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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Las negociaciones para concretar un rescate gubernamental de $500 millones de dólares a favor de Spirit Airlines se han venido abajo, dejando a la aerolínea de bajo costo al borde del cierre, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.
Según la información de medios internacionales, la compañía enfrenta una crítica falta de liquidez y se prepara para cerrar operaciones, tras no lograr asegurar el respaldo financiero que le permitiría continuar en funcionamiento.
El acuerdo, que contemplaba una inyección de capital respaldada por el gobierno de Estados Unidos, no consiguió el consenso necesario ni entre los tenedores de bonos de la empresa ni dentro de la administración del presidente Donald Trump, señala Infobae.
Fuentes citadas por medios internacionales señalan que al interior del gobierno surgieron diferencias sobre la conveniencia de autorizar el rescate y las condiciones bajo las cuales debía estructurarse, lo que terminó por frenar definitivamente las conversaciones.
El eventual cierre de Spirit Airlines marcaría un golpe significativo para el segmento de aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, debido a que, aseguró, Bruselas no está cumpliendo sus compromisos comerciales.
El acuerdo, que se cerró a mitad del año pasado, había limitado el arancel estadounidense sobre los automóviles y las autopartes de la UE al 15%, inferior al gravamen del 25% que Trump impuso a muchos otros socios comerciales.
Estos impuestos sectoriales no se vieron afectados por un fallo del Tribunal Supremo a principios de año que anuló una serie de aranceles globales de Trump.
Pero el mandatario estadounidense dijo este viernes en su plataforma Truth Social: «Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentará los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos».
«El arancel se incrementará al 25 %», anunció.
Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz.
Trump le dijo a Merz que se concentraría en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de «interferir» en Irán.
Es probable que Alemania se vea duramente afectada por esta subida del arancel a los automóviles y sus componentes, ya que gran parte de los vehículos que ingresan en Estados Unidos procedentes de la UE son fabricados allí.
A finales de marzo, los eurodiputados dieron luz verde al acuerdo arancelario del bloque con Trump, pero con condiciones.
Si bien muchos eurodiputados aceptaron reducir los aranceles de la UE a algunas importaciones estadounidenses, como primer paso hacia la aplicación del acuerdo de 2025, también reclamaron salvaguardias adicionales.
Aunque el Parlamento Europeo ha dado su aprobación condicional al pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, aún debe negociarse con los Estados miembros antes de entrar en vigor.
Según una ficha informativa de 2025 de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Estados Unidos es el segundo mayor mercado para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE, después del Reino Unido.
Más de una quinta parte de las exportaciones de vehículos de la UE fueron a Estados Unidos.
Solo Alemania exportó alrededor de 450.000 vehículos a Estados Unidos en 2024, según el grupo sectorial VDA. Pero esa cifra ha disminuido desde entonces.
Un alto magistrado de Bolivia fue asesinado a balazos por sicarios en la ciudad oriental de Santa Cruz cuando se encontraba dentro de un taxi, informó este viernes la policía.
El crimen, cuyas razones se investigan, ocurrió la noche del jueves. La víctima fue identificada como Víctor Hugo Claure, juez del Tribunal Agroambiental, máxima instancia de justicia ambiental y agraria.
«Ayer se produjo un hecho lamentable, el asesinato de un magistrado», dijo en rueda de prensa David Gómez, comandante policial de Santa Cruz. Una moto con dos sujetos se acercó al vehículo donde estaba la autoridad judicial y uno de ellos disparó, precisó.
El funcionario judicial murió antes de llegar al hospital. Su cadáver presentaba cuatro heridas de bala, según el Ministerio Público.
Aunque los hechos se encuentran en investigación, el jefe policial Gómez señaló como hipótesis de la causa del crimen «un problema de tierras».
«Habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras (…) en el oriente boliviano», precisó.
Según la policía, altas autoridades judiciales de distintos departamentos, entre ellas Claure, se habían reunido el jueves en Santa Cruz.
«En este momento tenemos a 13 magistrados que están con seguridad» policial para sus traslados al aeropuerto y en los lugares en los que permanezcan, dijo Gómez.
Por su parte, el fiscal de esa ciudad Alberto Zeballos, declaró que ya se tienen imágenes de los hechos y las declaraciones de los testigos que se encontraban dentro del taxi.
El presidente Rodrigo Paz expresó su «solidaridad» con la familia del magistrado e instó a la población a no especular, en una declaración a la prensa.
En Bolivia, los magistrados de los máximos órganos de justicia, como el Tribunal Agroambiental, son elegidos por voto popular.
