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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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La ONU declara trata de esclavos africanos como «el crimen más grave contra la humanidad»
La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) y 52 abstenciones (entre ellas Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea).
El texto declaró «la trata de africanos esclavizados y la esclavización cosificada y racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad».
También destacó el legado de la esclavitud a través de «la persistencia de la discriminación racial y el neocolonialismo» en la sociedad actual.
Además, puso foco en la escala del fenómeno, su duración, brutalidad y naturaleza sistemática, así como las consecuencias que aún son visibles en la actualidad.
«Fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades», dijo António Guterres, secretario general de la ONU.
Agregó que se debe «trabajar por la verdad, la justicia y la reparación».
El presidente de Ghana, John Mahama, asistió a la sede de Naciones Unidas para respaldar la votación. Mahama es uno de los principales defensores de las medidas de reparación por la esclavitud en la Unión Africana.
«La adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido», dijo el mandatario africano.
«Competición» entre tragedias
La resolución fue más allá del simple reconocimiento y pidió a las naciones implicadas en la trata de esclavos que se comprometieran con la justicia restaurativa.
«Los responsables de la trata transatlántica de esclavos son conocidos: los europeos y Estados Unidos. Esperamos que ofrezcan disculpas formales a África», dijo el martes a la AFP Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro de Relaciones Exteriores de Ghana.
Acusó a algunos de los responsables de «negarse a reconocer sus crímenes».
Estados Unidos justificó su voto en contra, al calificar la resolución como «altamente problemática».
El embajador estadounidense, Dan Negrea, explicó que su país «no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron». Dijo que el texto pone crímenes «en competición».
Reino Unido y varios países de la Unión Europea expusieron argumentos similares. Aunque subrayaron la monstruosidad de la esclavitud, se abstuvieron de votar.
Hay un «riesgo de poner en competición a tragedias históricas que no hay razón para comparar, salvo haciéndolo a costa de la memoria de las víctimas», expuso el representante francés, Sylvain Fournel.
«Lo que decimos es que cuando se miran todas las atrocidades que han ocurrido en la historia de la humanidad, ninguna ha sido tan sistemática y larga -más de 300 años- y con consecuencias persistentes», dijo Okudzeto.
El Pentágono planea desplegar en el golfo Pérsico a cerca de 3,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense, dijeron dos altos cargos este martes, informó el periódico español El País.
Entretanto Hezbolá advirtió que combatirá cualquier intento de ocupación tras el anuncio del Gobierno israelí de que su ejército controlará todo el sur de Líbano hasta el río Litani, ubicado unos 30 kilómetros al norte de la frontera.
En las últimas horas, el ejército israelí atacó Beirut, al tiempo que Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá respondieron con bombardeos contra Israel, que causaron al menos seis heridos leves en Tel Aviv.
Todo esto sucede, mientras el precio del barril de petróleo superó nuevamente los 100 dólares tras la caída del coste vivida ayer después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una tregua de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán.
A pesar del anuncio de Trump, Irán aseguró que dos proyectiles impactaron esta madrugada contra un gasoducto en Jorramshahr y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán.
El barco camaronero «Maguro» atracó en La Habana con tres días de retraso respecto a lo previsto, tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y una molesta batería durante su travesía desde México.
Al acercarse a las fortificaciones de la época colonial de La Habana, los activistas subieron al techo de la embarcación —rebautizada simbólicamente como «Granma 2.0» en homenaje al yate utilizado por los guerrilleros de Fidel Castro (1926-2016) para iniciar su revolución en 1956.
Sostenían una pancarta que decía «Let Cuba live» (Dejen vivir a Cuba), mientras otros, que los esperaban en el muelle, coreaban «¡Cuba sí! ¡Bloqueo no!».
«Ojalá todo el mundo se uniera, incluso los cubanos en el extranjero, y vinieran a hacer lo mismo, porque es el pueblo el que está sufriendo», dijo Amado Rodríguez, un chofer de 59 años que caminaba cerca de la bahía de La Habana.
Los primeros cargamentos llegaron en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos la semana pasada como parte de una misión aérea y marítima, bautizada «Convoy Nuestra América», para llevar unas 50 toneladas de ayuda a Cuba.
Se espera que otros dos barcos lleguen el martes o el miércoles.
Los activistas señalan que el esfuerzo busca aliviar la situación de los cubanos tras un bloqueo petrolero de facto impuesto por Estados Unidos que el presidente Donald Trump puso en marcha en enero.
Los críticos, incluidos exiliados cubanos en Miami, han calificado la iniciativa como un «espectáculo político» que beneficia más al cubano comunista que a la gente de a pie.
El organizador del convoy, David Adler, ciudadano estadounidense, dijo a la AFP que la misión llevó ayuda urgentemente necesaria directamente al pueblo cubano y mostró al mundo «el costo humano del asedio de Trump contra Cuba».
«Demostró que la solidaridad internacional puede triunfar sobre el aislamiento forzado», afirmó Adler, coordinador del grupo global de izquierda Progressive International.
El país ha sufrido siete apagones nacionales desde 2024 -dos de ellos en la última semana- debido al envejecimiento de sus centrales termoeléctricas y a la escasez de petróleo.
La situación en Cuba se ha precarizado desde que Trump ordenó en enero una operación militar para capturar al principal aliado regional de la isla comunista, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, privando así al país de su principal proveedor de petróleo.
El «Maguro» zarpó el viernes desde la península de Yucatán, en México, con 32 personas a bordo, entre ellas activistas de Australia, Brasil, Ecuador, Italia, México y Estados Unidos. Periodistas de la AFP viajaban en el barco.
Durante la travesía -en la que fue escoltado durante una parte del trayecto por un buque de la Armada mexicana-, el activista brasileño Thiago Ávila dijo que otros países deberían acudir en ayuda de Cuba.
«No podemos permitir que el mundo y el derecho internacional sean sepultados bajo la codicia de Donald Trump», declaró a la AFP Ávila, que también fue uno de los organizadores de una flotilla que intentó llevar ayuda a Gaza el año pasado, pero el bloqueo naval israelí lo impidió.
«Por eso estamos aquí, por eso la gente decidió movilizarse para esto y decidió donar», añadió.
La también activista brasileña Lisi Proença dijo que el grupo estaba aplicando la experiencia adquirida con la flotilla de Gaza para hacer llegar ayuda a Cuba.
«Lo interesante es que ahora podemos transportar artículos mucho más grandes, como paneles solares», dijo a la AFP.
Además de los cortes diarios de electricidad, los precios del combustible se han disparado, el transporte público se ha vuelto escaso y la basura se acumula en las calles de Cuba porque los camiones recolectores ya no funcionan.
Cuba ha responsabilizado a Washington de las penurias del país, principalmente debido al bloqueo de combustible y a un embargo comercial de más de seis décadas.
Exiliados cubanos y otros críticos, que atribuyen la crisis económica al gobierno comunista, afirman que el convoy brinda apoyo político a La Habana.
«Todo esto no es más que un espectáculo político», dijo a la AFP Luis Zúñiga, ex preso político cubano radicado en Miami.
«La crisis eléctrica en Cuba no se debe al embargo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos. Se remonta a mucho antes de eso», afirmó Zúñiga.
