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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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CAF celebró la cultura como motor de desarrollo en la antesala del Foro Económico Internacional
La cultura como motor de desarrollo, cohesión social e identidad colectiva fue el mensaje central que marcó ayer el inicio del Festival de Ideas «Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo», organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el Panama Convention Center, como preámbulo del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
El encuentro abrió con una presentación artística del Ballet Nacional de Panamá, que ofreció un recorrido por el folclore del país, sintetizando —como se subrayó durante la jornada— la diversidad cultural que caracteriza a América Latina y el Caribe. Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, bailarina profesional, quien deleitó al público con una interpretación de danza tradicional panameña, reforzando el mensaje de que la cultura no solo se gestiona, sino que también se vive.
Durante la inauguración, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que el encuentro fue concebido como un «festival de ideas» que antecede al foro económico, al sostener que «las ideas son el motor del crecimiento y la herramienta para reducir brechas». En esa línea, remarcó que no existe mejor antesala para un espacio de discusión económica que un escenario donde la cultura asuma un papel central, al vincularse directamente con la identidad, la esencia y el potencial compartido de América Latina y el Caribe.
Díaz-Granados destacó que, para CAF, el desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino también en la capacidad de las sociedades para soñar, crear y reconocerse en su diversidad. Recordó que desde hace más de tres décadas el banco ha impulsado la gestión cultural como un pilar institucional y anunció que el futuro hub de operaciones de CAF en Panamá, cuya inauguración está prevista para el próximo año, funcionará también como un centro de difusión de la cultura latinoamericana y caribeña.
La jornada incluyó la ponencia «La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe», con la participación de la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien hizo un llamado a reconocer la cultura como una construcción colectiva que nace de los pueblos y de la memoria histórica. Menchú subrayó que la cultura es clave para la autodeterminación, la dignidad y la transmisión de valores entre generaciones, y llamó a los liderazgos regionales a construir un desarrollo que parta de la conciencia y el respeto por las raíces.
El festival reunió también a referentes regionales del arte, la educación, el pensamiento y el periodismo, entre ellos Carmen Aristegui, así como a ministros de cultura y educación de distintos países, gestores culturales, artistas y representantes de organismos multilaterales. A lo largo del día se desarrollaron paneles y sesiones simultáneas sobre inversión cultural, patrimonio, mercados del arte, políticas públicas y experiencias culturales transformadoras en distintos territorios de la región.
El Festival de Ideas fue planteado por CAF como un espacio abierto y participativo para visibilizar cómo la cultura impulsa innovación, cohesión social y desarrollo local, reforzando la idea de que América Latina y el Caribe pueden proyectarse como una «región de soluciones» frente a los desafíos globales.
Tras esta jornada cultural, hoy se llevará a cabo la primera fecha del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que reunirá a autoridades, empresarios y tomadores de decisión para profundizar el diálogo entre el sector público y privado, con la cultura instalada, desde el inicio, como un eje estratégico del desarrollo regional.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobaron por 17 votos a favor y 3 en contra un informe que aboga por una mejor protección de los titulares de derechos en línea, frente al auge de las herramientas de IA generativa.
Entre las recomendaciones aprobadas, los eurodiputados reclaman que las normas europeas sobre derechos de autor se apliquen a todas las IA generativas disponibles en la UE, independientemente del país o países en los que hayan sido diseñadas y entrenadas.
Esto implica que los servicios de IA informen de manera clara a los titulares de derechos cuando utilicen sus contenidos y que les paguen una «remuneración justa», bajo pena de sanciones en caso de incumplimiento.
Los eurodiputados también piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten medidas «para proteger el pluralismo de los medios de comunicación, amenazado por los sistemas de IA que agregan información de manera selectiva, desviando su tráfico y sus ingresos».
Según ellos esto pasa por una remuneración adecuada y un control total sobre el uso de sus contenidos en el entrenamiento de las IA y en la agregación de datos, incluido el derecho a oponerse.
El informe será sometido a votación del pleno del Parlamento Europeo en marzo.
Las condiciones en las que los principales actores de la inteligencia artificial utilizan datos disponibles en internet, incluidos contenidos periodísticos, para alimentar y entrenar los grandes modelos de IA generativa son objeto de numerosos litigios en Estados Unidos y en Europa.
La UE adoptó en 2024 una ley sobre inteligencia artificial, que obliga a los sistemas de IA a respetar la legislación europea sobre derechos de autor.
Sin embargo, el alcance de este principio y, en particular, su aplicación a los datos y contenidos utilizados para entrenar los sistemas de IA generativa, siguen siendo inciertos, según un estudio del Parlamento publicado el año pasado.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
