Política
Diputados rechazan indultar al coronel Guillermo Benavides, condenado por la masacre de cinco jesuitas y dos colaboradoras en 1989
Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazaron la petición de indulto presentada a favor del coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión por la masacre de seis jesuitas —cinco de ellos españoles — y dos mujeres. Este hecho violento fue cometido en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
«Han pasado 32 años y la gente no olvida estos crímenes ordenados a militares por el expresidente Alfredo Cristiani”, expresó la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
Los demás integrantes de la mesa de trabajo coincidieron en que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no deben ser perdonados.
Por su parte, el diputado Walter Coto criticó que representantes de la UCA, mediante un escrito, presentaron una justificación para que a Benavides se le conmute la pena porque consideran que se ha cumplido la reparación de daños.
“Hablamos del asesinato de Ignacio Ellacuría, un hombre que luchó por sus ideales y quería que El Salvador cambiara», recordó el legislador.
En este caso, testimonios y documentos vinculan al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) del partido Arena, ya que él era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en ese entonces. La Comisión de la Verdad y la Audiencia Nacional de España también señalaron al exdiputado Rodolfo Parker de haber alterar las pruebas de la masacre en un intento por proteger a los responsables.
Las ocho víctimas de la masacre fueron: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Amando López, Elba Ramos y su hija Celina Ramos de 16 años, quienes fueron asesinados porque los consideraban autores intelectuales del conflicto armado.
“Es inconcebible que militares de alto rango se hayan sentado en una mesa a planificar el asesinato de intelectuales prominentes y miembros de la comunidad», valoró el diputado Julio Marroquín.
En 1991, Benavides fue condenado a 30 años de cárcel por la masacre y salió en 1993 por la Ley de Amnistía. Tras su anulación, en 2016, fue detenido y enviado a prisión nuevamente.
En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión que recae sobre Benavides.
Según un informe de 2020, el condenado muestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal, agregó.
El militar retirado, actualmente, acumula ocho años y cuatro meses de su condena. En junio de 2021, una corte de El Salvador negó al coronel el beneficio de la libertad anticipada.
Para el legislador Jorge Castro, estos crímenes se dan porque “todos los culpables no son alcanzados por el brazo de la justicia y eso se debe a las estructuras nefastas que han existido”, Según dijo, ahora es necesario readecuar no solo las leyes, sino que también la estructura para que esas normativas alcancen a quien deben de alcanzar.
En los próximos procesos electorales los partidos políticos deberán autofinanciar los gastos de sus campañas, esto luego de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran, con 58 votos, derogar el artículo 210 de la Constitución de la República con el fin de eliminar la deuda política.
Dicha decisión, tomada en la plenaria número 43, anula el mecanismo de financiamiento con el que el Estado procedió -por décadas- para solventar los gastos que generaba la promoción electoral a los grupos políticos o coaliciones para elegir a funcionarios.
“Pueblo salvadoreño y hermanos de la diáspora, con 58 votos a favor queda eliminada la deuda política”, confirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. “Del dinero de la población salía el mantenimiento de los partidos políticos, pero ha sido él mismo el que pidió quitar esto”, recalcó.
Este proceso de brindar dinero público a los partidos, a través del Ministerio de Hacienda y por cada uno de los votos válidos obtenidos en cada elección, estuvo amparado en la Constitución (1983) y en el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos (2013). Hoy, quedará eliminado de ambas normativas.
“Tenemos claridad de que la gente no quiere la deuda política. Estamos aquí para cambiar el rumbo del país bajo la voluntad de los salvadoreños”, dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Referente a la temática, el parlamentario Caleb Navarro dijo que: “Vamos a entrar en el libro de la historia, ya que eliminamos la deuda política que establecía la Constitución de la República. Deuda política que fue mal utilizada por los partidos y esto sale de los impuestos de cada salvadoreño”.
El diputado señaló que lo recaudado por el Estado, a través de los impuestos que cada salvadoreño cancela de acuerdo a lo que le corresponde, no servirá más para cancelar los gastos de los partidos políticos.
En las elecciones del año 2024, cada voto emitido en la elección de presidente y vicepresidente de la República fue de $6.05; mientras que el de diputados de la Asamblea Legislativa, de $3.28. Esto fue conforme a la inflación acumulada y que fue proporcionada por el Banco Central de Reserva (BCR).
¿La razones para quitar el financiamiento estatal?
Alrededor de este tema surgen diversas posiciones que llevaron a que los parlamentarios tomaran la decisión de eliminar la deuda política, entre ellas la incongruencia de otorgar recursos que bien pueden ser destinados para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno y así hacer un uso eficiente de los recursos estatales en áreas prioritarias para la población, como la salud y la educación.
Además, este punto de vista fue avalado por el Presidente de la República, Nayib Bukele, quien en enero indicó que estaba a favor de esta anulación.
“Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo”, indicó el mandatario en sus redes sociales.
El primer paso para la derogación
El 29 de enero, con un total de 57 votos, los diputados ratificaron la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República.
