Política
Partido Nuevas Ideas rechaza el espionaje en ciberdelitos
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas rechazó categóricamente ayer que la reforma al Código Procesal Penal para combatir y castigar los delitos cometidos con las tecnologías informáticas, y que da vida a la figura del agente encubierto, vaya a ser utilizada para espionaje o persecución, como quieren hacer creer los sectores de la oposición política.
Varios legisladores del grupo parlamentario de la bancada cian recordaron, además, que la figura del agente encubierto ya es utilizada y permitida en el país para investigar, procesar y castigar penalmente otras conductas delictivas.
Asimismo, descartaron que para la obtención de pruebas se vayan a desarrollar otros procedimientos que no sean los mismos que se ejecutan cuando se investiga otro tipo de delitos.
La comisión de seguridad pública de la Asamblea, en su sesión del miércoles pasado, emitió dictamen favorable para las enmiendas que crean un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal y que están relacionadas con el uso de tecnologías informáticas y de comunicación.
Las reformas, que serán conocidas en la sesión plenaria de la próxima semana, desarrollan cinco nuevos artículos para combatir los ciberdelitos, los cuales recogen en su redacción las propuestas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Los nuevos artículos desarrollan disposiciones generales sobre evidencia digital, registro de la cadena de custodia, incorporación y producción de evidencia digital en el proceso penal, agente encubierto digital y otras técnicas de investigación infor mática y medidas cautelares.
El diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad Wálter Coto rechazó tajantemente que el artículo relacionado con la figura del agente encubierto digital y otras técnicas de investigación informáticas vaya a ser usado para el espionaje o la persecución, como pretende hacer creer la oposición, a la que le recordó que el agente encubierto ya se usa para combatir otros delitos.
«El espionaje en este país no existe. Lo que aquí existe es la posibilidad de que haya agentes encubiertos y la normativa ya lo regula y está establecido en el Código Procesal Penal para llegar a la verdad en un proceso», explicó Coto.
La legislación procesal penal, en el artículo 175, inciso cuarto, permite el uso de «operaciones encubiertas practicadas por la Policía» para investigar y probar conductas delictivas en el crimen organizado, defraudación al fisco, actos de terrorismo, ilícitos de realización compleja, lavado de dinero, narcotráfico e infracciones aduaneras.
El uso de la figura de este agente encubierto, advierte el Código Procesal Penal, es «previa autorización por escrito del fiscal superior».
El agente encubierto es una persona de la Policía, y la Fiscalía se coordina con él, explicó Coto. La comisión, en el marco de su discusión y debate de las reformas, incluyó la opinión técnica de la FGR y del MJSP para la redacción final de este artículo relacionado con las operaciones encubiertas, que «serán con autorización judicial y a petición del fiscal, las cuales estarán a cargo de la Policía, previa autorización por escrito del fiscal general de la república o de sus delegados».
El diputado de la bancada cian Carlos Hermann Bruch, por su parte, aseguró que la reforma procesal penal que desarrolla el artículo relacionado con la evidencia digital tampoco tiene algo distinto a los procedimientos que en la actualidad se observan para investigar otras conductas delictivas. «El proceso de incautación de las pruebas es el mismo que se utiliza en los otros procesos de investigación que no son por ciberdelitos. Estas figuras que contemplan las reformas ya existen en la actualidad dentro de nuestra legislación», acotó Bruch, de la comisión de seguridad.
Giovanny Zaldaña, también diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad, es claro al rechazar el argumento de la oposición con respecto al mal uso de esa figura.
«No es espionaje. Buscamos combatir la delincuencia, buscamos llevar estas figuras legales que ya existen al ámbito de la tecnología para que se pueda acercar a las estructuras delictivas y combatir el crimen. No hay por qué temer», explicó Zaldaña.
Coto, Zaldaña y Bruch coincidieron en que las enmiendas al Código Procesal Penal son parte de un trabajo articulado con las instituciones del Estado encargadas de perseguir y combatir el delito.
Nuevas Ideas denunció que en lo que va del año la FGR ha recibido 8,500 denuncias de personas que han sido víctimas de delitos cometidos por medio del uso de la tecnología de la información, que han sido perpetrados en el territorio nacional o desde el extranjero.
Los legisladores reiteraron su compromiso por legislar en favor de la población, al tiempo que exhortaron a los sectores de oposición a trabajar y respaldar todas aquellas iniciativas que se impulsen para combatir el crimen común y el crimen organizado en el país.
Los salvadoreños elegirán a 460 funcionarios municipales en las elecciones del 28 de febrero de 2027, quienes integrarán los 44 concejos municipales del país durante un período de tres años.
Los datos sobre la conformación de los concejos municipales fueron proporcionados por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.
Durante el evento de convocatoria oficial a elecciones, Soriano informó que el período de inscripción de candidaturas para los concejos municipales iniciará el 9 de noviembre y concluirá el 19 de noviembre de 2026.
«Para las candidaturas a concejos municipales, el período de inscripción iniciará el 9 de noviembre y concluirá el 19 de noviembre de 2026», anunció la funcionaria.
De los 10 partidos políticos que participarán en la contienda electoral de 2027, todos han manifestado que inscribirán candidatos para los concejos municipales.
