Judicial
Le ordenan a Will Salgado que limpie San Miguel porque lo tiene «sucio»
El Juzgado Ambiental San Miguel le dio 30 a la alcaldía de la cabecera departamental para que haga aseo en el municipio, debido a que se encuentra en estado deplorable. Las ordenes judiciales también deben ser cumplidas por algunas instituciones del gobierno.
“Se les ha ordenado hacer un plan de limpieza general del municipio, que contemplen cantones, caseríos, colonias, quebradas, ríos y cementerios, porque pertenecen al municipio”, dijo el juez Elí Díaz Álvarez.
Además, el juez ordenó la creación de un Comité Ambiental ampliado, de ordenanzas municipales, de un grupo de bomberos forestales, una campaña de limpieza permanente, así como la creación y fortalecimiento de una escuela ambiental.
El secretario municipal, Mauricio Campos, defendió el trabajo realizado por la comuna en torno a la limpieza del municipio y considera que las medidas cautelares ordenadas son un plan de trabajo que ya tiene San Miguel.
“Son medidas muy generalizadas, y poco a poco (el juez) ha ido citando a otras alcaldías. No todas (las medidas) competen a la municipalidad porque en esa audiencia fue convocado el jefe de Salud, Medio Ambiente, PNC y Fuerza Armada; casi la mayoría de las instituciones del Estado fueron convocadas a esta reunión para hacerles conciencia”, dijo el secretario municipal.
El representante de la alcaldía manifestó que la actual administración extendió la cobertura de recolección de desechos a 32 colonias más; además de los cantones San Antonio Silva, Agua Zarca y el Delirio; en donde cuentan con un plan que involucra directamente a la comunidad.
“El problema es que para trabajar en un plan para un cantón al que no se ha llegado se debe de hacer una tasa preferencial, para poder cobrar el servicio (dependiendo de la extensión del terreno). No solo porque dice el juez, nos vamos a recoger la basura. Se debe de tener una planificación, un plan de trabajo, como qué día vamos a llegar. No es de la noche a la mañana”, declaró Campos.
Para reducir los promontorios de basura en el centro de la ciudad, la municipalidad buscará el apoyo de las vendedoras ubicadas en la vía pública, e involucrar a la empresa privada “para que nos colaboren con la responsabilidad social y la compensación ambiental que la misma ley exige”, añadió.
El juez Álvarez, también, solicitó a la comuna de San Miguel la creación de 300 reservorios grandes en la zona alta del municipio.
“Estamos en este momento en un estrés hídrico. De acuerdo con los técnicos, los reservorios son la cosecha de agua para filtración de agua, para que vayan a salir a los mantos acuíferos que están hacia abajo. Solo San Miguel debe hacer 300 reservorios, en dos años”, declaró el juez.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
