Política
Diputados rechazan indultar al coronel Guillermo Benavides, condenado por la masacre de cinco jesuitas y dos colaboradoras en 1989
Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazaron la petición de indulto presentada a favor del coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión por la masacre de seis jesuitas —cinco de ellos españoles — y dos mujeres. Este hecho violento fue cometido en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
«Han pasado 32 años y la gente no olvida estos crímenes ordenados a militares por el expresidente Alfredo Cristiani”, expresó la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
Los demás integrantes de la mesa de trabajo coincidieron en que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no deben ser perdonados.
Por su parte, el diputado Walter Coto criticó que representantes de la UCA, mediante un escrito, presentaron una justificación para que a Benavides se le conmute la pena porque consideran que se ha cumplido la reparación de daños.
“Hablamos del asesinato de Ignacio Ellacuría, un hombre que luchó por sus ideales y quería que El Salvador cambiara», recordó el legislador.
En este caso, testimonios y documentos vinculan al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) del partido Arena, ya que él era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en ese entonces. La Comisión de la Verdad y la Audiencia Nacional de España también señalaron al exdiputado Rodolfo Parker de haber alterar las pruebas de la masacre en un intento por proteger a los responsables.
Las ocho víctimas de la masacre fueron: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Amando López, Elba Ramos y su hija Celina Ramos de 16 años, quienes fueron asesinados porque los consideraban autores intelectuales del conflicto armado.
“Es inconcebible que militares de alto rango se hayan sentado en una mesa a planificar el asesinato de intelectuales prominentes y miembros de la comunidad», valoró el diputado Julio Marroquín.
En 1991, Benavides fue condenado a 30 años de cárcel por la masacre y salió en 1993 por la Ley de Amnistía. Tras su anulación, en 2016, fue detenido y enviado a prisión nuevamente.
En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión que recae sobre Benavides.
Según un informe de 2020, el condenado muestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal, agregó.
El militar retirado, actualmente, acumula ocho años y cuatro meses de su condena. En junio de 2021, una corte de El Salvador negó al coronel el beneficio de la libertad anticipada.
Para el legislador Jorge Castro, estos crímenes se dan porque “todos los culpables no son alcanzados por el brazo de la justicia y eso se debe a las estructuras nefastas que han existido”, Según dijo, ahora es necesario readecuar no solo las leyes, sino que también la estructura para que esas normativas alcancen a quien deben de alcanzar.
Este domingo, el partido Nuevas Ideas desarrolla la jornada de inscripción de precandidaturas para la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, como parte de su proceso de elecciones internas de cara a los comicios de 2027.
Desde tempranas horas, simpatizantes y aspirantes se han concentrado en las afueras de la sede donde se lleva a cabo la actividad, en un ambiente de expectativa y organización mientras avanza la recepción de la documentación correspondiente.
Con esta jornada, el instituto político da inicio a una de las etapas clave de su proceso interno para definir a los candidatos que buscarán representar al partido en las elecciones de 2027.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
