Política
Norman Quijano afirmó que Ser amigo, financista de un partido y hasta amante de algún político son los tipos de «cuello» que se necesitan para entrar a trabajar en la Asamblea
El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, admitió que para llegar a trabajaren el Órgano Legislativo se necesita tener «padrinos políticos o cuello» algo que aseguró le ha generado problemas a la hora de despedir a personas cuyas plazas son casi fantasmas, ya que si bien es cierto se presentan al lugar pero no realizan las actividades para las que cobran jugosos salarios.
En los pasillos del edificio legislativo se rumora el tipo de mecanismo que se implementa en cada una de las fracciones que conforman este órgano de Estado y que están compuestas por edecanes, amigos, financistas y hasta amantes de los políticos.
El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, cree que algunas de estas situaciones se deben a que los partidos que están en el salón azul pagan «favores políticos», algo que sirve para no ser despedidos ya que se dice que varios amigos de diputados se salvaron de la depuración realizada por Quijano.
«Aquí (en la Asamblea) se ve un concurso de edecanes, amigos de políticos, lo que si no se ven son los fantasmas porque esos son invisibles y de ese tipo hay varios aquí, están contratados y no vienen… dicen que algunos no tienen mucho tiempo de trabajar aquí, no vienen y tienen salarios de hasta $3 mil», denunció Bonilla.
«En otros casos he escuchado tampoco puedo decir que es cierto, pero no me gustaría pensar que así es, es que se contratan a las amantes de los diputados, o del amigo del diputado» agregó el no partidario quien ha sido el único que hizo público la lista de sus empleados.
Los tipos de cuello
En el FMLN las contrataciones se realizan casi con una prueba de ADN, es decir, la mayoría de empleados que conforman la fracción fueron parte de la guerrilla o tienen familiares que han llegado a buscar a sus «compas» para que les den una plaza.
La lista de asesores del Frente está compuesta por varios de los que figuraron como candidatos a alcaldes y diputados que no ganaron en las elecciones de marzo pasado, además, de otros que tuvieron que renunciar a la reelección por reglamento del partido.
En ARENA la situación es parecida ya que los apellidos de los empleados de la fracción coinciden con los que figuran en listas de donantes al partido. Desde hace algunos años son la fracción que más recursos del Estado utiliza.
Actualmente, el principal partido de oposición es el que mejor paga, sola una persona de los 148 que han sido contratados por la actual administración gana por debajo de los $500.
Similar es la stuación en las filas del PCN, fracción que tiene a varios de los excandidatos a diputados y a familiares de estos en lo que se podría considerar como una evidencia del pago de favores políticos.
Incluso, durante la anterior legislatura un escándalo sentimental fue protagonizado en la fracción de las manitas cuando se ventiló que la entonces diputada, Cristina López, tenía contratado con un alto salario a su pareja. Algo que nunca fue aclarado por el partido.
En el caso de GANA se ha detectado que los contratados luego de firmar la documentación para obtener el puesto corren a afiliarse al revestido partido celeste, algo que en época de campaña les asegura un ingreso extra por las actividades proselitistas.
«No te puedo dar una razón a ciencia cierta, lo mejor sería que cada diputado que los contrató que explique, pero te puedo hacer una lectura, en algunos casos pueden ser personas con los que tienen una deuda política que los apoyaba, pero en la campaña no les pagaron sino que el acuerdo era que de llegar a la Asamblea te contrato y esa esa una forma de pagar el favor aunque no se tengan las credenciales, porque esas credenciales son que te asoleaste, que anduviste de casas en casa», valoró Bonilla.
Nota de El Salvador Times
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
