Judicial
TRAGEDIA: «La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar», Familia de menor desaparecido en Mejicanos
Luego de publicar en redes sociales la foto del joven, la familia recibió extraños mensajes por Whatsapp en los que les exigían $5,000 a cambio de información del joven que resultó ser falsa.
Padre de menor desaparecido en Mejicanos: «La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar»
Como si de una especie de “deja vu” se tratara, una familia vive momentos de angustia tras la desaparición de un joven de 15 años cuyo abuelo desapareció durante el conflicto armado y como si eso no fuera suficiente sujetos han intentado conseguir dinero ofreciendo información falsa sobre la ubicación del menor.
«La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar», de esta manera resume la situación actual que vive el padre de Manuel P., de 15 años de edad, quien desapareció el martes 12 de marzo en la parada mejor conocida como «El Cubo» y calle El Progreso en el municipio de Mejicanos.
El joven que cursa noveno grado en el Centro Escolar Católico “San Agustín” le pidió a su padre que no lo pasara a recoger a la salida de clases porque se iba a quedar más tarde ya que estaba ensayando un baile para los intramuros.
El confiado progenitor accedió a la petición de su hijo la cual no era cierta ya que Manuel regresó a la casa a las 12:30, almorzó, se cambió de ropa y le dijo a su hermana que iba ir a visitar a su novia quien vive en una residencial del mismo municipio.
Conforme pasaron las horas y al ver que su hijo no llegaba, la madre de Manuel comenzó a preocuparse a tal punto de ir hasta la residencial donde vive la novia del menor, pero los vigilantes del lugar le manifestaron que este no había ingresado.
«Le preguntaron a la novia de mi hijo si él había llegado a su casa, pero ella sostuvo que Manuel le dijo que iría a visitar a un amigo quien vive en la colonia Jardín», relató el padre de familia.
La situación remontó a la familia a diciembre de 1980 cuando el padre del papá de Manuel fue desaparecido por ser sindicalista de la extinta Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS).
Luego de realizar varias llamadas al celular que portaba el joven, y que nunca lo contestó, la familia interpuso la denuncia de su desaparición en una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC)
«Él quería estudiar en el Centro Cultural y después sacar su carrera de Ciencias Jurídicas, ya que su meta era ser abogado como algunos de sus familiares», detalló el padre que no tiene pistas del paradero de su hijo.
Extorsión de $5,000 por dar información del menor
En redes sociales se inició una campaña de búsqueda que ha afectado más a la familia ya que gente inescrupulosa les escribió por Whatsapp para intentar obtener $5,000 a cambio de información falsa del joven..
«La gente que se comunicó con ella pidieron los $5,000 a cambio de brindarle información sobre él, pero esta resultó ser falsa y sólo tenían interés en el dinero», dijo el hombre que asegura ya ha buscado a su hijo en hospitales y en la morgue del Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.
«Es triste lo que estoy viviendo, por eso quiero decirle a los padres de familia que tengan cuidado con sus hijos, hay amiguitos que los pueden influenciar; siempre hay alguien que los induce a realizar cosas indebidas», expresó.
La última vez que fue visto Manuel, vestía pantalón negro, camisas a rayas verdes con negro, zapatos deportivos color azules con rojo. Si alguien lo ha visto o sabe de su paradero se puede comunicar a las autoridades policiales.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
