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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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Senado de México aprueba ingreso de militares de EE. UU. para adiestrar a marinos de cara al Mundial
El Senado de México aprobó este miércoles el ingreso de 35 militares de Estados Unidos para que entrenen al personal de la Marina encargado de la seguridad del mundial de fútbol de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.
La cámara alta, responsable de autorizar el ingreso de tropas militares extranjeras a territorio mexicano, aprobó la misión con los votos de 110 de los 128 senadores. Cinco se abstuvieron y uno votó en contra.
La delegación ingresará al país con armamento en un avión Hércules C-130 de la fuerza aérea estadounidense, detalló el Senado en un comunicado.
El «Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER» se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo próximos, agregó la institución.
El entrenamiento estará dirigido a miembros de las unidades de Operaciones Especiales y de Protección Aeroportuaria, la Agencia Federal de Aviación Civil y de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026), precisó.
Según el Senado, la misión «tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia».
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación en seguridad con Washington, bajo la fuerte presión de Donald Trump para combatir el narcotráfico.
El magnate republicano amenaza incluso con la posibilidad de intervenir militarmente en México para atacar a los cárteles de la droga.
La apertura de los mercados internacionales mostró un comportamiento negativo, reflejando la creciente incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.
En México, el principal indicador bursátil, el S&P/BMV IPC, registró una caída del 0.97%, ubicándose en 67,528 puntos, en medio de una menor disposición al riesgo por parte de los inversionistas.
El alza en los precios del petróleo, que nuevamente superó los $100 por barril, ha sido uno de los factores clave detrás de este comportamiento, ya que incrementa las preocupaciones sobre presiones inflacionarias a nivel global.
En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró debilidad frente al dólar, cotizando entre 17.76 y 17.86 unidades, posicionándose entre las monedas emergentes con mayores pérdidas.
El índice DXY se ubicó cerca de los 99.93 puntos, alcanzando máximos de los últimos tres días.
Asimismo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraron incrementos en toda su curva, reflejando expectativas de una inflación más alta derivada del encarecimiento de la energía.
Por su parte, la OCDE advirtió que el actual contexto podría provocar un freno en el crecimiento económico global, acompañado de un repunte inflacionario, lo que añade presión a los mercados.
Tras recibir 95 solicitudes de compensación económica, la Iglesia rechazó 28, pero aún podría aprobar una decena más, precisó la Conferencia Episcopal Portuguesa en un comunicado.
Las cantidades concedidas a las 57 víctimas de abusos sexuales cometidos contra «menores o adultos vulnerables», cuyos expedientes ya fueron cerrados, oscilan entre 9.000 y 45.000 euros (entre unos 10.400 y 52.000 dólares).
«Sabemos que la concesión de una compensación económica no borra lo ocurrido ni elimina las consecuencias de los abusos en la vida de quienes los sufrieron», explicó la conferencia episcopal.
«Con este gesto concreto la Iglesia en Portugal quiere reconocer el sufrimiento y la dignidad de cada persona que fue víctima de tales abusos, buscando la posible reparación de los daños sufridos», añadió.
Un informe, solicitado por los obispos pero elaborado por una comisión independiente, concluyó en febrero de 2023 que al menos 4.815 menores habían sido víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica portuguesa desde 1950.
Luego de recopilar más de 500 testimonios en el plazo de un año, este grupo de expertos también determinó que estos abusos fueron encubiertos por la jerarquía eclesiástica de forma «sistémica».
Los obispos portugueses pidieron entonces perdón a las víctimas, y el papa Francisco se reunió con 13 de ellas durante su visita a Portugal en agosto de 2023, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
