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VIOLENCIA IMPARABLE: Presidencia reacciona ante ofensiva de ataques cometido por pandilleros en El Salvador
El presidente Salvador Sánchez Cerén, ante la ola de violencia que atraviesa el país manifiesta:
1- Que desde que se inició esta situación el día 13 de abril, ha dado seguimiento a los hechos a través del gabinete de seguridad girando instrucciones a la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los Centros Penales, para que se implementen las acciones que permitan contener esta amenaza delincuencial.
2- Tal como ya lo ha informado la Policía Nacional Civil, se contaban con informes de inteligencia que daban cuenta que el crimen organizado desarrollaría un incremento de las acciones delincuenciales en los dos últimos meses de nuestro gobierno.
3- Los informes procedentes del interior de estos grupos delincuenciales indican que los propósitos de esta ola de violencia organizada son dos: primero: empañar los avances del actual gobierno en la erradicación de la violencia y, segundo: utilizar la amenaza para chantajear al gobierno entrante de que debe negociar con ellos como único camino para detener la violencia.
4- Con esta ola delincuencial los grupos delincuenciales pretenden presionar al nuevo gobierno para que se implementen las siguientes medidas: aflojar las estrictas medidas de control penitenciario donde están recluidos los cabecillas de los grupos delincuenciales para poder recuperar los contactos directos e indirectos con sus estructuras; y además, disminuir la operatividad policial y militar en el territorio mediante las cuales se han debilitado sus estructuras de acción local y regional.
5- El gobierno de Salvador Sánchez Cerén y su gabinete de seguridad manifiestan que no han negociado ni negociaran concesiones a los grupos delincuenciales y llama al nuevo gobierno a no dejarse chantajear brindándoles ventajas. Sabemos que ya le han enviado su lista de peticiones al nuevo gobierno y su oferta de cesar la violencia a cambio de reducir el estricto control y la intensa persecución.
6- El Presidente Salvador Sánchez Cerén hace saber, que ha girado instrucciones precisas para enfrentar esta ola de accionar delincuencial con el incremento de la operatividad policial y militar en todo el territorio. El gabinete de seguridad ha asegurado que los cabecillas responsables de la violencia y el asesinato de policías y soldados serán capturados en el plazo más inmediato y la ola de violencia será contenida.
7- El Presidente Salvador Sánchez Cerén expresa sus condolencias y solidaridad a las familias de los policías y soldados asesinados, y manifiesta que ha girado instrucciones a las instituciones respectivas para que brinden todo el apoyo material, económico y moral a sus grupos familiares.
8- El Gobierno de la Republica, exhorta a todas las instituciones del Estado, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Republica, Concejos Municipales, así como a todos los sectores políticos, religiosos y civiles de todo el país a cerrar filas contra la delincuencia y ponerse del lado de los soldados y policías que protegen al país de la amenaza terrorista. Esta no es una lucha de un gobierno contra la delincuencia, sino la defensa del Estado Nacional contra los grupos que pretenden continuar extorsionando, asesinando, robando y chantajeando a los salvadoreños.
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó, este jueves, que Alexander Antonio García fue condenado a 20 años de cárcel por cometer un homicidio en Jiquilisco, departamento de Usulután.
Según el reporte de la FGR, el homicidio ocurrió en octubre del 2013. «Luego de una discusión, García junto a otros dos sujetos atacaron a la víctima con corvos. Los responsables huyeron del lugar, dejando a la víctima inconsciente», explicaron.
También agregaron que, tras el ataque, la víctima fue trasladad hasta el hospital San Juan de Dios, de San Miguel, pero debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida.
García fue condenado por el delito de homicidio agravado.
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Hasta 178 años de cárcel, para una compleja estructura de traficantes de personas que se agrupó como una organización transnacional, con distribución de funciones en cada uno de sus 17 miembros.
La pena fue impuesta en San Salvador, por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, en una vista pública efectuada durante nueve días, con la exposición de un pliego de pruebas que fueron validadas y que gozaron de total credibilidad judicial.
La mayor condena fue para Celedonia Esmeralda Jerez, quien recibió 178 años de cárcel; 164 por tráfico ilegal de personas y 14 por agrupaciones ilícitas, era coordinadora y guía.
Las otras penas elevadas fueron para Andy Jefferson Morán Cortez, sentenciado a 142 años y Salvador Armando Pérez, recibió 90. A los demás les impusieron 46, 44, 34, 24, 22, 14, 12 y cinco años de prisión.
La estructura fue indagada entre enero y julio de 2021, a través de técnicas especializadas de investigación, junto a trabajo de campo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dirigidos por un grupo de fiscales.
En las pesquisas en contra de la red lograron documentar 19 casos con un total de 82 víctimas a quienes prometieron llevar de forma segura hacia Estados Unidos.
A las personas las llevaron hasta Ahuachapán para luego moverlas a la frontera Las Chinamas para llevarlas de forma irregular hacia Guatemala. Los imputados utilizaron zonas inhabilitadas, conocidos como puntos ciegos, la idea era evadir los controles migratorios.
Se determinó que a las víctimas las cruzaban sobre el Río Paz que divide El Salvador y Guatemala, para seguir el trayecto a México y luego a Estados Unidos.
En la estructura había varios roles, identificaron a cuatro de los imputados como coordinadores directos de los traficantes de personas: Celedonia Esmeralda Jerez Clemente, William Donaldo Canizalez Hernández, Salvador Armando Pérez Conrado y Andy Jefferson Morán Cortez.
En Ahuachapán Bili Alexander Morán y Glenda Yanira Nicia de Hernández, tenían la coordinación y logística.
El transporte de las víctimas estaba a cargo de Francisco Humberto Arévalo Cortez, Rafael Edgardo Farfán Acosta, Rubén Antonio Padilla Cortez, Adalid Armando Velásquez Esquivel y Pérez Conrado quien además de ser coordinador, también ejercía esta función de transportista.
Como Guías en El Salvador la estructura designó a siete personas, entre ellos, Jonny Stanley Morán Cortez, José Edgardo Pérez Clemente y otros cinco imputados quienes también coordinaban y transportaban a víctimas.
Como colaboradores, en las pesquisas se determinó que ejercían esa función, Jaqueline Paola Medina Cabrejo, Marta Lidia Cabrejo de Pérez, Carlos Giovanni Aguilar Clemente y Edwin Rodrigo Dominguez.
