Política
Proponen reformas al Código de Trabajo para agilizar procesos en los juzgados de lo laboral
Simplificar y agilizar los procesos jurídicos, tener más eficiencia con los recursos del Estado y buscar una armonía adecuada entre empleadores y empleados son algunos de los aspectos en los que la Comisión de Trabajo busca legislar con la propuesta de reforma de los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo.
De acuerdo a lo expresado por los parlamentarios, el objetivo es aumentar la suma por la cual un juicio puede resolverse mediante un proceso abreviado, debido a que la cuantía actual es de 200 colones, equivalente a $22.87, un monto que no corresponde a la realidad del país.
“El Código de Trabajo tiene muchos vacíos de ley y es por eso que nos interesa ejecutar diversas reformas”, señaló el presidente de la mesa legislativa, Edgardo Mulato, quien agregó que la normativa tiene 50 años de haber sido emitida (1972).
La normativa que rige el campo laboral establece que las demandas y los juicios en los que el monto reclamado sea mayor a 200 colones serán resueltos mediante juicios ordinarios, lo que implica seguir procesos judiciales que pueden demorarse varios meses.
La propuesta, por tanto, es aumentar ese techo y actualizar la cifra a dólares, para posibilitar que los procesos se resuelvan de forma más expedita y con ello contribuir a reducir la mora judicial que puedan tener los Juzgados de lo Laboral.
Según la propuesta, la cifra estipulada quedaría en $2,000. Los casos en los que se reclame dicha cantidad o menor a esta podrán resolverse con procesos abreviados.
“El objetivo de la reforma es resolver los problemas jurídicos a los trabajadores en el menor tiempo posible. El juez de lo Laboral podrá tener más herramientas que le permita simplificar los procesos, por ende se descongestionarán los juzgados y con esto el Estado tendría un ahorro”, afirmó la diputada Evelyn Merlos.
Su colega Héctor Sales sostuvo: “Nuestra prioridad es poner en el centro a los empleados y los derechos de estos. Por eso queremos que estos tengan una pronta y cumplida justicia”.
Unas reformas viables y necesarias
Para realizar un análisis fundamentado y con argumentos válidos, la comisión recibió a expertos en materia de lo Laboral para desarrollar el estudio pertinente de las reformas propuestas.
Ante la comisión se presentó Gerardo Ramírez, magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Roberto Cáceres, magistrado de la Cámara Primera de lo Laboral; y Roberto Carpio, abogado que se desempeña en materia laboral.
Los tres invitados coincidieron en que las reformas son viables, porque los procesos jurídicos en los que recaen la mayoría de casos –por tratarse mayor al monto de los $22.87– son largos.
Los profesionales indicaron que las etapas del proceso abreviado serían lo más favorable, porque estas son: Introducción de la demanda, contestación de esta, ofrecimiento de pruebas y la audiencia única; mientras que en el proceso común son más etapas: Demanda, contestación de esta, etapa de la conciliación, etapa del ofrecimiento de pruebas, audiencia preparatoria y juicio.
“El artículo 378, que habla de la cuantía, debió haberse cambiado desde hace tiempo, porque la carga de los tribunales es bastante alta y esta modificación cumpliría la celeridad de los procesos”, argumentó el magistrado Ramírez Sánchez.
Además, el magistrado Cáceres hizo la reseña de la existencia del Código de Trabajo e indicó que la redacción del mismo respondió a las necesidades de la época de emisión.
“Antes el salario mínimo era de 105 colones, por lo que se tomó el 20% de esa suma, así que responde a un momento coyuntural y económico que no se equipara a la actualidad”, dijo Cáceres.
Por su parte, Carpio dijo manifestó: “El procedimiento ordinario actualmente tiene una cuantía que no está acoplada a la realidad y es un proceso largo, porque consta de seis u ocho etapas y la persona trabajadora no ve resuelta su situación jurídica de una manera pronta”.
Otras modificaciones para acoplar mejor estos cambios
De acuerdo al diputado Mulato, junto a estas reformas de los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo, se estudiará la incorporación de la modificación del artículo 586 de esa normativa, que trata sobre los montos económicos.
También evaluarán la temática del tiempo para la incorporación de pruebas y el sumar la presentación de pruebas documentales en las actas que los inspectores levantan, para que sea un proceso judicial robusto y justo.
“Hay otras disposiciones que habría que reformar también para tener un impacto más de fondo, porque este código es pro empleador, no tiene un principio de igualdad”, aseguró el parlamentario.
Finalmente, la diputada Merlos recordó que la misión desde el inicio de las labores de esta comisión es garantizar los derechos de los trabajadores y dar seguridad jurídica a los empresarios, porque son los que dinamizan la economía del país.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
