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Reos en fase de confianza fabrican 500 pupitres diarios para las escuelas
Un estimado de 900 reos en fase de confianza que forman parte el Plan Cero Ocio que implementa la Dirección General de Centros Penales (DGCP) producen a diario 500 pupitres, los cuales son distribuidos en los 5,150 centros educativos del país que forman parte del sistema público.
Recientemente se realizó un recorrido por los talleres del Complejo Industrial Penitenciario de Santa Ana, donde los privados de libertad, no pandilleros, trabajan en la producción masiva de pupitres.
Ante esto, el director de este reclusorio, Samuel Díaz, explicó que han organizado tres áreas conformadas por 300 reos cada una, en la cual trabajan en horarios escalonados para cubrir las 24 horas del día. Agregó que la capacidad máxima de producción es de hasta 1,000 muebles escolares por día.
«Dentro de estos pupitres tenemos del segmento de parvularia, tercer ciclo y bachillerato que son los que se van a incorporar a cada uno de los centros escolares a nivel nacional», aseguró.
En estos talleres impera el orden, la disciplina, el esfuerzo y la actitud con la que cada privado de libertad pone durante las jornadas de trabajo diarias, las cuales van en sintonía con la transformación del sistema penitenciario logrado bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Samuel Díaz se refirió al trabajo coordinado entre las instituciones estatales para obtener estos logros que están beneficiando a la comunidad estudiantil.
«Este trabajo se lleva a cabo y coordinado a partir de la orden del presidente Nayib Bukele, en el marco de apoyar a cada una de las escuelas del país con todos los pupitres», afirmó. En este esfuerzo también se ha incluido la construcción y remodelación de centros educativos con mano de obra de los reos.
La forma en cómo se produce estos muebles fueron detalladas por el director Díaz: «Manejamos líneas de trabajo que van desde el corte del tubo, doblado del mismo, posteriormente se hace la soldadura de cada uno y se pasa al área donde se coloca la madera hasta que se tiene el producto terminado».
Todo el trabajo que se desarrolla en estas instalaciones se hace bajo medidas de seguridad industrial; cada uno de los pupitres, mesas y otros muebles son elaborados desde cero con material de calidad para garantizar la comodidad de los estudiantes al momento que reciben sus clases.
Entre los privados de libertad hay quienes tienen habilidades para aplicar pintura industrial, realizar trabajos de soldadura y de carpintería. Quienes carecen de estos conocimientos son capacitados durante tres meses en formación teórica y práctica.
De esta manera, las autoridades penitenciarias también buscan que los reos en fase de confianza retribuyan en obras beneficio para la sociedad a la que al finalizar su condena podrán reincorporarse.
Una vez finalizado el proceso de construcción, los muebles son ordenados por tamaño y niveles educativos para luego ser enviados a los institutos y centros escolares.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
