Política
Comisión Agropecuaria emite dictamen favorable a Ley de Bienestar Animal
Los diputados de la Comisión Agropecuaria votaron a favor de que pase al pleno legislativo la Ley de Bienestar Animal, que busca reconocerlos como seres sintientes y garantizar el bienestar, buen cuido, manejo y control de los animales de compañía y su protección integral contra todo acto de crueldad causado o permitido por las personas.
“Nosotros como diputados y comisión nos propusimos crear una ley invitando a todos los sectores. Hemos tenido la opinión de universidades, incluso del Consejo Superior de Salud Pública, para escuchar sus aportes”, dijo el presidente de la mesa de trabajo, Ricardo Rivas.
Los legisladores recibieron a rescatistas independientes y de organizaciones, entre ellos, a la representante de la Manada de Pick, Bery Zamora. “Esta ley tiene diferentes aportes, entre ellos, el reconocimiento de los animales como seres sintientes, la tipificación de delitos de carácter sexual, la no mutilación por cambios estéticos y la no experimentación en la industria cosmética”, manifestó.
Esta ley da origen al Instituto de Bienestar Animal (IBA), que tiene como obligación proteger a los animales de compañía, promover su bienestar, adecuada nutrición, control sanitario, evitar el maltrato, crueldad, sufrimiento y brindarles auxilio.
La normativa busca fomentar una educación que promueva el cuido y bienestar de los animales, por lo cual el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) incluirá en su currículo de enseñanza la promoción del bienestar de animales.
Además, la nueva ley determina obligaciones para los responsables de animales, entre ellas destaca la identificación de la mascota mediante placa y microchip, así como inmunizarlos contra enfermedades de riesgo zoonótico y protegerlos de las enfermedades propias de su especie, para ello, se deberá llevar el control de vacunación y procurar el control de la reproducción de sus animales.
“Los chips son importantes porque contienen un número que lo podemos vincular a un registro que hemos propuesto, en donde la mascota o el animal se registre en el Instituto de Bienestar Animal, y ahí está toda la información a disposición: nombre, edad, vacunación”, detalló el diputado de Nuevas Ideas, Saúl Mancía.
También se deberá mantener al animal con un número apropiado de mascotas para evitar el hacinamiento, proporcionándole alojamiento, alimento, agua y abrigo según su especie.
Asimismo, la normativa contempla las acciones que se deberán tomar en caso de agresividad de un animal. En primera instancia, los responsables deberán garantizarle un proceso de rehabilitación y readaptación para corregir la conducta.
También se ha regulado para que quienes se dediquen a la cría, venta, hospedaje, guardería y centros de adiestramiento de animales de compañía, estén obligados a contar con los permisos de funcionamiento emitidos por el IBA.
“Para nosotros es de importancia el rastrero de las ventas de animales, no solo en los establecimientos con lugar determinado, sino con los afiches es distintas veterinarias. También en la venta en redes sociales, porque no hay algo que a ellos los limite”, expresó la rescatista independiente, Yesenia Alvarenga.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
