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Reos en fase de confianza fabrican 500 pupitres diarios para las escuelas
Un estimado de 900 reos en fase de confianza que forman parte el Plan Cero Ocio que implementa la Dirección General de Centros Penales (DGCP) producen a diario 500 pupitres, los cuales son distribuidos en los 5,150 centros educativos del país que forman parte del sistema público.
Recientemente se realizó un recorrido por los talleres del Complejo Industrial Penitenciario de Santa Ana, donde los privados de libertad, no pandilleros, trabajan en la producción masiva de pupitres.
Ante esto, el director de este reclusorio, Samuel Díaz, explicó que han organizado tres áreas conformadas por 300 reos cada una, en la cual trabajan en horarios escalonados para cubrir las 24 horas del día. Agregó que la capacidad máxima de producción es de hasta 1,000 muebles escolares por día.
«Dentro de estos pupitres tenemos del segmento de parvularia, tercer ciclo y bachillerato que son los que se van a incorporar a cada uno de los centros escolares a nivel nacional», aseguró.
En estos talleres impera el orden, la disciplina, el esfuerzo y la actitud con la que cada privado de libertad pone durante las jornadas de trabajo diarias, las cuales van en sintonía con la transformación del sistema penitenciario logrado bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Samuel Díaz se refirió al trabajo coordinado entre las instituciones estatales para obtener estos logros que están beneficiando a la comunidad estudiantil.
«Este trabajo se lleva a cabo y coordinado a partir de la orden del presidente Nayib Bukele, en el marco de apoyar a cada una de las escuelas del país con todos los pupitres», afirmó. En este esfuerzo también se ha incluido la construcción y remodelación de centros educativos con mano de obra de los reos.
La forma en cómo se produce estos muebles fueron detalladas por el director Díaz: «Manejamos líneas de trabajo que van desde el corte del tubo, doblado del mismo, posteriormente se hace la soldadura de cada uno y se pasa al área donde se coloca la madera hasta que se tiene el producto terminado».
Todo el trabajo que se desarrolla en estas instalaciones se hace bajo medidas de seguridad industrial; cada uno de los pupitres, mesas y otros muebles son elaborados desde cero con material de calidad para garantizar la comodidad de los estudiantes al momento que reciben sus clases.
Entre los privados de libertad hay quienes tienen habilidades para aplicar pintura industrial, realizar trabajos de soldadura y de carpintería. Quienes carecen de estos conocimientos son capacitados durante tres meses en formación teórica y práctica.
De esta manera, las autoridades penitenciarias también buscan que los reos en fase de confianza retribuyan en obras beneficio para la sociedad a la que al finalizar su condena podrán reincorporarse.
Una vez finalizado el proceso de construcción, los muebles son ordenados por tamaño y niveles educativos para luego ser enviados a los institutos y centros escolares.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
