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Asesinos de familia Pimentel reciben más de 250 años de cárcel
Tres integrantes de la estructura criminal MS que participaron en la masacre de cinco miembros de la familia Pimentel en el municipio de Nahuizalco, en Sonsonate, fueron condenados a más de 250 años de prisión en horas del mediodía de este lunes por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana.
Los condenados fueron identificados como Ronald Isaías Aguilar Valencia, reconocido como alias “Chufle o Tramposo”; Leonidas Abel Cardona Ancheta, de alias “Diácono” y Víctor Manuel Lúe Arias, alias “Renka”.
El juez determinó que todos ellos son responsables de asesinar con lujo de barbarie a Rosa Ivett de Pimentel, Marco Antonio Pimentel, Tania Monterrosa, Carlos Ernesto Colindres y Silvia de Colindes.
Los fallecidos eran familiares del reconocido entrenador de fútbol del equipo Sonsonate FC de la Liga Mayor, Omar Pimentel.
En el momento de la condena, el juez Carlos Linares Ascencio dijo a los reos que tuvieron un total desprecio por la vida de las personas y que sin ningún pudor cometieron los crímenes que refleja más que su degeneración como hombres, no solo porque las asesinaron, sino también porque ejercieron violencia física, psicológica y en algunas de las víctimas violencia sexual.
Ronald Isaías Aguilar Valencia recibió 250 años de cárcel, 50 años por cada una de las cinco víctimas y 15 más por organizaciones terroristas. Este sujeto era cabecilla de la MS-13 de los cantones El Canelo, Los Naranjos, Sabana San Juan Arriba, Sabana San Juan Abajo, Los Arenales y otros lugares del municipio de Izalco y Nahuizalco.
Los pandilleros Leonidas Abel Cardona Ancheta y Víctor Manuel Lúe Arias, el juez les impuso 250 años por los cinco asesinatos y 12 años por pertenecer a esa estructura criminal.
Los reos ausentes son Melvin Osvaldo Sorto Callejas, Samuel Isaac López Guerrero y Edwin Rafael Hernández Catalán.
Los hechos fueron cometidos en horas de la noche del 16 de enero de 2019 y por varios días estuvieron como desaparecidos hasta que el 23 de enero, luego de que la Policía y la Fiscalía ofrecieran criterio de oportunidad a un pandillero, encontraron la tumba donde las cinco víctimas fueron enterradas, en la finca Los Trozos, cantón Los Arenales, de Nahuizalco.
Ese día los miembros de la familia Pimentel regresaban de ver un partido en la cancha Ana Mercedes Campos, de Sonsonate y le dispararon a una de las llantas del vehículo para que se detuvieran, para luego privarlos de libertad, violar a las mujeres y luego asesinarlos con un disparo en la cabeza.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
