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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Foto: Cortesía
Rusia lanzó una andanada de misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev, por segunda vez en una semana, dejando al menos 22 muertos, en la antesala de una cumbre de la OTAN en Turquía.
El ataque ocurre pocos días después de otro bombardeo en la capital ucraniana que dejó más de 30 fallecidos. En esta ocasión, el impacto de los proyectiles abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos, arrancando sus plantas superiores y partiendo el edificio en dos.
Durante la noche, periodistas de la AFP en Kiev reportaron más de diez explosiones en medio de una alerta por misiles balísticos. Uno de los impactos afectó el edificio donde reside Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.
“Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja”, relató la mujer, quien afirmó haber sobrevivido por milagro, ya que los primeros pisos del edificio quedaron destruidos.
El ataque, el segundo consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos —considerados difíciles de interceptar— llevó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a reiterar su pedido de más sistemas de defensa aérea, en particular misiles Patriot de fabricación estadounidense.
Zelenski instó a sus aliados a adoptar “decisiones firmes” en apoyo a la defensa aérea de Ucrania, en vísperas de la cumbre de la OTAN que inicia este martes en Ankara, donde se prevé que el mandatario ucraniano sostenga conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea”, escribió Zelenski en redes sociales.
Las autoridades ucranianas informaron que los ataques nocturnos dejaron al menos 15 muertos en Kiev y siete en la ciudad de Vyshneve, cercana a la capital, además de decenas de heridos.
Un periodista de la AFP observó cómo equipos de rescate recuperaban el cuerpo de una víctima en el octavo piso de un edificio residencial en Kiev, mientras se escuchaban gritos de una mujer en el lugar.
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones durante el ataque.
En el distrito norte de Podilski, residentes describieron escenas de destrucción tras las explosiones.
“A la 01H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más”, relató Oleksandr Bakhlukov, de 68 años. “Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento”, añadió.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber ejecutado un “ataque masivo” con misiles y drones contra “empresas del complejo militar-industrial” e instalaciones energéticas en distintas regiones de Ucrania.
Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas lograron derribar drones y misiles de crucero, aunque advirtió que el país cuenta con “un suministro insuficiente de misiles interceptores” para neutralizar proyectiles balísticos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el ataque evidencia la necesidad urgente de reforzar la defensa aérea de Ucrania, tema que será abordado en la reunión de la OTAN.
En paralelo, el ejército ruso informó haber derribado más de 500 drones ucranianos durante la misma noche, mientras que Ucrania reivindicó un ataque contra la refinería de Omsk, en Siberia, a unos 2.500 kilómetros de su frontera, una de las más grandes del país y la más lejana alcanzada por Kiev desde el inicio de la guerra.
El gobernador de la región, Vitali Khotsenko, confirmó el ataque a través de Telegram y señaló que no se registraron víctimas.
Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia ha lanzado de forma recurrente ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas, en un conflicto considerado el más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Un nuevo corte eléctrico generalizado afecta este lunes a Cuba, el tercero registrado en los últimos seis meses, según informó la compañía eléctrica estatal en un contexto de profunda crisis energética que atraviesa la isla.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó a través de la red social X que se investigan las causas de la “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, que impacta a toda la isla, con una población de 9,6 millones de habitantes.
Las autoridades señalaron que el sistema eléctrico cubano enfrenta un fuerte deterioro debido al envejecimiento de su infraestructura, sumado a las restricciones derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. Esta situación ha provocado apagones diarios de hasta 24 horas en la capital, mientras que en otras zonas del país pueden extenderse por más de 70 horas.
Cuba atraviesa además una severa crisis económica caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y una elevada inflación, lo que se suma a los frecuentes apagones parciales registrados en los últimos meses. El corte de este lunes constituye el tercer apagón general en medio año y el octavo desde finales de 2024.
Desde enero, Washington solo ha autorizado la entrada de un petrolero ruso a la isla, con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo.
La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de 40 años de operación, las cuales presentan fallas frecuentes o requieren mantenimiento constante. A ello se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.
En un intento por reducir la dependencia del petróleo y enfrentar la crisis energética, el gobierno cubano ha impulsado inversiones en energía solar con apoyo de países como China.
Entre 2025 y comienzos de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en la isla, los cuales generan más de 1.000 megavatios, lo que representa aproximadamente el 10 % de la producción total de electricidad del país. A finales de 2024, esa cifra era del 3 %, mientras que las autoridades proyectan alcanzar el 15 % para finales de 2026.
El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que gobernó la Franja de Gaza durante casi dos décadas, una medida que allana el camino para que un comité de tecnócratas asuma la administración del territorio.
La decisión representa un cambio político significativo para el movimiento, que tomó el control del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Desde la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamás en octubre, el grupo islamista ha reiterado su disposición a ceder el poder en Gaza a otra dirección palestina, aunque persisten asuntos pendientes como el desarme del movimiento.
De acuerdo con declaraciones a la AFP del jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, Ismail al Thawabta, el jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, presentó su renuncia oficial y se decidió disolver dicho comité para facilitar la transición administrativa hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).
El NCAG, con sede en El Cairo, fue creado por la denominada “Junta de Paz”, establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las negociaciones que condujeron al alto el fuego entre Hamás e Israel.
Aunque se han planteado diversos escenarios para el futuro del territorio, la implementación en el terreno se mantiene estancada.
Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo el desarme de Hamás, posibilidad que el movimiento vincula a una iniciativa política palestina, mientras que Israel se opone a esta condición.
El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó a la AFP que la decisión de renunciar a la administración de la Franja busca “privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio”.
Asimismo, un alto cargo del movimiento, que pidió el anonimato, señaló que la decisión fue comunicada a otras facciones palestinas durante una reunión reciente en El Cairo, y aseguró que estas la habrían aprobado.
El presidente del NCAG, Ali Shaath, escribió en la red social X que el organismo está preparado para asumir sus responsabilidades “tan pronto como estén disponibles los recursos y capacidades necesarios”. La “Junta de Paz” reiteró, por su parte, que el principio fundamental del proceso es la concentración de todas las armas bajo el control del NCAG.
El politólogo Mkhaimar Abusada calificó la medida como principalmente “simbólica”, al señalar que el principal obstáculo sigue siendo la aceptación del desarme de Hamás.
La primera fase del alto el fuego permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamás, a cambio de palestinos encarcelados en Israel. Sin embargo, el paso a la segunda fase, que contemplaba el desarme del movimiento y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, permanece estancado, mientras Israel ha reforzado su presencia en el territorio.
Israel ha descartado el regreso de Hamás al poder y, al mismo tiempo, se opone a que la Autoridad Palestina asuma el control.
En paralelo, Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento, al menos 1,072 palestinos han muerto desde la entrada en vigor de la tregua, cifras que la ONU considera fiables. El ejército israelí, por su parte, reporta seis bajas en el mismo periodo, entre ellas cinco soldados y un contratista.
