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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
«Yo lo que pido es justicia para los que hicieron ese crimen con mis hijos. Eso es lo que pido, justicia». Ese es el testimonio del padre de los hermanos Élmer y Wílmer Suchite García, asesinados en sendas masacres ocurridas en Honduras en los últimos días. El país está sumergido en una espiral de violencia, derivando en funerales masivos en medio del llanto y de reclamos de justicia.
«Ellos salieron en punto a las seis de la mañana. La última vez que platiqué con ellos, de allí ya vinieron sin vida aquí a la casa. Y les dije que tuvieran mucho cuidado, que se cuidaran mucho», recuerda este hombre, cuya voz triste es reproducida por la prensa hondureña e internacional.
Los restos de cuatro de los cinco policías asesinados en un operativo antidrogas también fueron inhumados. Los ataúdes de los agentes del orden estaban sellados. Familiares, amigos y compañeros de armas les dieron el último adiós en un ambiente lleno de consternación. Los sepelios se llevaron a cabo en cementerios de Tegucigalpa, San Lorenzo, Teupasenti y Pespire.
Honduras no solo escuchó nuevamente el llanto y el grito de dolor, sino Foto AFP también una voz clamando justicia por la muerte violenta de estas personas, ocurrida en diversos puntos de su territorio.
Los medios recogieron escenas desgarradoras de los familiares de las víctimas antes, durante y después de los entierros colectivos.
«No podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos», expresó categóricamente la Conferencia Episcopal de Honduras ante las matanzas ocurridas en los municipios de Trujillo, en Colón, y de Omoa, Cortés, en la frontera con Guatemala, hechos por los que mostró su «profunda tristeza e indignación».
El Gobierno de la República Democrática del Congo suspendió temporalmente todos los vuelos de pasajeros desde y hacia Bunia, la capital de la provincia del noreste de Ituri, que es el epicentro del continuo brote de ébola, informó el Ministerio de Transporte.
Un brote de ébola fue declarado en Ituri el 15 de mayo, la capital Bunia se encuentra entre las principales áreas afectadas. De acuerdo con un comunicado oficial, a ninguna aeronave le será permitido a aterrizar o despegar desde el Aeropuerto de Bunia hasta nuevo aviso.
El ministerio agregó que todos los vuelos comerciales, privados y especiales desde o hacia Bunia fueron suspendidos. Sin embargo, vuelos con fines humanitarios, médicos y de emergencia podrían ser autorizados sujetos a aprobación especial por parte de autoridades de aviación y médicas.
El brote desde entonces se ha extendido a las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Uganda, que limita con Ituri, también reportó casos confirmados.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el viernes que la situación en RDC es «profundamente preocupante», y citó 82 casos confirmados y siete muertes confirmadas.
Tedros agregó que se cree que la escala actual del brote es significativamente mayor, con cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. «Estos números cambian mientras los esfuerzos de monitoreo y las pruebas de laboratorio mejoran, pero la violencia y la inseguridad impiden la atención», comentó Tedros en una publicación en redes sociales.
El Ministerio de Salud de Uganda dijo hoy que tres nuevos casos de ébola fueron confirmados en el país, lo que incrementó la cifra de casos confirmados a cinco.
Internacionales
Diecinueve personas podrían estar atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas
Al menos 19 personas podrían estar atrapadas debajo de un edificio en construcción que se derrumbó cerca de Manila en la madrugada del domingo, informó un funcionario del gobierno local.
Las autoridades de la ciudad de Ángeles, a unos 80 kilómetros al norte de la capital filipina, informaron que habían recibido un reporte alrededor de las 03H00 (19H00 GMT del sábado) de que un edificio de concreto de nueve pisos, aún en construcción, se había derrumbado.
El responsable de información de la ciudad, Jay Pelayo, declaró a la AFP que las paredes y el andamiaje del edificio se habían doblado, probablemente atrapando a personas bajo una pila de escombros.
Aunque inicialmente no se reportaron víctimas, «hay 19 trabajadores que normalmente se presentan en la zona, así que estamos tratando de localizar a esas personas ahora», agregó.
«Hay grandes bloques de concreto y necesitamos equipo para levantarlos. Eso es lo que hace que el rescate sea difícil en este momento», añadió el funcionario.
Los primeros reportes indicaban que 24 personas habían sido rescatadas de entre los escombros, así como dos más de un apartahotel que fue alcanzado cuando el edificio se vino abajo, según el gobierno de la ciudad.
«Esperamos que las 19 personas formen parte de esa cifra» y que, por tanto, ya estén contabilizadas, señaló Pelayo.
Los rescatados se encontraban «en condición estable», afirmó.
Aún se desconoce la causa del derrumbe.
