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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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Francia lanza un llamado a testigos tras encarcelar a un hombre por violar a 89 menores
La justicia francesa lanzó un llamado a testigos para encontrar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.
El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba «relaciones sexuales» con menores de 13 a 17 años, y se lo dió a las autoridades, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.
Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló.
«Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes», según el fiscal.
El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la «vida afectiva y sexual» de su tío y que representa «15 tomos», permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.
De estos, unos cuarenta pudieron ser identificados y presentaron una denuncia, pero los investigadores estiman que algunas víctimas quizás no figuran en los documentos encontrados.
Por ello, el fiscal hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que otras posibles víctimas se den a conocer, en el marco del llamado a testigos.
«Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas», pero «nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro», apuntó Manteaux, precisando que algunas de las 89 aparecen citadas por su nombre o por su apodo.
«El tiempo apremia», agregó el fiscal, que espera concluir la investigación este año vista la edad avanzada del acusado y para evitar eventuales prescripciones de los delitos.
En el caso de Colombia, Leveugle habría viajado al país andino entre 1996 y 2023, según el llamado a testigos publicado por las autoridades, en el que aparece con bigote y gafas.
Aunque el caso se dio a conocer ahora, el hombre fue detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.
El acusado también indicó en sus «memorias» haber matado «voluntariamente a dos personas», explicó el representante del ministerio público.
Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.
Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer «le suplicaba que no se marchase».
El Ministerio Público indicó en su cuenta de la red social X que el funcionario fue arrestado en horas de la madrugada durante un operativo ejecutado de manera conjunta con la Policía Nacional en la provincia costera de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil.
La Fiscalía precisó que la acción forma parte del caso denominado «Goleada», dentro del cual se ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra un total de 11 personas investigadas. Entre los detenidos figuran Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde.
Asimismo, el organismo difundió imágenes de la detención del alcalde de Guayaquil, así como otras evidencias incautadas durante el operativo, entre ellas teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Añadió que el operativo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados de las diligencias y el avance del proceso judicial.
Medios locales difundieron que Álvarez fue trasladado inicialmente al Cuartel Modelo de Guayaquil y posteriormente llevado a Quito, la capital del país, donde se prevé la realización de la audiencia correspondiente.
Aquiles Álvarez también es investigado en otro caso denominado «Triple A», por supuesto tráfico de combustibles.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
