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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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Rescatan a joven de 24 años tras cinco días de cautiverio, encadenada y agredida sexualmente por su excompañero en Águas Lindas de Goiás, Brasil
Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 años, fue rescatada el viernes 21 de agosto por la Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de la Policía Militar de Goiás en una casa del Setor Jardim América III, en Águas Lindas de Goiás (entorno del Distrito Federal). La joven permanecía desaparecida desde el 17 de agosto, cuando salió de su domicilio en el barrio Morada da Serra para una consulta médica.
Los agentes la encontraron amordazada, con una máscara en el rostro para impedir que gritara, y con brazos, piernas y cuello sujetos por cuerdas, algemas y una cadena de hierro. Presentaba dificultades para respirar y signos de violencia. Según su relato y las investigaciones, el sospechoso la sedó con medicamentos y la agredió sexualmente de forma reiterada durante los cinco días de cautiverio.
El presunto autor es Ailton Rodrigues de Souza, su excompañero. Fue detenido en flagrante tras intentar huir en un vehículo durante una aproximación policial. En el inmueble se incautó una pistola calibre 9 mm, el automóvil, sedantes, algemas, cuerdas y la cadena. El hombre deberá responder por secuestro, estupro, cárcere privado y porte ilegal de arma.
La víctima recibió atención médica y se encuentra en estado estable. Posteriormente relató en redes sociales que el agresor le introdujo paños con ácido en la boca. La Policía Civil de Goiás continúa las investigaciones.
El caso pone de manifiesto la gravedad de la violencia de género y la importancia de la denuncia temprana y la actuación rápida de las fuerzas de seguridad.
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Madre acusada de causar la muerte de su hijo de 28 años en accidente de bote en Nueva Jersey; segundo caso similar en Barnegat Bay
Jennifer L. Pearson, de 59 años y residente de Barnegat, Nueva Jersey, fue acusada de operar una embarcación bajo los efectos del alcohol y causar la muerte de su hijo Gunnar Pearson, de 28 años, en un accidente ocurrido el 25 de mayo (Memorial Day) en Barnegat Bay. Alrededor de las 5:45 p.m. su bote de 23 pies impactó contra una baliza de canal cerca del Brant Beach Yacht Club, en Long Beach, lo que lanzó al agua a su hijo y a la novia de este. Gunnar falleció posteriormente en un hospital a causa de las heridas; otras cuatro personas a bordo resultaron con lesiones leves.
Pearson se entregó a la Policía Estatal de Nueva Jersey el 20 de agosto. Las pruebas indicaron un nivel de alcohol en sangre de entre 0.09 y 0.12, superior al límite legal de 0.08. Se le imputan cargos por causar una muerte al operar una embarcación, operación bajo influencia, operación temeraria, no contar con certificado de seguridad náutica y no mantener vigilancia adecuada.
Este es el segundo caso similar en la misma bahía en pocas semanas. En julio, Stephen Schneider, de 64 años, fue acusado de operar ebrio un bote que chocó contra una baliza y provocó la muerte de sus dos nietos, de 7 y 9 años. Barnegat Bay, de aguas poco profundas, ha registrado varios accidentes contra marcadores de canal este verano.
La investigación continúa y Pearson permanece a la espera de audiencia. Las autoridades recuerdan que todos los cargos son acusaciones y se presume inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
El caso ha generado debate sobre la seguridad en la navegación recreativa y el consumo de alcohol en embarcaciones en la zona.
Consternación ha generado en Nicaragua la muerte de una niña de cuatro años, registrada el pasado 18 de agosto en la comunidad Denis Larios, municipio de Ticuantepe, Managua.
Según información difundida por medios oficialistas, las investigaciones preliminares señalan que la menor habría fallecido luego de que su madre, identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años, presuntamente la sumergiera en un balde con agua.
El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 6:40 de la tarde. Posteriormente, la niña fue trasladada a un centro hospitalario, donde se confirmó su fallecimiento.
Mairena fue detenida y presentada ante las autoridades por el delito de parricidio. De acuerdo con las versiones difundidas, la mujer presuntamente atravesaría un cuadro depresivo; sin embargo, esta circunstancia deberá ser determinada y valorada dentro del proceso correspondiente.
La investigación continúa y será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes.
