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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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Decenas de muertos en los peores enfrentamientos entre India y Pakistán en dos décadas
Las hostilidades estallaron tras un atentado el 22 de abril en Pahalgam, en la parte india de Cachemira que causó 26 muertos. Nueva Delhi responsabiliza de la acción a Islamabad, que lo niega.
Cachemira es una región de mayoría musulmana dividida entre ambos países desde que se independizaron de Reino Unido en 1947.
El atentado estuvo seguido por días de disparos con armas ligeras en la frontera de facto entre ambos territorios, y amenazas de una acción militar india como represalia.
En la noche del martes al miércoles, el gobierno indio anunció «ataques aéreos de precisión» en la Cachemira pakistaní y el estado fronterizo de Punyab. La acción destruyó «nueve campamentos terroristas», según India.
«La represalia ya ha empezado», dijo el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, a AFP. «No tardaremos en igualar el marcador», advirtió.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió frenar las hostilidades. «Quiero que se detengan», declaró en la Casa Blanca.
Los misiles indios, que cayeron en seis ciudades de la Cachemira pakistaní y el Punyab, y los tiros de artillería dejaron 31 muertos y 57 heridos, indicó el último balance del ejército de Islamabad. El anterior balance daba cuenta de 26 civiles fallecidos.
Un portavoz del ejército pakistaní explicó que el aumento del número de muertos se debía a los disparos no provocados de India en la línea de demarcación y a las violaciones del alto el fuego.
«Vi que llovían proyectiles»
El ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, insistió en que los «objetivos» fueron «destruidos con gran precisión» y aseguró que «la población civil […] no se veía afectada».
Su homólogo pakistaní, Khawaja Asif, acusó sin embargo al primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, de lanzar estos ataques para «impulsar» su popularidad en su propio país, y aseveró que Pakistán ya respondió a los ataques.
El portavoz militar, Ahmed Chaudhry, aseguró que sus fuerzas habían abatido cinco aviones de combate indios y un dron en el espacio aéreo de India.
Según Nueva Delhi, al menos 12 personas murieron y 38 resultaron heridas en la localidad india de Poonch por fuego de artillería pakistaní.
«Nos despertamos cuando escuchamos el ruido de los disparos», dijo Farooq, vecino de esta ciudad fronteriza, a la agencia de noticias Press Trust of India.
«Vi que llovían proyectiles», aseguró desde su cama de hospital.
Hacía días que se esperaba una respuesta militar de India al ataque del 22 de abril, que no fue reivindicado pero que Nueva Delhi vincula al grupo yihadista Lashkar-e-Taiba (LeT), radicado en Pakistán.
La organización, designada como terrorista por la ONU, es sospechosa de unos atentados en 2008 en Bombay que dejaron 166 muertos.
Poco después de los bombardeos, el ejército indio acusó a las fuerzas rivales de lanzar fuego «indiscriminado» de artillería a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide Cachemira.
El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que el ataque indio fue «cobarde» y «no provocado».
Un espeso humo negro surgió este jueves de la chimenea instalada en el tejado de la Capilla Sixtina, señal de que los 133 cardenales encerrados en su interior fracasaron de nuevo en su misión de escoger a un nuevo papa.
Miles de personas congregadas a mediodía en la plaza vaticana de San Pedro acogieron entre aplausos y decepción la segunda fumata negra, después de la que se elevó la víspera sobre el cielo de la Ciudad Eterna.
«Esto es muy emocionante», aseguró Marcela Tapia, una mexicana de 46 años, quien espera que los cardenales puedan llegar a un acuerdo en las votaciones previstas en la tarde o como «máximo mañana en la mañana».
Hasta la elección del sucesor de Francisco, fallecido el 21 de abril a los 88 años, los «príncipes de la Iglesia» celebrarán dos rondas de votación por la mañana y dos por la tarde.
Incierto cónclave
Los dos últimos cónclaves, que llevaron a la elección de Benedicto XVI en 2005 y al primer papa latinoamericano en 2013, se resolvieron en sólo dos días, con 4 y 5 rondas de votación respectivamente.
Pero la decisión de los purpurados, guiados según la tradición por el Espíritu Santo, parece más complicada. El pontificado reformista de Jorge Mario Bergoglio generó fuertes divisiones en el seno de la Iglesia.
Aunque el argentino creó alrededor del 80% de los cardenales electores, los «bergoglistas», que defienden una visión de la Iglesia más abierta, y los conservadores deben llegar a un acuerdo sobre el 267º pontífice.
La mayoría está en 89 votos, correspondientes a los dos tercios de los sufragios. «La hora de escoger», tituló el diario italiano La Stampa.
Salvo que haya consenso sobre el papa, las papeletas se queman en una estufa al final de las dos votaciones. Con ayuda de químicos, se da el color al humo.
«Acontecimiento único»
Unas 50,000 personas presenciaron la primera fumata negra el miércoles por la noche desde la plaza de San Pedro y sus alrededores, y otras miles más regresaron este jueves, en un soleado día de primavera.
«Es un acontecimiento único en la vida, no creo que tenga la oportunidad de volver a vivirlo», aseguró a la AFP Paul O’Flynn, un irlandés de 72 años, mientras intentaba localizar la chimenea.
Paolo Cabrera está dispuesto a pasar toda la jornada en la plaza hasta «ver la fumata blanca», que anuncia la elección de un pontífice, pese a estar en plena luna de miel junto a su esposa Cynthia.
«Como filipinos, nos gustaría que fuera el cardenal [Luis Antonio] Tagle, pero si Dios nombra a cualquier otro, ¡seremos felices!», aseguró el hombre de 40 años, en referencia a uno de los purpurados con más posibilidades.
Elizabeth Ramos vino expresamente desde Brasil para vivir la elección y espera que se elija a un papa como el difunto Francisco.
«Él fue el que unió a los jóvenes, tenía esa forma humilde de transmitir su fe, su forma de ser», agregó la mujer de 45 años
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
