Judicial
Enjuician a 94 pandilleros por homicidios y desapariciones en La Libertad
Escuchas telefónicas y la declaración de un testigo con beneficios penales son las principales pruebas que la Fiscalía General de la República ha presentado en la vista pública contra 94 miembros de la Mara Salvatrucha de La Libertad vinculados a homicidios y desapariciones de personas.
El testigo quien por años formó parte de la pandilla ha detallado que a las 24 personas que desaparecieron, las ubicaron y privaron de libertad, para posteriormente transportarlas en los denominados «taxis piratas».
La pandilla decidió utilizar ese tipo de vehículos para no levantar sospechas al momento de movilizar a sus víctimas a zonas desoladas y que tenían como centro para delinquir.
En el juicio, el ministerio público atribuye a los miembros de varias clicas de La Libertad, 24 casos de personas que fueron desaparecidas entre los años 2016 y 2019.
En la vista pública los fiscales han expuesto que de las 24 víctimas que fueron desaparecidas, lograron encontrar siete en fosas clandestinas y que otras cinco personas no fueron identificadas pero que están en proceso para verificarlo.
Varias de las personas fueron llevadas por los pandilleros a la zona de la finca El Espino y otras del sector de Santa Tecla, Comasagua y Zaragoza. Entre todas las clicas había una comunicación e intercambio de información sobre los hechos a cometer.
Un grupo de fiscales de la Unidad Especializada de Investigación de Pandillas y Homicidios, y de la Unidad de Personas Desaparecidas, también han presentado cargos ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador por 32 homicidios.
Además de los homicidios y desapariciones, la Fiscalía acusa a los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas, el criteriado ha mencionado la función que tuvo cada uno de ellos dentro de las clicas y el grado de participación en los delitos.
La permanencia en la pandilla es determinante para una condena por ese delito. Dentro de los 94 imputados figuran 16 cabecillas de diferentes rangos, quienes fueron los encargados de ordenar las desapariciones y los homicidios, según ha mencionado el ministerio público en el desarrollo del juicio.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
