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Internacionales

«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU

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En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.

Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.

«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.

José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.

A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José mostrando una fotografía de su abdomen luego de ser operado de una hernia, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) 

Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.

«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».

El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.

«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.

A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.

Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José mostrando su cicatriz luego de ser operado de una hernia, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña)

En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.

José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.

Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.

Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.

«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.

El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.

En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.

«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.

ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.

Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.

Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José (d) y su madre observando desde el interior de su casa, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) 

«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.

Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.

En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.

«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».

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Capturan en Guatemala a salvadoreño acusado de robo de joyas valoradas en más de $78,000

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Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Guatemala capturaron a un ciudadano salvadoreño identificado como Henry N., de 34 años, señalado de participar en el robo de joyas valoradas en Q600,000, equivalentes a $78,720.24.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, el hecho ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el sospechoso habría ingresado a una joyería ubicada en Chimaltenango para sustraer piezas de alto valor económico.

Según la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, este caso constituye el robo de mayor cuantía registrado recientemente en el país.

La captura fue realizada tras una serie de diligencias desarrolladas por investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público, quienes presentaron los elementos recopilados ante un juzgado de Chimaltenango, el cual emitió una orden de captura por el delito de robo agravado.

Las autoridades informaron que el pasado 1 de junio se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona 1 de Chimaltenango, donde fueron encontrados indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.

La detención se llevó a cabo en la colonia Vivibien, zona 5 de Chimaltenango, como parte de las acciones de seguimiento al caso.

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Ascienden a 46 los fallecidos por terremoto de magnitud 7.8 en Filipinas

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El número de víctimas mortales del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sur de Filipinas aumentó a 46, luego de que los equipos de rescate recuperaran este miércoles el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un supermercado derrumbado.

El sismo, registrado el lunes frente a la costa de la isla de Mindanao, provocó el colapso de estructuras, deslizamientos de tierra y la activación de alertas de tsunami en distintas zonas afectadas.

La víctima fue identificada como Joey Deluvio, de 39 años, uno de los dos empleados de un supermercado en la ciudad de General Santos donde se concentraron las labores de búsqueda y rescate. Según informó la rescatista Michelle Chua, los equipos detectaron inicialmente un pulso débil durante la operación; sin embargo, al llegar hasta el lugar donde se encontraba la persona ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con Chua, el cuerpo fue localizado atrapado entre dos vigas de la estructura colapsada.

La agencia nacional de desastres elevó este miércoles el balance oficial de fallecidos de 41 a 45 y aumentó el número de desaparecidos de cuatro a 17. No obstante, ese informe aún no incluía a Deluvio, según confirmó la oficina de defensa civil.

El funcionario de defensa civil Rafaelito Alejandro indicó que la mayoría de las nuevas víctimas mortales se registraron en la provincia de Davao Occidental, donde fallecieron a causa de deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios.

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«Nunca victimicé a nadie», dice Bill Gates en audiencia sobre caso Epstein

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El cofundador de Bill Gates negó este miércoles haber tenido conocimiento de conductas delictivas cometidas por Jeffrey Epstein y aseguró no haber victimizado a ninguna persona, durante su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El nombre del empresario aparece en documentos divulgados por el Departamento de Justicia relacionados con Epstein, los cuales incluyen referencias a amistades, operaciones financieras y fotografías con diversas personalidades públicas.

En un testimonio preparado para una audiencia a puerta cerrada y publicado en su sitio web personal, Gates afirmó que nunca presenció ni tuvo indicios de actividades delictivas en curso por parte de Epstein. También aseguró que nunca visitó la isla, la hacienda o la residencia de Epstein en Florida.

Gates expresó además que espera que su declaración contribuya al trabajo del comité para lograr justicia para las víctimas. La comparecencia se produjo después de que la divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia generara nuevas interrogantes sobre los contactos entre ambos.

Un portavoz del empresario indicó a la AFP que Gates consideraba importante comparecer ante el Congreso y reiteró que nunca participó ni fue testigo de actividades ilegales relacionadas con Epstein.

Entre los archivos difundidos figura un borrador de correo electrónico atribuido a Epstein en 2013, en el que hacía referencias a la vida privada de Gates. En febrero, el cofundador de Microsoft manifestó ante miembros de la junta de su fundación que sus vínculos con Epstein habían sido un “enorme error”, aunque negó cualquier relación con víctimas del financiero.

Epstein fue hallado muerto en una celda de prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. Previamente, en 2008, había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

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