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Reos en fase de confianza fabrican 500 pupitres diarios para las escuelas
Un estimado de 900 reos en fase de confianza que forman parte el Plan Cero Ocio que implementa la Dirección General de Centros Penales (DGCP) producen a diario 500 pupitres, los cuales son distribuidos en los 5,150 centros educativos del país que forman parte del sistema público.
Recientemente se realizó un recorrido por los talleres del Complejo Industrial Penitenciario de Santa Ana, donde los privados de libertad, no pandilleros, trabajan en la producción masiva de pupitres.
Ante esto, el director de este reclusorio, Samuel Díaz, explicó que han organizado tres áreas conformadas por 300 reos cada una, en la cual trabajan en horarios escalonados para cubrir las 24 horas del día. Agregó que la capacidad máxima de producción es de hasta 1,000 muebles escolares por día.
«Dentro de estos pupitres tenemos del segmento de parvularia, tercer ciclo y bachillerato que son los que se van a incorporar a cada uno de los centros escolares a nivel nacional», aseguró.
En estos talleres impera el orden, la disciplina, el esfuerzo y la actitud con la que cada privado de libertad pone durante las jornadas de trabajo diarias, las cuales van en sintonía con la transformación del sistema penitenciario logrado bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Samuel Díaz se refirió al trabajo coordinado entre las instituciones estatales para obtener estos logros que están beneficiando a la comunidad estudiantil.
«Este trabajo se lleva a cabo y coordinado a partir de la orden del presidente Nayib Bukele, en el marco de apoyar a cada una de las escuelas del país con todos los pupitres», afirmó. En este esfuerzo también se ha incluido la construcción y remodelación de centros educativos con mano de obra de los reos.
La forma en cómo se produce estos muebles fueron detalladas por el director Díaz: «Manejamos líneas de trabajo que van desde el corte del tubo, doblado del mismo, posteriormente se hace la soldadura de cada uno y se pasa al área donde se coloca la madera hasta que se tiene el producto terminado».
Todo el trabajo que se desarrolla en estas instalaciones se hace bajo medidas de seguridad industrial; cada uno de los pupitres, mesas y otros muebles son elaborados desde cero con material de calidad para garantizar la comodidad de los estudiantes al momento que reciben sus clases.
Entre los privados de libertad hay quienes tienen habilidades para aplicar pintura industrial, realizar trabajos de soldadura y de carpintería. Quienes carecen de estos conocimientos son capacitados durante tres meses en formación teórica y práctica.
De esta manera, las autoridades penitenciarias también buscan que los reos en fase de confianza retribuyan en obras beneficio para la sociedad a la que al finalizar su condena podrán reincorporarse.
Una vez finalizado el proceso de construcción, los muebles son ordenados por tamaño y niveles educativos para luego ser enviados a los institutos y centros escolares.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
