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Sala resuelve a favor de QUIMAGRO, Banco Cuscatlán tendrá que responder por daños y perjuicio
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió a favor de QUIMAGRO S.A, luego de que su representante legal José Antonio Vega Castañeda interpusiera un amparo en el que solicitaba se anulase la resolución de la Sala del 13 de julio de 2018.
En la resolución se detalla que se acepta el escrito del apoderado legal de la empresa QUIMAGRO, que pide se de por concluido el referido proceso y de conocimiento ordinario, por lo que el banco Cuscatlán tendrá que pagar una determinada cantidad de dinero a la familia.
La batalla legal comenzó en el año 1996, cuando se denunció al entonces Banco de Comercio, que posteriormente fue comprado por Scotiabank y en la actualidad ya es parte de Banco Cuscatlán.
“Condénase al Banco de Comercio de El Salvador a la indemnización por daños y perjuicios a favor de ‘QUIMAGRO S.A. de C.V.’ a ejercer su liquidación en juicio diverso y de conocimiento ordinario”, reza en parte la sentencia que anula una resolución anterior de los magistrados Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sonia de Segovia.
La resolución que en su momento emitieron los mencionados magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional provocó que Antonio Vega presentara avisos penales en su contra, pero no tuvo eco en la Fiscalía General de la República (FGR) que dirigía en ese entonces Douglas Meléndez.
El silencio del entonces fiscal general, Douglas Meléndez, hizo que el abogado Antonio Vega también presentara un nuevo aviso contra Meléndez por incumplimiento de deberes, ya que se negó a iniciar una investigación contra los mencionados magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La referida sentencia de la Sala de lo Constitucional también señala que se declare “terminado el Convenio de Intervención Financiera y Administrativa celebrado ante los oficios de la notaria Sonia Clementina Lievano de Lemus el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro”.
Hoy en día, Sonia Clementina Liévano de Lemus es magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero su nombre también figura en una lista de sociedades offshore del empresario Aldolfo Salume, también conocido como “Fito” Salume, quien también es secretario general del partido Democracia Salvadoreña, que participará en las próximas elecciones municipales y legislativas, por lo que algunos analistas advierten que puede haber un conflicto de interés en algunos momento.
Aunque la batalla legal de QUIMAGRO contra la banca privada llegó a su fin, aún queda la deuda de esclarecer si efectivamente los funcionarios judiciales y el mismo exfiscal general Douglas Meléndez abusaron de sus facultades o incurrieron en omisión de sus deberes, como lo señaló en su momento el abogado Antonio Vega.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
