Nacionales
Se reporta más de 200 denuncias anuales por abandono de personas en El Salvador
Ruth Isamary Álvarez Sánchez está tras las rejas desde el año pasado por haber abandonado a su hijo de 10 años en el cantón Chachagua, La Unión. La madre además de ser detenida por abandono y desamparo fue acusada por el ministerio público de maltrato infantil y lesiones graves en perjuicio del menor de edad.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, la mujer le quemó las manos de su hijo en una plancha de cocina, como castigo. El niño tras la agresión huyó de su casa y fue localizado por agentes policiales deambulando en la calle.
La mujer fue capturada en julio del año pasado, luego de una investigación que se alargó por cuatro meses. Además, el Juzgado de Familia de La Unión le quitó la custodia del niño y de otra hija de 6 años; ambos se fueron con el padre.
Abandonar a un bebé, a un menor de 18 años o a una persona con alguna discapacidad o que simplemente no pueda proveerse por sí misma es delito en El Salvador. El caso de Álvarez Sánchez es una de las 938 denuncias que registra la Fiscalía General de la República por abandono y desamparo de personas en los últimos cuatro años.
El artículo 199 del Código Penal establece que «el que teniendo deber legal de velar por un menor de dieciocho años o una persona incapaz de proveerse por sí misma, los abandonare poniendo en peligro su vida o su integridad personal, o los colocare en situación de desamparo, será sancionado con prisión de uno a tres años».
En El Salvador comúnmente se ve a personas abandonadas en la calle, además de niños, suelen verse casos de ancianos o personas con alguna discapacidad que andan deambulando. Las estadísticas del ministerio público determinan que en el país se registran aproximadamente 200 denuncias anuales por casos de abandono o desamparo.
La Fiscalía recibió durante el 2018, un total de 227 casos por abandono y desamparo, para el 2019 se reportó 211; seguido de 218 durante el 2020 y el año pasado, hasta noviembre, hubo 282 denuncias. Además, los datos reflejan que en la mayoría de casos [617] son mujeres [entre 18 a 30 años] las acusadas de abandonar o desamparar a una persona.
Mujer condenada por la muerte de su hijo
En pasado 1 de diciembre Blanca Rubia Martínez García fue condenada a un año de cárcel por la muerte de su hijo de nueve meses, quien murió en un incendio ocurrido el 18 de marzo en su casa en San Francisco Chinameca, La Paz.
La Fiscalía acusó a la mujer de homicidio culposo y de abandono y desamparo. Las investigaciones fiscales determinaron que mientras sucedió el incendio, la madre no se encontraba en la vivienda y el padre andaba trabajando, se determinó que el bebé estaba al cuidado de una menor de edad con capacidades especiales.
Además del abandono, hay muchos niños y adolescentes que son víctimas de maltrato infantil en El Salvador. La Fiscalía registró para 2018, un total de 528 denuncias por maltrato infantil, los casos aumentaron para 2019 cuando se reportaron 636 y tuvieron una leve disminución en 2020 cuando el ministerio público recibió 621 denuncias.
Especialistas aseguran que el lugar donde más se comete maltrato infantil es en el hogar y el maltrato físico es el más común lo que conlleva consecuencias físicas, psicológicas y sociales.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
Nacionales
Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.
