en aislamiento a los cabecillas de las dos principales pandillas del país”, indicó el mandatario.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y ciudadanos, y también operan en Honduras. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros desde 2022 bajo un régimen de excepción, criticado por organizaciones de derechos humanos.
Internacionales
“Mayo” Zambada se declara culpable de narcotráfico en EE. UU. y enfrenta cadena perpetua
Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable de narcotráfico ante un tribunal federal de Nueva York, decisión que le permitirá evitar un juicio pero que podría condenarlo a pasar el resto de su vida en prisión.
Zambada, de 75 años, aceptó los cargos de empresa criminal continuada y conspiración para lavar dinero, cometer asesinatos, secuestros y traficar drogas. Durante la audiencia, reconoció haber enviado más de 1,500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como haber pagado sobornos a autoridades mexicanas.
El narcotraficante deberá pagar además una multa de 15,000 millones de dólares. La sentencia fue fijada para el 13 de enero de 2026, y el juez Brian Cogan adelantó que el principal cargo en su contra es castigado con cadena perpetua.
En su declaración, Zambada pidió perdón a las víctimas de la violencia generada por el cártel y llamó a la población de Sinaloa a mantener la calma y evitar la violencia en medio de la disputa con los herederos de Joaquín “Chapo” Guzmán.
La fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena de muerte en su caso. Por su parte, la defensa aclaró que no existe ningún acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos.
La resolución judicial marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones contra los líderes históricos del cártel de Sinaloa, tras la condena a cadena perpetua del “Chapo” Guzmán en 2018.
