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Sala resuelve a favor de QUIMAGRO, Banco Cuscatlán tendrá que responder por daños y perjuicio
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió a favor de QUIMAGRO S.A, luego de que su representante legal José Antonio Vega Castañeda interpusiera un amparo en el que solicitaba se anulase la resolución de la Sala del 13 de julio de 2018.
En la resolución se detalla que se acepta el escrito del apoderado legal de la empresa QUIMAGRO, que pide se de por concluido el referido proceso y de conocimiento ordinario, por lo que el banco Cuscatlán tendrá que pagar una determinada cantidad de dinero a la familia.
La batalla legal comenzó en el año 1996, cuando se denunció al entonces Banco de Comercio, que posteriormente fue comprado por Scotiabank y en la actualidad ya es parte de Banco Cuscatlán.
“Condénase al Banco de Comercio de El Salvador a la indemnización por daños y perjuicios a favor de ‘QUIMAGRO S.A. de C.V.’ a ejercer su liquidación en juicio diverso y de conocimiento ordinario”, reza en parte la sentencia que anula una resolución anterior de los magistrados Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sonia de Segovia.
La resolución que en su momento emitieron los mencionados magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional provocó que Antonio Vega presentara avisos penales en su contra, pero no tuvo eco en la Fiscalía General de la República (FGR) que dirigía en ese entonces Douglas Meléndez.
El silencio del entonces fiscal general, Douglas Meléndez, hizo que el abogado Antonio Vega también presentara un nuevo aviso contra Meléndez por incumplimiento de deberes, ya que se negó a iniciar una investigación contra los mencionados magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La referida sentencia de la Sala de lo Constitucional también señala que se declare “terminado el Convenio de Intervención Financiera y Administrativa celebrado ante los oficios de la notaria Sonia Clementina Lievano de Lemus el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro”.
Hoy en día, Sonia Clementina Liévano de Lemus es magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero su nombre también figura en una lista de sociedades offshore del empresario Aldolfo Salume, también conocido como “Fito” Salume, quien también es secretario general del partido Democracia Salvadoreña, que participará en las próximas elecciones municipales y legislativas, por lo que algunos analistas advierten que puede haber un conflicto de interés en algunos momento.
Aunque la batalla legal de QUIMAGRO contra la banca privada llegó a su fin, aún queda la deuda de esclarecer si efectivamente los funcionarios judiciales y el mismo exfiscal general Douglas Meléndez abusaron de sus facultades o incurrieron en omisión de sus deberes, como lo señaló en su momento el abogado Antonio Vega.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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