Judicial
FISCALÍA: Spa de Ada Michelle Guzmán recibió $3.5 millones de fondos construcción presa El Chaparral
Se ocuparon empresas fachadas a nombre de la Menéndez para desviar fondos.
Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron que dentro de las investigaciones realizadas en el caso «El Chaparral» se determinó que parte de los fondos de la construcción de esta presa fueron destinados para la creación de los spa a nombre de Ada Michelle Guzmán, compañera de vida del expresidente Mauricio Funes.
“En total Astaldi le transfirió $3 millones a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez de lo cual buena parte fue destinada para la creación y funcionamiento de la franquicia de la sociedades Latin America Spa», señaló el documento presentado en el Juzgado Noveno de paz de San Salvador.
El ministerio público sostiene que el expresidente y el empresario “Mecafé” utilizaron el problema de construcción de la presa para desviar fondos públicos, ocupar empresas fachadas en Panamá para luego llevarlas al negocio de masajes y peluquería.
“De esos fondos a nombre de esta sociedad, fueron adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la Colonia Maquilishuat, donde funcionaba el Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, que era residencia de la señora Guzmán”, señaló en Twitter la Fiscalía. En este caso, Guzmán es acusada de lavado de dinero.
#CasoChaparral Luego del acuerdo ASTALDI le transfirió $3,500,000.00 a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez, de lo cual buena parte fue destinada para la creación y funcionamiento de la franquicia de la sociedad LATIN AMERICA SPAS.
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019
Funes se defiende
Al conocer la acusación, Funes salió a la defensa de su compañera de vida y cuestionó al fiscal general, Douglas Menéndez, que en junio del 2018 señaló que el spa de Guzmán había sido pagado con fondos provenientes de Casa Presidencial.
Nota original tomada de El Salvador Times
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
