Judicial
Le ordenan a Will Salgado que limpie San Miguel porque lo tiene «sucio»
El Juzgado Ambiental San Miguel le dio 30 a la alcaldía de la cabecera departamental para que haga aseo en el municipio, debido a que se encuentra en estado deplorable. Las ordenes judiciales también deben ser cumplidas por algunas instituciones del gobierno.
“Se les ha ordenado hacer un plan de limpieza general del municipio, que contemplen cantones, caseríos, colonias, quebradas, ríos y cementerios, porque pertenecen al municipio”, dijo el juez Elí Díaz Álvarez.
Además, el juez ordenó la creación de un Comité Ambiental ampliado, de ordenanzas municipales, de un grupo de bomberos forestales, una campaña de limpieza permanente, así como la creación y fortalecimiento de una escuela ambiental.
El secretario municipal, Mauricio Campos, defendió el trabajo realizado por la comuna en torno a la limpieza del municipio y considera que las medidas cautelares ordenadas son un plan de trabajo que ya tiene San Miguel.
“Son medidas muy generalizadas, y poco a poco (el juez) ha ido citando a otras alcaldías. No todas (las medidas) competen a la municipalidad porque en esa audiencia fue convocado el jefe de Salud, Medio Ambiente, PNC y Fuerza Armada; casi la mayoría de las instituciones del Estado fueron convocadas a esta reunión para hacerles conciencia”, dijo el secretario municipal.
El representante de la alcaldía manifestó que la actual administración extendió la cobertura de recolección de desechos a 32 colonias más; además de los cantones San Antonio Silva, Agua Zarca y el Delirio; en donde cuentan con un plan que involucra directamente a la comunidad.
“El problema es que para trabajar en un plan para un cantón al que no se ha llegado se debe de hacer una tasa preferencial, para poder cobrar el servicio (dependiendo de la extensión del terreno). No solo porque dice el juez, nos vamos a recoger la basura. Se debe de tener una planificación, un plan de trabajo, como qué día vamos a llegar. No es de la noche a la mañana”, declaró Campos.
Para reducir los promontorios de basura en el centro de la ciudad, la municipalidad buscará el apoyo de las vendedoras ubicadas en la vía pública, e involucrar a la empresa privada “para que nos colaboren con la responsabilidad social y la compensación ambiental que la misma ley exige”, añadió.
El juez Álvarez, también, solicitó a la comuna de San Miguel la creación de 300 reservorios grandes en la zona alta del municipio.
“Estamos en este momento en un estrés hídrico. De acuerdo con los técnicos, los reservorios son la cosecha de agua para filtración de agua, para que vayan a salir a los mantos acuíferos que están hacia abajo. Solo San Miguel debe hacer 300 reservorios, en dos años”, declaró el juez.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
