Judicial
Acusan a Rodolfo Parker y familia por enriquecimiento ilícito de US$ 2.3 millones
El exdiputado prófugo Rodolfo Parker y su grupo familiar fueron demandados por enriquecimiento ilícito de $2,311,138.47 ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción han solicitado a los magistrados que se de por iniciado el juicio civil y plantean desde el principio la pretensión de una condena y la inhabilitación para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
«Al señor Rodolfo Parker Soto se le está demandando en esta oportunidad por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia», explicó uno de los fiscales que presentó la demanda.
Según el representante del ministerio público esas irregularidades tienen que ver con depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo por un monto de $571,224.39.
También han sido demandada su esposa Cristina Renate Wein de Parker, por 13 irregularidades consistentes en depósitos bancarios en efectivo, mediante cheques, pago de tarjetas de crédito, adquisición de vehículos por la cantidad de $521,637.92.
Se incluye además a sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein, por 39 irregularidades por un monto de $967,777.75; Sofía Cristina Parker Wein, por 4 irregularidades que totalizan $81,401.19 y Katya Renate Parker Wein, a quien le cuestionan ocho irregularidades por $169,097.22.
A Parker y su grupo familiar le reprochan un resultado negativo entre sus ingresos y gastos, es decir que gastaban más de lo que ganaban, fondos que se desconoce su procedencia.
El exdiputado y exjurídico del Ministerio de Defensa, tiene orden de captura en el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida el 16 de noviembre de 989 en la Universidad Centroamericana, UCA.
Es acusado de fraude procesal y encubrimiento personal, según el ministerio público, suprimió la existencia de órdenes superiores y destruyó documentos que incriminaban a oficiales y al expresidente Cristiani en la matanza.
Un testigo con régimen de protección clave «Gabriel» que la Fiscalía ha propuesto dijo en un anticipo de prueba ante el Juzgado Segundo de Instrucción dijo que el exdiputado ofreció un millón de colones para que no se mencionara a los altos mandos de la Fuerza Armada y al expresidente de la República, Alfredo Cristiani en la masacre de los jesuitas.
Parker quien para ese entonces era el asesor jurídico del Ministerio de Defensa le expresó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que al momento de rendir declaración no podía decir que habían cumplido una orden del alto mando de la Fuerza Armada y del expresidente Cristiani, quien es también prófugo y con orden de captura.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
