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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU

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En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.

Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.

«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.

José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.

A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José mostrando una fotografía de su abdomen luego de ser operado de una hernia, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) 

Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.

«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».

El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.

«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.

A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.

Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José mostrando su cicatriz luego de ser operado de una hernia, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña)

En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.

José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.

Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.

Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.

«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.

El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.

En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.

«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.

ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.

Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.

Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José (d) y su madre observando desde el interior de su casa, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) 

«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.

Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.

En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.

«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».

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Prohibición de redes para adolescentes en Australia: regulador investiga a plataformas

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Australia prohibió en diciembre que menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de «los algoritmos depredadores» y del ciberacoso.

«Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas acciones iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo del cumplimiento, que algunos puedan no estar haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana», dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.

Inman dijo que hay «preocupaciones significativas» de que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube puedan estar incumpliendo la prohibición.

Las posibles infracciones incluyen ofrecer «medidas insuficientes para prevenir la creación de nuevas cuentas de menores de 16 años».

«Como resultado, ahora adoptamos una postura para reforzar la aplicación de la ley», dijo.

«Esta reforma está deshaciendo 20 años de prácticas», afirmó Inman.

«Estas plataformas tienen la capacidad de cumplir hoy y ciertamente esperamos que las empresas que funcionan en Australia cumplan con nuestras leyes de seguridad», dijo.

«Pueden elegir hacerlo o enfrentarse a consecuencias cada vez más graves», agregó la comisionada.

Cada vez más estudios sugieren que el bienestar de los adolescentes se ve afectado por pasar demasiado tiempo en línea.

Malasia, Francia, Nueva Zelanda e Indonesia están entre los países que ahora evalúan medidas similares a la australiana.

Las empresas tienen toda la responsabilidad de verificar que los usuarios en Australia tengan 16 o más años.

Algunas han dicho que implementarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotografías. Los usuarios jóvenes pueden demostrar su edad con un documento de identidad emitido por el gobierno.

Aunque la mayoría de compañías tecnológicas han aceptado cumplir con la ley australiana, también han advertido que la mano dura podría llevar a los adolescentes a rincones más oscuros y menos regulados de Internet.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, aseguró en enero que los efectos iniciales de la norma «sugieren que no está cumpliendo con los objetivos de aumentar la seguridad y el bienestar de los jóvenes australianos».

La empresa aseveró que padres y expertos estaban preocupados por el riesgo de que la prohibición aislara a los jóvenes de las comunidades en línea.

El sitio de foros de discusión en línea Reddit presentó un recurso legal contra la prohibición, que calificó como «legalmente errónea».

La compañía estadounidense dijo tener serias preocupaciones en torno a la privacidad asociadas a la verificación de edad por parte de las plataformas, ya que la recolección de información personal creaba el riesgo de filtraciones o hackeos.

El recurso de Reddit está pendiente de ser estudiado por el Tribunal Supremo de Australia.

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Los costes de robo de carga superan los $9,000 millones en Europa

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La periodista argentina Nazarena Lomagno destacó en la red social X que los costes de robo de carga en toda Europa ascienden a los 8,200 millones de euros (más de 9.3 millones de dólares), en el contexto del aumento de hechos de este tipo en el viejo continente, especialmente en el rubro de los alimentos.

Los datos, tienen a la base el artículo «The use of violence in cargo theft – a supply chain disruption case», publicado en el «Journal of Transportation Security» en «Springer Nature Link», en el cual se examinan los patrones de robos de carga con violencia en la región de Europa, Oriente Medio y África, considerando el valor de los bienes robados, la frecuencia de los incidentes, la ubicación en la cadena de transporte y la categoría del incidente.

Lomagno, detalla que Alemania es actualmente la nación más afectada por ladrones de carga. «Un camión es robado cada 20 minutos allí, lo que cuesta aproximadamente 2,200 millones de euros (2.5 millones de dólares) al año», de acuerdo a DHL, añade.

En un uno de los hechos más escandalosos, se dio a conocer este día el robo de más 12 toneladas de chocolates de la marca KikKat.

«Siempre hemos animado a la gente a disfrutar de un KitKat, pero parece que los ladrones se lo han tomado demasiado en serio y se han llevado más de 12 toneladas de nuestro chocolate. Si bien apreciamos el exquisito gusto de los delincuentes, lo cierto es que el robo de mercancías es un problema cada vez mayor para empresas de todos los tamaños», publicó la compañía en un comunicado en redes sociales.

De acuerdo a CNN, los dulces, fabricados por la empresa suiza Nestlé, fueron sustraídos mientras el vehículo distribuía las barras a lo largo de una ruta que iba desde una fábrica en el centro de Italia hasta Polonia, según informó KitKat en un comunicado.

Hasta el momento, «el vehículo y su contenido siguen sin ser localizados, y las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro», añade el comunicado de la compañía.

El robo alcanza las 413,793 barras de KitKat, cada una de ellas es rastreable mediante los números de lote impresos en el envase, por lo que KitKat ha solicitado a cualquier persona que encuentre una coincidencia que alerte a la empresa.

La compañía también recordó que un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA) EMEA concluyó que el robo de cargas y el fraude en el transporte de mercancías están en aumento y se están volviendo cada vez más sofisticados.

Le anteceden a este robo de golosinas en Europa, el de julio de 2023, cuando un británico fue condenado a 18 meses de prisión por robar 200,000 huevos de chocolate de Cadbury Creme Eggs.

El ladrón irrumpió en una nave industrial y huyó con el botín a bordo de un camión robado. Los huevos de chocolate con leche, rellenos de una «yema» de fondant amarillo y blanco, gozan de un estatus de culto en el Reino Unido y se comercializan durante el periodo de Pascua.

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La embajada de Estados Unidos en Venezuela reanuda operaciones tras siete años

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Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.

«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.

La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.

Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.

«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.

Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.

Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.

«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.

Embajada venezolana en Washington

Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.

El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.

 

 

 

 

 

 

Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.

Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.

Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.

Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.

Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.

Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.

Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

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