Judicial
Agente de Tránsito habría intentado sobornar a un conductor con $100
El agente de Tránsito de la PNC, Apolinario Ramírez Rivera, de 39 años, fue denunciado por un motociclista quien afirma que cuando conducía su motocicleta por la avenida Isidro Menéndez y la avenida Max Block en San Salvador, tuvo un accidente de tránsito, momento que fue aprovechado por el policía para intentar sobornarlo.
Al momento del accidente, llegaron unos agentes de la PNC. Uno de ellos se le acercó y le manifestó que no le diera dinero al conductor del vehículo con el que había chocado, ya que no había sufrido ningún daño. El conductor del automóvil se retiró del lugar.
Posteriormente, Apolinario se acercó al motociclista para decirle que quedaría detenido y que la motocicleta sería decomisada, a menos que lo “alivianara” con $100. El agente de tránsito escribió su número de teléfono en la parte de atrás de una esquela y le indicó que el 17 estaría de licencia para que le pudiera entregar el dinero.
La víctima interpuso denuncia de lo sucedido el 17 de julio, por lo que agentes de la sección de investigación realizaron un plan de entrega controlada para detener al policía que lo estaba extorsionando. el 19 de julio lograron capturar al sujeto.
En audiencia inicial, el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador envió el caso a la siguiente etapa de instrucción formal, donde se conocerá por el delito de cohecho propio.
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
