Judicial
Enjuician a 94 pandilleros por homicidios y desapariciones en La Libertad
Escuchas telefónicas y la declaración de un testigo con beneficios penales son las principales pruebas que la Fiscalía General de la República ha presentado en la vista pública contra 94 miembros de la Mara Salvatrucha de La Libertad vinculados a homicidios y desapariciones de personas.
El testigo quien por años formó parte de la pandilla ha detallado que a las 24 personas que desaparecieron, las ubicaron y privaron de libertad, para posteriormente transportarlas en los denominados «taxis piratas».
La pandilla decidió utilizar ese tipo de vehículos para no levantar sospechas al momento de movilizar a sus víctimas a zonas desoladas y que tenían como centro para delinquir.
En el juicio, el ministerio público atribuye a los miembros de varias clicas de La Libertad, 24 casos de personas que fueron desaparecidas entre los años 2016 y 2019.
En la vista pública los fiscales han expuesto que de las 24 víctimas que fueron desaparecidas, lograron encontrar siete en fosas clandestinas y que otras cinco personas no fueron identificadas pero que están en proceso para verificarlo.
Varias de las personas fueron llevadas por los pandilleros a la zona de la finca El Espino y otras del sector de Santa Tecla, Comasagua y Zaragoza. Entre todas las clicas había una comunicación e intercambio de información sobre los hechos a cometer.
Un grupo de fiscales de la Unidad Especializada de Investigación de Pandillas y Homicidios, y de la Unidad de Personas Desaparecidas, también han presentado cargos ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador por 32 homicidios.
Además de los homicidios y desapariciones, la Fiscalía acusa a los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas, el criteriado ha mencionado la función que tuvo cada uno de ellos dentro de las clicas y el grado de participación en los delitos.
La permanencia en la pandilla es determinante para una condena por ese delito. Dentro de los 94 imputados figuran 16 cabecillas de diferentes rangos, quienes fueron los encargados de ordenar las desapariciones y los homicidios, según ha mencionado el ministerio público en el desarrollo del juicio.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
