Judicial
Vendedora de pupusas amenaza de muerte a otra por poner su puesto en la misma acera; “mi hermana se deshace de los estorbos”, le dijo
En un inicio, la demandada intentó ahuyentar a los clientes de su competidora diciéndoles que las ratas «se bañaban en el chocolate». Las dos mujeres venden afuera del hospital de Especialidades del ISSS.
Natividad Granados decidió convertirse en emprendedora para poder ganarse la vida, por lo que en 1993 instaló un negocio de una pupusas en una acera en las cercanías del Hospital de Especialidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La mujer se adueñó del espacio mientras su negocio iba creciendo, al grado que para 2009 requirió contratar más empleadas. Fue así como llegó a trabajar Santos Clímaco, quien para entonces tenía 28 años y que llegó con la tarea de «echar pupusas».
Según la dueña del negocio, Clímaco no era una mala empleada, pero era irrespetuosa e irresponsable y cuando se le antojaba dejaba de llegar al trabajo sin previo aviso. Eso ocurrió en varias ocasiones, pero era perdonada por Granados por la confianza que le tenía.
En abril de 2016, Clímaco decidió dejar de ser empleada para independizarse. Así, montó su propia pupusería en el lugar menos esperado, al lado del que fue su puesto de trabajo.
En el proceso que se desarrolló en los tribunales de San Salvador se ventiló que para ganar clientes, la mujer decía que su negocio era lo mismo que el de Granados. Esa «publicidad engañosa» provocó que Granados se enojara y le reclamara en varias ocasiones.
«Las ratas se bañan en el chocolate»
El pleito por los clientes se fue haciendo mayor, al punto que Clímaco les decía a los clientes que no comieran en el puesto de su exjefa, porque “las ratas se bañan en el chocolate que hacen ahí”.
A medida fue subiendo el tono de los reclamos, la paciencia también llegó al límite.
Un día, Granados volvió a reclamar para que su competidora no siguiera usando esas estrategias, pero la respuesta que recibió fue por demás amenazante.
“A mi hermana te voy a traer, porque ella rápido se deshace de los estorbos”, le dijo Clímaco mientras chasqueaba los dedos. La advertencia fue interpretada como una amenaza a muerte.
Un proceso judicial por amenazas
Por temor, Granados interpuso una denuncia en contra de su exempleada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que comenzó el proceso y lo llevó hasta su etapa final.
El pleito entre las microempresarias de pupusas se tipificó como amenazas y se ventiló en el Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador.
Debido a la tipificación del delito y basado en el Código Penal del país, el juez recurrió a conformar un tribunal compuesto por seis ciudadanos que conocieron las posturas de los abogados defensores y de la Fiscalía, además de las pruebas testimoniales y periciales del caso.
Luego del protocolo legal que el proceso implica, tomaron la decisión de liberar de cualquier culpa a Santos Clímaco, por considerar que su amenaza no puso en riesgo la vida de su exjefa.
ESCRITA POR CARMINA CASTRO, EL SALVADOR TIMES. NOTA ORIGINAL AQUÍ
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
