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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
