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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes una nueva etapa con los primeros testimonios presentados por las defensas. Dos especialistas en adicciones respaldaron un tratamiento similar al que recibió el astro argentino del fútbol, aunque aclararon que sus declaraciones se realizaron en términos generales y sin referirse directamente al caso.
La defensa del psicólogo Carlos Díaz buscó demostrar que la adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos no era suficiente, por sí sola, para justificar una internación contra su voluntad.
Durante la audiencia, el sociólogo especializado en adicciones Ignacio O’Donnell sostuvo que una persona que no se encuentra consumiendo sustancias y logra mantenerse sin hacerlo no requiere necesariamente una internación.
El siguiente testigo, el psicólogo Damián Barreiro, coincidió con O’Donnell y afirmó que una persona que consume sustancias no está, por ese solo hecho, incapacitada. Según explicó, para disponer una internación contra su voluntad debe existir un riesgo inminente para la propia persona o para terceros.
Ambos especialistas señalaron que sus declaraciones eran de carácter general y que no conocían los pormenores del caso de Maradona.
El exfutbolista murió durante una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones se encuentran en el centro del debate judicial. Semanas atrás, dos peritos convocados por la parte acusatoria declararon que Maradona habría tenido que ser internado de manera forzosa debido a que, según ellos, “no estaba en sus cabales”.
Maradona había sido trasladado a una casa ubicada en Tigre, al norte de Buenos Aires, después de ser operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.
El 25 de noviembre de ese mismo año fue encontrado muerto en su habitación. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Durante el proceso, peritos convocados por la fiscalía también señalaron que Maradona debió haber permanecido internado en un hospital y que, durante las semanas previas a su muerte, presentó signos de desmejoría que debieron alertar a los profesionales responsables de su atención.
El juicio se desarrolla en un tribunal de San Isidro, cerca de Tigre, y además de Carlos Díaz tiene como acusados a otros seis profesionales de la salud.
Todos enfrentan acusaciones por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte de Maradona. De ser declarados culpables, arriesgan hasta 25 años de prisión.
El juicio comenzó en abril y podría concluir en octubre, luego de que varias de las defensas desistieran de algunos testigos con el objetivo de agilizar el proceso.
Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23, fueron asesinadas mientras laboraban en su negocio de venta de ropa usada, ubicado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada, ambas mujeres perdieron la vida de forma instantánea tras ser atacadas al interior del establecimiento comercial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de seguridad y acordonaron ampliamente la escena, a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con una extorsión que las mujeres presuntamente se habrían negado a pagar.
En Guatemala, las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa afectando al sector comercial y al transporte en el territorio nacional.
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Evacuan a más de 15,000 personas tras deslizamientos de tierra y lodo en provincia de Jiangxi, este de China
Doce personas habían sido confirmadas muertas y otra permanecía desaparecida hasta las 18:00 horas del martes, luego de que un deslizamiento de lodo azotara la aldea de Mingkeng, en la provincia oriental china de Jiangxi, informaron los rescatistas.
El alud golpeó la aldea, ubicada en el distrito de Suichuan, durante las primeras horas del sábado.
Después de varios días de lluvias torrenciales, también se confirmó la muerte de una persona y se reportó la desaparición de otras dos tras una serie de deslizamientos de tierra y lodo que afectaron a los poblados de Zuo’an y Tanghu, en el mismo distrito.
Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, junto con los trabajos de refuerzo de caminos y las medidas de prevención ante posibles desastres secundarios.
Hasta la tarde del martes, más de 15,000 residentes del distrito de Suichuan habían sido evacuados hacia zonas seguras cercanas. A las personas evacuadas se les proporcionaron artículos de primera necesidad, entre ellos agua potable, mantas, medicinas y equipos de desinfección.
Un taller de procesamiento de té ubicado en el poblado de Tanghu fue acondicionado como refugio temporal y actualmente alberga a más de 800 residentes.
Al lugar del siniestro también fueron enviados vehículos cargados con vegetales, carne de cerdo y agua embotellada. El taller cuenta ahora con áreas separadas para descanso, alimentación y suministros, además de personal médico disponible para atender a quienes lo necesiten.
Ye Xiangdian, uno de los evacuados de la aldea Ganshan, ubicada en el poblado de Tanghu, relató que empacó rápidamente algunas pertenencias personales y salió de su vivienda tras recibir el aviso de evacuación.
Una vez restablecidas las comunicaciones, Ye contactó inmediatamente a sus familiares para informarles que se encontraba a salvo. «Aquí tenemos suficiente comida y ropa, lo que nos da mucha tranquilidad», dijo.
Por su parte, Xie Shuhua, funcionario de la aldea de Ganshan, ha permanecido durante varios días en el refugio, donde escucha a los aldeanos y presta atención a sus necesidades, debido a que muchos tuvieron que abandonar sus hogares con rapidez y poco tiempo para prepararse.
«Así que seguimos pendientes de ellos, les preguntamos qué quieren y hacemos todo lo posible para asegurarnos de que lo tengan», señaló Xie. «Las casas se pueden reconstruir. Mientras las personas estén a salvo, siempre habrá esperanza», añadió.
Asimismo, más de 200 aldeanos de Mingkeng fueron reubicados en un alojamiento familiar situado en la localidad vecina de Wuzhifeng.
Durante el almuerzo se sirvió una variedad de comidas calientes en el comedor. Debido a que gran parte de las personas reubicadas eran de la tercera edad, la mayoría de los platillos fueron preparados para que fueran blandos y fáciles de comer.
