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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Autoridades de Estados Unidos informaron sobre el hallazgo de un túnel que conectaba la ciudad mexicana de Tijuana con un local comercial ubicado en el Puerto de Entrada Mesa de Otay, en San Diego, California, y que presuntamente era utilizado para el tráfico de drogas.
Según las autoridades, el paso subterráneo se extendía a lo largo de 590 metros, se encontraba a una profundidad de 16,8 metros y tenía una altura de hasta 1,4 metros. La estructura contaba con paredes reforzadas, sistemas de vías, ventilación y suministro eléctrico, además de un montacargas eléctrico que facilitaba el acceso.
La investigación fue desarrollada por agentes de Seguridad Nacional, quienes durante varios meses realizaron labores de vigilancia sobre personas vinculadas a la tienda Buy 4 Less, situada en el lado estadounidense de la frontera.
Durante un allanamiento al establecimiento, las autoridades encontraron más de una tonelada de cocaína que, según la investigación, había sido transportada a través del túnel. Las autoridades estiman que por esta vía se movilizó cocaína valorada en aproximadamente 45 millones de dólares.
Justin de la Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego, señaló que las organizaciones criminales continúan buscando formas de explotar la frontera entre ambos países.
Como resultado de la investigación, cuatro personas fueron acusadas por su presunta relación con el tráfico de drogas. Entre ellas se encuentran dos residentes de San Diego y dos ciudadanos mexicanos.
El gobierno de Perú anunció que el papa León XIV visitará el país antes de que finalice el año, en una fecha que aún deberá ser definida junto con El Vaticano.
La visita del pontífice, quien posee nacionalidad peruana y desarrolló labores como misionero y obispo de Chiclayo durante más de dos décadas, formará parte de una gira por Sudamérica que también incluirá otros dos países de la región.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, informó que la fecha exacta todavía no ha sido establecida, aunque señaló que el viaje podría realizarse en noviembre. Asimismo, indicó que se espera que la visita tenga una duración de al menos tres días.
Según el canciller, el papa tiene interés en visitar Chiclayo, Lima y una tercera ciudad que podría estar ubicada en la Amazonia peruana.
El próximo 18 de junio, León XIV recibirá en El Vaticano al presidente interino de Perú, José Carlos Balcázar. De acuerdo con la cancillería peruana, la fecha oficial de la visita se conocerá después de ese encuentro.
León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. De acuerdo con autoridades políticas y religiosas, Argentina y Uruguay serían los otros países incluidos en la gira sudamericana.
En febrero, la Conferencia Episcopal Peruana afirmó que la visita del pontífice estaba “asegurada en un 80%” y estimó que podría realizarse en noviembre o durante la primera semana de diciembre.
Perú cuenta con una población de aproximadamente 34 millones de habitantes y es considerado uno de los países más católicos de la región. Anteriormente fue visitado por los papas Juan Pablo II, en 1985 y 1987, y Francisco, en 2018.
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Manifestantes derriban e incendian figuras de exposición mundialista en Ciudad de México
Maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron ayer martes una protesta en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, donde derribaron e incendiaron elementos de una exposición alusiva al Mundial de fútbol que se celebrará en nueve días.
La manifestación fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación como parte de sus acciones para exigir mejoras salariales y la derogación de una ley de pensiones. La CNTE ha advertido sobre la posibilidad de realizar movilizaciones masivas durante la inauguración del torneo.
Las estructuras afectadas eran estatuas de aproximadamente cinco metros de altura que representaban a futbolistas de los países participantes y formaban parte de una exhibición instalada en una de las principales avenidas de la capital mexicana. Los manifestantes utilizaron cuerdas para derribarlas, retiraron sus uniformes y posteriormente los incendiaron.
Durante la protesta, los maestros realizaron pintas sobre algunas de las figuras con mensajes relacionados con sus demandas. Entre las estatuas derribadas se encontraban las que representaban a Bélgica, Francia y España, mientras que una figura con el uniforme de México permaneció en pie.
La jornada se produjo un día después de que una marcha de la CNTE fuera dispersada con gases lacrimógenos cerca del Zócalo, donde se prevé la instalación de un espacio para aficionados del Mundial. Hasta el martes, la policía mantenía bloqueados los accesos a la plaza mediante barreras metálicas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Por su parte, el gobierno exhortó a los manifestantes a retomar el diálogo.
Los manifestantes también bloquearon carriles del Paseo de la Reforma, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en la capital mexicana. Según lo observado en el lugar, la policía no había intervenido para contener las acciones de los manifestantes.
