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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
La derechista Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América.
En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.
Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico.
«Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (…). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado», dijo, al señalar como inaceptable que «el narcotráfico encuentre grietas» en el sistema democrático costarricense.
Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.
«Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos», manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad.
Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. «Ya no más alcahueterías», subrayó.
Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado «gobierno de la continuidad».
Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.
«La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar», dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.
«Vamos a revisar nuestra institucionalidad (…) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría», aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.
Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá una diarquía (gobierno compartido) y riesgo de una «concentración de poder» en un expresidente «con tentaciones autoritarias».
Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.
Tres excursionistas murieron este viernes en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción de un volcán, que lanzó una enorme nube de ceniza por los aires, informaron las autoridades.
Entre los fallecidos hay dos singapurenses y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, aseguró Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de la provincia de Halmahera del Norte, a la cadena Kompas TV.
Veinte excursionistas se encontraban en las laderas cuando ocurrió el desastre, señaló Erlichson desde una estación de monitoreo.
Nueve de ellos eran de Singapur y el resto indonesios.
«Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña», precisó.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Los otros 17 excursionistas fueron hallados vivos, según el jefe de la agencia local de auxilio Iwan Ramdani.
Algunos de los excursionistas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.
El guía del grupo y un asistente fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentarse a cargos penales por haber llevado a los excursionistas a una zona prohibida, añadió el jefe de policía.
El acceso a la zona se había prohibido el mes pasado, después de que los científicos observaran un aumento de la actividad volcánica.
Erlichson precisó que la operación de rescate se lleva a cabo en un terreno accidentado al que solo se puede acceder con vehículos hasta cierto punto de la pendiente.
«El resto del camino (las víctimas) deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación», dijo.
Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un «ruido atronador» y una espesa columna de humo que se elevó a unos 10 kilómetros desde la cima del monte Dukono y puede afectar a la población circundante.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Indonesia, un vasto archipiélago del Sudeste Asiático, experimenta frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Cuenta con casi 130 volcanes activos.
El Dukono se encuentra actualmente en el tercer nivel de alerta del sistema de alertas de cuatro niveles de Indonesia.
Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a los turistas y escaladores que no se acerquen a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang.
Erlichson dijo que los excursionistas ignoraron las señales de advertencia colocadas a la entrada del sendero.
Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington la próxima semana, anunció ayer un funcionario estadounidense, en medio de continuos ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá pese al alto el fuego.
Estados Unidos, por su parte, continúa esperando la respuesta de Teherán a su última propuesta para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio y permita reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de hidrocarburos.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, indicó que la nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.
Será el tercer encuentro de este tipo en los últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no mantienen relaciones diplomáticas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era «perfectamente factible» e insistió en que Hezbolá era el principal escollo, y no otros asuntos entre los dos gobiernos.
Líbano quedó arrastrado al conflicto regional cuando Hezbolá, respaldado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia.
