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Internacionales

«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU

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En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.

Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.

«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.

José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.

A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José mostrando una fotografía de su abdomen luego de ser operado de una hernia, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) 

Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.

«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».

El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.

«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.

A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.

Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José mostrando su cicatriz luego de ser operado de una hernia, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña)

En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.

José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.

Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.

Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.

«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.

El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.

En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.

«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.

ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.

Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.

Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José (d) y su madre observando desde el interior de su casa, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) 

«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.

Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.

En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.

«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».

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Internacionales

Perú extraditará a líder de organización criminal preso en Paraguay

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Un importante líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, prófugo desde 2022, será extraditado en los próximos días desde Paraguay, informó el domingo la policía peruana.

Erick Moreno, líder de «Los Injertos del Cono Norte», se encuentra preso desde septiembre en Paraguay, tras su captura cerca de Asunción en un operativo contra el crimen organizado.

«Este miércoles 28, las autoridades de Paraguay estarán entregando a Erick Moreno para que responda ante la justicia peruana por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen», dijo el domingo a periodistas el comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola.

«Va a estar al frente de los tribunales y la condena es muy sencilla de predecir: cadena perpetua», aseguró.

El ministerio del Interior de Peru había ofrecido una recompensa de 286.000 dólares por información que llevase a la ubicación y captura de «El Monstruo» Moreno, uno de los criminales más peligrosos y buscados del país.

Moreno se desplazaba desde 2022 por varios países sudamericanos, entre ellos Brasil.

En diciembre de 2023 fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas.

La extorsión aumentó 19% en Perú, con 26.585 denuncias frente a las 22.361 de 2024, según cifras oficiales.

En Perú operan tanto bandas locales como de Colombia, Ecuador y Venezuela, según la policía.

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Así fue captado dos pandilleros asaltando a pasajeros del transporte público en Honduras

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Ciudadanos captaron el momento cuando dos delincuentes estaban asaltando a los pasajeros de una unidad del transporte público en Comayagüela.

En el video que ya es viral en las redes, se observa a los sujetos amenazando y exigiendo sus pertenencias a los pasajeros.

Ciudadanos hondureños que la delincuencia en su país está incontrolable y las autoridades locales poco o casi nada hacen para proteger a la población.

De acuerdo con las estadísticas, El crimen organizado, las pandillas y la extorsión son los principales motores de la inseguridad.

De igual manera, la impunidad, la pobreza y la falta de oportunidades estructurales fomentan la persistencia del delito.

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Internacionales

Decenas de arrestos tras la intrusión de manifestantes en una cárcel de Londres

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Ochenta y seis personas fueron detenidas por supuesta intrusión después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el recinto de una cárcel londinense en apoyo a un preso en huelga de hambre, indicó la policía británica este domingo.

El grupo «protestaba en apoyo a un prisionero de Palestine Action en huelga del hambre» el sábado y rechazó dejar el recinto de la cárcel cuando se le ordenó, escribió la policía metropolitana de Londres en X.

«Al parecer, impidieron la entrada y salida del personal penitenciario, amenazaron a los policías y algunos lograron entrar en la zona reservada al personal de un edificio de la prisión», precisó la policía. Todas las personas implicadas fueron arrestadas, añadió.

Un portavoz del Ministerio de Justicia calificó el incidente de «profundamente preocupante».

La intrusión se produjo en la prisión HMP Wormwood Scrubs, en el oeste de la capital británica, donde Muhammad Umer Jalid permanece detenido y lleva más de dos semanas en huelga de hambre, según la asociación Prisoners for Palestine.

Otros activistas han llevado a cabo huelgas de hambre en los últimos meses a la espera de ser juzgados por allanamiento y actos de vandalismo cometidos en nombre de la organización Palestine Action, antes de que esta fuera prohibida en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista. Jalid y los demás niegan estas acusaciones y piden que se retiren.

 

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