Nacionales
Sala resuelve a favor de QUIMAGRO, Banco Cuscatlán tendrá que responder por daños y perjuicio
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió a favor de QUIMAGRO S.A, luego de que su representante legal José Antonio Vega Castañeda interpusiera un amparo en el que solicitaba se anulase la resolución de la Sala del 13 de julio de 2018.
En la resolución se detalla que se acepta el escrito del apoderado legal de la empresa QUIMAGRO, que pide se de por concluido el referido proceso y de conocimiento ordinario, por lo que el banco Cuscatlán tendrá que pagar una determinada cantidad de dinero a la familia.
La batalla legal comenzó en el año 1996, cuando se denunció al entonces Banco de Comercio, que posteriormente fue comprado por Scotiabank y en la actualidad ya es parte de Banco Cuscatlán.
“Condénase al Banco de Comercio de El Salvador a la indemnización por daños y perjuicios a favor de ‘QUIMAGRO S.A. de C.V.’ a ejercer su liquidación en juicio diverso y de conocimiento ordinario”, reza en parte la sentencia que anula una resolución anterior de los magistrados Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sonia de Segovia.
La resolución que en su momento emitieron los mencionados magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional provocó que Antonio Vega presentara avisos penales en su contra, pero no tuvo eco en la Fiscalía General de la República (FGR) que dirigía en ese entonces Douglas Meléndez.
El silencio del entonces fiscal general, Douglas Meléndez, hizo que el abogado Antonio Vega también presentara un nuevo aviso contra Meléndez por incumplimiento de deberes, ya que se negó a iniciar una investigación contra los mencionados magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La referida sentencia de la Sala de lo Constitucional también señala que se declare “terminado el Convenio de Intervención Financiera y Administrativa celebrado ante los oficios de la notaria Sonia Clementina Lievano de Lemus el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro”.
Hoy en día, Sonia Clementina Liévano de Lemus es magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero su nombre también figura en una lista de sociedades offshore del empresario Aldolfo Salume, también conocido como “Fito” Salume, quien también es secretario general del partido Democracia Salvadoreña, que participará en las próximas elecciones municipales y legislativas, por lo que algunos analistas advierten que puede haber un conflicto de interés en algunos momento.
Aunque la batalla legal de QUIMAGRO contra la banca privada llegó a su fin, aún queda la deuda de esclarecer si efectivamente los funcionarios judiciales y el mismo exfiscal general Douglas Meléndez abusaron de sus facultades o incurrieron en omisión de sus deberes, como lo señaló en su momento el abogado Antonio Vega.
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
