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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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27 años de prisión por asesinar a su esposa y dispersar sus restos en un parque de París
Un tribunal de París condenó este viernes a 27 años de prisión a un hombre de 53 años por el asesinato de su esposa, un crimen ocurrido en la capital francesa.
De acuerdo con la investigación, trabajadores del parque Buttes Chaumont, un popular lugar frecuentado por familias y corredores en el noreste de París, encontraron una bolsa de plástico con partes del cuerpo de la víctima. La cabeza de la mujer fue localizada al día siguiente.
Los investigadores determinaron que la pareja era originaria de Argelia y tenía tres hijos. Ambos residían en las afueras de París, pero su relación se había deteriorado y atravesaban dificultades económicas.
Según los elementos recopilados durante la investigación, tras asesinar a su esposa, el hombre colocó el cuerpo en el sofá, lo cubrió con una manta y les dijo a sus hijos que no la molestaran porque estaba cansada. Posteriormente, salió a comprar una amoladora angular.
El condenado también envió mensajes al teléfono de la víctima preguntándole dónde se encontraba, con el objetivo de desviar las sospechas. Sin embargo, posteriormente confesó el crimen ante la policía.
El caso se da a conocer en un contexto de violencia contra las mujeres en Francia. Según cifras oficiales, en 2024 un total de 107 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en ese país, lo que representa un aumento del 11 % respecto al año anterior.
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Incendio en Almería deja 12 fallecidos y 23 personas sin localizar mientras continúan las labores de emergencia
Un incendio forestal de gran magnitud registrado en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, dejó 12 personas fallecidas que intentaban escapar de las llamas, mientras que 23 continúan sin localizar, según informaron autoridades regionales.
El fuego se propagó rápidamente el jueves en la zona de Los Gallardos, un área con una orografía escarpada, caracterizada por barrancos y viviendas dispersas en zonas forestales, lo que habría dificultado la evacuación y atrapado a algunas personas que intentaban huir.
El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, informó el viernes que el balance preliminar era de 12 fallecidos y 23 personas no localizadas, aunque pidió prudencia debido a que algunas podrían no haber logrado comunicarse con sus familiares o autoridades.
«Tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas», declaró Moreno Bonilla ante los periodistas, al tiempo que calificó la situación como «una tragedia».
Posteriormente, en una entrevista con la radio andaluza, el presidente regional indicó que aún se buscaba a 19 personas que permanecían sin localizar.
El incendio, que continúa fuera de control y es considerado uno de los más graves de la historia reciente de España, también dejó ocho personas heridas, cuatro de ellas con lesiones de mayor gravedad.
La rápida propagación de las llamas convirtió la zona, ubicada a pocos kilómetros de la costa Mediterránea, en una especie de «ratonera», según describió Moreno Bonilla.
El responsable de Emergencias, Antonio Sanz, señaló que todo apunta a que la mayoría o la totalidad de las víctimas podrían ser extranjeras, aunque aclaró que esta información no puede confirmarse hasta completar la identificación de los fallecidos.
De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro de las víctimas se encontraban dentro de un vehículo que tenía el volante al lado derecho, por lo que se investiga si podrían ser de nacionalidad británica. Este dato aún no ha sido confirmado.
Las otras siete personas habrían intentado escapar caminando por los caminos escarpados de la zona, donde quedaron rodeadas por el avance del fuego.
El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que las autoridades alertaron a los habitantes «puerta por puerta» sobre el peligro, pero señaló que un grupo de personas no atendió las recomendaciones de vecinos que les pedían permanecer en sus viviendas, situación que habría dejado siete fallecidos.
Ante la emergencia, Antonio Sanz insistió en la importancia de acatar las indicaciones oficiales. «No son recomendaciones, son instrucciones», afirmó, al señalar que cuando las autoridades ordenan evacuar y establecen las rutas de salida, es fundamental seguirlas.
Más de 400 efectivos de diferentes cuerpos de emergencia, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajando para controlar el incendio, que ya consumió 3,150 hectáreas.
Las autoridades indicaron que las labores han sido complicadas debido a la compleja orografía del terreno. Además, consideran como una de las hipótesis que el incendio pudo originarse por la caída de una línea de tendido eléctrico que provocó la ignición de la vegetación y su rápida expansión impulsada por el viento.
Mientras continúan los trabajos de control, numerosas personas permanecen desalojadas, y cerca de 200 están siendo ubicadas en distintos puntos municipales.
La intensa ola de calor que afectó a Europa a finales de junio provocó 1,747 fallecimientos en Bélgica, lo que representa el mayor exceso de mortalidad registrado durante un episodio de canícula en ese país desde que comenzaron los registros en el año 2000, informaron este jueves las autoridades sanitarias.
Un balance provisional divulgado la semana pasada había contabilizado 1,222 fallecidos durante el episodio de calor extremo, que se prolongó del 18 al 29 de junio.
Desde el 18 de junio, Bélgica registró diez días consecutivos de altas temperaturas, con máximas cercanas a los 30 °C y tres jornadas en las que los termómetros superaron los 35 °C. El 26 de junio se alcanzó un récord de 35.5 °C.
En un comunicado difundido este jueves, el instituto nacional de salud pública Sciensano informó que entre el 18 de junio y el 1 de julio «se registraron 1,747 muertes adicionales respecto al número esperado, lo que representa un exceso de mortalidad del 47.8 %».
La ola de calor, que afectó a cientos de millones de personas en distintos países europeos, fue calificada como «histórica» por varios expertos.
Sciensano explicó que «el carácter excepcionalmente mortífero de esta ola de calor se explica por la combinación de los tres principales factores que influyen en la salud: la duración del episodio, la intensidad de las temperaturas y las concentraciones de ozono». Asimismo, indicó que en cada uno de estos factores el fenómeno alcanzó niveles particularmente elevados.
Las autoridades también advirtieron que se espera una nueva ola de calor en Bélgica durante los próximos días, con temperaturas máximas que podrían superar los 30 °C durante cinco días consecutivos a partir del sábado.
