Política
Presidente del TSE aseguró que la papeleta electoral y el acta de escrutinio final favorecen a una coalición
El presiente del máximo ente electoral añadió que todos los instrumentos que se se diseñen por parte del TSE deben buscar una justicia electoral y la consolidación de la democracia y que la papeleta de votación y el acta de cierre y escrutinio podrían favorecer a los partidos de la coalición.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, compartió en redes sociales su voto en contra a la aprobación de la papeleta y del acta de cierre y escrutinio que será utilizada en las elecciones presidenciales de 2019, donde consideró que se está favoreciendo a los partidos de la coalición Alianza por un Nuevo País, ARENA, PCN, PDC y DS.
De acuerdo a Olivo, el artículo 202 del Código Electoral habla de que en el acta de cierre y escrutino que se utiliza en cada Junta Receptora de Votos (JRV) debe contener los votos que han sido emitidos «a favor de cada partido político o coalición contendiente» por lo que reflexionó que se debe considerar a la coalición como un único contendiente y por separado como se está haciendo.
También planteó que si bien es cierto en el artículo 41 de la Ley de Partidos Políticos (LPP) permite que los partidos compitan con banderas separadas, esto es exclusivamente para el «régimen de financiamiento estatal» y no para el escrutinio de cada de una de las JRV.
«La letra D del referido artículo es muy clara, solo cuenta para el régimen de financiamiento estatal, lo que significa que únicamente es válido para calcular la deuda política que corresponde a cada partido de la coalición y no para el escrutino de las juntas receptoras de votos» escribió.
El presiente del máximo ente electoral añadió que todos los instrumentos que se diseñen por parte del TSE deben buscar una justicia electoral y la consolidación de la democracia y que la papeleta de votación y el acta de cierre y escutinio podrían favorecer a los partidos de la coalición.
«Lo que se vulnera cuando las reglas del juego pretenden favorecer a uno o varios partidos políticos, como ocurre con la forma en que ahora se aprueba el acta de cierre y escrutinio que se usará por las JRV que puede provocar confusión en la mesa de votación», explicó.
De acuerdo al magistrado, la confusión se generaría porque se debe asignar el voto a uno de los cuatro partidos de la coalición, además de «Con base al artículo 207, inciso final, los integrantes de la mesa estarán obligados a consignar los votos de la coalición al partido que menos votos haya obtenido; los integrantes de la mesa podrán consignar los votos de a coalición de nuevo en la casilla de la coalición que ha sido incorporada en el acta y los cuales ya han sido consignados al partido que obtuvo menos votos de la coalición».
Añadió que el acta podría generar consecuencias nocivas para la transparencia y la veracidad de los resultados electorales y que la coalición no debe estar por encima del Código Electoral sino que apegado a dicha normativa.
COMPARTO MI VOTO EN CONTRA de la aprobación del acta de cierre y escrutinio que será utilizada en la elección 2019, en donde se consignarán las 4 banderas separadas de la coalición que conforman los institutos ARENA, PCN, PDC y DS, así como una casilla adicional para la coalición pic.twitter.com/R1RyHl6fnT
— Julio Olivo (@juliolivo2018) 5 de noviembre de 2018
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
