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De símbolo de justicia a fracaso global: la agonía de la CPI

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Por: Jorge Sánchez

En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.

Problemas de financiación

Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.

Efectividad real

La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.

Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.

La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.

La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.

No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.

Limitaciones en la capacidad de ejecución

La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.

A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.

EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países

El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.

¿Reforma o fin?

La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.

Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?

Jorge Sánchez

Periodista especializado en la política internacional

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Después del Honduras Gate … que es lo que sigue…

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Por: Dionisio De Jesús

Lo que se esperaba era que se cediera la isla de Roatán a unos gobiernos de ultraderecha para montar ahí otra base militar. Que se volviera al contrato de la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades autónomas, que el anterior gobierno de los Zelaya había rescindido y los poderes extranjeros se pusieron muy molestos.

Esta semana los protagonistas del “supuesto” escándalo de los audios volvieron a reclamar inocencia respecto del asunto. Dicen, o mejor, dice el expresidente JOH, que es una falsedad, que nunca se comprobó que sea su voz, ni las otras que intercambian en los audios que supuestamente fueron enviados por los susodichos personajes de la “política” hondureña y que remecieron los cimientos de una fauna política que cada vez da más terror en un país en el que todavía no se ha visto nada de todo lo que son capaces de hacer y desatar estos grupos de delincuentes de la mala política vernácula e internacional disfrazados de patriotas.

CNN dice que no han verificado la autenticidad de los audios filtrados, pero el Diario Red, de España, quien dio a conocer el escándalo, habla de que se pasó por la plataforma el software Phonexia Voice Inspector, desarrollado por la empresa checa Phonexia. De acuerdo con los resultados publicados por Hondurasgate, “los 37 audios contendrían voces humanas y no habrían sido generados con inteligencia artificial”. Eso lo dice la cadena de noticias norteamericana este miércoles 3 de junio de 2026, en que estoy redactando esta nota para Acento.com, el diario dominicano para el cual cada semana escribo unas reflexiones sobre los más disímiles asuntos, referenciando una entrevista que le dio el susodicho Juan Orlando Hernández, principal protagonista de esta trama de mal gusto.

¿Pero qué es lo que contenían o contienen estos audios que han dado tanto de qué hablar en el último mes y medio al darse su filtración a los medios internacionales? Lo primero es que se destapa una trama de burda política y uso de recursos de dudosa procedencia para activar unas estructuras de comunicación con el fin de dañar a varios líderes y presidentes de la región, aupados por otros políticos que activan en la ultraderecha internacional. Hablamos de los mencionados Javier Milei, presidente de Argentina; Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien habría accedido a la liberación bajo la figura del perdón presidencial para JOH, pero a pedido del gobierno de Israel, que proveyó los fondos para ese objetivo; quien habría estado de acuerdo con que se pusiera en marcha la trama desestabilizadora; del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del propio presidente actual de Honduras, Tito Azfura (Papi a la Orden), así como del expresidente Juan Orlando Hernández, operador de la trama. En esto se menciona también a la designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, y al presidente del órgano legislativo de ese país, Tomy Zambrano.

Como se ve, estos audios, de ser ciertos, revelan la trama más macabra para ir minando a unos gobiernos y gobernantes que hoy no son muy afines a la ideología de la ultraderecha internacional que activa desde diferentes lugares y gobiernos. La reacción no se hizo esperar. Por un lado, el presidente Gustavo Petro de Colombia expresó: «Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional. El dinero sale de la cocaína y de Israel». Asimismo, habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien atribuyó la supuesta trama a un intento de la «derecha internacional» de difundir falsedades, aunque aseguró que no le haría «mella».

Los audios filtrados se habrían grabado en WhatsApp, Signal y Telegram entre enero y abril de 2026. Los materiales vienen acompañados por transcripciones, análisis técnicos y publicaciones en redes sociales. Y han sido la comidilla política del último mes, siendo Honduras el país protagonista y donde los medios tradicionales que rinden pleitesía a los grupos de poder, aparentemente expuestos aquí, silenciaron por completo estos rumores, a tal punto que se impuso un silencio que aterra y da mucho qué pensar de cómo de comprometidos están estos medios con los que el pasado 30 de noviembre se robaron las elecciones, elecciones que representaban una esperanza para el pueblo llano y una nueva espiritualidad para los que creían todavía en el ejercicio pleno y sagrado del voto sin ningún amaño ni componenda de la índole que sea.

