Nacionales
SSF denuncia contratación irregular en administración anterior
El superintendente del Sistema Financiero, Gustavo Villatoro, presentó este día un nuevo aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra José Ricardo Perdomo, extitular de la institución, por posibles actos arbitrarios que podrían ser constitutivos de delito al haber favorecido a un familiar del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
Villatoro, continúa denunciando las irregularidades cometidas durante la administración anterior. Detalló que una investigación interna determinó que durante la gestión Perdomo, del 2014 al 2019, se aprobó una serie de contrataciones de manera irregular, que benefició a funcionarios del gobierno del FMLN, y familiares de estos.
“Hemos venido a interponer una nueva denuncia contra el exsuperintendente, precisamente porque hemos detectado el modus operandi en el que estuvieron incorporando una gran cantidad de personas que no reunían los requisitos técnicos, ni mucho menos los requisitos institucionales para generar esos empleos”, detalló el titular de la SSF.
El aviso presentado detalla que Perdomo ordenó en el 2018 la contratación de Allan Leonel Sánchez Villalta, nieto del exmandatario para desempeñar el cargo de asistente administrativo, por un periodo determinado y con un salario de $718.
Sin embargo, sin haber finalizado el plazo, después de seis meses y sin ninguna justificación, se firmó un nuevo contrato, dejando su cargo para un periodo indeterminado.
Además, en 2019, sin motivo alguno, por medio de un agregado al contrato, se le aumentó el salario a casi mil dólares, y fue trasladado al departamento de Servicios Generales, área para la cual no cuenta con el grado académico idóneo, ni los conocimientos técnicos y experiencia laboral requerida para desempeñar la función que le fue creada.
Esta denuncia se suma a la presentada por Gustavo Villatoro el pasado 31 de agosto, también en contra de Perdomo, por la contratación irregular de María Ernestina Chávez de Lorenzana, cónyuge del entonces secretario técnico y posteriormente de Comunicaciones y Gobernabilidad, del gobierno anterior, Roberto Lorenzana.
La contratación de la esposa de Lorenzana fue por orden directa de Perdomo, donde se creó la plaza de “coordinador administrativo” para poderla incorporar.
Además, se fijó un salario mensual de $2,500, arriba del promedio para el perfil del cargo creado, por un período determinado.
“El servicio público ya no es como antes, que uno pensaba que las instituciones se manejaban como hacienda, como feudos; ahora cada persona que labora en el Órgano Ejecutivo debe cumplir ciertos requisitos”, añadió el superintendente Villatoro.
Principal
Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
