Internacionales
EE.UU. pide a México y Ecuador resolver sus diferencias con normas internacionales
El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó su rechazo ante la irrupción de la policía de Ecuador en la embajada de México en Quito y exhortó a los dos aliados de Washington a “resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales”.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, indicó que “Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se toma muy en serio las obligaciones de los países bajo la ley internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.
La noche de este viernes, miembros de la policía de Ecuador ingresaron a la embajada mexicana en Quito para aprehender al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había recibido asilo político por el Gobierno de López Obrador y se encontraba desde diciembre pasado en la sede diplomática mexicana.
”México y Ecuador son socios cruciales de los Estados Unidos y ponemos un alto valor a nuestras relaciones con ambos países. Urgimos a las dos naciones a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales”, añade el comunicado del Departamento de Estado.
El recinto diplomático de Ecuador en Ciudad de México estuvo resguardado desde la noche de este viernes, cuando México rompió relaciones diplomáticas con la nación sudamericana, al asegurar que se violó el derecho internacional, en específico, la Convención de Viena.
La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó este sábado que la decisión de ingresar en la embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas se dio porque que existía un “riesgo real de fuga inminente” y que Ecuador ya había “agotado el diálogo diplomático con México respecto a este tema”.
“La decisión del presidente de la República (Daniel Noboa) fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la Justicia en ejercicio de nuestra soberanía”, dijo Sommerfeld en una declaración de prensa en la que defendió que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales”.
La titular de Exteriores ecuatoriana también señaló que el Gobierno de Noboa actuó “en defensa de la democracia, la paz y la seguridad de los ecuatorianos” ante un “abuso de las inmunidades y privilegios”.
Subrayó, además, que “la Embajada de México (disponía de) toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura por delito de peculado” dispuesta contra Glas, y denunció que la concesión de asilo “contraviene claramente el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, así como varias convenciones del Derecho Internacional.
“Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y estar de acuerdo con ellas, viéndose obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”, expresó la ministra.
Las declaraciones de Exteriores llegan después de que el propio Daniel Noboa respaldara la entrada de un operativo policial en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glas esgrimiendo que la condena previa contra el ex funcionario ecuatoriano prevalecía sobre una condición de asilado político.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
