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Vicepresidente Ulloa fortalece la educación pública con alianza entre ESIAP y el Tecnológico de Monterrey
Lo público debe ser igual o mejor que lo privado. En este sentido, el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), junto a la Directora Ejecutiva, Claudia de Larín, realizó una visita al campus del Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para establecer un acuerdo con el Rector de la institución, Juan Pablo Murra. El objetivo es implementar programas de formación a través de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, representada por su Director, Miguel Santos.
Como primer resultado del acuerdo, se beneficiará a 30 salvadoreños con becas completas para cursar la Maestría en Políticas Públicas (MPP). Este programa ha sido diseñado por docentes y expertos de alto nivel, en colaboración con la ESIAP, como una respuesta estratégica a la necesidad de capacitar efectivamente a profesionales del sector público con habilidades y conocimientos de vanguardia para enfrentar los desafíos actuales del país.
El contenido de la maestría está enfocado en desarrollar competencias transdisciplinarias para abordar problemáticas públicas desde diversas perspectivas. Asimismo, busca capacitar en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, promoviendo el uso de la tecnología y la innovación, y fomentando la toma de decisiones informadas y basadas en evidencia. Se hace especial énfasis en el análisis cuantitativo y cualitativo de datos, la economía aplicada y la prospectiva estratégica.
En los últimos años, el Gobierno de El Salvador, bajo el liderazgo del Presidente, Nayib Bukele, ha logrado importantes avances en áreas clave para promover la competitividad y el desarrollo del país. Uno de los factores fundamentales para consolidar estos cambios y profundizar en la modernización nacional es la calidad del capital humano, un compromiso asumido por la ESIAP, que trabaja de forma coordinada con aliados estratégicos del sector privado y la academia a nivel internacional.
Durante la visita se establecieron importantes líneas de acción que permitirán seguir consolidando a la ESIAP como un referente en formación para el fortalecimiento de la administración pública. Entre estas acciones destacan el acompañamiento del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE); la implementación de programas de intercambio y pasantías para estudiantes nacionales e internacionales en diversas instituciones públicas del país; así como el aprovechamiento de tres de las principales herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por el Tec de Monterey, orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, promover programas de investigación y medir el impacto de las innovaciones educativas aplicadas al sector público.
Durante más de dos décadas, los centros escolares en El Salvador fueron blanco de violencia y reclutamiento por parte de pandillas, dejando un saldo devastador entre la población estudiantil.
Uno de los episodios más recordados ocurrió el 15 de julio de 2021, cuando cuatro estudiantes fueron asesinados a 500 metros del Centro Escolar Cantón El Anonal, en Turín, Ahuachapán. El crimen reflejó el asedio cotidiano que sufrían los jóvenes, quienes eran intimidados o reclutados para actividades como narcomenudeo y cobro de extorsiones.
Según registros de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, entre 2010 y el primer trimestre de 2019, las pandillas asesinaron a 481 estudiantes. Solo en 2011, el año más violento, fueron 139 víctimas, un promedio de tres estudiantes por semana.
La violencia también impactó en la educación. En 2014 más de 100,000 alumnos desertaron debido a la inseguridad, y en 2015 el Ministerio de Educación registró 13,000 deserciones directas por violencia y 15,000 migraciones de estudiantes y sus familias.
El impacto alcanzó también a docentes: en 2011, al menos 362 pidieron traslados por amenazas, y la Asamblea Legislativa aprobó medidas de emergencia para reubicar a maestros en riesgo.
Con la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción en 2022, las autoridades reportaron una reducción drástica de homicidios y delitos dentro y alrededor de los centros educativos. El presidente Nayib Bukele afirmó entonces que se había «roto el círculo vicioso de las pandillas», aunque advirtió que el reto ahora es invertir en el futuro para evitar que la violencia vuelva a resurgir.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele alcanzó 995 días sin homicidios, tras una jornada el pasado sábado en la que la Policía Nacional Civil (PNC) no reportó muertes violentas a nivel nacional.
Entre el 1° y el 23 de agosto se contabilizan 20 días sin asesinatos, mientras que en lo que va de 2025, 197 días se han registrado sin que las familias tengan que lamentar la pérdida de un ser querido por violencia.
Según las autoridades, la reducción histórica de homicidios comenzó en junio de 2019 con la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y se consolidó con la puesta en marcha del régimen de excepción. Para mantener estos resultados, la PNC y la Fuerza Armada realizan patrullajes constantes en todo el territorio, con el objetivo de garantizar seguridad y capturar a los remanentes de pandillas.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, señaló que en zonas rurales los cuerpos de seguridad buscan a los delincuentes que intentan evadir la justicia, mientras que en áreas urbanas se ejecutan cercos de seguridad apoyados por la población para identificar a pandilleros.
“La situación con la pandilla es que el control que ellos tenían sobre el territorio lo perdieron y lo recuperó el Estado”, afirmó Merino Monroy, destacando la recuperación de la seguridad en el país.