«El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación», se escucha en una grabación. Otros audios hablan supuestamente de crear una «célula informativa» en Estados Unidos para difundir información contra gobiernos y figuras de izquierda en América Latina. «Se vienen unos expedientes contra México y Colombia», dice presuntamente Hernández en otro fragmento. Estos son algunos de los audios filtrados en los que, según los difusores de los contenidos, son audios reales.

Según los medios que difundieron el material, las grabaciones revelarían una presunta red de influencia integrada por actores políticos de Honduras, Estados Unidos, Israel, Argentina y otros sectores conservadores de la región para atacar o desestabilizar gobiernos progresistas latinoamericanos. Las publicaciones han tenido repercusión especialmente en México, Colombia y Honduras. Dinero sucio, dinero puesto al servicio de los más burdos intereses en contra de un pueblo y su gente que apostó a que habría una salida democrática en las elecciones de noviembre pasado, pero que se despertaron con la noticia de que le habrían secuestrado su voluntad e impuesto otra con fines inconfesables, pero que ahora, de ser ciertos estos audios, revelan una gran estafa y un amañamiento de la voluntad de toda una nación.

Y en medio de todo este affaire está el nuevo Pirata Walker (Trump), que ya volvió a Centroamérica para adueñarse de lo poco que han dejado en los siglos anteriores, pero no viene solo, viene con la rapiña del país que dicen el elegido por Dios. Tamaña osadía la del Señor de dotar de poder a unos desalmados. El caso, bautizado como «Hondurasgate», incluye acusaciones de conspiración, campañas de desinformación y supuesta injerencia internacional. Pero también abre otra pregunta: ¿son auténticas las grabaciones? Todos los involucrados las han negado y dicen que obedece a una “otra trama de sus enemigos políticos” (JOH).

Esta trama (no la que JOH dice) busca debilitar a gobiernos de izquierda en América Latina y asegurar el control político en Honduras. El caso salió a la luz pública a través de una investigación del medio español Diario Red en colaboración con periodistas hondureños. Los políticos clave involucrados: Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras. Aparece como el articulador principal de la red. En los audios se discute su liberación tras recibir un indulto de Donald Trump (luego de haber sido condenado por narcotráfico en EE. UU.) y sus planes para recuperar influencia política o retornar a la presidencia.

Los audios detallan el uso de cientos de miles de dólares para financiar plataformas digitales y lanzar campañas masivas de fake news. El objetivo principal es atacar y desestabilizar las gestiones de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, empleando narrativas sobre inseguridad y narcotráfico. En las conversaciones se menciona el supuesto respaldo financiero y político de actores del Partido Republicano de EE. UU., el gobierno de Israel (quienes habrían cabildeado a favor del indulto de JOH) y la cooperación del mandatario argentino Javier Milei para montar la red de difusión mediática.

Todo un culebrón al estilo Venezuela en sus mejores tiempos de RCTV. Pero esta es la parte simpática, si se quiere, porque lo otro es lo que aterra: que operadores políticos no se detengan ante nada ni nadie con tal de conseguir los más espurios resultados. Eso dicen: en política se vale todo, aun a costa de la gente que creyó que se estaba jugando limpio y no. Estas elecciones hondureñas han sido, por mucho, las más amañadas de su historia, porque se permitió que la injerencia extranjera vulgar, de la peor calaña, calara hasta el tuétano de los estamentos políticos, empresariales y de cualquier tipo. Porque cada uno de ellos jugó su papel para que hoy volviera la cáfila de desalmados a gobernar un país que tenía puesta la esperanza en alguien, Salvador Nasrrala, que, por ser tan pusilánime, se la dejó tragar toda. Y ahí anda, como si ahí no hubiera pasado nada. Como si también él supiera de la trama y callara y se reciclara tan rápidamente.

¿Y después de esto qué es lo que hay y qué esperar para este país, al que no le espera nada bueno en estos cuatro años? Lo primero es que los sectores que comulgan con el crimen y la corrupción se están acomodando de la mejor manera. Ya se vendió la dignidad por unos dólares más. Ya se hipotecó el país a quién sabe qué intereses oscuros. Lo que se esperaba era que se cediera la isla de Roatán a unos gobiernos de ultraderecha para montar ahí otra base militar. Que se volviera al contrato de la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades autónomas, que el anterior gobierno de los Zelaya había rescindido y los poderes extranjeros se pusieron muy molestos. Los sectores políticos y empresariales de derecha que se prestaron a este diabólico plan político saben que solo el crimen organizado gana en estas jugadas y que lo que le espera al pueblo hondureño no es nada bueno.

