Nacionales
Rolando Castro acudirá a tribunales internacionales para denunciar a Roberto d’Aubuisson y al concejo municipal de Santa Tecla por incumplir una resolución judicial
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que acudirá a instancias internacionales para hacer que el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson y su concejo municipal, cumplan sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que mandata a reinstalar a un grupo de trabajadores despedidos.
«En vista que he recurrido a las instancias de nuestro país y NO funciona sobre los avisos penales y procesos contra el alcalde de Santa Tecla y su Concejo Municipal y siguen en el mundo de la impunidad, en mi calidad de Ministro recurriré a las instancias internacionales», dijo Castro.
El funcionario lamentó que personas «con apellidos» y poder no cumplan la ley ante la pasividad de la Fiscalía General de la República, por lo que acudirá a tribunales internacionales de justicia, luego que d’Aubuisson incumpliera el plazo dictado por una Cámara que le fijó 4 días (cuyo plazo ya venció) para recontratar al personal despedido e indemnizarlo.
Asimismo, Castro reveló que un abogado que trabaja en el gobierno defiende a d’Aubuisson en el juicio, pero dijo que ello no implica que este abogado con dicha defensa represente la visión del gobierno. «Si un abogado presta un servicio profesional en nuestro gobierno y busca instancias legales para cabildear y favorecer a Roberto d’Aubuisson, es en su calidad de abogado a cambio de remuneración y NO representa la visión del gobierno», desmarcó Castro.
Agregó que las autoridades locales tecleñas no obedecen las resoluciones judiciales «y sigue la matonería de la impunidad», agregó.
PIDEN LA CAPTURA DEL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL
EL ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una orden administrativa de captura contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, por desobedecer una resolución judicial de reinstalo de los empleados que fueron despedidos para la implementación de TECLASEO.
La petición la hizo por medio de su cuenta de Twitter, donde hace saber que d´Aubuisson Munguía y su concejo han incurrido en delitos de actos arbitrarios, como también de desobediencia al incumplir la ejecución de una sentencia judicial.
¿Cuándo la FGR va a girar una orden de detención administrativa contra este infractor… Cuándo?, se hizo la pregunta el funcionario.
Recientemente un tribunal superior ordenó al alcalde de Santa Tecla, departamento de La Libertad, que reinstalara de inmediato a los empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018, porque la alcaldía suscribió un contrato de 21 años con la empresa colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, se ordena «de forma inmediata» el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados que siguieron su proceso hasta las últimas consecuencias, a quienes también se les tendrá que cancelar los salarios no percibidos.
El juez ordenó que los despedidos, que en un principio fueron 154, sean instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, y «el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en puestos similares o en otros de mayor jerarquía».
De igual forma se señala que de no cumplirse la resolución judicial, se advierte a las autoridades municipales que se les impondrá una multa a ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales que firmaron la decisión de despedirlos.
Sin embargo, ante la negativa del alcalde de Santa Tecla y de su concejo municipal de no cumplir la orden judicial, Rolando Castro se refirió a que el mismo código municipal señala que la figura del alcalde es el que representa de forma legal y administrativamente la municipalidad.
“En este caso hay un claro desacato a orden judicial. ¿Que se espera para girar una orden de captura? o la ley para él, no opera en el país”, detalló el funcionario.
“En este país estamos acostumbrados a que el peso y la furia de la ley solo se aplica a personas pobres, es tiempo que la ley se aplique de forma pareja y sin excepción, este alcalde y parte de su Concejo que votó violentando la ley y lo siguen haciendo, deberían estar en la cárcel”, puntualizó Rolando Castro.
De igual forma, el juez dio un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos, cuyo plazo fue ignorado por Roberto d´Aubuisson.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años. La alcaldía tecleña, al momento de firmar el acuerdo, puso tres años de reserva total al contrato.
