Política
Acción Ciudadana reafirmó que su labor como organización es en favor de la democracia y no para beneficiar a ninguna candidatura política
En un comunicado de Prensa, La Acción Ciudadana, ante las declaraciones brindadas por funcionarios públicos y
candidatos a la Presidencia de la República, expresó lo siguiente:
1) Negamos categóricamente que nuestra organización recibiera fondos de institutos
políticos o sectores afines para la elaboración del baremo con el cual evaluamos a los
30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La evaluación realizada
observó una rigurosa metodología, retomando datos de las hojas de vida de los
aspirantes y de los obtenidos de las entrevistas que la subcomisión legislativa les
efectuó. En esa medida, nuestra evaluación está desligada de intereses políticopartidarios,
pues solo fue un insumo objetivo útil para la decisión política que debe
adoptar la Asamblea Legislativa. Hacemos un llamado a los funcionarios a que se
abstengan de realizar señalamientos infundados en contra de nuestra organización.
2) Desde 2016, nuestra organización ha desarrollado un trabajo serio, riguroso,
sistemático, imparcial y honesto en materia de transparencia financiera de los partidos
políticos. Los informes y análisis que hemos publicado dan fe de lo anterior. El
monitoreo que hicimos público sobre el gasto de campaña que han efectuado los
partidos políticos en el mes de octubre de 2018 en el contexto de la elección
presidencial, tampoco escapa a la rigurosidad que acostumbra observar nuestra
organización. Los datos que hemos publicado fueron obtenidos por una empresa que
tiene la suficiente experiencia en la materia y que ha proporcionado datos a las
autoridades electores de Guatemala que han derivado en sanciones y cancelaciones de
partidos políticos por financiamiento ilegal. Rechazamos cualquier declaración que
afirme la existencia de una finalidad partidaria-electoral en la publicación de los datos
del monitoreo.
Reafirmamos a la ciudadanía que nuestra labor como organización es en favor de la
democracia y no para beneficiar a candidatura o partido alguno. Reiteramos que
continuaremos nuestra labor de contraloría social a los partidos y al sistema político tal
como lo hemos hecho desde 2016.
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Opinet
Analista Rafael Góchez considera que el mapa político no cambiará antes de las elecciones
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Política
FMLN y ARENA avanzan con nuevas inscripciones de precandidatos
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
Política
CCR revisa procesos para constancias de candidatos de 2027
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».




