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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Un ataque bomba este sábado dejó 7 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador del Cauca.
La explosión fue en una carretera de esta violenta región e impactó en varios vehículos. Desde ayer se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.
«Fue activado un artefacto explosivo» que «deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad», publicó en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, junto a un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos volcados y destruidos tras el ataque.
Otros videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y huecos en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió varios metros.
El viernes un atentado contra una base militar en Cali, la tercera ciudad del país, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca. En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.
La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales. El delfín político del presidente izquierdista Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.
Los tres han denunciado amenazas de muerte.
En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.
Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.
El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de la agencia de noticias EFE que se encontraba en el evento.
Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.
Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.
Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora “el escenario de un crimen”, según detalló el periodista de EFE presente en la cena.
Trump se refirió al incidente a través de la red social Truth, destacando la respuesta de las autoridades. “Qué velada en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, señaló, agregando que el atacante ya fue detenido.
Trump indicó además que recomendó “dejar que el espectáculo continúe”, aunque dijo que la decisión final quedará en manos de las autoridades. “Será un evento muy distinto al planificado y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo”, añadió el mandatario.
El feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril, ha dado un giro aún más perturbador tras filtrarse la última conversación que sostuvo con su suegra, Erika María “N”.
Lo que parecía ser un reencuentro familiar para entregar a una mascota, terminó en una ejecución a sangre fría que ha dejado en shock a México.
Según los informes, Erika María viajó en automóvil desde Ensenada hasta la Ciudad de México bajo el pretexto de entregar a “León”, un perro golden retriever que pertenecía a la pareja. En los audios filtrados, se escucha a una Carolina amable y preocupada por el bienestar de la mascota y de su suegra tras el largo viaje. “¿Y ‘León’ cómo se portó?”, preguntó la modelo, a lo que la mujer respondió con total normalidad: “Bien, andaba medio mareado”.
Sin embargo, la amabilidad era una trampa mortal. Para distraer a su nuera, Erika María le pidió una botella de agua. Mientras Carolina se dirigía a la cocina del departamento en Polanco para cumplir con la petición, su suegra aprovechó el momento de vulnerabilidad para dispararle en repetidas ocasiones. Tras cometer el crimen, la mujer de 63 años salió del edificio con maletas, huyendo del lugar.
La indignación crece conforme se revelan más detalles: allegados sugieren que el móvil fueron los celos, y que los problemas entre ambas se intensificaron cuando Carolina quedó embarazada. Actualmente, Erika María “N” es considerada una prófuga de la justicia y existe un fuerte temor de que pueda salir del país. Mientras tanto, la comunidad exige justicia para la modelo, quien incluso había dejado instrucciones sobre el futuro de su bebé presintiendo que algo podría ocurrir.
