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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
