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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza este miércoles, impulsados por la ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y el temor de que se prolongue la perturbación del flujo de crudo en el Golfo.
El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, se mantuvo por encima de los $90 y cerró con un aumento del 0.66 %, hasta los $91.62.
Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, subió un 1.05 %, hasta los $85.83.
«Los precios del oro negro continúan soportados en la incapacidad de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz», un paso esencial para el mercado mundial de hidrocarburos, explicó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el martes que exista un diálogo en curso con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como un nuevo territorio de Estados Unidos.
Lipow también señaló que «es difícil saber con exactitud cuánto petróleo está siendo transportado» por Ormuz.
Aunque Trump afirmó el martes que «el estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones», Teherán sostiene que el bloqueo del paso continúa. Mientras tanto, las tensiones en la región han aumentado.
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República Democrática del Congo recibirá 70,000 dosis de la vacuna Ervebo para combatir el ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves la disponibilidad de 70.000 dosis de la vacuna Ervebo para la República Democrática del Congo (RDC). El inmunizante está aprobado contra la cepa Zaire del virus del ébola, pero no contra la cepa Bundibugyo, que actualmente circula en el país.
De acuerdo con la OMS, 20.000 dosis serán destinadas a un ensayo clínico de fase 3 para evaluar el impacto de la vacuna sobre el virus Bundibugyo, mientras que las otras 50.000 serán utilizadas para trabajadores de primera línea y profesionales sanitarios en la RDC.
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola. El brote se registra en regiones del norte y del este, donde la presencia del Estado es débil, las infraestructuras sanitarias son precarias y la respuesta se encuentra desbordada por la explosión de casos.
Según los últimos datos publicados por la OMS, la epidemia ha causado 2.420 muertes de un total de 5.105 casos confirmados. La organización señala que este brote se ha convertido en el más mortífero registrado hasta ahora en la RDC y que el virus se propaga a una velocidad sin precedentes.
La semana pasada, la RDC solicitó vacunas Ervebo procedentes de las reservas mundiales del Grupo Internacional de Coordinación (GIC) para el suministro de vacunas. Este organismo está integrado por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), con el apoyo financiero de la Alianza para las Vacunas (Gavi).
Los expertos de la OMS desconocen si Ervebo ofrece protección a los seres humanos contra la cepa Bundibugyo. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en laboratorio y en animales sugieren que podría brindar cierto grado de protección.
El 7 de agosto, la OMS recomendó evaluar Ervebo mediante un ensayo clínico. La vacuna es fabricada por la farmacéutica estadounidense Merck. Las modalidades del ensayo aún no han sido definidas, pero se prevé que se realice en la RDC, único país donde actualmente circula la cepa Bundibugyo.
Además, dos vacunas específicas contra esta cepa se encuentran en fase de ensayos clínicos. Una es desarrollada por el grupo estadounidense Moderna mediante tecnología de ARN mensajero (ARNm), mientras que la otra está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford, en Reino Unido.
Por otra parte, una vacuna denominada «rVSV Bundibugyo», presentada por la OMS como «la más prometedora», será desarrollada por Hilleman Laboratories, una organización con sede en Singapur.
Trece personas murieron y siete resultaron heridas tras la caída de un talud en una mina ilegal de oro ubicada en el suroeste de Colombia, informó este jueves un funcionario del gobierno local.
El accidente ocurrió el miércoles por la noche. Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, explicó a Caracol Radio que el talud cayó sobre las personas debido a los movimientos realizados en la mina.
Las autoridades locales descartaron la hipótesis inicial de que el incidente se hubiera producido por una explosión dentro de la mina. Según una fuente de la gobernación citada por la AFP, la «extracción inadecuada» del mineral socavó la base de la mina y provocó el derrumbamiento.
Imágenes publicadas en redes sociales muestran la mina a cielo abierto, mientras retroexcavadoras trabajan en la remoción de escombros sobre un terreno muy escarpado.
Las labores de rescate se han dificultado debido a la inestabilidad del terreno, informó la gobernación.
Los accidentes mineros son habituales en Colombia, especialmente en explotaciones ilegales que cuentan con deficientes medidas de seguridad.
En el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, operan grupos criminales que se financian mediante actividades como la minería ilegal, además del narcotráfico y la extorsión.
La extracción ilegal de oro también figura entre las causas de la deforestación en Colombia y representa riesgos como la contaminación de ríos con mercurio.
