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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
Venezuela inició la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 24 de junio con 9,055 viviendas en proceso de reparación, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría. En el marco de esta nueva etapa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a transformar «el espíritu del rescate en las manos laboriosas de la recuperación».
Faría explicó a la televisión estatal que, en La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el 49.3 % de los inmuebles inspeccionados recibió etiqueta verde, lo que indica que las estructuras son habitables; el 23.5 % fue clasificado con etiqueta amarilla debido a daños superficiales, mientras que el 27.2 % obtuvo etiqueta roja por presentar peligro estructural.
La funcionaria aclaró que una clasificación con etiqueta roja no implica necesariamente la demolición de la vivienda.
«Los ingenieros estructurales, los patólogos, tienen que hacer un recálculo de la estructura y ejecutar esa obra y poder entonces hacerla habitable. No todas las rojas van a demolición», precisó.
Según el informe oficial, La Guaira concentra 2,926 viviendas en reconstrucción, Caracas registra 1,690, Yaracuy, donde se ubicó el epicentro del segundo sismo, suma 2,700 y Aragua contabiliza 918, para un total de 9,055 estructuras residenciales intervenidas hasta el momento.
Faría aseguró que el objetivo es que las personas que permanecen en campamentos temporales o frente a sus viviendas puedan regresar a sus hogares «lo antes posible en suma seguridad y con el ciento por ciento de atención».
En otra actividad, Delcy Rodríguez exhortó a los equipos de rescate a mantenerse movilizados durante la nueva etapa de recuperación.
«Yo pido que ese espíritu de este despliegue histórico para superarnos en el dolor, lo transformamos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a impulsar una reconstrucción que trascienda la infraestructura.
«He llamado a la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, he llamado a la reconstrucción humana, de nuevos valores humanos».
Rodríguez añadió: «Construyamos también una nueva ética para la sociedad venezolana, que sea una ética de amor, de comprensión, que sea una ética de cooperación para quien lo necesite».
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de condecoración a más de 6,000 rescatistas, celebrada este sábado en La Guaira.
El balance oficial más reciente elevó este sábado a 5,119 la cifra de fallecidos por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. Además, 21,470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios mientras esperan soluciones habitacionales.
El capo mexicano de la droga Ismael «El Mayo» Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, tras ser declarado responsable de haber codirigido el Cártel de Sinaloa.
Zambada, de 76 años, permanece encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años y, en agosto de 2025, se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de esa organización narcotraficante.
Su exsocio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también cumple una condena de prisión de por vida en Estados Unidos.
«El Mayo» fue detenido el 26 de julio de 2024 en un aeropuerto de Estados Unidos. El narcotraficante sostiene que fue engañado por un aliado del cártel para abordar un avión que posteriormente lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.
Como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses desistieron de solicitar la pena de muerte.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que el juez federal de distrito Brian Cogan impuso la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la corte federal de Brooklyn, por su papel como principal líder de una «organización criminal continua» y por violaciones de la ley contra el crimen organizado.
«Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», afirmó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.
Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas ascendiendo dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mientras eludía tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.
