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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Agentes de policía hallaron los huesos de cuatro bebés y el cadáver de un quinto en el domicilio de una pareja ubicado en Orange, en el sureste de Francia, donde los restos se encontraban dentro de cajas, informaron este martes diversas fuentes.
La fiscalía local indicó que abrió una investigación por asesinato tras el hallazgo realizado la noche del lunes en un apartamento situado en el centro histórico de la ciudad.
De acuerdo con la institución, la mujer, de 32 años, dio a luz en su vivienda el domingo a un bebé sano antes de ser trasladada a un hospital.
El descubrimiento de los restos ocurrió luego de que el hombre, también de 32 años, comenzara a revisar la vivienda “tras descubrir, una vez más y muy tarde, que su pareja estaba embarazada”, según explicó la fiscalía.
Durante la inspección, el hombre encontró lo que parecían ser restos humanos y notificó al hospital, que posteriormente alertó a la fiscalía.
Un médico forense señaló que los restos probablemente pertenecen a cinco recién nacidos.
Hasta el momento, se desconocen las causas de la tragedia. Los investigadores aún no han podido entrevistar a la madre, quien permanece hospitalizada tras el parto.
La fiscalía informó además que la pareja tiene otros dos hijos, de ocho y nueve años.
Un vecino identificado como Florent Jean declaró a AFP que ambos niños asistían a una escuela primaria de la localidad y que la madre solía recogerlos al mediodía para almorzar, mientras su pareja permanecía fuera de casa por motivos laborales durante gran parte del día.
El martes, varias bicicletas permanecían apoyadas frente al apartamento de la familia, ubicado en la segunda planta del edificio, mientras la puerta se encontraba precintada con cinta roja.
Las autoridades señalaron que los casos de homicidios de bebés al nacer no son poco frecuentes y que, en ocasiones, están relacionados con una alteración del discernimiento de la madre o con la negación del embarazo, ocultándolo a su entorno.
Como antecedente, el texto recuerda que en febrero una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en un congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.
Asimismo, menciona que el caso más grave de infanticidio registrado en Francia fue el de Dominique Cottrez, quien en 2015 fue condenada a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos, luego de que un jurado reconociera una alteración de su discernimiento.
Autoridades mexicanas detuvieron el pasado lunes a la viuda del alcalde de Temoac, en el estado de Morelos, asesinado la semana pasada en su despacho, bajo la sospecha de estar involucrada en un caso de extorsión, informaron la fiscalía y medios de comunicación.
Valentín Lavín, alcalde de Temoac, fue asesinado a balazos el jueves pasado dentro del palacio municipal. De acuerdo con la prensa mexicana, tenía alrededor de 40 años.
El crimen ocurrió en una zona donde operan distintos cárteles del narcotráfico.
La Fiscalía de Morelos informó sobre la captura de Marisol “N”, identificada por medios mexicanos como la viuda del alcalde. En el mismo operativo también fue detenido Geovany Emmanuel “N”, quien dirigía la Policía del municipio.
La dependencia señaló que ambos fueron arrestados como parte de una estrategia contra la extorsión, aunque no proporcionó más detalles sobre las circunstancias de su detención ni sobre una posible relación con el homicidio de Valentín Lavín.
Según el contexto presentado, México registra cerca de un centenar de asesinatos de alcaldes desde 2006, año en que se intensificó la violencia vinculada al narcotráfico.
Uno de los casos más recientes ocurrió en noviembre del año pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde de un municipio del estado de Michoacán, una región reconocida por la producción de aguacates, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.
El rapero estadounidense D4vd irá a juicio acusado de asesinar y descuartizar a una niña de 14 años, luego de que la jueza Charlaine Olmedo determinara, al concluir una audiencia de cinco días realizada el pasado lunes en Los Ángeles, que existe evidencia suficiente para que el caso avance a esa etapa.
El cantante, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, está acusado de apuñalar a muerte a Celeste Rivas Hernández, una adolescente estadounidense con quien, según la fiscalía, habría mantenido una relación sexual desde que ella tenía 13 años y él 18.
De acuerdo con los mensajes presentados por la fiscalía durante la audiencia, la menor amenazó con “acabar” la carrera del cantante aproximadamente 24 horas antes de su muerte y tres días antes de que D4vd publicara su primer álbum.
“Te voy a estrangular (…) acabaré con tu carrera y tu vida, lo arruinaré todo”, escribió Rivas en uno de los mensajes citados durante la audiencia.
Según el fiscal, al día siguiente, a finales de abril de 2025, Burke solicitó un servicio de Uber para trasladar a la adolescente hasta su vivienda con el propósito de “deshacerse” de ella.
La acusación sostiene además que el cantante intentó borrar sus huellas al ordenar motosierras por Amazon, una piscina inflable para presuntamente desmembrar el cuerpo y un incinerador de jardín que, según la fiscalía, era demasiado pequeño para incinerarlo.
El cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue encontrado cuatro meses después, en septiembre de 2025, en el maletero de un Tesla registrado a nombre del artista.
Burke se declaró no culpable de los cargos de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. En caso de ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte.
Durante la audiencia también se conoció que la familia de la adolescente estaba al tanto de la relación con el cantante. Sus padres firmaron un documento notarial para autorizar que viajara con él a Londres en septiembre de 2024.
Asimismo, los mensajes de texto presentados por la fiscalía indican que la joven estuvo embarazada y posteriormente se practicó un aborto. También mantuvo comunicación con Burke durante varios meses después de su separación, ocurrida en noviembre de 2024.
Blair Berk, uno de los abogados del cantante, afirmó que en un caso sin testigos ni arma homicida “no hay evidencia de una intención deliberada de matar”.
Por su parte, la fiscal Beth Silverman respondió: “No hay nada en este caso que suene como un accidente”, y acusó a la defensa de intentar “ensuciar a la víctima”.
La próxima audiencia para definir la fecha del juicio fue programada para el 31 de agosto.
