Judicial
Vendedora de pupusas amenaza de muerte a otra por poner su puesto en la misma acera; “mi hermana se deshace de los estorbos”, le dijo
En un inicio, la demandada intentó ahuyentar a los clientes de su competidora diciéndoles que las ratas «se bañaban en el chocolate». Las dos mujeres venden afuera del hospital de Especialidades del ISSS.
Natividad Granados decidió convertirse en emprendedora para poder ganarse la vida, por lo que en 1993 instaló un negocio de una pupusas en una acera en las cercanías del Hospital de Especialidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La mujer se adueñó del espacio mientras su negocio iba creciendo, al grado que para 2009 requirió contratar más empleadas. Fue así como llegó a trabajar Santos Clímaco, quien para entonces tenía 28 años y que llegó con la tarea de «echar pupusas».
Según la dueña del negocio, Clímaco no era una mala empleada, pero era irrespetuosa e irresponsable y cuando se le antojaba dejaba de llegar al trabajo sin previo aviso. Eso ocurrió en varias ocasiones, pero era perdonada por Granados por la confianza que le tenía.
En abril de 2016, Clímaco decidió dejar de ser empleada para independizarse. Así, montó su propia pupusería en el lugar menos esperado, al lado del que fue su puesto de trabajo.
En el proceso que se desarrolló en los tribunales de San Salvador se ventiló que para ganar clientes, la mujer decía que su negocio era lo mismo que el de Granados. Esa «publicidad engañosa» provocó que Granados se enojara y le reclamara en varias ocasiones.
«Las ratas se bañan en el chocolate»
El pleito por los clientes se fue haciendo mayor, al punto que Clímaco les decía a los clientes que no comieran en el puesto de su exjefa, porque “las ratas se bañan en el chocolate que hacen ahí”.
A medida fue subiendo el tono de los reclamos, la paciencia también llegó al límite.
Un día, Granados volvió a reclamar para que su competidora no siguiera usando esas estrategias, pero la respuesta que recibió fue por demás amenazante.
“A mi hermana te voy a traer, porque ella rápido se deshace de los estorbos”, le dijo Clímaco mientras chasqueaba los dedos. La advertencia fue interpretada como una amenaza a muerte.
Un proceso judicial por amenazas
Por temor, Granados interpuso una denuncia en contra de su exempleada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que comenzó el proceso y lo llevó hasta su etapa final.
El pleito entre las microempresarias de pupusas se tipificó como amenazas y se ventiló en el Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador.
Debido a la tipificación del delito y basado en el Código Penal del país, el juez recurrió a conformar un tribunal compuesto por seis ciudadanos que conocieron las posturas de los abogados defensores y de la Fiscalía, además de las pruebas testimoniales y periciales del caso.
Luego del protocolo legal que el proceso implica, tomaron la decisión de liberar de cualquier culpa a Santos Clímaco, por considerar que su amenaza no puso en riesgo la vida de su exjefa.
ESCRITA POR CARMINA CASTRO, EL SALVADOR TIMES. NOTA ORIGINAL AQUÍ
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
