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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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Juez de Miami dicta orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996
Un juez de Miami dictó una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. En el incidente murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.
La orden, firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan del Undécimo Circuito Judicial de Florida, se basa en la determinación de que existen indicios suficientes de que Castro conspiró con agentes cubanos que operaban en el estado. Según la investigación reabierta por las autoridades de Florida, espías infiltrados recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado el ataque por parte de militares cubanos. Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es señalado como parte de la cadena de decisión.
Esta medida estatal es independiente de los cargos federales presentados en mayo de 2026 contra Castro y otros exmilitares cubanos por asesinato y conspiración. La orden no contempla fianza y autoriza a las autoridades de Florida a procurar su extradición si es localizado fuera del estado. Hermanos al Rescate, con sede en Miami, se dedicaba a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
El caso, reabierto décadas después de los hechos, mantiene el interés de las autoridades estatales y de sectores del exilio cubano en Florida. Castro, de 95 años, se retiró de sus cargos formales en 2021, aunque conserva influencia en la isla. Las autoridades de Florida anunciaron públicamente la orden este lunes.
El barril de petróleo Brent se cotiza este lunes por encima de los 107 dólares, luego de registrar una leve disminución cercana al 1,9 %. El precio se mantiene en niveles elevados tras haber rozado los 110 dólares el viernes, en un mercado que continúa mostrando alta volatilidad en el crudo y sus derivados.
Las cotizaciones se mantienen presionadas al alza por las tensiones vigentes en Medio Oriente, en particular por el cierre y los riesgos de tránsito en el estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que circula una parte importante del petróleo mundial. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reducido los flujos de crudo del Golfo en las últimas semanas y ha generado preocupación por posibles interrupciones adicionales del suministro.
A pesar de la corrección de este lunes, los precios siguen reflejando un entorno de riesgo geopolítico elevado. El Brent es la principal referencia internacional para el comercio de petróleo y suele influir directamente en los costos de combustibles y derivados a nivel global. En lo que va del año, la cotización acumula ganancias significativas impulsadas por factores de oferta y demanda, además de los episodios de inestabilidad regional.
Los mercados seguirán atentos a la evolución de la seguridad marítima en la zona del Golfo y a cualquier desarrollo que pueda alterar los flujos de exportación. Mientras persistan las restricciones en rutas clave como Ormuz, se espera que la volatilidad continúe marcando el comportamiento del precio del barril en las próximas sesiones.
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Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
