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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Una tregua entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa expiró oficialmente el lunes, después de que ambas partes se acusaran mutuamente de miles de violaciones, pese a una disminución de los bombardeos aéreos rusos.
La tregua duró 32 horas, desde las 16H00 (13H00 GMT) del sábado hasta el final del domingo.
Ambas partes habían acordado respetar el alto el fuego, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves y que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, había propuesto más de una semana antes.
Pero, como ocurrió con un acuerdo similar el año pasado, solo reinó una calma relativa a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente.
Hasta las 22H00 locales (19H00 GMT) del domingo, «se han registrado 7.696 violaciones por parte del enemigo», señaló el ejército ucraniano en Facebook.
Rusia había respetado el alto el fuego en cierta medida, pero continuó «las operaciones de combate en determinados sectores, incluido el uso de drones FPV y drones kamikaze», añadió.
El Ministerio de Defensa ruso acusó a Kiev de casi 2.000 incumplimientos de la tregua, indicó el Ministerio en la plataforma de mensajería MAX, impulsada por el Estado.
Kiev disparó 258 veces con artillería o tanques, llevando a cabo 1.329 ataques con drones FPV y arrojando «distintos tipos de municiones» en 375 ocasiones, principalmente mediante drones, afirmó Rusia.
Moscú también acusó a las fuerzas ucranianas de lanzar «tres ataques nocturnos» contra posiciones rusas y «cuatro intentos de avance» a lo largo de la línea del frente, agregando que todos habían sido frustrados.
Zelenski pidió un alto el fuego más prolongado en su discurso nocturno del sábado, afirmando que Ucrania había presentado la propuesta a Rusia.
Pero en declaraciones difundidas el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó cualquier prórroga a menos que el líder ucraniano aceptara las condiciones «bien conocidas» de Rusia.
«Mientras Zelenski no tenga el valor de asumir esta responsabilidad, la operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego», añadió Peskov.
Rusia exige a Ucrania concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada total de la región de Donetsk, controlada en parte por Moscú. Kiev rechaza estas exigencias que considera una capitulación.
Los representantes políticos ratificaron la tesis de «ausencia absoluta» del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución. Exigen a la presidenta encargada Delcy Rodríguez restablecer las garantías constitucionales y convocar elecciones.
Maduro fue capturado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense y se encuentra a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico.
La Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a ocho partidos de oposición presentó «una hoja de ruta» para alcanzar una «transición democrática» en Venezuela.
La convocatoria nacional de este domingo que contó con la participación de unos 40 mil activistas de forma presencial y virtual, es la primera que realiza esta alianza política tras la cuestionada elección de Maduro en 2024. Desde entonces la fuerte represión oficial y la detención de dirigentes, obligó a muchos a exiliarse y pasar a la clandestinidad.
«Esta hoja de ruta obedece al sentimiento del país, pero también corresponde a la estrategia que se inició en enero en Venezuela», dijo Roberto Enríquez, vocero de la coalición.
Los dirigentes piden que se levanten las inhabilitaciones políticas, devolver las tarjetas electorales y símbolos a sus legítimos representantes.
Por su parte, la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció en un mensaje transmitido en línea, que hay acuerdos y consensos para alcanzar la transición.
El partido que lidera, Vente, exigió el viernes la convocatoria de elecciones ante la falta del presidente.
«Los venezolanos tenemos cultura democrática. No estamos divididos, díganme qué otro país del mundo el 90% de la población quiere lo mismo. Estamos organizados y listos para hacer lo que toca», dijo Machado.
Afirmó que «muy pronto» estará de regreso en Venezuela. «Vamos a recorrer todo el país (…) vamos a abrazar a la gente, vamos a construir esta fuerza en un gran acuerdo por la democracia y la libertad».
La plataforma unitaria también pidió la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y desmontaje «del aparato represivo» y retorno seguro de los exiliados.
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Perú amplía jornada de votación este lunes por incidentes que dejaron a miles sin sufragar
Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.
La autoridad electoral del Perú informó que amplía la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.
Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.
El «JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril», dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X.
