Internacionales
«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Internacionales
Acusado de brutal asesinato en tren es declarado incompetente para enfrentar juicio en EE. UU.
Un hombre acusado de asesinar brutalmente a una joven en un tren en Carolina del Norte fue declarado incompetente para enfrentar juicio, según un informe revelado recientemente. El sospechoso, identificado como Decarlos Brown Jr., no estaría en condiciones mentales de comprender el proceso judicial ni de colaborar en su defensa, de acuerdo con evaluaciones médicas, publica el N Y Post.
El crimen ocurrió en agosto, cuando la víctima, una joven refugiada ucraniana de 23 años, fue atacada con un cuchillo dentro de un tren ligero en la ciudad de Charlotte. El hecho, captado en video, generó indignación nacional por la violencia del ataque y la aparente falta de reacción inmediata de otros pasajeros.
Según documentos judiciales, la defensa solicitó retrasar la audiencia sobre su capacidad mental por 180 días, petición que no fue objetada por los fiscales. Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia federal, ya que también enfrenta cargos por violencia en un sistema de transporte que resultó en muerte.
La ley en Carolina del Norte establece que, si un acusado es declarado incompetente, los cargos pueden ser suspendidos hasta que recupere su capacidad mental. En algunos casos, incluso pueden ser desestimados temporalmente, aunque podrían retomarse si la persona es considerada apta en el futuro.
El historial del sospechoso incluye múltiples arrestos desde 2007 por delitos como agresión, robo y posesión de armas. Además, familiares han señalado que padece esquizofrenia. Autoridades también indicaron que estaba en libertad bajo fianza al momento del ataque.
Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes de menos de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un video en TikTok.
«Hemos decidido dar un paso adelante con una medida difícil pero indispensable: prohibir el acceso a redes sociales a los niños de menos de 15 años», explicó el dirigente.
Según precisó, la medida será votada este verano, y la prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de «los algoritmos depredadores» y del ciberacoso.
Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, con pena de multas de hasta 28 millones de euros.
Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos, otros países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, e igualmente India y México, quieren igualmente restringir las redes a adolescentes. La UE en conjunto se plantea una medida similar.
Mitsotakis eligió TikTok para digirirse a los jóvenes y explicarles el motivo de esta iniciativa.
«La ciencia es categórica: cuando un niño pasa horas delante de una pantalla, el cerebro no descansa», apuntó. Y «muchos niños me dicen que están cansados de tanta comparación, de los comentarios, de la presión de estar siempre ahí», añadió.
Dirigiéndose a los padres, Mitsotakis les dijo que la prohibición no es más que «una herramienta, que no reemplazará nunca su presencia».
Internacionales
Pandillero salvadoreño disparo contra Agentes de ICE en operativo en San José California
Un operativo de arresto realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó en un tiroteo este martes en una carretera del norte de California, cerca de San José. Las autoridades informaron que el inmigrante involucrado fue trasladado a un hospital, aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente la gravedad de sus heridas.
De acuerdo con un comunicado del director interino de ICE, Todd Lyons, el hombre fue identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández, a quien el Departamento de Seguridad Nacional acusa de ser miembro de la pandilla Barrio 18 y de estar siendo buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato.
ICE aseguró que el incidente ocurrió cuando los agentes se acercaron al vehículo del sospechoso con la intención de arrestarlo. Según la versión oficial, Mendoza Hernández habría intentado usar su automóvil como arma para atropellar a un agente, lo que provocó que los oficiales abrieran fuego en defensa propia.
El tiroteo se registró cerca de la Avenida Sperry y la Interestatal 5, en una zona ubicada entre San José y Modesto. La Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus indicó que el cierre de carreteras provocaría demoras en el tránsito durante el resto del día.
El FBI se encontraba en el lugar investigando lo ocurrido, mientras las autoridades locales aclararon que ningún agente de la policía del área participó en el incidente. Un portavoz del sheriff indicó que no se ha revelado a qué hospital fue llevado el inmigrante, lo que mantiene en incertidumbre su estado de salud.
El caso ocurre en un contexto de creciente actividad migratoria en el Condado de Stanislaus, donde, según reportes locales, se han registrado al menos 18 detenciones vinculadas a ICE en los últimos seis meses, en una región reconocida por su fuerte economía agrícola.
