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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Cinco adolescentes de entre 14 y 18 años murieron el lunes por la noche al incendiar la buhardilla en la que se encontraban en un edificio de la localidad española de Manlleu, cerca de Barcelona, informaron la policía y los bomberos de Cataluña.
«Cinco personas murieron esta noche y cuatro más resultaron heridas leves en un incendio en un edificio» de Manlleu, localidad a más de una hora de Barcelona, informó a los bomberos en un comunicado difundido después de la medianoche, aclarando que el «fuego se originó en el trastero» del bloque de pisos.
Las víctimas eran cinco jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 años, informó la policía catalana a la AFP, sin precisar la edad de cada uno.
El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, explicó a la prensa que eran «vecinos de aquí, de Manlleu, chicos muy jóvenes», y que se trataba del «día más oscuro» que recordaba en la localidad.
Rovira explicó que los cuatro heridos son agentes de la policía local que fueron los primeros en llegar al lugar y que sufrieron de la «inhalación de humo».
Por el momento, se desconocen las causas del accidente o por qué estaban reunidos los jóvenes, explicó a la televisión pública catalana Elia Tortolero, representante del gobierno catalán.
«Hay una investigación abierta que nos determinará cuáles son las causas tanto del accidente, de que allí se originará un fuego, como de que estarán todos esos jóvenes allí», indicó Tortolero.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó de que hay una «causa abierta para investigar las causas de lo ocurrido», en un mensaje en X.
Según los bomberos, los vecinos los alertaron de la presencia de humo en la escalera. Cuando el fuego se dio por extinguido, «se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria», indicaron.
Entonces, «los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas, y dentro del trastero se encontraron cuatro más».
«No se pudo hacer nada por sus vidas», añadieron.
Las muestras de pesar por la tragedia ocurrida en este municipio de unos 21.000 habitantes, situado en el interior de la provincia de Barcelona, no han dejado de sucederse.
«Expresamos el más profundo pesame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio», expresó el Ayuntamiento de Manlleu en un comunicado en las redes sociales, donde informó que se decretaron tres días de luto en la localidad.
«Conmocionado por la muerte de cinco personas a consecuencia de un incendio en un edificio de Manlleu. Mi más sentido pésame a sus familiares y amistades», afirmó el presidente regional catalán, Salvador Illa, en su cuenta de X.
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La alcaldesa de Los Ángeles pide renuncia al jefe de los Olímpicos 2028, vinculada con Epstein
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió la renuncia del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos 2028, Casey Wasserman, cuyo nombre aparece en los archivos de Jeffrey Epstein.
Es «lamentable» que el comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos apoye a Wasserman, consideró la alcaldesa en una entrevista con CNN el lunes por la noche. «En mi opinión, debería renunciar», dijo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el mes pasado correos electrónicos subidos de tono que envió Wasserman en 2003 a la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.
Desde entonces, ha habido varios llamados que piden la dimisión del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. El comité ejecutivo de las justas le dio su apoyo el 11 de febrero.
Al principio, Karen Bass se abstuvo de tomar posición en la polémica sobre Wasserman, al señalar que correspondía al consejo de administración de los Juegos decidir si se mantenía o no en su cargo.
El portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, dijo este martes a periodistas que el «asunto» de Wasserman «sigue siendo» un tema «del consejo de LA28 en esta etapa».
«Como saben, un bufete de abogados lo investigó y corresponde al consejo sacar sus propias conclusiones. Tengo entendido que en este momento se están manteniendo muchas conversaciones», afirmó.
Wasserman, de 51 años, ha sido una personalidad influyente de Hollywood.
Tras las revelaciones de sus contactos, publicó un comunicado en el que lamentaba «profundamente» esa correspondencia de 2003, previa a la primera detención del delincuente sexual.
Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores. Pero ya en 2008 había recibido una primera condena por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.
Por ahora Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.
Su agencia artística representa a numerosas estrellas del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos Pharrell Williams y los grupos Coldplay e Imagine Dragons.
Varios artistas, incluida la cantautora Chappell Roan, ganadora de un premio Grammy, han anunciado su salida de la agencia después de que se conoció la implicación de Wasserman en el escándalo.
Wasserman dijo la semana pasada que vendería la firma debido a la reacción en contra por los intercambios de correos electrónicos con Maxwell.
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Tiroteo en pista de hielo en Rhode Island, EE.UU., deja 3 muertos y 3 heridos de gravedad
El responsable abandonó la vida de un tiro después del ataque. La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo en una conferencia de prensa que oficiales respondieron a informes de disparos en la Dennis M. Lynch Arena, en donde se realizó un evento de hockey en el que participaban estudiantes de varias escuelas.
El lugar se encontraba lleno de estudiantes y padres de familia al momento del tiroteo. Las primeras conclusiones apuntan a que el tirador disparó a sus propios familiares.
Entre los muertos se encuentra una niña pequeña. Los tres heridos sufrieron heridas de bala y se encuentran tumbas en un hospital. Las escuelas involucradas indicaron que todos los estudiantes han sido contabilizados. Funcionarios vigilan la situación y coordinan planes para la reunificación segura de las familias.
El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, publicó en X que la policía estatal de Rhode Island está trabajando con las autoridades locales del orden.
«Rezaré por Pawtucket y todos los involucrados». El tiroteo es el incidente de violencia con armas más reciente que causa preocupación generalizada en el estado. En diciembre, un tiroteo en la Universidad Brown dejó varios muertos y heridos. La violencia con armas en espacios públicos sigue planteando preocupación por la seguridad comunitaria en todo Estados Unidos.
