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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su admiración por los resultados de la estrategia de seguridad implementada en El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, enfocada en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
En una entrevista, Fernández señaló que respeta los cambios realizados en el manejo de la seguridad en El Salvador y destacó los resultados obtenidos a través de políticas públicas dirigidas a enfrentar el crimen organizado. Asimismo, afirmó que el país pasó de altos niveles de violencia a estándares que considera superiores, lo que calificó como un resultado digno de análisis.
La mandataria electa indicó que aspectos de este modelo podrían ser replicados en Costa Rica, subrayando que no concibe que la población deba modificar su vida cotidiana debido a la inseguridad. En ese sentido, cuestionó las condiciones en las que ciudadanos, estudiantes y comerciantes enfrentan el temor ante la delincuencia.
Consultada sobre la posibilidad de restringir derechos como medida ante un aumento de la criminalidad, Fernández señaló que, de presentarse un incremento significativo en fenómenos como el sicariato o el narcotráfico, solicitaría autorización a la Asamblea Legislativa para implementar acciones en esa línea.
Además, destacó cualidades del presidente salvadoreño, como la valentía para enfrentar el crimen, y afirmó que en El Salvador la población puede utilizar los espacios públicos con mayor tranquilidad.
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En Venezuela, excarcelan a 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera
Al menos 46 de los más de 170 presos políticos acusados de delitos relacionados con la industria petrolera en Venezuela fueron excarcelados el jueves, según constató un equipo de la AFP. Las liberaciones se produjeron de forma intermitente en la prisión de Yare, ubicada a unos 75 kilómetros de Caracas, donde decenas de familiares se congregaron a la espera de noticias.
El proceso ocurre en medio de una ley de amnistía impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro a inicios de enero. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que alrededor de 500 personas no han sido beneficiadas y permanecen detenidas.
Uno de los casos excluidos de esta amnistía es el denominado “PDVSA Obrero”, que agrupa a más de 170 detenidos, entre trabajadores de la estatal petrolera, agentes policiales y otras personas acusadas de delitos como contrabando, sabotaje y corrupción.
Familiares de los detenidos continúan a la espera de nuevas excarcelaciones. Algunos señalan que estos procesos también responden a gestiones con el Parlamento, que creó una comisión para atender casos no contemplados en la ley. Mientras tanto, personas liberadas han cuestionado las acusaciones y la lentitud en la aplicación de las medidas.
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Irán advierte que podría volver a cerrar el estrecho de Ormuz ante persistencia del bloqueo de EE. UU.
Teherán amenazó el sábado con cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes, hora después de que el paso marítimo fuera reabierto.
El reinicio del tránsito por el estrecho tranquilizó a los mercados el viernes e impulsó el optimismo en Washington.
Irán permitió que se reanudara el tránsito por el estrecho luego de que se confirmara la tregua entre Líbano e Israel.
En diálogo telefónico con la AFP, el presidente Donald Trump aseguró el viernes que no quedan «puntos conflictivos» para concluir un acuerdo de paz. Además dijo que Irán había acordado con entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones.
«Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras», dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.
Irán sin embargo, dijo que su uranio enriquecido no será trasladado a ninguna parte.
También advirtió que si los buques de guerra estadounidenses interceptan embarcaciones que proceden de puertos iraníes podría cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción global de crudo y gas natural licuado.
«Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto», escribió el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf, en X. Añadió que el paso por esa vía marítima dependería de la autorización de Irán.
«Lo que ellos llaman un bloqueo naval tendrá definitivamente la respuesta apropiada de Irán. Un bloqueo naval es una violación al cese al fuego», dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.
Las notas discordantes llegaron en un día que Trump había calificado de «GRANDE Y BRILLANTE», con una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogiaba a Pakistán, mediador de las conversaciones, y a los aliados del Golfo.
En su entrevista telefónica con la AFP, Trump dijo sobre el acuerdo que «parece que va a ser algo muy bueno para todos». Y, ante la pregunta sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, respondió: «Ningún punto conflictivo, en absoluto».
El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y drones en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.
Caen precios del petróleo
Los precios del petróleo ya habían cedido ante la esperanza de una salida negociada al conflicto, y su caída se aceleró el viernes. Las acciones subieron a medida que los inversores se contagiaron del optimismo.
En la noche del viernes, Estados Unidos emitió otra exención que permite la venta de crudo ruso y productos derivados que ya están en el mar, una movida que llevará a la baja los precios del petróleo a medida que aumenta el suministro.
El cese al fuego en Líbano y la reapertura del estrecho marcaron un avance clave en el acuerdo que busca Washington para acabar su guerra con Irán, después de que Teherán insistiera en que la lucha con Líbano debía incluirse en la negociación.
En Líbano, familias desplazadas buscan regresar, durante los 10 días de tregua, a sus hogares en el bombardeado sur de Beirut.
«Nuestros sentimientos son indescriptibles, orgullo y victoria», dijo a la AFP Amani Atrash, de 37 años, y agregó que espera que el cese al fuego continúa.
Trump dijo que Washington le «prohibió» a Israel continuar con sus ataques.
«Es suficiente», dijo, y agregó que Estados Unidos trabajará con Líbano «para lidiar» con Hezbolá.
Tregua bajo presión
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.
«Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones» del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.
Líbano dijo que trabaja en «un acuerdo permanente» con Israel tras el alto al fuego, afirmó su presidente, Joseph Aoun.
Es «una fase de transición (…) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo», agregó.
Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de continuar apuntando contra Hezbolá para evitar «ataques planeados, inminentes o en curso», y mantendrá una zona de seguridad de 10 km en la frontera entre ambos países.
De su lado, Hezbolá advirtió que tiene el «dedo en el gatillo» por si Israel viola la tregua.
