Internacionales
«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.
Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
«Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida», dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.
En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional informó de cuatro agentes y un civil muertos el jueves en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes.
«Condenamos el asesinato de al menos cuatro de nuestros policías», indicó la institución en X.
Ambos ataques ocurren en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.
Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.
Al parecer «las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado», dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza.
En los «alrededores se escuchan disparos (…) aquí ya no hay armonía (…), uno duerme con un ojo abierto y el otro cerrado», añadió el dirigente, que pidió mantener su nombre en reserva.
Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.
«Es una escena dantesca», señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer fueron ejecutadas con fusiles y escopetas.
Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.
«Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores», comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.
«Con más de 1,3 millones de muestras que representan miles de variedades de plantas cultivables, esenciales para la seguridad alimentaria de la humanidad, el jurado ha valorado la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras», indicó el fallo.
La iniciativa noruega, inaugurada en 2008, fue creada «para salvaguardar la diversidad de cultivos en caso de pérdidas debidas a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias», resaltó el fallo leído por el presidente del jurado, el jurista y exministro de Defensa español Gustavo Suárez Pertierra.
Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.
El banco subterráneo de semillas, situado en la isla de Spitsbergen del archipiélago de Svalbard, en el corazón del Ártico a unos 1.300 km del Polo Norte, fue seleccionada entre 32 candidaturas de 17 nacionalidades que optaban al galardón este año.
El Gobierno de Noruega es el responsable de la bóveda, junto a una organización internacional sin ánimo de lucro en la que participan varios países, «dedicada a conservar la diversidad de cultivos y hacer que esté disponible siempre para su uso en todo el mundo», explicó la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.
La colección ya mostró su utilidad, como cuando en 2015 los investigadores pudieron recuperar en Svalbard las semillas desaparecidas de la ciudad de Alepo, devastada por la guerra en Siria.
Asimismo, en 2025 la bóveda recibió 2.000 muestras de semillas del Banco Nacional de Germoplasma de Sudán, atacado durante la guerra civil en ese país.
Cuarto premio de 2026
El de Cooperación Internacional es el cuarto de los galardones concedidos en esta edición de los premios anuales que, a un ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias, que toma el nombre de la heredera al trono de la Corona española.
El año pasado este premio recayó en Mario Draghi, ex primer ministro italiano y «salvador del euro» cuando era gobernador del Banco Central Europeo (BCE).
Entre los anteriores galardonados están Wikipedia, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Estación Espacial Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Este año, se anunció el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la célebre factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.
La semana pasada se falló el de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas.
Los galardones serán entregados por la Princesa de Asturias, Leonor, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias, en el norte de España.
Una nueva tragedia violenta ha ocurrido en Honduras luego de que medios locales informaran sobre una masacre registrada en una finca de palma ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con reportes preliminares, el ataque dejó más de 10 personas fallecidas y varias heridas, generando alarma entre los habitantes de la zona.
Según medios hondureños, hombres armados habrían llegado hasta la finca y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.
El motivo del hecho todavía está bajo investigación por parte de las autoridades.
Elementos policiales y equipos forenses se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni la identidad de todas las víctimas.
Medios locales señalaron que este hecho se suma a otros de violencia registrados recientemente en distintas regiones del país.
