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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Los precios del petróleo repuntaron nuevamente el viernes por segunda sesión consecutiva, en un mercado preocupado por una prolongación de la guerra en Medio Oriente sin un avance diplomático tangible.
El barril de Brent del mar del Norte con plazo de entrega en mayo finalizó con una subida del 4,22%, hasta los 112,57 dólares.
En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rozó los 100 dólares para terminar a 99,64 dólares, con un avance de 5,46%.
La decisión del presidente Donald Trump de aplazar otros diez días su ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz, no bastó para calmar a los operadores.
«Significa que va a haber diez días adicionales de perturbaciones en Medio Oriente» para la circulación del crudo y sus derivados, comentó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
«Para que los precios vuelvan a bajar, es necesario encontrar una salida al conflicto», estimó Lipow. «E incluso si hubiera un cese del fuego, ni siquiera es seguro que Irán deje pasar el petróleo por el estrecho de Ormuz», agrega.
De mantenerse así por varias semanas, el analista prevé que el WTI se acerque a los 120 dólares.
«Sin control total militar del estrecho de parte de los estadounidenses, Irán tiene la ventaja en esta guerra, y el equilibrio de los riesgos deja presagiar un deterioro», previnieron los expertos de Brown Brothers Harriman.
Internacionales
Presidente de Colombia advierte nuevo ciclo de violencia social por régimen en El Salvador
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó durante una entrevista que las capturas masivas qué ejecuta el brazo armado del Gobierno de El Salvador durante el régimen de excepción, ha desencadenado un nuevo ciclo de violencia en la sociedad salvadoreña que no tardará en explotar.
Petro opinió respecto al trabajo que ejecuta el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad pública y, según él, existe violación a los derechos humanos en El Salvador.
«Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos cuplables y otros no tantos, hay violaciones a los derechos humanos van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte», aseveró.
A la vez, dijo que al salir de presión, las personas capturadas injustamente saldrían con rencor y lo que generaría una nueva etapa de estallido social.
«Esa salida puede contener tanta ira, entonces, la sociedad salvadoreña va a entrar en un ciclo de violencia, que ha estado en muchos ciclos de violencia. Es una probabilidad», aseveró.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo replicará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.
Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.
«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al entrevistador al ser cuestionada si implementará durante su mandato las estrategias del mandatario salvadoreño que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».
Ejemplificó que, en Costa Rica, si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida, sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.
«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.
Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo cuestionó el rol de las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de detenidos y no de las víctimas de estos.
«A mi me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaros esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.
