Política
Diputados rechazan indultar al coronel Guillermo Benavides, condenado por la masacre de cinco jesuitas y dos colaboradoras en 1989
Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazaron la petición de indulto presentada a favor del coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión por la masacre de seis jesuitas —cinco de ellos españoles — y dos mujeres. Este hecho violento fue cometido en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
«Han pasado 32 años y la gente no olvida estos crímenes ordenados a militares por el expresidente Alfredo Cristiani”, expresó la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
Los demás integrantes de la mesa de trabajo coincidieron en que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no deben ser perdonados.
Por su parte, el diputado Walter Coto criticó que representantes de la UCA, mediante un escrito, presentaron una justificación para que a Benavides se le conmute la pena porque consideran que se ha cumplido la reparación de daños.
“Hablamos del asesinato de Ignacio Ellacuría, un hombre que luchó por sus ideales y quería que El Salvador cambiara», recordó el legislador.
En este caso, testimonios y documentos vinculan al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) del partido Arena, ya que él era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en ese entonces. La Comisión de la Verdad y la Audiencia Nacional de España también señalaron al exdiputado Rodolfo Parker de haber alterar las pruebas de la masacre en un intento por proteger a los responsables.
Las ocho víctimas de la masacre fueron: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Amando López, Elba Ramos y su hija Celina Ramos de 16 años, quienes fueron asesinados porque los consideraban autores intelectuales del conflicto armado.
“Es inconcebible que militares de alto rango se hayan sentado en una mesa a planificar el asesinato de intelectuales prominentes y miembros de la comunidad», valoró el diputado Julio Marroquín.
En 1991, Benavides fue condenado a 30 años de cárcel por la masacre y salió en 1993 por la Ley de Amnistía. Tras su anulación, en 2016, fue detenido y enviado a prisión nuevamente.
En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión que recae sobre Benavides.
Según un informe de 2020, el condenado muestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal, agregó.
El militar retirado, actualmente, acumula ocho años y cuatro meses de su condena. En junio de 2021, una corte de El Salvador negó al coronel el beneficio de la libertad anticipada.
Para el legislador Jorge Castro, estos crímenes se dan porque “todos los culpables no son alcanzados por el brazo de la justicia y eso se debe a las estructuras nefastas que han existido”, Según dijo, ahora es necesario readecuar no solo las leyes, sino que también la estructura para que esas normativas alcancen a quien deben de alcanzar.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
