Política
Diputados rechazan indultar al coronel Guillermo Benavides, condenado por la masacre de cinco jesuitas y dos colaboradoras en 1989
Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazaron la petición de indulto presentada a favor del coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión por la masacre de seis jesuitas —cinco de ellos españoles — y dos mujeres. Este hecho violento fue cometido en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
«Han pasado 32 años y la gente no olvida estos crímenes ordenados a militares por el expresidente Alfredo Cristiani”, expresó la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
Los demás integrantes de la mesa de trabajo coincidieron en que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no deben ser perdonados.
Por su parte, el diputado Walter Coto criticó que representantes de la UCA, mediante un escrito, presentaron una justificación para que a Benavides se le conmute la pena porque consideran que se ha cumplido la reparación de daños.
“Hablamos del asesinato de Ignacio Ellacuría, un hombre que luchó por sus ideales y quería que El Salvador cambiara», recordó el legislador.
En este caso, testimonios y documentos vinculan al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) del partido Arena, ya que él era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en ese entonces. La Comisión de la Verdad y la Audiencia Nacional de España también señalaron al exdiputado Rodolfo Parker de haber alterar las pruebas de la masacre en un intento por proteger a los responsables.
Las ocho víctimas de la masacre fueron: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Amando López, Elba Ramos y su hija Celina Ramos de 16 años, quienes fueron asesinados porque los consideraban autores intelectuales del conflicto armado.
“Es inconcebible que militares de alto rango se hayan sentado en una mesa a planificar el asesinato de intelectuales prominentes y miembros de la comunidad», valoró el diputado Julio Marroquín.
En 1991, Benavides fue condenado a 30 años de cárcel por la masacre y salió en 1993 por la Ley de Amnistía. Tras su anulación, en 2016, fue detenido y enviado a prisión nuevamente.
En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión que recae sobre Benavides.
Según un informe de 2020, el condenado muestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal, agregó.
El militar retirado, actualmente, acumula ocho años y cuatro meses de su condena. En junio de 2021, una corte de El Salvador negó al coronel el beneficio de la libertad anticipada.
Para el legislador Jorge Castro, estos crímenes se dan porque “todos los culpables no son alcanzados por el brazo de la justicia y eso se debe a las estructuras nefastas que han existido”, Según dijo, ahora es necesario readecuar no solo las leyes, sino que también la estructura para que esas normativas alcancen a quien deben de alcanzar.
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la Comisión Nacional de Activos Digitales, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la industria, inversionistas y empresas vinculadas al ecosistema de activos digitales.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que El Salvador fue pionero al adoptar Bitcoin en 2021 y señaló que, pese a los desafíos que implicó esta decisión, el país continuó avanzando hacia la construcción de una política financiera innovadora. Recordó que 2023 marcó un punto de inflexión con la creación de la CNAD y la consolidación de un marco institucional orientado al desarrollo de la economía digital.
Asimismo, afirmó que este proceso forma parte de la visión de transformación impulsada por el Presidente Nayib Bukele, bajo la cual El Salvador se proyecta como un país que renace con visión de futuro, fortaleciendo de manera paralela la seguridad, la institucionalidad y la certeza jurídica.
Resaltó que El Salvador se distingue dentro del ecosistema internacional al contar con la CNAD, una institución especializada en la regulación y supervisión de los activos digitales. Añadió que esta transformación también ha estado acompañada por esfuerzos de digitalización y formación de las nuevas generaciones, mediante el acceso a herramientas tecnológicas, Google Classroom y tutores de IA.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la @cnadsv, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes @jcreyes_sv, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la… pic.twitter.com/zB9PnFvulu
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Por su parte, el Presidente de la CNAD, agradeció al Presidente Bukele y al Vicepresidente Ulloa por la visión y el respaldo que hicieron posible la creación y consolidación de la institución. Al referirse a los avances alcanzados durante estos tres años, destacó:
- 156 compañías vigentes dentro del ecosistema supervisado.
- 144 compañías con asiento registral.
- 81 proveedores de servicios de activos digitales.
- 46 emisores de activos digitales e instrumentos tokenizados.
- US$633 millones vinculados a proyectos de financiamiento inmobiliario tokenizado.
El Presidente de la CNAD destacó además la creciente huella internacional de la institución, señalando que la experiencia desarrollada en El Salvador ha permitido compartir conocimientos y brindar asistencia técnica a otras naciones.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo un entorno institucional y regulatorio que genere confianza, atraiga nuevas oportunidades y acompañe el crecimiento de la industria de activos digitales.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
