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Toman 500 pruebas PCR en Chapeltique, San Miguel
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele no baja la guardia en el trabajo de proteger la salud de la población, y es que, a través de diversas acciones garantiza protección a los salvadoreños.
Los tamizajes comunitarios han sido una de las estrategias permanentes implementadas por el Gobierno salvadoreño. En esta ocasión, dos cabinas del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) fueron instaladas en el parque central de Chapeltique, en el departamento de San Miguel.
En total fueron 500 pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) las que el Gobierno puso a disposición en dicho municipio para detectar la existencia del virus entre la comunidad.
Las familias que residen en el referido municipio acudieron de forma ordenada y voluntaria a las cabinas; los tamizajes comunitarios son gratuitos para los salvadoreños, dichas pruebas permiten identificar la presencia del virus.
El Gobierno del Presidente Bukele ha trabajado constantemente tomando decisiones anticipadas y acertadas, para hacer frente a la pandemia, lo que coloca a El Salvador como un referente mundial.
“La Población ha acudido, se ha visto el interés por tomarse las pruebas. Es importante hacer el llamado a la población que se haga la prueba, es gratis, gracias a los beneficios que el Gobierno está gestionando, para poder cortar la cadena de la transmisión del virus”, manifestó Claudia Orellana, referente de pruebas tamizajes PCR en la región oriental de Salud.
Tanto con los tamizajes comunitarios, para la detección temprana de casos COVID-19; así como la implementación del Plan Nacional de Vacunación para proteger a las personas contra el virus, han sido implementados bajo la característica de la gratuidad y cercanía a la población para facilitar el acceso.
La recomendación que el Ministerio de Salud hace a los salvadoreños es de no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, utilización de alcohol en gel para las manos y cumplir con el distanciamiento físico, así como evitar asistir donde haya aglomeraciones.
Si una persona presenta síntomas relacionados a la enfermedad o ha permanecido en contacto con un paciente de COVID-19, es recomendable asistir a efectuar la prueba PCR para descartar el virus.
En un aproximado de 48 horas, el personal de Salud contacta al paciente, vía telefónica, para confirmar o descartar la presencia del virus. Si el resultado de la prueba es positivo, la persona tiene que cumplir un periodo de cuarentena en su casa y ahí se le envía un kit con medicamentos y hay un monitoreo por medio de una llamada cada día para observar el desarrollo de la enfermedad.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
