Con el propósito de disminuir los niveles de contaminación y de prácticas nocivas al medio ambiente que ponen en peligro la salud y la vida de los salvadoreños, en la sesión plenaria 81, la Asamblea Legislativa avaló reformas al Código Penal y a la Ley de Medio Ambiente.

Con estos cambios, las personas naturales podrán ser sancionadas con $20 por menos de dos libras de basura; $1,500 por más de esa cantidad; a las entidades jurídicas se les castigará hasta con $25 mil.

Con 65 votos, los diputados hicieron enmiendas al artículo 257 del Código Penal para desincentivar el mal manejo de la basura. Para ello, se establecieron penas de hasta tres años de cárcel, multas de hasta $25 mil y el cierre total de la empresa que ponga en peligro la salud y la calidad de vida de las personas y la naturaleza.

El parlamentario de Nuevas Ideas, Jorge Castro, explicó que las modificaciones a dicha normativa darán a las autoridades correspondientes las herramientas necesarias para imponer multas a quienes no cumplan las disposiciones. 

“Las enmiendas al Código Penal tienen como objetivo dotar de herramientas legales a las autoridades que persigan y sancionen a las personas que contaminen nuestros ríos. En el pasado, las leyes fueron débiles, ahora ya no”, aseveró Castro.

Además, el pleno legislativo cambió el artículo 98 de la Ley de Medio Ambiente para que se multe con $20 a las personas que arrojen desechos inferiores a dos libras en sitios no autorizados.

Al respecto, el diputado de la bancada cyan, Carlos Bruch, agregó que quienes no cancelen la sanción no podrán tramitar su solvencia tributaria en el Ministerio de Hacienda, tampoco podrán sacar sus antecedentes policiales ni salir del país.

“Ahora habrá una multa de $20 para aquellas personas que tenían por costumbre botar una colilla de cigarro, un papel o una botella en la calle. Si no quieren pagar, la cuestión es muy simple: no boten la basura en lugares indebidos”, apuntó el funcionario. 

La institución encargada de regular y supervisar que se cumpla la normativa será el Ministerio de Medio Ambiente, que tramitará los procesos administrativos sancionatorios.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) será la encargada de imponer las multas. El dinero que se obtenga ingresará al Fondo General de la Nación. 

Según el monitoreo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación de los recursos hídricos en el país tiene como principal agravante la disposición final de basura o desechos sólidos de la ciudadanía. Este informe reveló que de los 55 ríos que fueron monitoreados por la institución, 17 resultaron con agua de mala calidad y otros cinco tenían agua de pésima calidad.