Política
Asamblea Legislativa aprueba ley de retiro voluntario para jubilados y pensionados del Ejecutivo
Con la promesa de que es un retiro “completamente voluntario”, la Asamblea Legislativa aprobó el martes la nueva ley de retiro que promete compensaciones de un salario por año trabajado hasta un máximo de $25,000 para los trabajadores que renuncien del Órgano Ejecutivo, autónomas o descentralizadas.
Los trabajadores tendrán cinco meses para interponer sus renuncias. El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, explicó que la ley aplicará a jubilados y pensionados, definiendo a estos como quienes han cumplido la edad pero no el tiempo de jubilación. Un funcionario de Hacienda informó que aplicará a personas que ya hayan tramitado su jubilación.
El decreto fue aprobado con 75 votos: 8 de Arena, 2 del FMLN, 4 de Gana, 56 de Nuevas Ideas, 2 del PCN, 1 del PDC y 2 sin grupo. Dos diputados del FMLN y 1 de Nuestro Tiempo se abstuvieron.
Los trabajadores que interpongan su renuncia recibirán un salario por mes trabajado hasta un máximo de $25,000 exento del Impuesto sobre la Renta e inembargable.
El cálculo se realizará con base en el último salario percibido por el trabajador.
La institución deberá pagar las indemnizaciones en dos cuotas entre las cuales no habrá más de 30 días. La ley no indica un plazo para realizar el primer pago al trabajador.
El empleado deberá presentar su renuncia según formalidades señaladas en el artículo 30-A de la Ley de Servicio Civil, que señala que la renuncia deberá estar acompañada de copia de DUI y se hará en hojas de Inspección de Trabajo o autenticadas “a más tardar el último día hábil del mes de agosto de cada año”, ya que las renuncias después de agosto harían efecto el siguiente ejercicio fiscal.
El decreto aplicaría a ministerios del Ejecutivo, incluidos docentes y empleados de hospitales, autónomas no financieras como el recién creado Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que sustituyó al ya disuelto Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP); la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; el Centro Nacional de Registros (CNR); a instituciones descentralizadas no empresariales, como Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Universidad de El Salvador (UES), entre otras.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
