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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
El excapo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán ha enviado cartas a las autoridades judiciales estadounidenses para pedir el traslado a su país de nacimiento porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua cruel.
Extraditado en 2017, tras dos fugas de prisiones mexicanas, el Chapo cumple condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.
La AFP pudo consultar tres cartas manuscritas del cofundador del cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes.
«Esta es una carta cortés sobre (…) las evidencias, que no fueron probadas», explica el Chapo en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis.
El Chapo pide en la misiva, dirigida al tribunal del distrito este de Nueva York, que le reconozca su «derecho a volver» a su país, sin aclarar si su solicitud es para cumplir el resto de su condena en México.
En otra misiva del 20 de abril el Chapo se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena.
Esos documentos «no probarán (sic) mi cruel castigo» añade. «El veredicto de mi juicio no fue justo», asegura.
El Chapo asegura además que está a la espera desde hace tres años de una apelación.
Joaquín Guzmán invoca además la protección de «la primera a la quinta enmienda» de la Constitución estadounidense.
El Chapo se ha quejado en varias ocasiones mediante cartas manuscritas de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares.
Las autoridades francesas anunciaron este lunes la imposición de una multa de 2 millones de euros (2.34 millones de dólares) contra los laboratorios farmacéuticos Novo Nordisk y Eli Lilly tras la difusión de publicidad sobre la obesidad.
La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos (ANSM), un organismo público encargado de evaluar los riesgos y la eficacia de estos productos en Francia, centró su decisión en la publicidad difundida entre el gran público en redes sociales, carteles, prensa, etc.
Estas campañas son «susceptibles de inducir a error al público en un contexto marcado por una fuerte mediatización y un uso indebido creciente de los análogos del GLP-1 (aGLP-1), especialmente con fines de pérdida de peso por motivos estéticos», subraya.
La autoridad sanitaria impuso una sanción global de más de 1.78 millones de euros a Novo Nordisk France, por los anuncios sobre sus medicamentos Saxenda y Wegovy, usados en el tratamiento de la obesidad.
La ANSM también sancionó a Eli Lilly France con 108,766 euros por una campaña que promovía ante el gran público su especialidad contra la obesidad Mounjaro.
La legislación francesa prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica obligatoria, recuerda el organismo.
Novo Nordisk France indicó a AFP que «rechaza firmemente» la decisión del organismo y que estudia recurrirla.
Por su parte, Eli Lilly France dijo tomar nota de la decisión y estimó que su campaña de sensibilización difundida en abril de 2025 era «conforme al marco aplicable a las comunicaciones relativas a la salud humana».
La Marina iraní lanzó este lunes disparos «de advertencia» contra buques estadounidenses que entraron en el estrecho de Ormuz en el marco de una operación para ayudar a barcos bloqueados.
Esa vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos está prácticamente cerrada por Teherán desde que empezó el conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica del 28 de febrero.
En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 8 de abril.
Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo «un gesto humanitario» y de «buena voluntad» para escoltar a barcos de países «que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio» y que están bloqueados en el Golfo.
La iniciativa, a la que bautizó como «Proyecto Libertad», está destinada según Trump a asistir a los marinos atrapados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.
Según el Mando Central de Estados Unidos en la región (Centcom), para el operativo se iban a movilizar destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15,000 militares.
El ejército estadounidense afirmó que sus destructores con lanzamisiles «se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad», contribuyendo a los «esfuerzos para restablecer el tráfico marítimo comercial».
Dos buques mercantes con bandera estadounidense «han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía», señaló el Centcom.
No obstante, los Guardianes de la Revolución iraníes lo negaron y aseguraron que «ningún navío comercial ni petrolero ha cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas». «Las alegaciones (…) de los responsables estadounidenses son infundadas y completamente falsas», agregaron.
Un comandante del ejército iraní, Amir Hatami, dijo que respondieron con «misiles de crucero y drones» al acercamiento de estos destructores. Según la televisión iraní, fueron disparos «de advertencia».
«Guardiana» del estrecho
Mientras tanto, las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial.
Tras haberse estabilizado, los precios del petróleo volvieron a subir. Hacia las 15h35 GMT, el barril de Brent, referencia internacional, crecía un 5.19% hasta los 113.78 dólares.
La cotización seguía, de todos modos, alejada de los 126 dólares que había alcanzado el jueves —un máximo desde 2022, cuando la cotización se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania—.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos reportó lanzamientos con misiles y drones desde Irán hacia su territorio. Teherán negó estar detrás de estos lanzamientos.
Según el Ministerio de Defensa emiratí, tres misiles de crucero fueron interceptados y otro cayó al mar.
En cambio, un dron provocó un incendio en una instalación petrolera de Fujaira, donde resultaron heridos tres trabajadores.
Irán negó estar detrás de estos lanzamientos.
También se reportaron ataque contra un petrolero de la compañía emiratí Adnoc y otro buque surcoreano en la zona, que sufrió un incendio.
Desde un primer momento, Irán había respondido amenazante al anuncio de Trump. El jefe del mando central del ejército, el general Alí Abdollahi, advirtió que cualquier fuerza armada extranjera «será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz».
«Exigencias excesivas»
La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.
Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz –donde Irán quiere cobrar gravámenes por el paso de buques–, y el programa nuclear de la república islámica.
Irán instó el lunes a Estados Unidos a «adoptar un enfoque razonable» y a abandonar sus «exigencias excesivas», tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países.
«En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra», dijo el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.
Irán transmitió esta semana una nueva propuesta de paz a Washington. Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.
La guerra ha causado además miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.
