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Autoridades han interpuesto más de 1 mil multas por incremento al pasaje
Al menos 1,000 infracciones de tránsito se han impuesto a motoristas de diferentes rutas del transporte colectivo por el incremento a la tarifa del pasaje.
Dicha cifra fue confirmada por el titular del Viceministerio de Transporte (VMT) Saúl Castelar esta mañana mientras verificaban el cumplimiento de la tarifa establecida.
«Estamos garantizando que los conductores tengan su documentación en regla, y las condiciones de las unidades. Los accidentes tienden a incrementarse en estas fechas, y por eso estamos con acciones para brindar seguridad vial», informó Castelar.
La verificación del cobro de la tarifa se ha fortalecido desde marzo de 2022, como parte de las medidas ante la inflación mundial.
A la fecha, el 90 % de las unidades fueron supervisadas, y se han impuesto más de 1,000 multas a los diferentes operadores y se han iniciado 59 procesos sancionatorios.
«Pueden implicar sanciones más fuertes, como la suspensión del subsidio, la pérdida de los permisos o concesiones si hay una reiteración (de la falta). Estamos verificando el funcionamiento de las unidades», dijo Raúl López Velado, director de Transporte Terrestre.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada continúan garantizando que los usuarios del transporte público de pasajeros viajen seguros en buses y microbuses, esto en el marco del Plan Transporte Seguro.
Los agentes policiales se han movilizado en las diferentes rutas que circulan entre el centro de San Salvador y Soyapango para prevenir cualquier tipo de hechos delictivos en las unidades.
“Nuestros equipos verifican que los usuarios que viajan en las rutas del transporte público en el oriente del país se trasladen seguros a sus destinos. No vamos a permitir ningún acto delincuencial en contra de pasajeros y transportistas”, dijo la PNC por medio de Twitter.
De acuerdo con datos del Viceministerio de Transporte (VMT), en el país existen 1,266 rutas que brindan servicio de transporte a la población; los registros oficiales también indican que en el territorio circulan 10,150 unidades, de las cuales 6,787 son buses y 3,363 son microbuses.
El pasado 28 de julio, por orden del presidente Nayib Bukele, fue desplegado un contingente de 2,000 efectivos entre policías y soldados para proporcionar seguridad a todos los usuarios del transporte público de pasajeros a escala nacional.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en Bélgica por violación, decisión que la corte de Amberes consideró el jueves sin precedentes.
Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está reglamentado, y Amberes figura entre las ciudades que reivindica proteger a las personas que declaran esta actividad, en su gran mayoría mujeres.
No es excepcional que trabajadores sexuales acudan a la justicia cuando no son pagados por sus clientes, según una portavoz de la corte de apelaciones de Amberes contactada por AFP.
Pero es la primera vez que un rechazo de pago o «una astucia» como mostrar un falso justificativo de pago es considerado en un proceso como falta de consentimiento en la relación sexual, y por lo tanto violación, agregó la portavoz.
Según la corte, el código penal belga estipula que «hay violación cuando hubo penetración sexual a una persona que no consintió».
Por lo tanto «no hay consentimiento si el acto sexual se realizó con engaño u otro comportamiento castigable», señaló.
En su decisión, la corte de apelaciones consideró que el hombre engañó deliberadamente a su víctima al simular que efectuaba un pago a través de su aplicación bancaria.
Ocurrió seis veces con ella, cuando el cliente le mostró para engañarla la pantalla del teléfono donde aparecía una transacción no firmada o una correspondiente a un pago anterior que, si funcionó, indicó la corte.
El hombre, búlgaro de unos 30 años de edad, dijo que actuó bajo los efectos de la cocaína, según la portavoz.
Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso y tiene la obligación de hacer una psicoterapia y someterse a controles regulares que prueben que ya no consume droga.
Un grupo de 89 cristianos secuestrados desde mediados de enero tras un ataque de bandas armadas contra tres iglesias en Nigeria fue liberado este jueves.
Los fieles, vestidos con camisetas naranjas, llegaron en un autobús escoltado por las fuerzas de seguridad y fueron acogidos por el gobernador del estado de Kaduna, Uba Sani.
La autoridad de este estado del norte de Nigeria afirmó que en total 183 personas fueron secuestradas, 11 lograron escapar y 83 regresaron hace unos días.
El secuestro masivo tuvo lugar el 18 de enero durante un ataque contra iglesias durante la misa dominical en una zona remota del estado de Kaduna.
Las circunstancias de la liberación no fueron reveladas. El pago de rescates es ilegal en Nigeria, pero hay sospechas de que el gobierno recurre habitualmente a esta práctica.
La semana pasada, un líder tradicional informó que la mitad de los secuestrados en realidad lograron huir durante el ataque y se escondieron en otras aldeas.
El país más poblado de África experimentó un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre. Estados Unidos acusó al país de ser incapaz de frenar esta violencia.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó a finales de 2025 a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio». A finales de diciembre Estados Unidos lanzó ataques en el estado de Sokoto, en el noroeste, contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico.
La ola de secuestros de finales del año pasado llevó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar el estado de emergencia de seguridad nacional y a lanzar una campaña de reclutamiento de soldados y policías para combatir la inseguridad.
