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Judicial

Le ordenan a Will Salgado que limpie San Miguel porque lo tiene «sucio»

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El Juzgado Ambiental San Miguel le dio 30 a la alcaldía de la cabecera departamental para que haga aseo en el municipio, debido a que se encuentra en estado deplorable. Las ordenes judiciales también deben ser cumplidas por algunas instituciones del gobierno.

“Se les ha ordenado hacer un plan de limpieza general del municipio, que contemplen cantones, caseríos, colonias, quebradas, ríos y cementerios, porque pertenecen al municipio”, dijo el juez Elí Díaz Álvarez.

Además, el juez ordenó la creación de un Comité Ambiental ampliado, de ordenanzas municipales, de un grupo de bomberos forestales, una campaña de limpieza permanente, así como la creación y fortalecimiento de una escuela ambiental.

El secretario municipal, Mauricio Campos, defendió el trabajo realizado por la comuna en torno a la limpieza del municipio y considera que las medidas cautelares ordenadas son un plan de trabajo que ya tiene San Miguel.

“Son medidas muy generalizadas, y poco a poco (el juez) ha ido citando a otras alcaldías. No todas (las medidas) competen a la municipalidad porque en esa audiencia fue convocado el jefe de Salud, Medio Ambiente, PNC y Fuerza Armada; casi la mayoría de las instituciones del Estado fueron convocadas a esta reunión para hacerles conciencia”, dijo el secretario municipal.

El representante de la alcaldía manifestó que la actual administración extendió la cobertura de recolección de desechos a 32 colonias más; además de los cantones San Antonio Silva, Agua Zarca y el Delirio; en donde cuentan con un plan que involucra directamente a la comunidad.

“El problema es que para trabajar en un plan para un cantón al que no se ha llegado se debe de hacer una tasa preferencial, para poder cobrar el servicio (dependiendo de la extensión del terreno). No solo porque dice el juez, nos vamos a recoger la basura. Se debe de tener una planificación, un plan de trabajo, como qué día vamos a llegar. No es de la noche a la mañana”, declaró Campos.

Para reducir los promontorios de basura en el centro de la ciudad, la municipalidad buscará el apoyo de las vendedoras ubicadas en la vía pública, e involucrar a la empresa privada “para que nos colaboren con la responsabilidad social y la compensación ambiental que la misma ley exige”, añadió.

El juez Álvarez, también, solicitó a la comuna de San Miguel la creación de 300 reservorios grandes en la zona alta del municipio.

“Estamos en este momento en un estrés hídrico. De acuerdo con los técnicos, los reservorios son la cosecha de agua para filtración de agua, para que vayan a salir a los mantos acuíferos que están hacia abajo. Solo San Miguel debe hacer 300 reservorios, en dos años”, declaró el juez.

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Judicial

314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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Judicial

22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Judicial

Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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