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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años, fue asesinada en México, donde realizaba una estancia de intercambio académico. Las autoridades investigan el crimen bajo el protocolo de feminicidio.
El hecho ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, a menos de dos horas en automóvil de Ciudad de México. La joven fue agredida con un arma blanca.
Tacoronte Aguilera procedía de la Universidad de Granada, España, y se encontraba matriculada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) como parte de su intercambio académico.
La estudiante se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de lo que la Casa de Cultura local, lugar donde se desarrollaba el evento, describió como un «supuesto robo con arma blanca».
La UAEM condenó el hecho y demandó a la Fiscalía estatal una «investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género» para garantizar justicia y evitar la impunidad.
Por su parte, el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, informó a periodistas que aún no se ha determinado la identidad del agresor.
El funcionario también señaló que las autoridades establecieron contacto con el Consulado de España en esa región para brindar seguimiento al caso.
En México, varias entidades investigan inicialmente como feminicidio las muertes violentas de mujeres, para posteriormente determinar si el género tuvo alguna relación con el móvil del crimen.
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Congresista Tom Tiffany sobrevive a aterrizaje de emergencia en lago de Wisconsin tras falla de avioneta
El congresista estadounidense Tom Tiffany, representante de Wisconsin y candidato republicano a gobernador de ese estado, sobrevivió junto al piloto de una avioneta a un aterrizaje de emergencia en el lago Wausau. El incidente ocurrió la noche del sábado cuando regresaban de la Cena del Día de Lincoln del condado de La Crosse y la aeronave perdió potencia mientras se aproximaba al aeropuerto Wausau Downtown.
Ante la falla, el piloto Leonard Boltz logró realizar un amerizaje de emergencia sobre el lago. La aeronave comenzó a hundirse poco después, obligando a ambos ocupantes a salir y nadar hasta una zona poco profunda mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate. Bomberos acudieron en una embarcación y lograron ponerlos a salvo antes de trasladarlos al Aspirus Wausau Hospital.
Tiffany, de 68 años, sufrió lesiones menores, entre ellas una herida sobre el ojo derecho que requirió sutura, mientras que el piloto también fue atendido por golpes leves. Ambos lograron abandonar el hospital posteriormente. El congresista agradeció públicamente la actuación del piloto y de los socorristas y aseguró sentirse afortunado de haber sobrevivido al incidente.
La aeronave, un Beechcraft Bonanza monomotor, quedó sumergida en el lago y fue señalizada para evitar riesgos a otras embarcaciones. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió una investigación para establecer qué provocó la pérdida de potencia y determinar las circunstancias exactas del accidente.
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Incendio en hogar de adultos mayores en Chile deja 16 muertos; Fiscalía investiga las causas y situación del recinto
Al menos 16 personas murieron tras un voraz incendio registrado la noche del viernes en el hogar de adultos mayores “El Edén”, ubicado en Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, Chile. El fuego comenzó cerca de las 22:00 horas y destruyó prácticamente por completo la residencia, donde se encontraban alrededor de 26 personas al momento de la emergencia.
Diez residentes lograron ser evacuados mientras las llamas avanzaban por la estructura. Bomberos de distintas compañías de la zona trabajaron para controlar el siniestro, mientras equipos de emergencia trasladaron y evaluaron a los sobrevivientes. Las autoridades señalaron preliminarmente que varias de las víctimas presentaban problemas de movilidad, condición que habría dificultado su salida del inmueble.
La Fiscalía chilena abrió una investigación para establecer el origen del fuego y determinar eventuales responsabilidades penales. El caso también puso bajo investigación las condiciones de funcionamiento del establecimiento: reportes posteriores indican que el hogar no contaba con autorización vigente para operar, mientras la alcaldesa de Pitrufquén, Jaqueline Romero, afirmó que el recinto tenía un sumario sanitario y que desde febrero se había solicitado una fiscalización.
Equipos especializados de Carabineros y Bomberos realizan peritajes en el lugar para determinar cómo comenzó el incendio. La tragedia ha generado conmoción en Chile y abrió nuevamente el debate sobre la fiscalización, seguridad y condiciones en las que funcionan las residencias destinadas al cuidado de adultos mayores.