El Vicepresidente de la República, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, (CTPT) Félix Ulloa, participó en el Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026: “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”, desarrollado en Montevideo, Uruguay. Un espacio de alto nivel orientado a compartir soluciones frente a los desafíos que representa el estrés hídrico en América Latina y el Caribe.
El Vicepresidente Ulloa habló sobre la experiencia del Plan Trifinio, instancia integrada por El Salvador, Guatemala y Honduras, que promueve una visión compartida para la gestión de los recursos naturales y, particularmente, del agua, reconociendo que las cuencas, ríos y acuíferos trascienden las fronteras nacionales y requieren mecanismos conjuntos de planificación, coordinación y gobernanza.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, (CTPT), participó en el Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026: “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”, desarrollado en Montevideo, Uruguay.
Un espacio de alto nivel orientado a compartir soluciones frente a los desafíos que representa el estrés hídrico en América Latina y el Caribe.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
Asimismo, agradeció a las autoridades y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el acompañamiento brindado a El Salvador y, particularmente, por el respaldo a diferentes iniciativas impulsadas desde la CTPT, destacando la importancia de la cooperación multilateral para fortalecer la resiliencia hídrica, la protección de los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades.
Entre 2020 y 2026, la Región Trifinio consolidó una agenda de seguridad hídrica que comprende:
- 82 sistemas de cosecha de agua, captación o almacenamiento, 52 sistemas de cosecha de agua para producción agrícola y 7 reservorios para riego productivo.
- Soluciones para captación de agua de techos, destinadas a actividades agrícolas, pecuarias y de piscicultura.
- Tratamiento, reutilización y manejo eficiente del agua en 647 hectáreas de producción cafetalera, beneficiando a 2,810 personas y alcanzando reducciones de hasta 75 % en el consumo de agua.
- Formación y asistencia técnica para la protección de fuentes.
- Cooperación por US$6 millones para la gestión de acuíferos y subcuencas transfronterizas.
Finalmente, el Vicemandatario se refirió a la estrategia impulsada por El Salvador para movilizar recursos hacia la conservación ambiental, destacando la conversión de deuda concretada en octubre de 2024 por US$1,031 millones, cuyos ahorros, superiores a US$352 millones, están destinados al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa, administrado por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y Catholic Relief Services (CRS), a través del programa “Somos Río Lempa”.
La participación de El Salvador en este encuentro reafirmó el compromiso de continuar promoviendo una gestión integral del recurso hídrico, impulsando las alianzas regionales y multilaterales para avanzar hacia territorios más resilientes y garantizar la disponibilidad y protección del agua para las próximas generaciones. En la sesión participó el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina.
Política
El Salvador pone a Grok en las aulas y busca socios en Uruguay para escalar su apuesta por la inteligencia artificial
El vicepresidente Félix Ulloa aterrizó en Montevideo con un mensaje claro: El Salvador no quiere quedarse en los discursos sobre inteligencia artificial y ya está metiendo herramientas concretas en sectores sensibles como la educación y la salud. Durante una visita al Centro de Inteligencia Artificial del Instituto Vidart, Ulloa detalló cómo el país está incorporando tecnologías de xAI, incluida Grok, en procesos de tutoría, aprendizaje y evaluación educativa, al tiempo que exploró posibles puentes de cooperación con Uruguay.
La conversación no se limitó a presentaciones protocolares. El mandatario salvadoreño expuso avances como DoctorSV en el ámbito de la salud y la integración de sistemas de tutoría impulsados por IA en educación. También recordó el andamiaje institucional que el gobierno ha impulsado, entre ellos la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), creada para regular, promover y orientar el uso ético de estas herramientas y de la robótica.
Del lado uruguayo, el director ejecutivo del Instituto Vidart, Diego Garagorry, y el director científico Matías Di Martino presentaron el trabajo que desarrollan en investigación, gobernanza de datos y desarrollo de software aplicado a sectores productivos y educativos. Entre las referencias estuvo Ceibal, el programa estatal uruguayo de innovación educativa con tecnologías digitales, además de iniciativas de acompañamiento y tutoría tecnológica que articulan universidades, empresas e instituciones públicas.
La reunión sirvió para identificar puntos de contacto concretos: formación de talento, intercambio de experiencias en gobernanza de datos y posibles proyectos conjuntos en transformación digital. Ambos lados coincidieron en que la IA solo tiene sentido si se traduce en soluciones para problemas reales de educación, salud, economía y seguridad, y no queda reducida a laboratorios o anuncios.
También participó la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno. El encuentro no derivó en acuerdos firmados de inmediato, pero dejó abierta la puerta a una colaboración más técnica entre dos países que, con ritmos distintos, están tratando de posicionarse en el mapa regional de la inteligencia artificial.
Para El Salvador, la visita forma parte de un esfuerzo más amplio por mostrar que su apuesta digital va más allá de las criptomonedas y el bitcoin. Uruguay, con una trayectoria más consolidada en gobierno digital y educación tecnológica, aparece como un interlocutor natural para contrastar modelos y, eventualmente, compartir herramientas. Si la cooperación avanza, el siguiente paso será ver si las experiencias piloto —incluida la de Grok en las aulas— logran escalar sin quedar atrapadas en la retórica.
