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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
El saliente mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.
Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia, encargado de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.
También tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.
Fernández ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que críticos del gobierno ven como una maniobra del presidente para mantener su influencia.
Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.
«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.
Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.
La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.
Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20,000 marinos.
En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).
Corea del Sur informó de una «explosión» seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.
Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes. «Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.
El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».
Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que amenazaban la navegación comercial».
Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.
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Ex niños soldado aprenden oficios para rehacer sus vidas en República Centroafricana
En un aula en Bria, en la República Centroafricana, ex niños soldado aprenden a coser. Una forma de ayudar a adolescentes de entre 14 y 17 años a superar la violencia que sufrieron a manos de los numerosos grupos armados del país.
«No es fácil enseñarles. Algunos todavía llevan esa violencia dentro. Otros siguen muy estresados», relata Christophe Yonaba, profesor de la organización benéfica Esperance en esta zona del este de la República Centroafricana.
«A veces se quedan sentados en silencio», cuenta sobre sus aprendices de sastre.
«De repente se inquietan, como si se bloquearan por dentro», añade.
El este de la República Centroafricana, cuyo subsuelo es rico en diamantes, se ha visto desgarrado por años de conflicto armado.
«Todos estos adolescentes fueron, en algún momento, capturados por grupos armados», afirma Yonaba, de 53 años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 2,000 jóvenes centroafricanos siguen en manos de estas fuerzas combatientes.
En el punto álgido de la guerra civil que se prolongó de 2013 a 2018, unos 20 grupos operaban en el este. La cifra descendió ahora a 14 gracias a los acuerdos de paz y los programas de desarme.
Pero los grupos armados continúan controlando ciertas zonas del este, especialmente en la frontera con Sudán y Sudán del Sur.
Desde finales del año pasado los combates entre el ejército y los rebeldes se intensificaron en la región.
El conflicto desplazó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, dentro del país y hacia la vecina República Democrática del Congo.
Trauma del pasado
Awa —la AFP cambió los nombres de todos los menores en esta historia— tenía 14 años cuando fue secuestrada por la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC), uno de los mayores grupos rebeldes.
Estuvo retenida durante unos tres meses.
Sentada en la parte delantera de la clase de Yonaba, donde las máquinas de coser sustituyen a los pupitres tradicionales, evita hablar del pasado y prefiere centrarse en el presente.
«Hoy me siento bien. Me gusta lo que hago aquí. Hay otros niños que tuvieron experiencias similares a la mía. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo», describe la joven.
También afirma estar contenta de vivir ahora «una especie de vida normal».
Amadou, de 16 años fue formado como panadero por la ONG y ahora hace pan y rosquillas cada mañana en un horno tradicional en su aldea. Pasó un año y medio en las filas de la UPC.
«No nos pedían que usáramos armas, pero estábamos allí, como sirvientes. Hacíamos todas las tareas ingratas y no descansábamos. Nos hablaban de manera grosera y dura», comenta, luchando con los dolorosos recuerdos que reaparecen.
Rachelle, que está aprendiendo sobre ganadería con Esperance, cuenta que fue utilizada como esclava sexual cuando tenía 14 años. La experiencia duró un año.
«Me obligaron a hacer cosas y tuve que hacerlo, de lo contrario habría habido consecuencias», confiesa con valentía pero negándose a decir más.
Pero los recuerdos la atormentan. Se pregunta por su madre, secuestrada al mismo tiempo que ella y de la que no volvió a saber nada desde entonces.
Esperance, financiada en parte por UNICEF, ayudó a 52 jóvenes a encontrar una vocación y un empleo el año pasado. Ofrece apoyo psicológico además de formación.
Los recientes programas de desarme contribuyen a un aumento de la demanda de sus servicios.
«Antes recibíamos una llamada al mes. Ahora es cada semana», relata Karl Malone, encargado de identificar nuevos casos de niños soldados en la región de Bria.
«Este año recibimos financiación suficiente para ayudar a 100 niños. Pero hay al menos 117 que necesitan ayuda. Y no podemos atenderlos», lamenta.
Como otras organizaciones de ayuda, Esperance se ve afectada por la disminución de la financiación internacional, especialmente de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, desmantelada por el presidente Donald Trump poco después de regresar al poder.