Esta confirmación da paso al Acuerdo de Reforma Constitucional N° 1, aprobado por la legislatura 2021-2024 (el 29 de abril de 2024) para modificar el inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República. Este cambio permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con esto, los parlamentarios lograron cumplir con la petición solicitada por muchos salvadoreños: Dejar de mantener las campañas políticas con los fondos del Estado, es decir con sus impuestos.
El Salvador Today
Bukele hubiera mandado a la cárcel a la directora de la USAID si fuera su funcionaria, dice ex funcionario de Trump
El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) es bien visto por Jason Funes, ex asistente en la Oficina de Asuntos Externos del Departamento del Interior de Estados Unidos en la primera administración de Donald Trump.
A su juicio, las acciones de Trump están basadas en el ordenamiento fiscal, ya que asegura que estos fondos no estaban siendo bien administrados y no había ninguna contabilidad, que detalla el destino de los fondos provenientes de los impuestos entregados por los ciudadanos estadounidenses.
«El Departamento del Tesoro ha entregando dinero sin ninguna contabilidad, así como es el caso de USAID ¿A dónde va el dinero? Eso no le pertenece a los políticos, sino a los ciudadanos americanos», cuestionó.
En este sentido, Funes dijo que no le parece lógico que «jueces políticos» bloqueen las acciones de Trump de mejorar el manejo de los fondos públicos.
«Lo que quiere Trump es mejorar el país y eso le corresponde a cualquier país de mejorar las condiciones de sus ciudadanos, se está limpiando la casa y está viendo para donde se está yendo el dinero que se está perdiendo a veces esta yendo al terrorista, al traficantes de opio, a la victoria de China con el covid que salió de Wuham, hay mucha pérdida de dinero que no se puede contar», reiteró.
Funes afirmó que si la directora de USAID fuera funcionaria de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, ya la hubiera mandado a la cárcel.
«Si la directora del USAID estuviera en El Salvador, el gobierno de Bukele ya la hubiera echado a la cárcel…Esa mujer ha hecho 23 millones de dólares en los tres años en que ha estado en USAID, con un salario de 180 mil dolares ¿Cómo va a ser su valor personal a subir a esa cantidad? Eso es un robo, es dinero de George Soros pagando a sus amigos, a otras instituciones le están robando y hasta un terrorista recibió beca para estudiar a Estados Unidos. Están pagando agenda de LGBT y hasta a la China le han dado dinero», reclamó.
En materia migratoria, el exfuncionario estadounidense justificó que las redadas de inmigrantes, tienen como objetivo capturar a delincuentes y no a ciudadanos que han llegado a esa nación a mejorar sus condiciones de vida.
«El ICE no quiere ir a buscar a la gente particular, mucha gente que está trabajando que esta viviendo la vida limpia, tratando de mejorar su vida y la de su familia. Los izquierdistas quieren rechazar los esfuerzos de ICE, para deportar, pero cuando encuentra a gente que ha quebrado la ley encuentran gente a su alrededor qué le va a tocar ser deportado por estar cerca de los criminales, por eso hay que rechazar a los que son criminales, porque lo va a perjudicar en Estados Unidos», detalló.
En este sentido, señaló al partido Demócrata de engañar a los migrantes latinos, con falsas promesas solo para obtener votos pero sin resultados contundentes.
Añadió, que hay migrantes que se han aprovechado de algunas medidas implementadas por el gobierno norteamericano y no producen nada, a comparación de otros sectores de la sociedad.
«En la primera administración de Trump, ICE sacó a miles de personas, pero el 92% de la gente que sacaron eran con cargos federales criminales», rememoró.
Respecto al ofrecimiento hecho por Bukele, de habilitar las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para recibir criminales condenados en territorio estadounidense, Funes consideró que es necesario analizar los beneficios que puede acarrear la idea, debido a que hay normativas de la Nación del Norte que se deben respetar y que impiden qué fructifique la medida.
Finalmente, apuntó que el asalto al Capitolio de los Estados Unidos registrado el 6 de enero de 2021, no fue un autogolpe de Estado de parte de Donald Trump, luego que dos meses después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, una multitud irrumpió en la sede del Congreso de los Estados Unidos.
El ex funcionario atribuyó el hecho a una manipulación de parte de la izquierda estadounidense, para dañar la imagen de Trump.
«Lo que estaba pasando es que media hora antes de que (Donald Trump) terminara su discurso empezó el desorden, era imposible que la gente que estaba en la actividad se fuera al Capitolio. Se ve en los videos a gente de negro con antifaz, cascos, lentes oscuros y de milicia. Hay información que gente de la izquierda, iba con mapas y otras cosas para el Capitolio y aseguraban que si tenían que romper las ventanas lo iban a hacer», detalló.
Asimismo, acusó a Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, de no actuar a tiempo para tener resguardada la zona y evitar la irrumpción de este grupo.
Política
Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa
El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.
Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.
Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025
El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.
