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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado por un grupo de sujetos armados la mañana del miércoles 22 de julio al interior de las instalaciones de la alcaldía.
De acuerdo con los reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del edificio municipal, ubicado en el centro de la localidad. Un grupo de hombres armados lo interceptó, abrió fuego y posteriormente huyó del lugar.
Tras la agresión, Lavín Romero resultó herido, por lo que equipos de emergencia acudieron para brindarle atención médica. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó posteriormente su fallecimiento a consecuencia de los hechos delictivos.
La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó sobre el ataque y anunció el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para localizar a los responsables.
Como parte de las investigaciones, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo, que permanecía en las instalaciones de la alcaldía.
Las autoridades señalaron que las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables del homicidio.
Este es el segundo atentado que sufría Valentín Lavín Romero durante el año. El primero ocurrió el 31 de enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.
En aquella ocasión, testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.
Según los reportes, el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos que se desplazaba en motocicleta. Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera que no puso en riesgo su vida, por lo que solicitó una licencia temporal al cargo mientras recibía atención médica y retomó sus funciones cerca de un mes después.
Medios locales también informaron que, en marzo, hombres armados atacaron en al menos dos ocasiones negocios presuntamente propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada «El Gallo», donde únicamente se reportaron daños materiales.
La violencia contra Valentín Lavín Romero se remonta a 2018, cuando era alcalde electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El 14 de septiembre de ese año, tres de sus familiares fueron asesinados por sujetos armados que irrumpieron en un domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre del poblado de Huazulco.
Las víctimas fueron identificadas como Isabel «N», de 89 años de edad, suegra del entonces alcalde electo; Eva «N», de 58 años; y una menor de edad identificada con las siglas L.Y.C.R., de 7 años.
Dos jóvenes pertenecientes a la congregación de los Testigos de Jehová fueron víctimas de un asalto mientras realizaban labores de predicación en el municipio de Francisco Morazán, Honduras.
El hecho quedó registrado en imágenes que se viralizaron en redes sociales, donde se observa a sujetos a bordo de una motocicleta que interceptaron a las jóvenes y les quitaron sus pertenencias.
Tras cometer el asalto, los individuos escaparon del lugar, mientras que las jóvenes quedaron sorprendidas por lo ocurrido.
Las intensas lluvias registradas esta semana en Virginia Occidental provocaron inundaciones repentinas que afectaron viviendas, comercios y carreteras, dejando al menos dos personas desaparecidas en el condado de Upshur, informaron las autoridades estatales.
El gobernador Patrick Morrisey explicó que, durante las operaciones de búsqueda y rescate, la Policía Estatal localizó un vehículo volcado que estaría vinculado con las dos personas reportadas como desaparecidas. No obstante, indicó que los equipos de emergencia aún no han podido acceder al automóvil debido a las peligrosas condiciones y a la gran cantidad de escombros acumulados en la zona, según información de The Guardian.
Las autoridades señalaron que el estado continúa en fase de búsqueda y rescate, con equipos desplegados para localizar a posibles sobrevivientes en las áreas más afectadas por las crecidas.
Ante la magnitud del temporal, Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental y emitió una alerta de preparación para que las agencias estatales respondieran a las condiciones meteorológicas severas.
