Internacionales
«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Un hombre sospechoso de haber envenenado tarros de papilla para bebés con matarratas, presuntamente con el objetivo de chantajear al fabricante alemán HiPP, fue detenido este sábado en Austria, según informó la policía citada por la agencia APA.
De acuerdo con la dirección de la policía de la región de Burgenland, al sur de Viena, el sospechoso tiene 39 años, aunque su identidad no ha sido revelada hasta el momento. Las autoridades tampoco precisaron el lugar exacto de su arresto.
El hombre ha sido acusado de poner deliberadamente en peligro la seguridad pública y de intento de lesiones graves. Paralelamente, las autoridades de Alemania también mantienen una investigación abierta por sospechas de extorsión contra el fabricante HiPP.
Según la policía de Baviera, que coordina las pesquisas, se encontraron cinco frascos con alimentos envenenados antes de que fueran consumidos en Austria, República Checa y Eslovaquia. Uno de los botes fue localizado el 18 de abril en un supermercado Spar de Eisenstadt, capital de Burgenland, y contenía 15 microgramos de matarratas.
A mediados de abril, la empresa HiPP solicitó la retirada preventiva de tarros potencialmente contaminados en Austria. Las alertas se centraron principalmente en un envase de 190 gramos de puré de verduras de zanahoria y patata.
Las autoridades continúan la búsqueda de otro tarro sospechoso que fue vendido en la misma sucursal de Spar en Eisenstadt y que aún no ha sido localizado.
Las autoridades del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, informaron que el número de fallecidos a causa de las intensas lluvias ascendió a cinco, luego de la muerte de una bebé de un año que había sido rescatada el viernes.
Según la Defensa Civil de Pernambuco, hasta el momento se reportan 422 personas sin hogar y 1,068 desalojadas, además de 342 personas rescatadas en distintas localidades afectadas por deslizamientos de tierra e inundaciones.
La menor falleció en el hospital donde permanecía ingresada tras ser rescatada de los escombros de su vivienda en el barrio de Dois Unidos, al norte de Recife, capital del estado. En el mismo incidente también murieron su madre, de 24 años, y su hermano de seis años.
Las lluvias han provocado además daños en otros municipios de la región metropolitana y del interior de Pernambuco.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló el viernes por la noche que el Gobierno federal dispuso apoyo inmediato para las autoridades del estado. Asimismo, el Ministerio de Salud movilizó equipos para atender a las personas afectadas.
Agentes de la Policía de Los Ángeles intervinieron al actor Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, y le impusieron una infracción por una falta a la normativa vial.
De acuerdo con medios locales, la sanción se debió a un exceso de polarizado en los vidrios de su vehículo, un Porsche Cayenne Turbo GT.
El hecho ocurrió en una estación de gasolina, cuando el actor regresaba de la ceremonia de homenaje a Emily Blunt en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Según las imágenes difundidas, Johnson actuó con calma durante el procedimiento, mostrándose colaborativo y respetuoso con el oficial. El actor descendió del vehículo para atender la situación y aceptó la multa sin inconvenientes.
Aunque se trató de un procedimiento de rutina, el hecho cobró notoriedad en redes sociales debido a la popularidad del actor, donde el video se viralizó rápidamente.
