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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Internacionales
Ex niños soldado aprenden oficios para rehacer sus vidas en República Centroafricana
En un aula en Bria, en la República Centroafricana, ex niños soldado aprenden a coser. Una forma de ayudar a adolescentes de entre 14 y 17 años a superar la violencia que sufrieron a manos de los numerosos grupos armados del país.
«No es fácil enseñarles. Algunos todavía llevan esa violencia dentro. Otros siguen muy estresados», relata Christophe Yonaba, profesor de la organización benéfica Esperance en esta zona del este de la República Centroafricana.
«A veces se quedan sentados en silencio», cuenta sobre sus aprendices de sastre.
«De repente se inquietan, como si se bloquearan por dentro», añade.
El este de la República Centroafricana, cuyo subsuelo es rico en diamantes, se ha visto desgarrado por años de conflicto armado.
«Todos estos adolescentes fueron, en algún momento, capturados por grupos armados», afirma Yonaba, de 53 años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 2,000 jóvenes centroafricanos siguen en manos de estas fuerzas combatientes.
En el punto álgido de la guerra civil que se prolongó de 2013 a 2018, unos 20 grupos operaban en el este. La cifra descendió ahora a 14 gracias a los acuerdos de paz y los programas de desarme.
Pero los grupos armados continúan controlando ciertas zonas del este, especialmente en la frontera con Sudán y Sudán del Sur.
Desde finales del año pasado los combates entre el ejército y los rebeldes se intensificaron en la región.
El conflicto desplazó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, dentro del país y hacia la vecina República Democrática del Congo.
Trauma del pasado
Awa —la AFP cambió los nombres de todos los menores en esta historia— tenía 14 años cuando fue secuestrada por la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC), uno de los mayores grupos rebeldes.
Estuvo retenida durante unos tres meses.
Sentada en la parte delantera de la clase de Yonaba, donde las máquinas de coser sustituyen a los pupitres tradicionales, evita hablar del pasado y prefiere centrarse en el presente.
«Hoy me siento bien. Me gusta lo que hago aquí. Hay otros niños que tuvieron experiencias similares a la mía. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo», describe la joven.
También afirma estar contenta de vivir ahora «una especie de vida normal».
Amadou, de 16 años fue formado como panadero por la ONG y ahora hace pan y rosquillas cada mañana en un horno tradicional en su aldea. Pasó un año y medio en las filas de la UPC.
«No nos pedían que usáramos armas, pero estábamos allí, como sirvientes. Hacíamos todas las tareas ingratas y no descansábamos. Nos hablaban de manera grosera y dura», comenta, luchando con los dolorosos recuerdos que reaparecen.
Rachelle, que está aprendiendo sobre ganadería con Esperance, cuenta que fue utilizada como esclava sexual cuando tenía 14 años. La experiencia duró un año.
«Me obligaron a hacer cosas y tuve que hacerlo, de lo contrario habría habido consecuencias», confiesa con valentía pero negándose a decir más.
Pero los recuerdos la atormentan. Se pregunta por su madre, secuestrada al mismo tiempo que ella y de la que no volvió a saber nada desde entonces.
Esperance, financiada en parte por UNICEF, ayudó a 52 jóvenes a encontrar una vocación y un empleo el año pasado. Ofrece apoyo psicológico además de formación.
Los recientes programas de desarme contribuyen a un aumento de la demanda de sus servicios.
«Antes recibíamos una llamada al mes. Ahora es cada semana», relata Karl Malone, encargado de identificar nuevos casos de niños soldados en la región de Bria.
«Este año recibimos financiación suficiente para ayudar a 100 niños. Pero hay al menos 117 que necesitan ayuda. Y no podemos atenderlos», lamenta.
Como otras organizaciones de ayuda, Esperance se ve afectada por la disminución de la financiación internacional, especialmente de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, desmantelada por el presidente Donald Trump poco después de regresar al poder.
Una evacuación de emergencia se llevó a cabo en un vuelo en un aeropuerto de la ciudad norteña india de Chandigarh hoy martes luego de que el cargador portátil de un pasajero se incendiara y el humo se esparciera en el interior del avión.
El incidente ocurrió en un vuelo de IndiGo de Hyderabad a Chandigarh, lo que activó una respuesta de emergencia y la evacuación al aterrizar. De acuerdo con las autoridades, los 198 pasajeros y seis miembros de la tripulación fueron evacuados a través de rampas.
«Todos los clientes han sido trasladados a salvo a la terminal», dijo IndiGo Airlines en un comunicado.
