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Salvadoreños contarán nuevamente con el servicio de grúas gratuito durante las próximas festividades
El Gobierno pondrá de nuevo a disposición de la población un Plan de Asistencia Vial que incluye el servicio de grúas gratuitas, para auxiliar a los conductores que tengan inconvenientes en las carreteras del país durante las festividades de Navidad y fin de año.
“Si una persona sufre un desperfecto mecánico o si se le pinchó la llanta o si se queda sin combustible o cualquier inconveniente, ahí van a estar diferentes grúas del Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas trabajando para poder auxiliar al salvadoreño que sufra un percance vial”, indicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Los servicios estarán vigentes del 1 de diciembre de 2022 al 1 de enero del próximo año y estará activado en todo el territorio nacional las 24 horas del día, los siete días de la semana.
El servicio que proporcionará el Gobierno se constituye en un ahorro para las personas que lo utilicen, además, también se procura mantener agilizado el tránsito vehicular y evitar más percances en las carreteras durante esta época que es la más difícil en el tema de siniestralidad vial.
Serán más de 3,000 miembros tanto del MOP como de todas las instituciones adscritas como: FONAT, CONASEVI, VMT, y agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil, que trabajarán en diferentes actividades para dar atención a la población y garantizar una movilidad segura en las vías las 24 horas del día.
Es por eso que se instalarán también 1,000 controles vehiculares en las principales carreteras del país, especialmente aquellas hacia las zonas turísticas. De estos controles, 400 serán dispositivos antidoping.
“Vamos a redoblar esfuerzos para garantizar todos estos controles vehiculares en las carreteras del país. Vamos a tener apoyo de la Policía de Tránsito, vamos a tener a los gestores de tránsito también, vamos a tener controles antidoping para evitar que conductores irresponsables que ingieran bebidas alcohólicas conduzcan en las carreteras de esta manera. Más allá de poner una infracción lo que queremos es cuidar de la vida de la población”, puntualizó el ministro.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
