La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió a favor de QUIMAGRO S.A, luego de que su representante legal José Antonio Vega Castañeda interpusiera un amparo en el que solicitaba se anulase la resolución de la Sala del 13 de julio de 2018.

En la resolución se detalla que se acepta el escrito del apoderado legal de la empresa QUIMAGRO, que pide se de por concluido el referido proceso y de conocimiento ordinario, por lo que el banco Cuscatlán tendrá que pagar una determinada cantidad de dinero a la familia.

La batalla legal comenzó en el año 1996, cuando se denunció al entonces Banco de Comercio, que posteriormente fue comprado por Scotiabank y en la actualidad ya es parte de Banco Cuscatlán.

“Condénase al Banco de Comercio de El Salvador a la indemnización por daños y perjuicios a favor de ‘QUIMAGRO S.A. de C.V.’ a ejercer su liquidación en juicio diverso y de conocimiento ordinario”, reza en parte la sentencia que anula una resolución anterior de los magistrados Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sonia de Segovia.

La resolución que en su momento emitieron los mencionados magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional provocó que Antonio Vega presentara avisos penales en su contra, pero no tuvo eco en la Fiscalía General de la República (FGR) que dirigía en ese entonces Douglas Meléndez.

El silencio del entonces fiscal general, Douglas Meléndez, hizo que el abogado Antonio Vega también presentara un nuevo aviso contra Meléndez por incumplimiento de deberes, ya que se negó a iniciar una investigación contra los mencionados magistrados de la Sala de lo Constitucional.

La referida sentencia de la Sala de lo Constitucional también señala que se declare “terminado el Convenio de Intervención Financiera y Administrativa celebrado ante los oficios de la notaria Sonia Clementina Lievano de Lemus el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro”.

Hoy en día, Sonia Clementina Liévano de Lemus es magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero su nombre también figura en una lista de sociedades offshore del empresario Aldolfo Salume, también conocido como “Fito” Salume, quien también es secretario general del partido Democracia Salvadoreña, que participará en las próximas elecciones municipales y legislativas, por lo que algunos analistas advierten que puede haber un conflicto de interés en algunos momento.

Aunque la batalla legal de QUIMAGRO contra la banca privada llegó a su fin, aún queda la deuda de esclarecer si efectivamente los funcionarios judiciales y el mismo exfiscal general Douglas Meléndez abusaron de sus facultades o incurrieron en omisión de sus deberes, como lo señaló en su momento el abogado Antonio Vega.