Judicial
Le ordenan a Will Salgado que limpie San Miguel porque lo tiene «sucio»
El Juzgado Ambiental San Miguel le dio 30 a la alcaldía de la cabecera departamental para que haga aseo en el municipio, debido a que se encuentra en estado deplorable. Las ordenes judiciales también deben ser cumplidas por algunas instituciones del gobierno.
“Se les ha ordenado hacer un plan de limpieza general del municipio, que contemplen cantones, caseríos, colonias, quebradas, ríos y cementerios, porque pertenecen al municipio”, dijo el juez Elí Díaz Álvarez.
Además, el juez ordenó la creación de un Comité Ambiental ampliado, de ordenanzas municipales, de un grupo de bomberos forestales, una campaña de limpieza permanente, así como la creación y fortalecimiento de una escuela ambiental.
El secretario municipal, Mauricio Campos, defendió el trabajo realizado por la comuna en torno a la limpieza del municipio y considera que las medidas cautelares ordenadas son un plan de trabajo que ya tiene San Miguel.
“Son medidas muy generalizadas, y poco a poco (el juez) ha ido citando a otras alcaldías. No todas (las medidas) competen a la municipalidad porque en esa audiencia fue convocado el jefe de Salud, Medio Ambiente, PNC y Fuerza Armada; casi la mayoría de las instituciones del Estado fueron convocadas a esta reunión para hacerles conciencia”, dijo el secretario municipal.
El representante de la alcaldía manifestó que la actual administración extendió la cobertura de recolección de desechos a 32 colonias más; además de los cantones San Antonio Silva, Agua Zarca y el Delirio; en donde cuentan con un plan que involucra directamente a la comunidad.
“El problema es que para trabajar en un plan para un cantón al que no se ha llegado se debe de hacer una tasa preferencial, para poder cobrar el servicio (dependiendo de la extensión del terreno). No solo porque dice el juez, nos vamos a recoger la basura. Se debe de tener una planificación, un plan de trabajo, como qué día vamos a llegar. No es de la noche a la mañana”, declaró Campos.
Para reducir los promontorios de basura en el centro de la ciudad, la municipalidad buscará el apoyo de las vendedoras ubicadas en la vía pública, e involucrar a la empresa privada “para que nos colaboren con la responsabilidad social y la compensación ambiental que la misma ley exige”, añadió.
El juez Álvarez, también, solicitó a la comuna de San Miguel la creación de 300 reservorios grandes en la zona alta del municipio.
“Estamos en este momento en un estrés hídrico. De acuerdo con los técnicos, los reservorios son la cosecha de agua para filtración de agua, para que vayan a salir a los mantos acuíferos que están hacia abajo. Solo San Miguel debe hacer 300 reservorios, en dos años”, declaró el juez.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
