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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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Asciende a 2,295 la cifra de muertos una semana después de los terremotos en Venezuela
El balance de víctimas por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 2,295 fallecidos y más de 11,000 heridos, informó este miércoles el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con el funcionario, los sismos también dejaron 12,841 personas damnificadas. El reporte anterior, divulgado el martes, registraba 1,943 muertos y 10,571 heridos.
Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles siete días de duelo nacional en homenaje a las víctimas del doble sismo.
«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (…) En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy», escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.
Según el texto oficial, el doble terremoto ocurrido el 24 de junio deja casi 2,000 muertos y alrededor de 50,000 desaparecidos.
La Fraternidad San Pío X consagró este miércoles, por su cuenta, a cuatro nuevos obispos durante una ceremonia celebrada en Écône, Suiza, pese al llamado del papa León XIV para desistir de la decisión. El Vaticano calificó el acto como «cismático» y advirtió que conlleva sanciones como la excomunión.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, expresó ante periodistas el «profundo dolor» que la decisión provocó en el seno de la Iglesia católica.
«Ignoro cuándo y cómo se pronunciará esta excomunión, pero espero que, pese a lo ocurrido hoy, el diálogo pueda reanudarse y que se pueda encontrar una verdadera solución», afirmó.
Antes de la ceremonia, el papa León XIV había dirigido un mensaje a la Fraternidad San Pío X para pedir que renunciara a su proyecto.
«Les suplico desde lo más hondo del corazón: ¡reconsideren su decisión!», escribió el pontífice, quien además advirtió que, en caso de concretarse un «acto cismático», los sacramentos administrados por los nuevos obispos, como el matrimonio o la confesión, dejarían de ser reconocidos por la Iglesia católica.
La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, en la pradera de Écône, con la asistencia de miles de fieles procedentes de distintos países. Durante el acto fueron consagrados cuatro obispos: dos franceses, un estadounidense y un suizo.
El superior general de la Fraternidad San Pío X, el sacerdote Davide Pagliarani, calificó la jornada como un día «histórico».
La Fraternidad defiende su decisión
Entre los asistentes estuvo Luz Dussan, una fiel colombiana de 57 años residente en Estados Unidos, quien viajó para participar en la ceremonia.
«Pensé que nunca en la vida viviría esto, pero mira, Dios me trajo acá», declaró.
La mujer manifestó su respaldo a la decisión de la Fraternidad y aseguró que la comunidad, especialmente la latina, continúa creciendo.
Al continuar con las consagraciones sin la aprobación del papa, los dos obispos que ya pertenecían a la comunidad y los cuatro nuevos obispos quedan, de hecho, excomulgados de la Iglesia católica romana.
No obstante, al inicio de la ceremonia, el secretario general de la sociedad, Foucault Leroux, afirmó que la Fraternidad considera que «todas las penas y censuras (…) son nulas y sin efecto».
La Fraternidad San Pío X fue fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre (1905-1991) y reúne, según estimaciones, a unos 600,000 fieles que mantienen una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.
La organización rechaza los cambios impulsados desde el Concilio Vaticano II, celebrado en la década de 1960, y defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático.
«Para mantener la fe, ¿acaso estamos rompiendo con la Iglesia? Este dilema es falso. Pertenecemos a la Iglesia, en primer lugar por la fe, por la profesión integral de la fe de la Iglesia», sostuvo Pagliarani.
La misa de consagración tuvo una duración de cuatro horas y fue celebrada íntegramente en latín, en el mismo lugar donde Marcel Lefebvre ordenó a los primeros cuatro obispos de la Fraternidad en 1988.
Durante el rito, los cuatro sacerdotes permanecieron postrados boca abajo mientras se entonaba la Letanía de los Santos, antes de recibir la imposición de manos del obispo y la unción.
Antecedentes del conflicto
Para el Vaticano, la consagración de un obispo sin autorización del papa constituye un acto de insubordinación directa que implica la excomunión automática de los obispos y es considerado un «acto cismático».
Sin embargo, el sacerdote Michel Rion, profesor de Teología en el seminario de Écône, rechazó esa interpretación.
«No es un acto de rebelión: es un acto que nace del amor por la Iglesia», declaró a la AFP.
Asimismo, aseguró que la Fraternidad no considera que sus acciones sean cismáticas.
«No hay absolutamente nada cismático o contrario a la Iglesia en nuestras acciones. Esperamos que llegue el día en el que el papa vea esto. Para nosotros, ser cismáticos es lo peor que podría ocurrir, preferiríamos morir a ser cismáticos», afirmó.
La situación recuerda a lo ocurrido en 1988, cuando el papa Juan Pablo II también pidió a la Fraternidad que desistiera de ordenar nuevos obispos. En aquella ocasión, las consagraciones derivaron en una excomunión inmediata que posteriormente fue levantada por Benedicto XVI en 2009.
Actualmente, la Fraternidad San Pío X asegura tener presencia en más de 75 países de seis continentes. Según la propia organización, cuenta con 751 sacerdotes, 264 seminaristas y cerca de 800 lugares de culto distribuidos en 77 países, aunque sigue siendo un grupo minoritario frente a los más de 1,300 millones de fieles que integran la Iglesia católica en el mundo.
