Judicial
FISCALÍA: Spa de Ada Michelle Guzmán recibió $3.5 millones de fondos construcción presa El Chaparral
Se ocuparon empresas fachadas a nombre de la Menéndez para desviar fondos.
Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron que dentro de las investigaciones realizadas en el caso «El Chaparral» se determinó que parte de los fondos de la construcción de esta presa fueron destinados para la creación de los spa a nombre de Ada Michelle Guzmán, compañera de vida del expresidente Mauricio Funes.
“En total Astaldi le transfirió $3 millones a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez de lo cual buena parte fue destinada para la creación y funcionamiento de la franquicia de la sociedades Latin America Spa», señaló el documento presentado en el Juzgado Noveno de paz de San Salvador.
El ministerio público sostiene que el expresidente y el empresario “Mecafé” utilizaron el problema de construcción de la presa para desviar fondos públicos, ocupar empresas fachadas en Panamá para luego llevarlas al negocio de masajes y peluquería.
“De esos fondos a nombre de esta sociedad, fueron adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la Colonia Maquilishuat, donde funcionaba el Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, que era residencia de la señora Guzmán”, señaló en Twitter la Fiscalía. En este caso, Guzmán es acusada de lavado de dinero.
#CasoChaparral Luego del acuerdo ASTALDI le transfirió $3,500,000.00 a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez, de lo cual buena parte fue destinada para la creación y funcionamiento de la franquicia de la sociedad LATIN AMERICA SPAS.
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019
Al conocer la acusación, Funes salió a la defensa de su compañera de vida y cuestionó al fiscal general, Douglas Menéndez, que en junio del 2018 señaló que el spa de Guzmán había sido pagado con fondos provenientes de Casa Presidencial.
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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
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15 años de cárcel para dos extorsionistas
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).