El humo se extendió por toda la cabina cuando el avión llegó a la bahía, y la tripulación respondió rápidamente con un extintor para contener las llamas.
En apariencia es una joya turística de aguas cristalinas a orillas del Caribe y rodeada de montañas de picos nevados. Pero en las entrañas de un destino paradisíaco de Colombia la violencia paramilitar mantiene bajo el miedo a comerciantes y pueblos indígenas.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, los turistas disfrutan sin percatarse de los escuadrones de camuflado que los vigilan de cerca, extorsionan a los negocios alrededor y siembran terror en las comunidades originarias, cuyo conocimiento ancestral es reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
«Tenemos miedo, zozobra por el porvenir», dice a la AFP el gobernador del pueblo kogui Atanasio Moscote, en lo alto de la reserva que los indígenas consideran «el corazón del mundo».
Detrás de la violencia están las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo de origen paramilitar que se financia con el control de las rutas del narcotráfico en la montaña costera más alta del mundo al imponer su dominio sobre el territorio y la población.
«El entrar con armas genera un desequilibrio en la sierra», se queja Moscote vestido con su tradicional atuendo blanco tejido a mano.
Ante la violencia, el presidente izquierdista Gustavo Petro cerró por más de dos semanas, entre febrero y marzo, el emblemático Parque Tayrona, una de las dos reservas naturales de la sierra que recibe cada año a miles de visitantes.
El gobierno justificó la medida por las extorsiones, los bloqueos de carreteras y las amenazas contra los guardaparques, quienes se oponen a actividades ilegales como la tala.
La AFP acompañó a uno de estos funcionarios intimidado a lo largo de un recorrido por la reserva.
«Nuestra presencia en cada rincón, en cada zona, es de vital importancia para conservar, mantener y monitorear los recursos que tenemos», dice Yeiner Hernández, de 31 años.
Los guardaparques reciben advertencias por su labor de protección, que riñe con los intereses de grupos criminales.
Según investigadores, esos grupos ilegales reciben rentas del turismo y buscan controlar playas para exportar droga.
Peor que nunca
El Tayrona alberga el bosque seco mejor conservado del país, así como ricos ecosistemas marinos que atraen a buceadores.
Pegado se encuentra el Parque Nacional Natural Sierra Nevada, que alcanza los 5.700 metros sobre el nivel del mar. Ambas áreas protegidas recibieron en 2025 a más de 873.000 viajeros.
También son hogar de los arhuacos, koguis y otras comunidades indígenas.
Históricamente, grupos criminales, entre ellos la extinta guerrilla de las FARC, se han disputado el control de la zona a sangre y fuego, debido a su ubicación estratégica y a su extensión de 2.3 millones de hectáreas según la UNESCO.
Los indígenas afirman que actualmente la violencia ha alcanzado niveles peores contra sus comunidades debido al terror que ejercen los llamados «Conquistadores», herederos de un exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos tras firmar la paz con el gobierno en 2006.
«Estos grupos se han subido a la parte más alta». «Afectan a una comunidad en la que el 95% son totalmente propios (nativos), que no saben hablar español, que viven de sus cultivos y de su conocimiento», dice Luis Salcedo, gobernador arhuaco de larga cabellera, mientras mastica hoja de coca, su planta sagrada.
Y ahora se suma la guerra del Clan del Golfo. En los últimos meses el principal cartel del narcotráfico intenta tomar el poder de la sierra con combates cerca de los cabildos indígenas.
«¿Turismo a Ucrania?»
Petro incluyó a las ACSN dentro de su política de «paz total», una estrategia con la que intentó negociar el desarme de las principales organizaciones del país.
Sin embargo, las conversaciones no avanzaron y el conflicto se intensificó cuando falta poco para que Petro deje el poder en agosto.
Según la investigadora Norma Vera las ACSN son la autoridad de facto en la región pues ejercen «un control territorial a través de una gobernanza armada consolidada», un fenómeno usual en un país con más de seis décadas de conflicto armado.
Además, explotan ilegalmente minas de oro que contaminan el agua con mercurio y controlan hasta «el plato de comida que se vende» a los turistas mediante la extorsión, asegura.
Estos cobros disfrazados son un delito en aumento en Colombia. El Ministerio de Defensa asegura haber recibido más de 46.000 denuncias desde 2022.
Para el sector turístico, la violencia se traduce en una mala reputación, dice Ómar García, presidente del gremio hotelero en la ciudad de Santa Marta.
«Afecta el número de visitantes». «¿Quién va a hacer turismo a Ucrania?» «¿A Irán?», ejemplifica.
