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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Miles de personas desplazadas por un potente terremoto registrado en el este de Indonesia aguardaban el lunes la llegada de ayuda, mientras permanecían acampadas frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.
El sismo, de magnitud 7,7, ocurrió el sábado y dejó 53 personas fallecidas y más de 100 heridas. Organismos de rescate señalaron que no existen reportes de personas desaparecidas.
Sin embargo, el número de personas que no pueden regresar a sus viviendas aumentó el lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, informó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia (BNPB).
Muchos habitantes de Flores pasaron una segunda noche consecutiva a la intemperie por temor a regresar a sus casas debido a las centenares de réplicas registradas en la zona.
Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la localidad de Mbay, ubicada cerca del epicentro, acampados en tiendas improvisadas construidas con lonas y tubos.
«Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar», comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años, frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.
El residente explicó que únicamente regresan a sus viviendas para recoger agua, ropa y almohadas, para luego pasar la noche en el campamento.
«Estamos aquí por nuestra cuenta», agregó Junaidin, quien, al igual que muchos indonesios, lleva un solo nombre.
El hombre también expresó su frustración por la aparente demora en la llegada de ayuda, mientras Indonesia celebraba el lunes su día de independencia con actos y ceremonias en la capital, Yakarta.
«En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada», afirmó Junaidin.
Ante la situación, la fuerza aérea de Indonesia informó que transportaría 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y movilizaría helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes de comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se convirtió el lunes en la más mortífera registrada en la historia del país, luego de superar en solo tres meses las 2,300 muertes contabilizadas durante el brote de 2018-2020.
La epidemia «es la de más rápida propagación jamás registrada» y «mata a una persona cada 30 minutos», alertó la semana pasada el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.
Por el momento, no existe vacuna ni tratamiento disponible para la variante Bundibugyo, identificada como responsable de esta epidemia.
El brote se originó en Ituri, en el noreste de la RDC, y corresponde a la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la historia del país. Actualmente, se extiende con fuerza por provincias del este y noreste, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras sanitarias son precarias.
Pacientes llegan tarde a los centros de tratamiento
En Ituri, uno de los principales epicentros de la epidemia, el hermano de Flavier Ngurima murió poco antes de llegar a un centro de tratamiento (CTE).
«Habíamos llamado a una enfermera de confianza para que lo atendiera en casa, ya que tanto él como sus familiares temían acudir al CTE. Decían que allí muere mucha gente», relató Ngurima.
La situación no sería aislada. En el territorio de Djugu, también en Ituri, parte de la población considera que los síntomas corresponden a «un envenenamiento u otras afecciones», explicó Jean-Paul Malo Lotsima, un líder local.
Según Lotsima, las familias llevan a los enfermos al hospital «en el último momento, cuando la familia ve que la situación empeora», y en algunos casos los pacientes «mueren por el camino».
Mohamed Janabi, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, aseguró que «más del 70% de las personas fallecen en la comunidad» en lugar de hacerlo en los centros de tratamiento.
Hasta el momento, el brote registra 2,325 fallecidos y 4,945 casos confirmados, superando las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de la RDC, que dejó 2,299 muertos y 3,381 casos confirmados.
Además, los primeros tres meses de esta epidemia registraron siete veces más contagios y cinco veces más muertes que los primeros tres meses de la peor epidemia de ébola de la historia, que afectó a África Occidental en 2014, según la Agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC).
En Bunia, capital de Ituri, se ha registrado cerca del 90% de los casos desde mediados de mayo. Sin embargo, las medidas para combatir la epidemia apenas son visibles, pese a la gravedad de la situación.
Un corresponsal de la AFP también observó que las personas continúan aglomerándose en los mercados y prestan poca atención a las medidas de protección.
«La participación de la comunidad en la respuesta sigue siendo insuficiente», afirmó Janabi.
Situación en Uganda
Uganda, país vecino de la RDC, registró 20 casos confirmados, incluidas dos muertes. Sin embargo, a mediados de julio anunció que ya no tenía casos activos del virus.
La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo en un plazo de tres meses.
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Colombia avanza en la remoción de escombros tras terremoto que deja cerca de 300 muertos
Colombia avanza este domingo en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, mientras las probabilidades de rescatar sobrevivientes son cada vez menores.
El ruido de retroexcavadoras, grúas y camiones se escucha en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que, el lunes pasado, derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales.
Los momentos de silencio que acompañaron las extensas jornadas de búsqueda y rescate comienzan a quedar atrás tras el terremoto más letal registrado en Colombia en este siglo, que deja cerca de 300 muertos.
El terremoto ocurrió horas después de la asunción del nuevo gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien el sábado solicitó a su aliado estadounidense Donald Trump la suspensión temporal de aranceles para ayudar a Colombia.
El oeste del país y la región cafetera fueron las zonas más golpeadas. A casi una semana de la tragedia, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen debido al paso de los días.
Voluntarios no renuncian
En Cali, una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una «V» roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.
Sin embargo, los rescatistas voluntarios se niegan a abandonar las labores.
«A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida», aseguró a la AFP el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, quien lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate denominado «Valentía».
Hasta el momento se registra al menos un centenar de personas desaparecidas a causa del terremoto, aunque se considera que después de 72 horas las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente.
Más maquinaria
En Cali, una mujer continúa recorriendo los alrededores de su casa en busca de su perro Lucky, en la ciudad que registra la mayor cantidad de fallecidos, con 111.
Algunos vecinos aseguraron haber escuchado los gemidos del animal entre los escombros, por lo que los equipos de rescate continúan buscándolo con micrófonos especiales bajo los restos del edificio.
«Ya no quedaban personas vivas, pero vecinos del sector dijeron que habían escuchado a Lucky llorar en la noche y convocamos a los voluntarios para que vinieran», relató Cristian Moreno, un bombero de 32 años.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia tendrá un costo de al menos 3,200 millones de dólares.
Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y de organismos como el Banco Mundial.
En las ciudades más afectadas por el sismo, numerosos edificios fueron marcados con una «X» roja para advertir sobre el riesgo de colapso y prohibir el paso de transeúntes.
En Pereira, una de las zonas afectadas casi en su totalidad por el terremoto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, solicitó el sábado a empresarios poner a disposición maquinaria para la remoción de escombros, aunque advirtió que todavía hay personas bajo las ruinas.