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Venezolana confirma la muerte de su madre tras cuatro días de búsqueda entre los escombros en Caracas
Durante cuatro días, María Pessina y sus hermanos, residentes en Ecuador, Suiza y Alemania, buscaron información sobre el paradero de su madre tras el derrumbe del edificio donde vivía, provocado por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. La búsqueda concluyó el sábado, cuando una fotografía confirmó la muerte de Magnolia, de 79 años.
«La agonía terminó», expresó Pessina, investigadora venezolana radicada en Quito, luego de identificar la ropa que llevaba su madre en una imagen de uno de los cuerpos recuperados entre los escombros.
María había permanecido tres semanas de visita en Venezuela y abordó el vuelo de regreso a Ecuador apenas unas horas antes de que ocurrieran los sismos.
«El terremoto ocurrió cuando yo volaba», relató a la AFP por vía telefónica. Al aterrizar, aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes porque muchas personas pensaban que aún permanecía en Caracas. Antes de reencontrarse con su familia, recibió un video que mostraba el edificio reducido a escombros.
Tras conocer la tragedia, ella y sus hermanos iniciaron una intensa búsqueda. Activaron grupos familiares y de vecinos en aplicaciones de mensajería y contrataron a un motorizado para revisar los listados de personas vivas, heridas y desaparecidas en hospitales de Caracas.
Un grupo de WhatsApp permitió que vecinos del edificio Petunia, de 14 pisos, restablecieran contacto con familiares que viven en Miami, España, República Dominicana, Panamá y Ecuador.
El viernes, un mensaje informó sobre el hallazgo de un cuerpo con características similares a las de Magnolia. Un día después, María confirmó que se trataba de su madre.
«Pasé tres semanas limpiando y doblando su ropa, por eso pude reconocer lo que llevaba puesto en esa foto», explicó la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Familias buscan respuestas
La situación de la familia Pessina se repite entre millones de venezolanos que residen en el extranjero, quienes continúan buscando a familiares entre los cerca de 2,000 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos que dejaron los terremotos ocurridos hace una semana, sin posibilidad de viajar ni de participar en los funerales en su país.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 7.9 millones de venezolanos han abandonado el país durante la última década, en el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina.
Desde ciudades como Miami, Madrid y Santiago, integrantes de la diáspora organizaron redes de apoyo para enviar medicinas, pañales y fórmulas infantiles, además de difundir solicitudes de rescate.
Desde Miami, Andre, quien prefirió no revelar su apellido por motivos profesionales, relató a la AFP que continúa buscando a su cuñado, Jorge Sedano, desaparecido tras el colapso del edificio Vallarta, en Playa Grande.
«Mi cuñado Jorge Sedano está en el edificio Vallarta, en Playa Grande, y todavía no sabemos nada de él», expresó.
Según su testimonio, en esa zona de La Guaira los vecinos iniciaron por cuenta propia las labores de búsqueda hasta la llegada, el fin de semana, de rescatistas salvadoreños.
Andre aseguró que no ha dormido desde la tragedia debido a que permanece difundiendo solicitudes de ayuda y coordinando donaciones.
Asimismo, manifestó su indignación al señalar que el martes fueron suspendidas las labores de rescate en el edificio donde se encontraba su cuñado, luego de que vecinos sorprendieran a agentes de policía robando dólares entre los escombros.
«No llegaron a tiempo para salvar vidas. Quizá mi cuñado estaba vivo en las primeras horas. Pero sí llegaron a robar», afirmó.
Un adiós a la distancia
Desde España, Broli Rumbos relató que conoció la tragedia mientras un amigo buscaba desesperadamente a su familia entre los escombros de un edificio en La Guaira.
«Es raro estar tan lejos, seguir la rutina. Estamos viviendo aquí, con la cabeza allá», escribió en un chat con amigos.
Por su parte, María Pessina afirmó que las nuevas tecnologías permiten seguir en tiempo real lo que ocurre en Venezuela.
«Para bien y para mal ahora vivimos en tiempo real lo que pasa al otro lado del mundo», expresó.
Según explicó, en el edificio Petunia, ubicado en un sector de clase media y acomodada de Caracas, la mayoría de los residentes tenía familiares viviendo en el extranjero.
El martes, mediante el grupo de vecinos, conocieron que un matrimonio y su hija también fallecieron en el derrumbe. El único sobreviviente de esa familia era otro de sus hijos, quien se encontraba estudiando en Italia.
Ahora, la familia Pessina analiza cómo despedir a Magnolia desde la distancia. La ceremonia podría realizarse por streaming una vez que las hermanas de la fallecida reciban sus cenizas.
«No sabemos cuándo, todo eso es ahora mismo un caos», comentó María.
Indicó que será una ceremonia con música porque a su madre le gustaba cantar y considera que probablemente la seguirán por streaming, como ya es habitual para quienes han construido su vida fuera de Venezuela.
Pessina añadió que también le gustaría participar en un homenaje junto a los vecinos del edificio Petunia, lugar donde nació y que, tras la tragedia, adquirió un significado especial para todos.
