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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron la noche del sábado en un accidente de tráfico ocurrido durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, Cabo Verde, informaron las autoridades en un comunicado divulgado este domingo por la radio pública.
El autobús transportaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca del volcán Pico do Fogo. Según funcionarios locales, el recorrido formaba parte de una actividad anual dirigida a los niños antes de su regreso a clases.
El accidente ocurrió en un archipiélago de África Occidental de aproximadamente 550,000 habitantes, ubicado en el océano Atlántico frente a las costas de Senegal. Las autoridades señalaron que los accidentes de gran magnitud son poco frecuentes en Cabo Verde y que, en general, el país cuenta con carreteras en buen estado.
Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, informó José Canuto, representante de Protección Civil de la municipalidad de Sao Filipe.
De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando uno de los neumáticos del autobús explotó. El vehículo derrapó y terminó cayendo en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, ubicado en un valle de difícil acceso.
El Ministerio de Defensa de Bolivia elevó a seis la cifra de personas fallecidas tras las dos explosiones registradas el viernes por la tarde en una unidad militar de la ciudad de Viacha, ubicada a 30 kilómetros al suroeste de La Paz y con una población superior a los 100,000 habitantes. La actualización se produjo luego de que los equipos de rescate localizaran tres nuevos cadáveres entre los escombros.
Según el Ministerio de Defensa, en el recinto militar se almacenaba material pirotécnico decomisado, granadas y explosivos con base de TNT. De las seis personas fallecidas, tres han sido identificadas y corresponden a soldados, mientras que las identidades de los otros tres cuerpos recuperados permanecen pendientes de confirmación.
“El número de personas fallecidas tras las explosiones registradas el viernes en instalaciones militares de Viacha se elevó a seis (…) Tres de las víctimas fueron identificadas (…) mientras que otras tres permanecen en proceso de identificación”, indicó el comunicado oficial.
La cartera de Defensa señaló que se mantiene la cifra de 11 personas desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda entre las estructuras destruidas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que todavía existen sectores afectados, materiales que deben ser revisados por especialistas y estructuras comprometidas.
Familiares de los soldados permanecían en los alrededores del cuartel en busca de información sobre sus seres queridos. Mientras tanto, las causas de las explosiones continúan bajo investigación. La Fiscalía abrió una causa por “homicidio culposo” y otros delitos.
El expresidente Evo Morales, opositor del mandatario Rodrigo Paz, calificó lo ocurrido como un “crimen de guerra” y cuestionó la actuación del Gobierno. A través de la red social X, afirmó que lo sucedido debería motivar una demanda ante la Corte Penal Internacional y pidió que la Fiscalía actuara de oficio.
Morales también señaló que el incidente afectó a varias familias de soldados que cumplían con su deber de servir a Bolivia.
Las explosiones provocaron daños en decenas de viviendas de los alrededores. Entre las afectaciones se reportaron ventanas hechas añicos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados como consecuencia de las ondas expansivas. Además, las puertas de algunos establecimientos comerciales quedaron retorcidas por la fuerza de las detonaciones.
Las autoridades de Indonesia cerraron este domingo ocho aeropuertos, entre ellos el principal de Yakarta, luego de la erupción del volcán Anak Krakatoa, una situación que dejó varados a más de 150,000 pasajeros y afectó 467 vuelos, de los cuales 58 correspondían a rutas internacionales y 409 a vuelos nacionales, informó el Ministerio de Transportes.
La suspensión de operaciones en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta, comenzó a la 01:30 de la madrugada del domingo y fue prorrogada en varias ocasiones. Durante la noche, las autoridades extendieron nuevamente el cierre hasta las 23:59 horas locales (16:59 GMT).
De acuerdo con el Ministerio de Transportes, los análisis realizados durante la jornada detectaron dispersión de cenizas volcánicas en la zona del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, por lo que se ordenó el cierre de la terminal aérea.
El volcán Anak Krakatoa entró en erupción el sábado, expulsando lava y provocando explosiones que, según la agencia indonesia de vulcanología, pudieron escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia. El organismo también informó que el domingo se registraron otras dos erupciones del volcán, ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.
Las cenizas volcánicas, consideradas peligrosas para los motores de los aviones, se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos y alcanzaron también la ciudad de Bandar Lampung, en el extremo sur de Sumatra, donde cubrieron vehículos estacionados y los bordes de las carreteras.
Ante esta situación, las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas el lunes y las clases serán impartidas a distancia. La administración de la capital anunció la medida mediante un comunicado, aunque no precisó durante cuánto tiempo permanecerá vigente.
El Anak Krakatoa registra actividad intermitente desde su aparición a comienzos del siglo XX, dentro de la caldera formada tras la erupción del Krakatoa en 1883.
Aquella erupción fue una de las catástrofes más mortíferas y destructivas de la historia, con un saldo estimado de 35,000 personas fallecidas.
