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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
La tarde del martes 13 de octubre de 2026, en una vivienda de la colonia Praderas, al norte de Piedras Negras, Coahuila, Karla Berenice Hernández de la Cruz, de entre 35 y 40 años según distintos reportes, fue hallada sin vida. Su pareja, Ángel de Jesús N., de 45 años, fue quien llamó al 911 para reportar lo ocurrido y se entregó a las autoridades en el lugar.
La necropsia confirmó la extrema violencia del ataque: más de 20 heridas de arma blanca y la amputación de una de sus manos. El caso se investiga bajo protocolo de feminicidio. Personal de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, encabezado por Katy Salinas, se desplazó desde Saltillo para apoyar las diligencias. El presunto agresor fue ingresado al Centro Penitenciario para Varones de Piedras Negras y enfrenta proceso.
Vecinos de la colonia contaron que la pareja se veía “amorosa” en el día a día, aunque reconocían discusiones frecuentes y celos. Familiares de Karla señalaron problemas por adicciones —se mencionó consumo de metanfetaminas por parte del hombre, pendiente de confirmar con toxicológicos— y desacuerdos económicos, pues él habría perdido el empleo. No existían denuncias formales previas ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.
En redes, la hija de la víctima, Bere Mendoza, publicó mensajes de dolor e indignación exigiendo justicia: “Maldito seas mil veces. Te prometo que te voy a hacer justicia, eso no se va a quedar así”. El contraste con las fotos de la pareja en las que aparecían abrazados y sonrientes generó aún más rechazo en la comunidad.
Con este caso, Coahuila suma al menos una docena de presuntos feminicidios en lo que va de 2026. Los funerales de Karla se realizaron en Funerales Socorro a partir del 15 de octubre. La investigación continúa para determinar si se acreditan los elementos del delito de feminicidio.
Un menor de 17 años, identificado como Abraham M.G. alias “El Zancudo”, fue vinculado a proceso por feminicidio en agravio de Dariana Valencia Serrano, de 15 años, en el municipio de Teziutlán, Puebla.
pueblaonline.com.mx
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando el adolescente citó a la estudiante de la Secundaria Federal Antonio Audirac y la llevó a una casa abandonada en el barrio de Xoloco. Ahí la sometió, la golpeó con un bloque y los puños, le provocó lesiones con tijeras y la estranguló con una corbata escolar.
El cuerpo fue localizado en la madrugada del 6 de octubre tras la búsqueda de familiares. La Fiscalía General del Estado de Puebla determinó como causas de muerte traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento. El imputado permanece en internamiento preventivo en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes (CIEPA) mientras avanza el proceso.
unotv.com
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¡25 AÑOS A CADENA PERPETUA! Salvadoreño es condenado en Estados Unidos por asesinar a su exsuegra durante celebración familiar
Un salvadoreño originario de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, fue condenado a una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua en Estados Unidos, tras declararse culpable del asesinato de su exsuegra. El sentenciado fue identificado como Erick Efrén Corado González, de 29 años, quien recibió la condena el jueves 15 de octubre de 2026, en un tribunal del condado de Nassau, Nueva York, por el crimen de Ana Ruth Espinoza, de 51 años, ocurrido en septiembre de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía del condado de Nassau, el crimen ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre de 2024, cuando la víctima y varios familiares salían de una celebración de cumpleaños en el restaurante La Candela II, ubicado en West Hempstead, Long Island. Corado González, quien se encontraba separado de la hija de Espinoza y no había sido invitado a la reunión, se acercó a la mujer en el estacionamiento del establecimiento y la atacó con un arma blanca. El esposo de la víctima también resultó lesionado cuando intentó intervenir, mientras otro familiar fue amenazado durante el incidente.
Tras el ataque, Ana Ruth Espinoza fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El responsable huyó de Nueva York, pero fue detenido ese mismo 29 de septiembre en Linden, Nueva Jersey, y posteriormente trasladado al condado de Nassau para enfrentar la justicia. Durante las investigaciones, las autoridades recuperaron un cuchillo en el estacionamiento del restaurante y un arma de imitación en el vehículo del acusado.
Corado González se declaró culpable el 3 de septiembre de 2026 de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado, antes de recibir su sentencia definitiva. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 30 años a cadena perpetua, el tribunal estableció una condena de 25 años a cadena perpetua, lo que significa que deberá cumplir al menos ese período antes de poder optar a una eventual libertad condicional. La fiscal del condado de Nassau, Anne Donnelly, lamentó el impacto del crimen en la familia de Ana Ruth Espinoza, a quien sus seres queridos recordaron como una madre y abuela profundamente apreciada.
