Política
Diputados de Nuevas Ideas Proponen que delitos graves no apliquen a solicitud de indulto
La diputada y presidenta de la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa, Rebeca Santos, en compañía de legisladores que integran dicha comisión, presentó ayer una pieza de correspondencia para reformar el artículo 13 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia.
La iniciativa está encaminada a delimitar los tipos de delitos a los que no se les podrá ceder indulto por la gravedad de los hechos cometidos.
De acuerdo con Santos, las personas condenadas por crímenes de guerra y lesa humanidad, relacionados con organizaciones terroristas (pandillas) o vinculados con actos de corrupción ya no podrán solicitar indulto.
«Le estamos dando prioridad a la protección de la vida de los salvadoreños. Nuestro compromiso para la población es firme y por ello estamos dando continuidad a las medidas de seguridad del presidente Nayib Bukele, al no otorgar indulto a aquellos relacionados con pandillas», afirmó la legisladora.
Además, enfatizó que la comisión de justicia de la Asamblea Legislativa está comprometida en priorizar la seguridad de los ciudadanos.
Por su parte, el diputado Jorge Castro cuestionó a las legislaturas anteriores «por haber abandonado la comisión de justicia» y no hacer la debida actualización a la Ley Especial de Ocursos de Gracia durante décadas.
Dicha normativa fue aprobada el 15 de octubre de 1998, y desde entonces no ha sido ajustada a los nuevos tiempos, según los legisladores cian.
«Es necesario hacer un reajuste a la ley porque no concuerda con la visión de país que tenemos ahora. Con las reformas también estamos sacando a los funcionarios de acceder a indultos. Estamos ajustando de manera integral toda la estructura normativa», dijo Castro.
Asimismo, el diputado Samuel Martínez aseguró que, cuando la nueva legislatura inició labores, en la comisión de justicia y derechos humanos encontraron una gran cantidad de expedientes a los que no se les había dado seguimiento.
«La mayoría de los expedientes eran indultos. Después de que nosotros canalizamos cada uno de ellos, nos dimos cuenta de que la mayor parte de indultos que se habían solicitado eran sobre delitos muy graves, entre ellos, nos encontramos una solicitud de un excoronel que fue bastante famoso durante la guerra y que cometió graves delitos de violación de derechos humanos. Fue entonces que, como comisión, decidimos trabajar en este proyecto de decreto para sacar todos los delitos que han atentado contra la población salvadoreña», explicó.
La diputada Santos detalló que actualmente la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa no tiene expedientes sin revisar, y que durante la presente gestión ha declarado desfavorables 23 solicitudes de indultos.
Este domingo, el partido Nuevas Ideas desarrolla la jornada de inscripción de precandidaturas para la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, como parte de su proceso de elecciones internas de cara a los comicios de 2027.
Desde tempranas horas, simpatizantes y aspirantes se han concentrado en las afueras de la sede donde se lleva a cabo la actividad, en un ambiente de expectativa y organización mientras avanza la recepción de la documentación correspondiente.
Con esta jornada, el instituto político da inicio a una de las etapas clave de su proceso interno para definir a los candidatos que buscarán representar al partido en las elecciones de 2027.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
