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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU

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En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.

Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.

«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.

José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.

A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José mostrando una fotografía de su abdomen luego de ser operado de una hernia, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) 

Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.

«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».

El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.

«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.

A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.

Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José mostrando su cicatriz luego de ser operado de una hernia, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña)

En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.

José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.

Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.

Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.

«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.

El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.

En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.

«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.

ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.

Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.

Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.

Imagen del 27 de mayo de 2020 del salvadoreño José (d) y su madre observando desde el interior de su casa, en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador. (Xinhua/Alexander Peña) 

«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.

Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.

En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.

«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».

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Sheinbaum recibirá a BTS y convoca a sus fans al zócalo de México

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BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.

La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.

«Si viene mucha gente», dijo, «podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México», dijo la presidenta.

«Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse», añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.

La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.

«Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos», aseguró Sheinbaum. «Gracias a él se pudo dar este encuentro», añadió.

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Presidente de Guatemala nombra a nuevo fiscal general en reemplazo de sancionada por EE. UU.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó el martes al sucesor de la fiscal general Consuelo Porras, su mayor enemiga política y quien enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran corrupta y antidemocrática.

La salida de Porras, quien buscaba un tercer mandato, es considerada por juristas internacionales clave para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.

La fiscal será reemplazada por Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el 17 de mayo para un periodo de cuatro años, dijo Arévalo en un mensaje a la nación.

García Luna «no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios», sino a «servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio» de los guatemaltecos, señaló el mandatario socialdemócrata.

Porras, de 72 años, había quedado excluida del grupo de aspirantes que aprobó una comisión especial para que Arévalo escogiera al nuevo fiscal.

Y aunque hubiera integrado la baraja, el gobernante había descartado elegirla al considerarla «peligrosa» para el país.

Ampliamente cuestionada
La fiscal intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años y abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio.

Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, el bloque europeo y otra decena de países le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.

Además, expertos de la ONU la vincularon recientemente con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal, señalamiento que ella rechaza.

Arévalo, por su parte, la acusa de operar para el «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.

Porras fue condecorada recientemente por su par de El Salvador, lo que alimentó especulaciones de que podría trasladar su domicilio a ese país cuando deje el cargo.

El nuevo fiscal, de 49 años, acredita más de 20 años de experiencia en la administración de justicia y tiene una maestría en derecho penal.

Ha sido juez penal y magistrado regional, así como miembro de una junta de disciplina judicial y catedrático universitario.

Finaliza un «ciclo oscuro»
Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos a raíz de causas legales abiertas por Porras, el fin de su mandato plantea la posibilidad de que «se cierre uno de los ciclos más oscuros para la justicia guatemalteca».

«No basta cambiar nombres en el Ministerio Público. Guatemala necesita una reforma profunda que garantice independencia, carrera fiscal, controles reales y el fin de la utilización política de la justicia», escribió Sandoval en X.

En tanto, el presidente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, cercano a Porras, adelantó que «sin importar quién esté al frente» de la Fiscalía, la entidad continuará la persecución contra exfiscales y exjueces anticorrupción.

La Fundación se convirtió en querellante en varios procesos contra críticos de Porras, a quien califica como la «mejor fiscal en la historia» del país.

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La OMS «no cree» que foco de hantavirus sea similar al del inicio de la pandemia

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El director general de la OMS declaró este miércoles a la AFP que no cree que el brote mortal de hantavirus en un crucero, que ha despertado alarma internacional, sea similar al del comienzo de la pandemia de covid-19.

El crucero MV Hondius ha estado en el centro de una alerta internacional desde el sábado, cuando la Organización Mundial de la Salud fue informada de que tres pasajeros habían muerto en medio de sospechas de un brote de hantavirus a bordo.

El buque, con bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril para un viaje por el océano Atlántico. Permanece fondeado frente a Cabo Verde desde el domingo.

Esta enfermedad poco frecuente suele transmitirse a través de roedores infectados, normalmente por la orina, las heces o la saliva, pero la cepa Andes, confirmada en tres casos, puede transmitirse entre humanos.

En declaraciones a AFP en la sede de la OMS en Ginebra, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, restó importancia al peligro, insistiendo en que «el riesgo para el resto del mundo es bajo».

Cuando se le preguntó si la OMS considera que son situaciones similares respondió: «No, no lo creo».

Aunque ha habido «múltiples reuniones para coordinar a nuestros socios y organizar una respuesta», afirmó que por ahora no ve la necesidad de convocar una reunión del comité de emergencia sobre la situación del hantavirus.

No obstante, Tedros destacó la respuesta rápida y, en particular, los esfuerzos para asegurar la evacuación de tres personas que se cree están infectadas con el virus desde el crucero.

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