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TRAGEDIA: «La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar», Familia de menor desaparecido en Mejicanos
Luego de publicar en redes sociales la foto del joven, la familia recibió extraños mensajes por Whatsapp en los que les exigían $5,000 a cambio de información del joven que resultó ser falsa.
Padre de menor desaparecido en Mejicanos: «La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar»
Como si de una especie de “deja vu” se tratara, una familia vive momentos de angustia tras la desaparición de un joven de 15 años cuyo abuelo desapareció durante el conflicto armado y como si eso no fuera suficiente sujetos han intentado conseguir dinero ofreciendo información falsa sobre la ubicación del menor.
«La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar», de esta manera resume la situación actual que vive el padre de Manuel P., de 15 años de edad, quien desapareció el martes 12 de marzo en la parada mejor conocida como «El Cubo» y calle El Progreso en el municipio de Mejicanos.
El joven que cursa noveno grado en el Centro Escolar Católico “San Agustín” le pidió a su padre que no lo pasara a recoger a la salida de clases porque se iba a quedar más tarde ya que estaba ensayando un baile para los intramuros.
El confiado progenitor accedió a la petición de su hijo la cual no era cierta ya que Manuel regresó a la casa a las 12:30, almorzó, se cambió de ropa y le dijo a su hermana que iba ir a visitar a su novia quien vive en una residencial del mismo municipio.
Conforme pasaron las horas y al ver que su hijo no llegaba, la madre de Manuel comenzó a preocuparse a tal punto de ir hasta la residencial donde vive la novia del menor, pero los vigilantes del lugar le manifestaron que este no había ingresado.
«Le preguntaron a la novia de mi hijo si él había llegado a su casa, pero ella sostuvo que Manuel le dijo que iría a visitar a un amigo quien vive en la colonia Jardín», relató el padre de familia.
La situación remontó a la familia a diciembre de 1980 cuando el padre del papá de Manuel fue desaparecido por ser sindicalista de la extinta Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS).
Luego de realizar varias llamadas al celular que portaba el joven, y que nunca lo contestó, la familia interpuso la denuncia de su desaparición en una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC)
«Él quería estudiar en el Centro Cultural y después sacar su carrera de Ciencias Jurídicas, ya que su meta era ser abogado como algunos de sus familiares», detalló el padre que no tiene pistas del paradero de su hijo.
Extorsión de $5,000 por dar información del menor
En redes sociales se inició una campaña de búsqueda que ha afectado más a la familia ya que gente inescrupulosa les escribió por Whatsapp para intentar obtener $5,000 a cambio de información falsa del joven..
«La gente que se comunicó con ella pidieron los $5,000 a cambio de brindarle información sobre él, pero esta resultó ser falsa y sólo tenían interés en el dinero», dijo el hombre que asegura ya ha buscado a su hijo en hospitales y en la morgue del Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.
«Es triste lo que estoy viviendo, por eso quiero decirle a los padres de familia que tengan cuidado con sus hijos, hay amiguitos que los pueden influenciar; siempre hay alguien que los induce a realizar cosas indebidas», expresó.
La última vez que fue visto Manuel, vestía pantalón negro, camisas a rayas verdes con negro, zapatos deportivos color azules con rojo. Si alguien lo ha visto o sabe de su paradero se puede comunicar a las autoridades policiales.
Nota tomada de El Salvador Times
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
