Internacionales
«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro «acaba de recibir el alta», dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado, que dijo que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.
«En términos generales está más o menos equilibrado» su estado de salud, afirmó Caiado.
El líder ultraderechista, de 71 años, fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.
Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.
Sin embargo, no vuelve a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado a su casa por razones «humanitarias» durante un plazo de 90 días prorrogables.
El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.
Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.
Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.
En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.
Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.
Larga historia clínica
La bronconeumonía es el episodio más reciente de una larga historia clínica que se remonta a 2018, cuando Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.
Desde entonces se ha sometido a múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, a veces acompañadas de vómitos.
La infección que lo llevó al hospital fue consecuencia de un episodio de broncoaspiración vinculado a esas secuelas.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Preso inicialmente en su domicilio, en noviembre el supremo ordenó su traslado a una celda en instalaciones policiales tras descubrirse que había dañado su tobillera electrónica con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.
En enero fue llevado a un predio militar dentro del complejo penitenciario de Papuda, con mejores condiciones.
El retorno a su casa se produce a menos de siete meses de las elecciones presidenciales de octubre.
El exjefe de Estado (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, que buscará un cuarto mandato.
Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos en una eventual segunda vuelta.
Internacionales
Víctimas de Epstein demandan al gobierno de EE.UU. y Google por divulgar sus identidades
Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia.
Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.
Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados.
El Departamento de Justicia «reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo», afirmaron los demandantes.
«Incluso después de que el gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren», agregaron.
Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso.
Periodistas del diario The New York Times también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.
Epstein fue condenado en 2008 por pedir favores sexuales a niñas menores de 14 años, pero murió en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por cargos de tráfico sexual.
«Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein», dice la demanda.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó una semana de asueto para el sector público en medio de altas temperaturas que han agudizado la crisis energética en el país donde son frecuentes los racionamientos eléctricos.
Venezuela ha decretado antes recortes de jornadas y suspensión de clases para ahorrar energía en un país donde los racionamientos eléctricos ocurren desde hace años.
«En esta Semana Mayor quiero anunciar que he decretado días de asueto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para todo el sector de la educación», dijo Rodríguez desde la isla de Margarita, uno de los principales polos turísticos del país.
Los días feriados incluyen a «los ministerios porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica», agregó.
Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro durante una incursión de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, afirmó que Venezuela está marcada por «45 días de altas temperaturas».
Los servicios esenciales no están incluidos en el asueto que amplía el tradicional feriado por Semana Santa.
