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TRAGEDIA: «La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar», Familia de menor desaparecido en Mejicanos
Luego de publicar en redes sociales la foto del joven, la familia recibió extraños mensajes por Whatsapp en los que les exigían $5,000 a cambio de información del joven que resultó ser falsa.
Padre de menor desaparecido en Mejicanos: «La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar»
Como si de una especie de “deja vu” se tratara, una familia vive momentos de angustia tras la desaparición de un joven de 15 años cuyo abuelo desapareció durante el conflicto armado y como si eso no fuera suficiente sujetos han intentado conseguir dinero ofreciendo información falsa sobre la ubicación del menor.
«La historia se vuelve a repetir al desaparecer otro familiar», de esta manera resume la situación actual que vive el padre de Manuel P., de 15 años de edad, quien desapareció el martes 12 de marzo en la parada mejor conocida como «El Cubo» y calle El Progreso en el municipio de Mejicanos.
El joven que cursa noveno grado en el Centro Escolar Católico “San Agustín” le pidió a su padre que no lo pasara a recoger a la salida de clases porque se iba a quedar más tarde ya que estaba ensayando un baile para los intramuros.
El confiado progenitor accedió a la petición de su hijo la cual no era cierta ya que Manuel regresó a la casa a las 12:30, almorzó, se cambió de ropa y le dijo a su hermana que iba ir a visitar a su novia quien vive en una residencial del mismo municipio.
Conforme pasaron las horas y al ver que su hijo no llegaba, la madre de Manuel comenzó a preocuparse a tal punto de ir hasta la residencial donde vive la novia del menor, pero los vigilantes del lugar le manifestaron que este no había ingresado.
«Le preguntaron a la novia de mi hijo si él había llegado a su casa, pero ella sostuvo que Manuel le dijo que iría a visitar a un amigo quien vive en la colonia Jardín», relató el padre de familia.
La situación remontó a la familia a diciembre de 1980 cuando el padre del papá de Manuel fue desaparecido por ser sindicalista de la extinta Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS).
Luego de realizar varias llamadas al celular que portaba el joven, y que nunca lo contestó, la familia interpuso la denuncia de su desaparición en una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC)
«Él quería estudiar en el Centro Cultural y después sacar su carrera de Ciencias Jurídicas, ya que su meta era ser abogado como algunos de sus familiares», detalló el padre que no tiene pistas del paradero de su hijo.
Extorsión de $5,000 por dar información del menor
En redes sociales se inició una campaña de búsqueda que ha afectado más a la familia ya que gente inescrupulosa les escribió por Whatsapp para intentar obtener $5,000 a cambio de información falsa del joven..
«La gente que se comunicó con ella pidieron los $5,000 a cambio de brindarle información sobre él, pero esta resultó ser falsa y sólo tenían interés en el dinero», dijo el hombre que asegura ya ha buscado a su hijo en hospitales y en la morgue del Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.
«Es triste lo que estoy viviendo, por eso quiero decirle a los padres de familia que tengan cuidado con sus hijos, hay amiguitos que los pueden influenciar; siempre hay alguien que los induce a realizar cosas indebidas», expresó.
La última vez que fue visto Manuel, vestía pantalón negro, camisas a rayas verdes con negro, zapatos deportivos color azules con rojo. Si alguien lo ha visto o sabe de su paradero se puede comunicar a las autoridades policiales.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
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Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
