Internacionales
«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Disponible en Google Play y en la App Store de Apple, la aplicación «Public Safety by Everbridge» requiere una dirección de correo electrónico para registrarse.
La palabra clave «World Cup NJ» permite suscribirse a alertas específicas, enviadas directamente en el idioma del teléfono.
«Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales», explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.
Varias otras ciudades estadounidenses sede del Mundial, que se inician en dos semanas, el 11 de junio, también recurren a esta aplicación.
Con ocho partidos en el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio, y más de un millón de visitantes esperados, la región se enfrenta a un desafío «sin precedentes», reconoce el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz.
Al evento futbolístico se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio.
«No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores», aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, situado en Nueva Jersey.
Entre las principales preocupaciones destacaron la gestión de las multitudes y de los desplazamientos —los organizadores dan prioridad al transporte público—, los ataques con drones y la trata de personas, objeto de una importante campaña de sensibilización.
«Ninguna amenaza creíble» pesa, en cambio, «al día de hoy», sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio, según él.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha indicado en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) estará implicada en operaciones contra la falsificación o la trata de personas.
Pero Sierotowicz precisó que sus agentes no estarán «específicamente» en el MetLife Stadium.
En Nueva York, en particular, los agentes policiales locales (NYPD) estarán «muy presentes sobre el terreno», informó el coordinador del departamento de policía de la ciudad, Robert Gault.
Internacionales
La Casa Blanca califica de «total invención» un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de «total invención».
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo.
«Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘difundieron’ es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN», dijo la Casa Blanca a través de la red X.
Poco probable la reanudación de la guerra
Irán también estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.
«La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos», dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.
«No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores», dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.
La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.
La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua (norte), la opositora María Eugenia Campos, denunció este miércoles una persecución por parte del oficialismo por el caso de agentes de la CIA que estuvieron en un operativo antidrogas en su jurisdicción.
La política del conservador Partido Acción Nacional (PAN) acudió a la sede de la fiscalía general mexicana en la capital para declarar sobre este suceso, que se conoció después de que dos agentes del servicio de inteligencia estadounidense murieran en un accidente de tránsito el 19 de abril pasado en Chihuahua.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recuerda que la lucha antidrogas compete exclusivamente al gobierno federal y que los agentes de la CIA no habían notificado su presencia como corresponde según los acuerdos de colaboración con Estados Unidos.
Campos dijo que, como opositora, «la persiguen con todo el peso del aparato del Estado», mientras que a políticos del oficialismo acusados por Estados Unidos de nexos con el crimen «les dan impunidad absoluta».
La justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradición de diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, a quienes acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
