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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue «puesto en libertad bajo investigación» el jueves por la noche.
El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de una sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.
Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió «un informe confidencial» sobre oportunidades de inversión en Afganistán.
El correo se sumaba a otros documentos que sugieren que en 2010 Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.
Se trata de un caso distinto al de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana enviada por Epstein, que se suicidó en 2025.
Ese asunto se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.
«Amenaza para la monarquía»
Este viernes, casi toda la prensa británica llevaba en portada este viernes la misma fotografía de Andrés, cuyo arresto coincidió con su 66º cumpleaños, saliendo de la comisaría en un vehículo, con aspecto demacrado y la mirada perdida.
«Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron», afirmó la policía local en la noche del jueves, tras haber allanado las fincas de Sandringham y la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.
Aunque todavía no se ha anunciado ningún cargo en su contra, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).
El rey Carlos III no cambió su agenda del jueves y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancias con su hermano y señaló que «la justicia debe seguir su curso».
Ed Owens, un famoso historiador, comentarista de la monarquía británica y autor especializado en la familia real moderna, reconoció a la AFP la crisis que atraviesa la institución británica.
«Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica», dijo Owens, quien no se atrevió a aventurar si Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado tras ser despojado de todos sus títulos, será formalmente acusado.
«Son los elementos desconocidos en este caso particular los que creo que generan tanta preocupación y, posiblemente, representan una amenaza para la monarquía», añadió Owens.
Al menos nueve fuerzas policiales del Reino Unido han confirmado que están evaluando denuncias derivadas de los archivos de Epstein, muchas de ellas relacionadas con Andrés.
Un aeropuerto de Florida será rebautizado pronto en honor al presidente estadounidense Donald Trump, después de que el jueves la cámara legislativa estatal aprobara un proyecto de ley que propone el cambio.
Trump, un magnate inmobiliario que ha estampado su nombre en edificios de todo el mundo, busca ahora dejar su huella en el país con una campaña de imagen y construcción sin precedentes.
La cámara de Florida, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como «Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump», según muestran los registros estatales.
Se espera que el gobernador Ron DeSantis, quien fuera adversario de Trump, firme la medida para convertirla en ley.
El aeropuerto de Palm Beach, una ciudad conocida por sus playas de arena blanca y sus lujosas mansiones, se encuentra a apenas unos minutos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago.
El cambio de nombre del aeropuerto también debe ser aprobado por la Administración Federal de Aviación y una vez concretado, se convertiría entonces en la institución más reciente en ser rebautizada en honor a Trump.
La junta directiva del Kennedy Center, designada personalmente por el presidente -un complejo artístico y monumento en honor al fallecido presidente John F. Kennedy en Washington-, votó en diciembre para cambiar su nombre a «Centro Trump-Kennedy».
Ese mismo mes, el Departamento de Estado añadió el nombre de Trump al Instituto de la Paz de Estados Unidos.
Trump también ha intentado rebautizar la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington con su propio nombre, según informes de medios estadounidenses, aunque en estos casos las iniciativas fueron rechazadas.
El Departamento del Tesoro también confirmó informes que indican que ya está listo el proyecto para sacar una moneda conmemorativa de 1 dólar con la imagen de Trump, a pesar de que existen leyes que prohíben mostrar la imagen de un presidente en funciones o de una persona viva.
El jueves, desplegaron una gran pancarta azul con el rostro de Trump en una parte de la fachada de la sede del Departamento de Justicia, un organismo que tradicionalmente se considera ajeno a la influencia política.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves (19.02.2026) por unanimidad una histórica ley de amnistía, que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo y el texto fue promungado casi de inmediato por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Tras promulgar una histórica ley de amnistía, Rodríguez, aseguró que «hay que saber pedir perdón» que la ley debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos.
«Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón», dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, constató la AFP.
Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedan aún 644 tras las rejas, según la ONG Foro Penal.
«Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República», señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.
Unanimidad
La ley se aprobó por unanimidad. El partido de Maduro tiene mayoría absoluta, frente a un puñado de opositores que consiguieron cambios.
La sesión de hecho se atrasó dos horas y media en medio de negociaciones.
«Hoy ha sido, ayer y todos estos días, pero hoy muy especialmente un día de debate profundo», dijo el diputado Rodríguez al inicio.
El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.
Mantiene que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años del chavismo, que «esté a derecho o se ponga a derecho», es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.
El nuevo texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.
«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fines del otorgamiento de la amnistía», reza el texto.
La propia Delcy Rodríguez ha llamado a una reforma profunda del sistema.
Exclusiones
El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.
Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Fue aprobado.
El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.
También excluye a «las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras».
Venezuela fue bombardeada por Estados Unidos hace menos de dos meses.
La líder opositora Machado por ejemplo ha sido señalada en distintas oportunidades de llamar a invasiones, lo mismo de otros dirigentes como Leopoldo López.
Una fuente dijo a la AFP que una comisión especial creada en la ley estudiará esos casos de manera individual.
Machado está en Estados Unidos, tras pasar más de un año en la clandestinidad en Venezuela. López lleva en el exilio en España desde 2020.
Expertos independientes de Naciones Unidas subrayaron que la amnistía «debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional».
Huelga de hambre
Decenas de familiares acampan frente a las cárceles desde el primer anuncio de excarcelaciones, el 8 de enero. Muchos siguieron la sesión en silencio en sus teléfonos celulares, constató la AFP.
Los 448 que salieron recibieron libertad condicional, un punto sobre el que activistas hacen hincapié: la amnistía debe conceder libertad plena.
Una huelga de hambre que iniciaron el 14 de febrero un grupo de 10 mujeres, de las cuales quedaba una, finalizó con la aprobación de la ley.
