Judicial
Enjuician a 94 pandilleros por homicidios y desapariciones en La Libertad
Escuchas telefónicas y la declaración de un testigo con beneficios penales son las principales pruebas que la Fiscalía General de la República ha presentado en la vista pública contra 94 miembros de la Mara Salvatrucha de La Libertad vinculados a homicidios y desapariciones de personas.
El testigo quien por años formó parte de la pandilla ha detallado que a las 24 personas que desaparecieron, las ubicaron y privaron de libertad, para posteriormente transportarlas en los denominados «taxis piratas».
La pandilla decidió utilizar ese tipo de vehículos para no levantar sospechas al momento de movilizar a sus víctimas a zonas desoladas y que tenían como centro para delinquir.
En el juicio, el ministerio público atribuye a los miembros de varias clicas de La Libertad, 24 casos de personas que fueron desaparecidas entre los años 2016 y 2019.
En la vista pública los fiscales han expuesto que de las 24 víctimas que fueron desaparecidas, lograron encontrar siete en fosas clandestinas y que otras cinco personas no fueron identificadas pero que están en proceso para verificarlo.
Varias de las personas fueron llevadas por los pandilleros a la zona de la finca El Espino y otras del sector de Santa Tecla, Comasagua y Zaragoza. Entre todas las clicas había una comunicación e intercambio de información sobre los hechos a cometer.
Un grupo de fiscales de la Unidad Especializada de Investigación de Pandillas y Homicidios, y de la Unidad de Personas Desaparecidas, también han presentado cargos ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador por 32 homicidios.
Además de los homicidios y desapariciones, la Fiscalía acusa a los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas, el criteriado ha mencionado la función que tuvo cada uno de ellos dentro de las clicas y el grado de participación en los delitos.
La permanencia en la pandilla es determinante para una condena por ese delito. Dentro de los 94 imputados figuran 16 cabecillas de diferentes rangos, quienes fueron los encargados de ordenar las desapariciones y los homicidios, según ha mencionado el ministerio público en el desarrollo del juicio.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.


Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a pandillero que fungía como poste en El Congo, Santa Ana
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.







