Política
Piden a diputados estudiar perfil de Ingrid Lisseth Berrios para Procurador General de la República
Hoy que comienza la discusión sobre la elección del Procurador General de la República (PGR), los miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales Vanguardia Estudiantil, piden a los diputados buscar a la persona idónea para optar a ese cargo, puesto que es sobre esa institución que recae la función de proveer la defensa técnica a quienes no pueden costear un defensor privado cuando el derecho de la libertad está amenazado.
La PGR al igual que la dirigencia de los partidos políticos requieren de renovación y por ese motivo no consideran conveniente la reelección de la actual Procuradora, Sonia Cortez de Madriz, porque durante sus tres periodos consecutivos no ha logrado cambios en la institución y lejos de ello, la misma ha tenido un retroceso en los servicios que ofrecen a los usuarios.
Por otra parte, consideran que es completamente inmoral de parte de la abogada Cortez de Madriz, de que en este momento diga sobre los cambios que ofrece en un nuevo periodo, si ha sido incapaz de generarlos en los tres mandatos y no puede alegar que fue por falta de presupuesto.
Críticos de la situación que ocurre en la Procuraduría General de la República, dicen que han seguido de cerca el proceso de elección y qué tras analizar las hojas de vida de todos los aspirantes, creen que la persona que esta apta para ocupar el cargo es la abogada Ingrid Lisseth Berrios Castillo, porque ellos la consideran que tiene un alto grado académico y de sensibilización social, de espíritu de servicio, trayectoria laboral y, sobre todo que es una persona apolítica.
Los peticionarios les recuerdan a los diputados, que la nación se encuentra en un proceso de cambio, de renovación y que se lucha contra aquellas personas que quieren perpetuarse en un cargo o función pública, que este caso podría ser el de Sonia Cortez de Madriz que desea seguir mandando en la PGR, sin dar paso a nuevas generaciones de profesionales en derecho, en rostros nuevos, sin ataduras políticas y de amplio criterio administrativo.
Es en este sentido, ellos apuestan por Ingrid Lisseth Berrios porque tiene una amplia experiencia en la administración de tribunales judiciales y porque creen que ella sería capaz de transformar a la PGR y poner a la institución al servicio de los usuarios.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
