Política
Diputado Castro advierte a Margarita Escobar que será llevada “por apremio” a la Asamblea Legislativa
El presidente de la comisión especial que investiga los sobresueldos provenientes de partidas secretas de gobiernos de Arena y Fmln, el diputado Jorge Castro, reiteró el llamado a la arenera Margarita Escobar para que presente lo más pronto posible su incapacidad médica a la Asamblea Legislativa o de lo contrario “será llevada por apremio”.
Escobar ha sido citada por la comisión especial legislativa pero no ha llegado y tampoco ha justificado su ausencia.
“Nuevamente le solicito a la diputada Margarita Escobar qué presente una incapacidad médica que respalde que verdaderamente está enferma, de lo contrario tendremos que llevarla a la comisión por apremio”, reiteró el diputado de la bancada cyan en entrevista de TVO.
Explicó que Escobar, al igual que el exdirector de la PNC y también diputado arenero Rodrigo Ávila, han expresado en numerosas ocasiones en los medios de comunicación que “recibieron sobresueldos”.
Ambos areneros pidieron permiso para no ir a trabajar y “ellos ingenuamente” pensaron que ese permiso también era para no acudir al citatorio de la comisión especial, indicó Castro, quien aclaró que solo Ávila asistió al llamado, no así Escobar.
“Le hemos solicitado ya muchas veces que presente la incapacidad, porque solo presentó un escrito excusándose que estaba mal de salud. Le hemos pedido precisamente que presente esa incapacidad… pero ha sido negligente. Estamos analizando el apremio”, añadió el diputado cyan.
Castro explicó que los primeros resultados de las investigaciones de la comisión de sobresueldos fueron entregados a la Fiscalía a la cual entregaron avisos contra un grupo de areneros, entre ellos el expresidente arenero Alfredo Cristiani.
Además, presentaron avisos contra los exvicepresidentes, Carlos Quintanilla Schmidt y Ana Vilma de Escobar; el exdirector de la Policía Nacional Civil y actual diputado de ARENA, Rodrigo Ávila y Luis Mario Rodríguez, exsecretario jurídico de la Presidencia, quien pagó su doctorado con dinero del pueblo.
“Todos estos funcionarios van a tener que dar cuentas, la Fiscalía tiene mucho trabajo y gracias a Dios tenemos una Fiscalía totalmente diferente que va a hacer su trabajo proactivamente en busca de saldar cuentas para el pueblo salvadoreño”, apuntó el diputado Castro.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
