Política
Diputados aprueban sanciones económicas y de cárcel para quienes arrojen basura en espacios inadecuados
Con el propósito de disminuir los niveles de contaminación y de prácticas nocivas al medio ambiente que ponen en peligro la salud y la vida de los salvadoreños, en la sesión plenaria 81, la Asamblea Legislativa avaló reformas al Código Penal y a la Ley de Medio Ambiente.
Con estos cambios, las personas naturales podrán ser sancionadas con $20 por menos de dos libras de basura; $1,500 por más de esa cantidad; a las entidades jurídicas se les castigará hasta con $25 mil.
Con 65 votos, los diputados hicieron enmiendas al artículo 257 del Código Penal para desincentivar el mal manejo de la basura. Para ello, se establecieron penas de hasta tres años de cárcel, multas de hasta $25 mil y el cierre total de la empresa que ponga en peligro la salud y la calidad de vida de las personas y la naturaleza.
El parlamentario de Nuevas Ideas, Jorge Castro, explicó que las modificaciones a dicha normativa darán a las autoridades correspondientes las herramientas necesarias para imponer multas a quienes no cumplan las disposiciones.
“Las enmiendas al Código Penal tienen como objetivo dotar de herramientas legales a las autoridades que persigan y sancionen a las personas que contaminen nuestros ríos. En el pasado, las leyes fueron débiles, ahora ya no”, aseveró Castro.
Además, el pleno legislativo cambió el artículo 98 de la Ley de Medio Ambiente para que se multe con $20 a las personas que arrojen desechos inferiores a dos libras en sitios no autorizados.
Al respecto, el diputado de la bancada cyan, Carlos Bruch, agregó que quienes no cancelen la sanción no podrán tramitar su solvencia tributaria en el Ministerio de Hacienda, tampoco podrán sacar sus antecedentes policiales ni salir del país.
“Ahora habrá una multa de $20 para aquellas personas que tenían por costumbre botar una colilla de cigarro, un papel o una botella en la calle. Si no quieren pagar, la cuestión es muy simple: no boten la basura en lugares indebidos”, apuntó el funcionario.
La institución encargada de regular y supervisar que se cumpla la normativa será el Ministerio de Medio Ambiente, que tramitará los procesos administrativos sancionatorios.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) será la encargada de imponer las multas. El dinero que se obtenga ingresará al Fondo General de la Nación.
Según el monitoreo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación de los recursos hídricos en el país tiene como principal agravante la disposición final de basura o desechos sólidos de la ciudadanía. Este informe reveló que de los 55 ríos que fueron monitoreados por la institución, 17 resultaron con agua de mala calidad y otros cinco tenían agua de pésima calidad.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
