Judicial
Acusan a Rodolfo Parker y familia por enriquecimiento ilícito de US$ 2.3 millones
El exdiputado prófugo Rodolfo Parker y su grupo familiar fueron demandados por enriquecimiento ilícito de $2,311,138.47 ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción han solicitado a los magistrados que se de por iniciado el juicio civil y plantean desde el principio la pretensión de una condena y la inhabilitación para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
«Al señor Rodolfo Parker Soto se le está demandando en esta oportunidad por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia», explicó uno de los fiscales que presentó la demanda.
Según el representante del ministerio público esas irregularidades tienen que ver con depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo por un monto de $571,224.39.
También han sido demandada su esposa Cristina Renate Wein de Parker, por 13 irregularidades consistentes en depósitos bancarios en efectivo, mediante cheques, pago de tarjetas de crédito, adquisición de vehículos por la cantidad de $521,637.92.
Se incluye además a sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein, por 39 irregularidades por un monto de $967,777.75; Sofía Cristina Parker Wein, por 4 irregularidades que totalizan $81,401.19 y Katya Renate Parker Wein, a quien le cuestionan ocho irregularidades por $169,097.22.
A Parker y su grupo familiar le reprochan un resultado negativo entre sus ingresos y gastos, es decir que gastaban más de lo que ganaban, fondos que se desconoce su procedencia.
El exdiputado y exjurídico del Ministerio de Defensa, tiene orden de captura en el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida el 16 de noviembre de 989 en la Universidad Centroamericana, UCA.
Es acusado de fraude procesal y encubrimiento personal, según el ministerio público, suprimió la existencia de órdenes superiores y destruyó documentos que incriminaban a oficiales y al expresidente Cristiani en la matanza.
Un testigo con régimen de protección clave «Gabriel» que la Fiscalía ha propuesto dijo en un anticipo de prueba ante el Juzgado Segundo de Instrucción dijo que el exdiputado ofreció un millón de colones para que no se mencionara a los altos mandos de la Fuerza Armada y al expresidente de la República, Alfredo Cristiani en la masacre de los jesuitas.
Parker quien para ese entonces era el asesor jurídico del Ministerio de Defensa le expresó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que al momento de rendir declaración no podía decir que habían cumplido una orden del alto mando de la Fuerza Armada y del expresidente Cristiani, quien es también prófugo y con orden de captura.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