Solo vamos a enumerar lo que la violencia ha acarreado desde que se ha instalado el nuevo gobierno apadrinado por la Administración Trump y demás comparsas: Honduras ha mostrado señales de resurgimiento de la violencia y el crimen organizado. La CEPAL, OVUNAH y la Secretaría de Seguridad así lo atestiguan. +5 % a 6,2 % ha crecido desde enero hasta abril de 2026, donde hubo 624 homicidios, 5,05 % más que en el mismo periodo de 2025. Unos seis homicidios diarios. Solo en 110 días de 2026 ya sumaban 700 homicidios. Más de siete matanzas han ocurrido en el país en lo que va de año, atribuidas al crimen organizado y a la recomposición de los carteles en busca de sus antiguos territorios y negocios. Los organismos internacionales lo atribuyen al fin del Régimen de Excepción desde que el nuevo gobierno se instaló en enero de 2026.

¿Y qué esperar? Que se agudice aún más la violencia. Solo en un día hubo una matanza de 23 ciudadanos en un predio de la zona norte del país. Y, sin embargo, que siga la fiesta: las consejeras del CNE, que le vendieron su alma al diablo, ya cobraron en especies y en otros valores su trabajo de plegarse a los intereses más oscuros de la injerencia internacional. Las dos fueron premiadas con sendas embajadas y, lo más bonito, al terminar este periodo gubernamental volverán a sus antiguos puestos del CNE. Menuda transacción se dio. Así se negocia, con audio o sin audios, la soberanía de un país que no es un pobre país, sino que le tenemos lástima a los de a pie.

Hasta ahora, ninguna agencia internacional ni institución independiente ha confirmado públicamente la autenticidad de los audios. Muchas preguntas siguen abiertas en el «Hondurasgate». Lo que sí es cierto es que, con este episodio de la más triste forma de engañar a un pueblo, se vendió, se traficó con la dignidad de los que, creyendo que la esperanza era posible con su voto, se acostaron pensando que al otro día otro país sería y luego oyeron, atónitos, vía estos audios, verdad o mentira, que ya no les quedaría nada con qué soñar un país nuevo y distinto. Los mismos de siempre volvieron a salirse con la suya. Esta vez, acompañados de lo más corrupto de la política internacional. Que Dios nos coja confesados.

Por: Dionisio De Jesús

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Analista Rafael Góchez considera que el mapa político no cambiará antes de las elecciones

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El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.

Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.

El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.

Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.

Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.

Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.

 

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Francisco Guadrón: «Diseñé unos 500 sellos postales»

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Buena parte de la historia de El Salvador, sus personajes célebres, sus tradiciones, mitos, leyendas, la época prehispánica, las especies animales y vegetales han quedado registrados en millones de sellos postales creados por el gran artista Francisco Guadrón.

Por más de 32 años don Paco laboró en Correos de El Salvador y fue el responsable de documentarse, así como elaborar los bocetos que luego dieron vida a grandes tirajes impresos.

«Diseñé unos 500 sellos postales», aseveró durante la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.

Con óleo, acuarela, lápiz o cualquier técnica pictórica conocida, don Paco dibujó y pintó a mano cada una de sus creaciones.
En piezas de papel, don Paco conserva algunos de los trabajos hechos, aunque también preserva en un álbum muchos de la sellos ya listos para adherirse a las cartas o encomiendas.

Hizo series (de tres, cuatro o seis sellos) alusivas a temas específicos, por ejemplo, una para grandes escritores salvadoreños que incluyen, por supuesto, los retratos de los autores y autoras.

Pintó a Lilian Serpas, Roque Daltón y Waldo Chávez Velado, entre otros.

Hay una serie dedicada las leyes de El Padre sin Cabeza, El Cipitío y La Sigüanaba.

Una más fue dedicada a grandes cantantes latinoamericanos, por lo que dibujó y pintó los rostros del mexicano Pedro Infante, la cubana Celia Cruz y el tambiéb mexicano Pedro Vargas.

«Además de los sellos se elaboraba una hoja recuerdo (con todas las imágenes cerradas para una serie) y salía el día que se ponían a circular los sellos. También se hacía otro diseño de un sobre del día», compartió el dibujante y diseñador.

Según indicó para todas las temáticas desarrolladas se auxiliaba de expertos y buscaba bibliografía para todos los diseños que elaboraba. Los expertos también validaban su trabajo.

Don Paco reconoce que la encantaba dibujar y aprender sobre la fauna salvadoreña, por lo que muestra con orgullo los dibujos de un tucán y un mono araña, entres muchas especies.

Su vasto y delicado trabajo se conserva como documentos de consulta en Correos de El Salvador, donde también hay un museo abierto al público.

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