La reserva entró en vigencia el 19 de julio del 2018 y contempla que «nadie puede tener acceso a la escritura de constitución, el certificado de acciones, convenio de operaciones, cartas de entendimiento, los estudios técnicos, financiero y legal, como también los reglamentos y las adendas de economía mixta de capital variable de INTERASEO y TECLASEO».
Principal
Bukele responde a críticas por reelección indefinida y dice que son porque El Salvador es «pequeño y pobre»
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, rechazó este domingo que la aprobación en El Salvador de la reelección presidencial indefinida sea el «fin de la democracia», al asegurar que las críticas a esa decisión se deben a que la tomó un país «pequeño y pobre». En un trámite exprés, el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó el jueves una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral.
En su primera reacción a la ola de críticas de organismos de derechos humanos internacionales, Bukele aseguró en la red social X que «el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta». «Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia», ironizó el mandatario de 44 años, quien llegó al poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de votos que le permitió tener un control casi absoluto de todos los poderes del Estado.
«Por supuesto, se apresurarán a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto», agregó en el mensaje, escrito en inglés. Según Bukele, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria «con exactamente las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca», las críticas seguirían.
«Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen.
Y se espera que te mantengas en tu carril», añadió. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideraron la decisión como un «golpe mortal» a la democracia y una «manipulación» a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele. El presidente salvadoreño, quien asegura que lo tiene sin cuidado que lo llamen «dictador», goza de gran popularidad por su «guerra» contra las pandillas, que inició en 2022 y redujo a mínimos históricos la violencia en el país centroamericano.
Pero grupos de derechos humanos critican su política de seguridad porque está basada en un régimen de excepción que permite masivos arrestos sin orden judicial y restringe libertades. La reforma constitucional fue aprobada tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “El Viejo Lin”, nació en El Salvador y pasó gran parte de su juventud en Estados Unidos, hasta ser deportado en la década de los 90.
A su regreso, se convirtió en figura clave de la pandilla Barrio 18, importando desde Los Ángeles las estrategias y la cultura marera.
A inicios del siglo XXI, se posicionó como uno de los líderes más temidos, con un historial marcado por crímenes atroces, como torturas y desmembramientos, incluyendo el asesinato de una joven de 16 años, que evidenció su control brutal sobre la estructura criminal.
Desde prisión, ascendió a palabrero de los Sureños, una de las facciones más poderosas de Barrio 18, y mantuvo el mando coordinando finanzas, homicidios y extorsiones.
Incluso llegó a compartir escenario con líderes de la MS-13 al anunciar una reducción de homicidios durante la tregua entre pandillas
En ese periodo, su discurso dejó entrever una ambición inusual: el deseo de incursionar en la política.
Se presentó ante medios y mediadores como un actor dispuesto a “redimirse”, expresando su sueño de convertirse en político y representar un cambio, aunque esa aspiración nunca se concretó.
Hoy se desarrolló el tradicional desfile del Comercio, el segundo de las festividades agostinas en el distrito capitalino, que se celebra cada 3 de agosto.
Las calles de la alameda Roosevelt desde el monumento Salvador del Mundo hasta el parque Cuscatlán se han llenado de dulces, color y diversión.
De acuerdo con el concejal de la alcaldía de San Salvador, Francisco Garay, en esta edición participaron más de 20 empresas.
Personajes mitológicos y de fantasía dan colorido a esta actividad. Además de las bandas de paz que hacen vibrar a la multitud, mientras las cachiporristas iluminan el recorrido con su talento y alegría.
Por supuesto, la reina de las fiestas agostinas, Galilea Yada, participa en el desfile del correo, donde entrega dulces a los asistentes.
Son miles de salvadoreños disfrutan de esta tradición, con decenas de carrozas y personajes que entretienen a asistentes nacionales como extranjeros.
Desde temprano, las familias se acercaron a las calles para disfrutar de este desfile, en el que también se dieron cita los equipos de primera respuesta, conformados por personal médico, la Policía Nacional Civil, Protección Civil y los cuerpos de socorro.
